Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64188
Causa nº: 2-64188-2019
"(O) OTTAVIANO PAOLA ADRIANA Y OTROS C/ RIGADA ALEJANDRO OSCAR Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 177 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los doce días del mes de Diciembre del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós para dictar sentencia en los autos caratulados: "OTTAVIANO PAOLA ADRIANA Y OTROS c/ RIGADA ALEJANDRO OSCAR Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS " (Causa Nº 64.188 ), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. LONGOBARDI, Dr. PERALTA REYES y Dr. GALDOS.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Corresponde decretar la deserción del recurso de apelación de la citada en garantía interpuesto el 22/10/2018 y concedido a fs.618?
2da.- ¿Es fundado el recurso de apelación contra la sentencia de
fs.606/617?
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Doctora LONGOBARDI , dijo:
La sentencia de fs. 606/617, fue apelada mediante presentación electrónica de fecha 22/10/2018 por la citada en garantía “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA”. Concedido el recurso a fs. 618 y ordenado expresar agravios mediante resolución de fecha 02/05/2019, el mismo no fue abastecido mediante el respectivo memorial, según surge de la certificación de la Actuaria de fs.636. Ante ello, corresponde declarar la deserción del recurso, de conformidad a los términos de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Sres. Jueces Dres. Peralta Reyes y Galdós , votaron en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Doctora LONGOBARDI , dijo:
I). La sentencia de la instancia anterior hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por la Sra. Paola Adriana Ottaviano y el Sr. Germán Alberto Agüero , la primera por su propio derecho y ambos en representación de sus hijos menores de edad Martina y Nicolás Agüero , con motivo del accidente de tránsito ocurrido el día 2 de enero de 2016 en la rotonda ubicada en Avda. Urquiza y Avda. de los Trabajadores de la ciudad de Olavarría, protagonizado por la primera nombrada, quien conducía un Fiat Uno dominio ELM 520, circulando con sus dos nombrados hijos, contra el Sr. Alejandro Oscar Rigada , quien conducía una camioneta Toyota Hilux dominio GPC 665 y la embistió por detrás al ingresar a la misma. Condenó al demandado y a la citada en garantía “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA”, a abonar a los primeros la suma de $ 5.586.000 , así discriminados: daños al vehículo $ 85.000; gastos médicos y de farmacia $ 5.000; privación de uso del vehículo $ 6.000; daño moral a Paola A. Ottaviano $ 300.000, a Germán Agüero $ 100.000, a Nicolás Agüero $ 220.000 y a Martina Agüero $ 1.500.000; y daños a la integridad psicofísica: a Paola A. Ottaviano, con un 30% de incapacidad por daño psíquico, $ 500.000; a Nicolás Agüero con un 20% de incapacidad también por daño psíquico $ 370.000 y a Martina Agüero con un 33% de incapacidad por daño físico $ 2.500.000. Todo ello con más los intereses a la tasa pasiva BIP del Banco de la provincia de Buenos Aires, desde la fecha del hecho (02/01/2016) y hasta su pago.
La sentencia fue apelada mediante presentaciones electrónicas, de fecha 26/10/2018 por el demandado, y de fecha 22/10/2018 por la citada en garantía “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA”. Fue fundado únicamente por el primero (p.e. del 14/5/2019, 8:47:58 a.m.), quedando en consecuencia desierto el segundo, conforme se resolvió al tratar la Primera Cuestión. Corrido traslado de la expresión de agravios, fue respondida por los actores (30/5/2019, 9:51:49 am) y por la citada en garantía (30/05/19, 02:14:33pm).
Los agravios del demandado versan sobre tres cuestiones: 1) que la sentencia es infundada y se ha efectuado una valoración subjetiva de la prueba; 2) que en materia de cuantificación de los daños se han otorgado sumas muy superiores a lo reclamado por los actores, configurándose así una violación al principio de congruencia, pese a la expresión “y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse”, porque la sentencia ha alterado los hechos expuestos y la cosa pedida por los actores, es decir, alteró la relación procesal y el "quantum". Además y sin perjuicio de la improcedencia de los rubros indemnizatorios, reputa excesivos todos y cada uno de los montos dispuestos en primera instancia, los que aparecen configurativos de un enriquecimiento sin causa, olvidando que la finalidad de las indemnizaciones es colocar al damnificado en la misma situación patrimonial que hubiera tenido de no suceder el ilícito. Los mismos argumentos en cuanto a lo elevado e injustificado de los montos los desarrolla con particular referencia al daño moral y al daño a la integridad psicofísica. En ambos supuestos se agravia porque se han otorgado sumas superiores a lo pedido sin justificar el motivo de tal apartamiento. 3) Finalmente denuncia violación de principios constitucionales tales como el principio de razonabilidad, el principio de legalidad, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
Llamados autos para sentencia y firme éste (fs. 650 y vta.) y practicado el sorteo de ley (fs. 651), se encuentran estos autos en condiciones de procederse al dictado de la resolución respectiva.
