Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 66103
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar sustancialmente la sentencia apelada en cuanto admitió la pretensión de contribución, atribuyendo al incidentado -conductor del vehículo- responsabilidad exclusiva y excluyente en la producción del daño (art. 1113 y ccs., C.C.; arts. 3 y 7 CCCN; arts. 1, 6, 15, 27 y ccs., dec-ley 6582/58); disponer que los intereses fijados en la sentencia correrán desde que cada pago parcial fue comprobadamente realizado (arts. 509, 1113 y ccs., C.C.; art. 7, CCCN); rechazar el recurso intentado por el incidentado y confirmar en consecuencia la sentencia apelada en cuanto fue objeto de puntual ataque recursivo (arts. 242, 260, 266, CPCC); la totalidad de las costas del presente incidente estarán a cargo del incidentado –conductor del vehículo-, por resultar vencido en el trámite (arts. 68 y 69, CPCC); diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal correspondiente (art. 31, Ley 14.967).
Causa nº: 2-66103-2020
" SANUCCI, ANA MARÍA C/ LASARTE, MARCELO OSCAR Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (SUMARIO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintinueve días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinte, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi, con la presencia virtual del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Sanucci, Ana María c/. Lasarte, Marcelo Oscar s/. Daños y Perjuicios" ( Causa N º 66.103 ), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós, Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto por la codemandada Marcela Patricia Albariño en fecha 09-6-20 contra la sentencia interlocutoria del 04-6-20?.
2da.- ¿Y el interpuesto por el codemandado Marcelo Oscar Lasarte el 11-6-20 contra idéntico decisorio?.
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós , dijo:
I.1. Por sentencia firme del 11-6-14 éste tribunal resolvió que los codemandados Marcela Patricia Albariño y Marcelo Oscar Lasarte debían responder conjuntamente o in solidum frente a la actora, por la suma de condena más los accesorios que resultaren de la liquidación (fs. 443/458vta.).
Para ello se tuvo por incontrovertido que el accidente de tránsito que causó la obligación de responder “se debió exclusivamente a la conducta atribuida al demandado, Marcelo Oscar Lasarte, conductor del automóvil…” (fs. 446vta. y 447), habiendo sido Marcela Patricia Albariño condenada in solidum con aquél con fundamento en su carácter de titular registral del automotor dominio RXO-377 al momento del hecho, ya que no logró demostrar que se había desprendido de la guarda del automotor.
2. Luego de abonar la suma resultante de la liquidación aprobada como así también las costas del juicio (honorarios y aportes de letrados y peritos; recibos de fs. 568/571, 573, 575/579, 592/593, 609, etc.), en este mismo proceso Marcela Patricia Albariño reclamó a su cocondenado Marcelo Oscar Lasarte la repetición del total erogado de $299.522,86, más los intereses desde la fecha en que realizó cada pago . Argumentó que por tratarse de una obligación in solidum o concurrente se encuentra facultada para repetir íntegramente lo abonado del verdadero causante de la obligación de responder.
3. A su turno, Marcelo Oscar Lasarte alegó que la sentencia no determinó el porcentaje de responsabilidad de cada uno de los condenados in solidum , aspecto que debe esclarecerse mediante un proceso autónomo no procediendo el reclamo a través del sub-caso.
4. La sentencia de primera instancia refirió que Albariño fue condenada in solidum con Lasarte (conductor), por ser titular registral del automotor interviniente en el siniestro (responsabilidad indirecta). Y habiendo cumplido con el objeto debido tiene acción recursoria contra el conductor Lasarte (responsable directo) por el total desembolsado, con más los intereses que pague el Banco Provincia en sus operaciones de depósito a treinta días desde la fecha de constitución en mora operada el 13 de diciembre de 2019 cuando le fue notificado el traslado del planteo de repetición .
5. Contra dicho decisorio incidentista e incidentado interpusieron sendos recursos de apelación, que les fueron concedidos en relación (cf. presentaciones del 9-6-20 y 11-6-20, y resoluciones del 10-6-20 y 12-6-20).
5.1. La incidentista sólo cuestionó la fecha de inicio del cómputo de los intereses reclamados, y sostuvo -en contra de la sentencia apelada- que deben computarse ora desde la fecha del reclamo de repetición, ora desde que cada pago fue realizado (cf. presentación del 22-6-20).
5.2. Por su parte el incidentado alegó que si bien la sentencia de Cámara condenó a ambos codemandados in solidum , omitió discriminar la cuota de responsabilidad que le toca a cada uno la que “debe fijarse a través de probatoria sobre el particular” . Y añadió que no se acompañaron los títulos fundantes del reclamo (vgr. recibos de los acreedores) debidamente certificados o reconocidos.
