Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 65615
Causa nº: 2-65615-2020
"ARGUELLES PABLO VICENTE C/GALLARDO NESTOR FELIX Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - AZUL
En la ciudad de Azul, a los dos días del mes de septiembre del año Dos Mil Veintiuno, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), se reúnen los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes , con la presencia virtual del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “ARGUELLES PABLO VICENTE C/ GALLARDO NÉSTOR FÉLIX Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (causa n° 65.615). Habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1 ª - ¿Son procedentes los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de fs. 1069/1082 vta.?
2 ª - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi dijo:
I. La sentencia definitiva única dictada el 3/12/19 en la presente causa y su acumulada, “Carlos Araceli Isabel y Héctor Juan Domingo c/ Gallardo Néstor F- Hijos de Luis Recupero SRL s/ Daños y Perjuicios” (Expte. n° 55.286), dispuso, en lo que importa a estos autos, rechazar la demanda de daños y perjuicios incoada por Pablo Vicente Arguelles contra YPF S.A., y admitirla respecto de los restantes demandados, Néstor Félix Gallardo, Hijos de Recupero SRL y la citada en garantía Boston Cía. de Seguros Argentina S.A. (en adelante, “Boston S.A.”), condenándolos a abonar al Sr. Arguelles la suma total de $56.447,80 más intereses , correspondiente al 30% de responsabilidad por los daños atribuida a los mencionados.
Para así decidir, la sentencia tuvo por acreditado, conforme los escritos postulatorios y la causa penal nº 21239-06 que tengo a la vista (particularmente la declaración del Sr. Montero de fs. 143, la pericia planimétrica de fs. 164 y la pericia accidentológica de fs. 166/168), que la noche del 26 de marzo de 2006 , el Sr. Juan Marcelo Montero (contra quien la demanda fue desistida; ver fs. 73) se dirigía en su Renault 18 dominio RDB 236, desde la ciudad de Benito Juárez hacia la Ruta Nacional N° 3 , por la prolongación de la Avenida Zabalza (Av. Actis Caporales). Que al llegar a una bifurcación en forma de "T" , que se forma al arribar a la mencionada ruta nacional, el señor Montero no detuvo su marcha ni tomó alguna de las dos direcciones que impone la carretera, sino que continuó en la misma dirección, atravesó la ruta nacional Nº 3 e impactó contra el acoplado de un camión Mercedez Benz 1620 dominio ENM702, con semi acoplado dominio ETI702, propiedad del demandado Hijos de Luis Recupero S.R.L., el cual había sido estacionado en forma irregular por su conductor Néstor Félix Gallardo . Como consecuencia del infortunio, el Sr. Arguelles, que circulaba en el asiento trasero del vehículo conducido por el Sr. Montero, sufrió politraumatismos graves y fracturas varias en pelvis, costillas y columna lumbar , y se produjo el deceso del Sr. Lucas Héctor, quien circulaba en el asiento del acompañante del Sr. Montero (cabe aclarar que los daños derivados del fallecimiento de éste fueron reclamados en la causa acumulada n° 55.286 antes aludida, que culminó por acuerdo transaccional homologado por sentencia del 12/05/2020).
Para rechazar la demanda incoada por el Sr. Argüelles contra YPF S.A. -cuyo isologo se encontraba en el camión contra el que impactó el Sr. Montero-, consideró el decisorio que el Sr. Gallardo no es dependiente de aquella, sino de Hijos de Luis Recupero SRL; y que la existencia de tal isologo no es suficiente para acreditar que YPF S.A. tuviera la guarda del vehículo, pues por lo corriente media con la SRL dueña del camión un contrato de distribución. Agregó que no se probó la clase de vínculo que unía a las demandadas, por lo que no puede considerarse que YPF haya participado en la elección de Gallardo como conductor, o en su vigilancia.
Por el contrario, para admitir la demanda respecto del Sr. Gallardo y de Hijos de Luis Recupero SRL, el decisorio comenzó por deslindar la responsabilidad que en la causación del siniestro cabe atribuirle al Sr. Montero, contra quien se desistió de la acción a fs. 73 . Al respecto, destacó que conforme el perito electromecánico (fs. 633) el mencionado advirtió que estaba acercándose a la Ruta Nacional n° 3 (RN3) cuando se encontraba a escasos 17 metros de ella, por lo que no pudo detener la marcha del automóvil y continuó en la misma dirección hasta colisionar frontalmente contra el lateral derecho trasero del semi remolque del camión. Entendió por ello que el Sr. Montero no obró con la debida diligencia pues si bien el camión mal estacionado tapaba la señal de tránsito fosforescente que anunciaba la bifurcación, de la pericia planimétrica penal se desprende que el camión se encontraba bajo una fuente de luz directa, y no se negó lo afirmado por los demandados en punto a que las inscripciones en el semi remolque eran refractarias, operando, en todo caso, de igual modo que la señal de vialidad obstruida. Concluyó así que el Sr. Montero fue el principal responsable del suceso.