II).a. El primer agravio del actor, referido a la supuesta falta de fundamentación de la sentencia y a una valoración subjetiva de la prueba, debe ser desechado por inadmisible, ya que el apelante no cumple con la carga del art. 260 CPCC., esto es, efectuar una crítica concreta y razonada por parte del apelante, limitándose a formular consideraciones generales que se desentienden de los dichos de la juzgadora , y que no hacen referencia alguna a los supuestos yerros del acto jurisdiccional. Por el contrario, las quejas están expresadas de manera genérica, sin referencia concreta a las partes de la sentencia a las que se refiere el cuestionamiento o a las presuntas pruebas omitidas o que no han sido objetivamente valoradas, o a una valoración distinta que hubiera permitido arribar a un resultado diferente, limitándose a atacarla con meras afirmaciones dogmáticas (vgr. “la sentencia no buscó la integración de la prueba y su armonización, por lo cual necesariamente padece de arbitrariedad y por ello es impugnable”).
Esta Sala reiteradamente ha dicho que expresar agravios "...no es una simple fórmula carente de sentido, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Deben precisarse así, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, no reuniendo las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación" (Cám. Nac. Civ. Sala "A", 3/6/69, E.D. v.31, p.978; Sala "C", 30/7/68, L.L. v.134, pág.1104; arts. 260 y 261 C.P.C. y C.). "No se trata pues de un obrar caprichoso o discrecional del órgano jurisdiccional, sino del acatamiento de expresas normas que obviamente rigen tanto para éste como para las partes, por lo que no puede alegarse que la mera declaración de deserción resulte agraviante", (S.C.B.A. Ac.44018, 13/8/91, "Estévez Garrido E. C/ Domínguez Miguel A. y otro s/ Daños y Perjuicios"; Ac.54246, 12/8/97, "Andrea Ricardo c/ Manzo Salvador s/ Daños y Perjuicios"; D.J.B.A. 153-231; Ac.76615, 11/7/2001, "Moliner José M. s/ Concurso Preventivo"; JUBA B21618), (esta Sala, causas nº 43460, 5/3/02, "Silva..."; causa nº 45566, 7/8/03, "Agromecánica..."; nº 46103, 23.12.03, "Valetutto..."; causa n° 46.888, "Britambo", del 20-4-04; causa n°50.557 del 22/5/07, “Gutiérrez”, entre muchas otras).
b) El agravio referido a una supuesta violación de principios y derechos constitucionales tampoco es admisible en los términos del citado art. 260 CPCC, pues como reiteradamente tiene dicho nuestra Suprema Corte, no basta la simple mención de vulneración de ciertos principios constitucionales, sino que el apelante debe indicar con precisión en cada supuesto cómo la sentencia atacada ha conculcado cada principio o derecho. En palabras plenamente aplicables al presente caso, al rechazar un recurso extraordinario federal interpuesto –entre otras cuestiones- por denuncia de vulneración de tales principios, nuestro Superior Tribunal ha dicho que “la mera denuncia de garantías constitucionales (en el caso, las de defensa en juicio, debido proceso, legalidad, trabajo y propiedad) no abastece el recurso, ya que dicha referencia –sin un debido basamento- no constituye una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción de la Corte Suprema de la Nación(cfr. SCBA, causas Ac. 96.343, resol. del 4-IX-2008; C. 104.549, resol. del 28-XII-2008; C. 105.360, resol. del 29-2-2012, entre otras) (C. 107.941, resol. del 19/II/2014; art. 261 CPCC).
c) Dado el cuestionamiento que efectúa a las pautas objetivas utilizadas por la anterior sentenciante para determinar la existencia de los daños y las fórmulas matemáticas empleadas para cuantificar, tanto en lo que respecta al daño moral como al daño psicofísico , voy a referirme a los parámetros que utiliza esta Sala en la aplicación de los arts. 1738, 1740,1741, 1746 y concs. del CCCN.