II.1. Liminarmente he de recordar que las obligaciones concurrentes o in solidum son aquellas que “tienen un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y de deudor” (Llambías, Jorge J., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones”, T. II-A, ed. Abeledo-Perrot, pág. 589).
2. Dicho ello y desde una óptica puramente procesal considero, en primer lugar, que es tan oportuno como viable encauzar la pretensión de repetición de lo pagado por la titular registral contra el conductor del vehículo siniestrado, mediante incidente deducido en el marco de este mismo proceso principal.
Es que a los fines de dilucidar la concreta petición de la incidentista no es necesario acudir a elementos extraños al sub-caso, tal como pareciera sugerirlo el incidentado cuando en su memorial menciona que “debe fijarse a través de probatoria sobre el particular” . Al margen de que el apelante no indica cuál es la probatoria extraña al presente expediente que pretende recabar acudiendo a un nuevo pleito, ni menciona cuál es el aporte sustancial que el tránsito por un nuevo período de prueba traería a la temática planteada (doct. arts. 358 y 375, CPCC), lo cierto es que en el sub-caso ya se cuenta con la totalidad del material requerido para brindar solución a la cuestión, aseveración que pongo en evidencia en el apartado III.3 (arts. 260, 266, CPCC).
En suma, resulta innecesario acudir a un nuevo proceso para determinar la medida de contribución de cada obligado in solidum , si en el principal se cuenta ya con toda la información imprescindible para esclarecer el punto y durante su tramitación se produjo la prueba ofrecida por las partes demandadas para elucidar las responsabilidades y se aseguró la garantía del debido proceso de los involucrados. Por ello no encuentro óbice para zanjar definitivamente el conflicto por ésta vía incidental (Carlos Alberto Reyna, “El fenómeno de la concurrencia obligacional. Las cuotas de contribución entre los deudores como un problema sistémico”, Instituto de Derecho Civil, Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral).
En conclusión, las consideraciones siguientes pondrán en evidencia que la respuesta jurisdiccional surge inobjetable de la adecuada ponderación de las constancias de autos, en cuyo desarrollo han tenido los involucrados una activa y amplia participación ofreciendo y probando, habiéndose preservado la garantía de defensa en juicio. A través de la economía de procedimientos, la solución que vengo insinuando contribuirá a lograr la tutela judicial efectiva mediante la emisión de un pronunciamiento judicial en tiempo razonable (arts. 17, 18, C.N.; art. 34 inc. 5 aps. “a”, “c” y “e”, CPCC).
III.1. Oportunamente este tribunal rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por la titular registral del automotor con que se provocó el accidente, Marcela Patricia Albariño (la incidentista), a quien condenó concurrentemente o in solidum con el conductor del mencionado vehículo, Marcelo Oscar Lasarte (el incidentado).
Se ponderó entonces que la titular registral no había logrado desvirtuar -con la rigurosidad exigible frente a la víctima del ilícito- que al momento del hecho se había desprendido de la guarda de la cosa riesgosa , de modo tal que debía responder concurrentemente con el conductor en función de lo previsto por la normativa aplicable y la jurisprudencia elaborada sobre el punto (arts. 1113 y ccs., C.C.; art. 27, dec-ley 5682/58 –T.O. Ley 22.977-; ver fs. 449vta./453, de la sentencia de Cámara).
Y si bien la rigurosidad en la interpretación del desprendimiento de la guarda se encuentra largamente justificada cuando se impone valorar la responsabilidad del titular registral frente a la víctima del hecho dañoso pues allí está en juego el principio constitucional de reparación plena, debe relativizarse, en cambio cuando, una vez desinteresada aquélla, lo que se persigue es determinar la contribución que cada codeudor in solidum tuvo en la efectiva causación del daño pues aquí lo que se persigue es garantizar la equitativa distribución de la carga o incidencia final de las indemnizaciones (Sandra M. Wierzba, “Obligaciones solidarias y concurrentes. Desvanecimiento de sus diferencias”, La Ley, AR/DOC/3286/2013).
La Corte Suprema de la Nación tiene decidido que en caso de deudores in solidum aquél que paga la deuda tiene derecho a probar cuál ha sido “la real causalidad de la conducta de cada uno de ellos en la producción del daño” a fin de que cada cual contribuya en consecuencia, habiendo establecido como pauta residual que en defecto de prueba deben soportarlo en partes iguales por aplicación del principio de causalidad paritaria (CSJN, Fallos: 312:2481; 320:536; 323:3564; 324:2972; 329:1881; esta Sala, causa n° 65.889 del 09-12-20, “Bianco…”). La casación local también ha hecho mérito de las circunstancias del caso para “deslindar el porcentaje de responsabilidad entre los obligados concurrentes” (SCBA, C. 120.628 del 08-3-17, “Hospital Ramón Santamarina c/. Naveyra, Adolfo Enrique. Repetición sumas de dinero”).
Finalmente, es de destacar que dicha solución pretoriana ha sido normativizada en el Código Civil y Comercial que, operando en autos como pauta hermenéutica y valiosa guía interpretativa, en el inciso “h” del art. 851 dispone: “la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia” (art. 7, CCCN).
2. Sobre la base de las consideraciones anteriores anticipo opinión de que al codeudor concurrente Marcelo Oscar Lasarte le toca una responsabilidad exclusiva y excluyente en el sub-caso frente a la otra codeudora, en razón de su incontrovertido carácter de conductor, guardián del automotor al momento del hecho que causó la obligación de resarcir.
La prueba de la contribución causal de cada deudor concurrente no puede analizarse bajo el mismo restrictivo criterio con que cabe ponderar la responsabilidad del titular registral frente a la víctima, ya que obedece a distintos títulos. En efecto, incrementadas las posibilidades de reparación plena de la víctima mediante la ampliación del espectro de obligados a través de la condena in solidum , la discriminación de la contribución (o repetición) entre los codeudores in solidum busca distribuir equitativamente las consecuencias del daño de acuerdo a la contribución causal que a cada quien le cupo en su producción. Se trata, en suma, de realizar la justicia última del caso.
3. En esa tarea, entiendo que al conductor del vehículo le cupo una participación exclusiva y excluyente en la producción del hecho dañoso.
Para ello bastará que me refiera brevemente a ciertos elementos obrantes en autos, en cuyo seno –reitero- reside la totalidad del material necesario para arribar a dicha solución. Así, por caso, en la sentencia penal firme del Juzgado en lo Correccional n° 1 de Tandil emitida en causa n° 2009 “Lasarte, Marcelo Oscar s/. Lesiones culposas” , se tuvo por probado tanto la materialidad del hecho investigado como las circunstancias fácticas que lo rodearon y la autoría del imputado, quien resultó condenado -como conductor del vehículo- por ser el autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas (arts. 1101, 1102, 1103 y ccs., C.C.; cf. copias certificadas agregadas a fs. 239/247, y 249). Por su parte, al brindar su personal versión de los hechos en la contestación de demanda de fs. 38/51vta. el propio Lasarte (conductor) afirmó –entre otras consideraciones- que “el día 17 de Noviembre de 2004…se produce una colisión entre la actora y el suscripto mientras me trasladaba a bordo del vehículo VW Gol, dominio RXO 377” . Lo que coincide sustancialmente –a los fines esbozados- con lo aseverado por Albariño (titular registral) en su contestación de demanda, cuando alegó que “al momento del accidente … el automotor del siniestro ya no me pertenecía, por cuanto había sido vendido y entregada la posesión al Sr. Marcelo Oscar Lasarte, en fecha 17 de abril de 2004” (fs. 98vta.).
Para más, al fijar el material fáctico de la controversia con respecto a la prejudicialidad emergente de sede penal (aspecto que no fue objeto de apelación en punto a la autoría de Lasarte; arts. 1101, 1102, 1103 y ccs., C.C.; arts. 34 inc. 4, 163 inc. 3, 260, 266 y ccs., CPCC), la sentencia de primera instancia tuvo por acreditado el accidente de tránsito con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, como así también la autoría material exclusiva y excluyente del conductor Marcelo Oscar Lasarte, no pudiendo enrostrarse a la titular registral aporte causal alguno en la producción del hecho dañoso basado, por ejemplo, en vicios de la cosa que conocía o debía conocer (vgr., frenos en mal estado, etc.; fs. 386/399).
Los datos objetivos que describí resultan contundentes en punto a demostrar que fue Lasarte su autor material y es quien debe, por lo tanto, responder en exclusividad por las consecuencias patrimoniales últimas del accidente que causó, solución que descarta la aplicación al caso de la doctrina de la causalidad paritaria que, en un escenario distinto de falta de prueba sobre la contribución causal de cada codeudor, podría haber sido residualmente aplicable (art. 1113 y ccs., C.C.; arts. 3 y 7 CCCN; arts. 1, 6, 15, 27 y ccs., dec-ley 6582/58; CSJN, Fallos: 312:2481; 320:536; 323:3564; 324:2972; 329:1881, cit.; ; esta Sala, causa n° 65.889 del 09-12-20, “Bianco…”, cit.; cf. Félix A. Trigo Represas, “La acción recursoria del dueño contra el guardián de un automotor causante de un daño”, LA LEY 1989-B, 331, Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 1171, comentario a Fallo de la Suprema Corte de Mendoza, “Filiti, Santos H. c. Mercado, Pablo A.” del 02-9-98, con primer voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci).