Como principio general en materia de indemnizaciones por incapacidad sobreviniente , el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se refiere a ello en el art. 1746, que en lo pertinente dispone: "En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades...".
Esta norma recoge el criterio amplio aceptado por doctrina y jurisprudencia para caracterizar a la integridad psicofísica o incapacidad sobreviniente, alteración a la plenitud humana, o daño a la integridad corporal, o daño a la salud, según las diversas denominaciones equivalentes que la identifican. La incolumidad humana tiene un valor indemnizable "per se" (por sí misma), ya que no sólo comprende las efectivas y concretas ganancias dejadas de percibir sino que además incluye a la persona en su “mismidad”, individual y social, por lo que a la víctima se le debe resarcir el daño a la salud que repercute en su significado vital, la afectación vital. La incapacidad sobreviniente comprende la alteración, minoración, detrimento o supresión de: 1) la capacidad laborativa o productiva , o sea la que repercute en la pérdida de ingresos por la afectación a la concreta aptitud productiva o generadora de rentas, ingresos o ganancias específicas. 2) la capacidad vital o la aptitud y potencialidad genérica , es decir, la que no es estrictamente laboral y recae en la idoneidad intrínseca del sujeto para trabajar o para producir bienes o ingresos; 3) el daño a la vida de relación o a la actividad social estrechamente vinculada con la capacidad intrínseca del sujeto. Se infiere entonces que la incapacidad sobreviniente opera como norma abierta o casi residual porque comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psíquica” (Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Dir.: Ricardo L. Lorenzetti, T.VIII, pg. 523/525).
La doctrina también ha señalado que “para la evaluación de la cuantía del daño patrimonial, es decir para la ponderación o determinación judicial de su medida o valor constituye una herramienta útil acudir al empleo de fórmulas matemáticas para calcular el valor presente de una renta futura no perpetua. Estas técnicas tienen una estructura de matemática financiera estable, constante y predeterminada a la que se le adicionan en cada caso las variables particulares (en general y principalmente: la edad de la víctima, sus ingresos probados o estimados, el tiempo restante o edad máxima para realizar actividades productivas o económicamente valorables) que permiten arribar al resultado numérico final. De este modo se determina un capital que, puesto a interés, se amortice en un período calculado como probable de vida productiva de la persona, mediante la percepción de una suma mensual similar a la que hubiera recibido de no haber mediado el evento dañoso. Estas fórmulas constituyen la vía instrumental que permiten la determinación orientativa del capital al que se refiere el art 1746 CCCN. Se erigen como un valioso parámetro o guía que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de medir los daños por discapacidad física o psíquica.......pero que no excluye a los otros parámetros, provenientes de la sana crítica, la experiencia vital y el sentido común, pudiendo apartarse de la cuantía matemática fundando los motivos o razones por los que se reduce o incrementa aquél monto. Dicha cuantía matemática no es de acatamiento obligatorio y vinculante. Por eso no existe ni obligatoriedad de acudir a una específica y determinada fórmula ni de acatar la cuantía que arroje.... (Galdós, Jorge M., Cuatro reglas sobre cuantificación del daño patrimonial por incapacidad, art. 1746 CCCN, RC y S 2016-XII, cita Online: AR/DOC/3677/20169.”
En cuanto a la determinación del daño moral , esta Sala también ha dicho que “el dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida (C.S., 12/4/2011 “Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/Daños y Perjuicios”, con nota en R.C.y S. 2011-XII, 259). La Corte Nacional en la causa “Baeza” receptó la posición doctrinal y jurisprudencial que califica al daño moral como el “precio del consuelo” y que considera que para su cuantificación puede acudirse al dinero y a otros bienes materiales como medio para obtener satisfacciones y contentamientos que mitiguen el perjuicio extrapatrimonial o moral sufrido….En lo que respecta a la cuantificación del rubro de referencia se tiene en cuenta el grado de incapacidad parcial y permanente que surge de las pericias, los tratamientos médicos a los que fueron sometidos los afectados y los trastornos que tendrán que afrontar en el futuro, más los innegables padecimientos que en todas las esferas de su personalidad se le han generado...... como consecuencia de la lesión sufrida. Cabe añadir que este Tribunal contempla en la cuantificación del daño moral, además de las circunstancias personales de la víctima, la entidad de la incapacidad, sus secuelas y tratamientos médicos y psicológicos a los que debió someterse el afectado. En definitiva: la noción de “precio del consuelo, esto es el resarcimiento que procura la mitigación o remedio del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, desazón, penurias” (cfr. Iribarne, Héctor P. “De los daños a la persona”, págs. 147, 577, 599; Cám. Nac. Civ., Sala F, 12/3/04 “García…”, voto de la Dra. Highton de Nolasco El Dial AA1F9C; Cám. Nac. Civ., Sala F 3/8/04, “T., V.O…” R.R.C y S. 2004-1238) (esta Sala, causas n°54.544, del 10/3/11, “A.M.A. c/ F.N.R”; n°54.530, del 23/8/11, “Torres…”; n°58.109, del 20/2/14, “Montesano…”; n°58.537, del 14/8/14, “Kressi…”, entre otras).