En efecto, en supuestos de acción recursoria del dueño del automotor -que frente a terceros responde en tal carácter (art. 1113, C.C.; art. 27 y ccs., dec-ley 6582/58)-, contra el guardián -cuyo título deriva de utilizar la cosa riesgosa generadora del daño- deben discriminarse las causas del siniestro vial. Ello puede obedecer en exclusividad al vicio o riesgo del automotor (vgr., falla grave en el sistema de frenos, desprendimiento de cubierta sin participación del guardián) o, como en este caso, a la inconducta del guardián, en la que no tuvo intervención la responsabilidad derivada del título sobre cuya base responde el dueño (art. 27 y ccs., dec-ley 6582/58). Lo expuesto no excluye hipótesis -que aquí no se configuran- de responsabilidades concurrentes por existir causas comunes atribuibles a ambas partes -en las mismas o distintas proporciones-, en las que, a falta de prueba sobre la contribución de cada deudor, se ha resuelto sobre la base de la causalidad paritaria mencionada anteriormente (50% al dueño y 50% al guardián; esta Sala, causa n° 65.889 del 09-12-20, “Bianco…”, cit.).
4. En cuanto al agravio de la incidentista relativo al dies a quo del cómputo de los intereses, entiendo que corresponde revocar dicho tópico de la sentencia apelada y disponer que los accesorios fijados en la sentencia correrán desde que cada pago parcial fue comprobadamente realizado, toda vez que a partir de allí queda expedita la acción de contribución entre deudores concurrentes, que ya habían sido constituidos en mora respecto de la obligación in solidum (arts. 509, 1113 y ccs., C.C.; art. 7, CCCN).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós , dijo:
El tratamiento lógico acometido en la cuestión anterior llevaínsita la respuesta al recurso impetrado por el incidentado, lo cual me exime de realizar mayores consideraciones sobre el mismo. Únicamente mencionaré que el agravio relativo a la supuesta necesidad de mayor probatoria a fin de discriminar las cuotas de responsabilidad (ap. II.b del memorial), ya fue abordado y resuelto en el apartado II.2 de la cuestión anterior.
Y en cuanto a la supuesta debilidad o falencia que el incidentado achaca a los títulos del reclamo, cabe aclarar que los mismos están representados por las sentencias de primera y segunda instancia (en cuanto establecieron la condena in solidum de ambos deudores), y por los recibos suscriptos por los distintos acreedores del presente juicio (actora, abogados, peritos, etc.), los que no fueron objetados por su otorgantes, y que la incidentista acompañó al sub-caso justificando de esa manera los pagos que instrumentan (fs. 568/571, 573, 575/579, 592/593, 609, etc.).
Por ello, corresponde rechazar el recurso intentado por el incidentado y confirmar en consecuencia la sentencia apelada en cuanto fue objeto de éste puntual ataque recursivo (arts. 242, 260, 266, CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós , dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: confirmar sustancialmente la sentencia apelada en cuanto admitió la pretensión de contribución, atribuyendo al incidentado -conductor del vehículo- responsabilidad exclusiva y excluyente en la producción del daño (art. 1113 y ccs., C.C.; arts. 3 y 7 CCCN; arts. 1, 6, 15, 27 y ccs., dec-ley 6582/58); disponer que los intereses fijados en la sentencia correrán desde que cada pago parcial fue comprobadamente realizado (arts. 509, 1113 y ccs., C.C.; art. 7, CCCN); rechazar el recurso intentado por el incidentado y confirmar en consecuencia la sentencia apelada en cuanto fue objeto de puntual ataque recursivo (arts. 242, 260, 266, CPCC); la totalidad de las costas del presente incidente estarán a cargo del incidentado –conductor del vehículo-, por resultar vencido en el trámite (arts. 68 y 69, CPCC); diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal correspondiente (art. 31, Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 29 Diciembre de 2020.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve : 1) confirmar la sentencia apelada en cuanto admitió la pretensión de contribución, atribuyendo al incidentado -conductor del vehículo- la responsabilidad exclusiva y excluyente en la producción del daño (art. 1113 y ccs., C.C.; arts. 3 y 7 CCCN; arts. 1, 6, 15, 27 y ccs., dec-ley 6582/58). 2) disponer que los intereses fijados en la sentencia correrán desde que cada pago parcial fue comprobadamente realizado (arts. 509, 1113 y ccs., C.C.; art. 7, CCCN). 3) rechazar el recurso intentado por el incidentado y confirmar en consecuencia la sentencia apelada en cuanto fue objeto de particular ataque recursivo (arts. 242, 260, 266, CPCC). 4) con costas a cargo del incidentado Lasarte –conductor del vehículo-, por resultar vencido en el trámite (arts. 68 y 69, CPCC). 5) diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal correspondiente (art. 31, Ley 1
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.