Con relación al daño psicológico o psíquico , en la doctrina y jurisprudencia prevalece el criterio de que la lesión psíquica como daño jurídico es resarcible como integrante de la incapacidad psicofísica, cuando la alteración psicológica alcanza el grado de patología o enfermedad permanente y definitiva, sin perjuicio de su incidencia, concurrente o no, en el rubro daño moral. Tiene decidido esta Sala que “el daño psicológico consiste en la modificación o alteración de la personalidad que se expresa a través de síntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos, etc., cuya forma más acabada de acreditación es el informe psicopatológico. No constituye un daño autónomo, debiendo ser considerado como integrando el daño material –en el rubro incapacidad-, o el daño moral” (esta Sala causa N°52757, 13/8/09 “N.,A.M. c/M., M.A. y otra s/Ds. y Pjs.”)” (cf. esta Sala, causa nº 54.530, 23/08/11, “Torres c/ Bustingorry s/ Daños y Perjuicios”, entre otras; ver también: “Acerca del daño psicológico”, J.A., 2005-I-1197)..... Esta pauta interpretativa es, inveteradamente, pregonada por la Corte Nacional(cf. C.S. Fallos 315:2835 in re 1/12/92 “Pose José c/ Provincia de Chubut y ot.”; Fallos 321:1225 in re “Zacarías Claudio c/ Provincia de Córdoba”) que diferenciando la gravedad de la alteración psíquica explica que “para que proceda la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria y que debe producir una alteración a nivel psíquico que guarda adecuado nexo causal con el hecho dañoso” (cf. CS, 29/6/2004, “Coco Fabián c/ Bs. As. Pcia. de y ots. s/ daños y perjuicios”)…” El daño psíquico supone “una perturbación patológica de la personalidad, que altera el equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente del damnificado” (cf. Zavala de Gonzalez, Matilde, “Daños a las personas: integridad sicofísica” T. 2, a, p. 231). “Importa –dice otro autor- un deterior, disfunción, disturbio o trastorno, o desarrollo psico-genético o psico-orgánico que, afectando sus esferas afectivas y/o intelectiva y/o volitiva, limita su capacidad de goce individual, familiar, laboral, social y/o recreativo” (cf. Kraut, Alfredo J., “Los derechos de los pacientes”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1997, p. 140, Nº 23)...(esta Sala, “Mutuberría…”, sent del 27/9/20106).
III). Así sentadas las bases conceptuales que hacen procedente la indemnización por daño patrimonial y no patrimonial y previo a ingresar a las críticas sobre la cuantificación, advierto que deberá procederse a dejar sin efecto la parte de la sentencia que asigna un monto indemnizatorio otorgado por daño moral a Germán Agüero (padre de los menores); revocándola así en lo pertinente y pese a no existir agravio en tal sentido . Ello en razón de no resultar damnificado directo del hecho sino que además como progenitor, es decir, damnificado indirecto, carece de legitimación activa en el reclamo, en tanto del evento no se derivó como consecuencia –afortunadamente- ni la muerte ni una “gran discapacidad” (art. 1741 CCCN) de sus hijos menores (entendida ésta como la que supera el 75%). Pero aún más debo señalar, si bien la sola referencia al art. 1741 hace improcedente la indemnización otorgada al mismo, el padre no integró la relación jurídica procesal, ya que no resulta actor por derecho propio: en la demanda no se indica que actuara en tal carácter, sino únicamente en representación de sus dos hijos Martina y Nicolás –por ende, por los daños sufridos por éstos- , y en el capítulo correspondiente a los daños, en
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