Seguidamente, en lo que concierne a la responsabilidad del Sr. Gallardo por estacionar mal el camión, destacó que acorde el actor, de no encontrarse tal vehículo estacionado allí, el infortunio hubiera ocurrido pero los daños hubieran sido mucho menores, tal como ocurrió en el siniestro similar sufrido por el testigo Juan Pedro Lizasu. Concluyó la sentencia, conforme las velocidades de circulación e impacto referidas en la pericia accidentológica penal (fs. 167 vta.) y en la pericia electromecánica de autos (fs. 633), que Montero efectivamente se encontraba disminuyendo la velocidad, y que de no encontrarse allí el camión estacionado por Gallardo, el daño hubiera resultado sensiblemente menor. Subrayó que el camión se encontraba en clara violación de las leyes de tránsito, estacionado en la banquina contraria a la de su sentido de circulación, sin la señalización correspondiente, y en una bifurcación o cruce. Concluyó que esas infracciones coadyuvaron a la producción del evento y/o agravamiento del daño.
Más adelante, en virtud del art. 1113 CC, consideró responsables en forma refleja a la empresa Hijos de Luis Recupero SRL, no sólo en virtud de la relación de dependencia que con ella mantenía el Sr. Gallardo, sino también de su calidad de propietaria del camión. Finalmente, si bien consideró que la falta de uso de cinturón de seguridad por parte de las víctimas debía ponderarse como un factor determinante de los daños, omitió luego atribuirles responsabilidad alguna en tal sentido (aspecto que llega firme a esta instancia). Con base en las antedichas consideraciones, el decisorio concluyó que la responsabilidad por la producción del siniestro fue concurrente entre el Sr. Montero y el Sr. Gallardo, en un 70% y 30%, respectivamente.
En lo concerniente a los rubros indemnizatorios, y con base en los fundamentos que referiré al abordar las pertinentes críticas de las partes, determinó, a valores históricos, las siguientes indemnizaciones: $2.036,47 en concepto de gastos por tratamientos médicos no cubiertos por la empresa de medicina prepaga; $3.780 por lucro cesante; $152.342,86 por incapacidad física sobreviniente y $30.000 por daño moral; todas ellas más intereses a la tasa pasiva del Banco de la Pcia. de Bs. As. en sus depósitos a treinta días, aplicando la tasa pasiva BIP a partir de su implementación en el año 2008.
II. Contra la aludida sentencia, interpusieron recurso de apelación el actor con fecha 04/12/19 (fs. 1083), y por igual escrito del 05/12/19, el Sr. Gallardo, Hijos de Luis Recupero S.R.L. y la citada en garantía Boston S.A. (fs. 1095).
1. En su expresión de agravios del 19/10/2020, el actor critica en primer término que se haya rechazado la demanda incoada contra YPF S.A. Argumenta al efecto que el camión no sólo tenía isologos de tal empresa, sino que transportaba sus combustibles; y que las estaciones de servicio de YPF S.A. operan en consignación, lo que implica que el combustible que es transportado por YPF S.A. resulta ser de su exclusiva propiedad. Añade que el seguro se hallaba contratado por YPF S.A., e insiste en que tal empresa era guardiana de la cosa, en los términos del art.1113 CC, puesto que se servía del camión y acoplado de propiedad de Hijos de Luis Recupero SRL. Argumenta además que si se entiende que Y.P.F. no es responsable por el medio de transporte, no se comprende cuál es la razón para que contrate un seguro, y sostiene que YPF S.A. no probó que la culpa fuera de un tercero por el que no deba responder. Subsidiariamente peticiona que se lo exima de costas, en razón del confuso rol de YPF S.A. en materia de transporte de combustibles.
Seguidamente, se agravia del modo en que fue distribuida la responsabilidad por los daños entre el Sr. Montero y el Sr. Gallardo, peticionando que ella se invierta, atribuyéndose al primero un 30% de responsabilidad y un 70% al segundo. Para ello, argumenta que Montero circulaba a velocidad reglamentaria, pero tuvo dos obstáculos para advertir la proximidad de la intersección con la ruta 3: por un lado, el hecho de que según el perito electromecánico (ver fs. 649 vta.) el cartel de "PARE" colocado a la vera de la prolongación Actis Caporale no era visible, o era difícilmente visible por la alta maleza habida en la banquina; por el otro, el camión mal estacionado a contramano, impedía al 100% la visión del cartel reflectante que señalizaba la intersección con la ruta 3 (fs. 623). Añade que pese a la ausencia de negativa de su parte, no se acreditó que el camión tuviera inscripciones refractantes.
Añade que Gallardo conducía mercancías peligrosas (ver fs. 9) lo que implicaba que debía conducir sin etapas (art. 74 de la ley 11430), y estacionarse por su mano en caso de emergencia (art. 82, inc.2do, Ley 11.430), y no hacerlo frente al acceso a propiedades o encrucijadas (cf. art.85, inc.5to Ley 11.430), debiendo, además, señalizar la detención de emergencia. Máxime, argumenta, cuando Gallardo es un conductor profesional, y por ello su actuar negligente debió ser apreciado con mayor severidad. Por lo demás, argumenta que la gravedad de las lesiones obedece al hecho de haber impactado contra el camión, pues acorde las fotografías recogidas por el perito electromecánico (fs. 624 y ss.) y las declaraciones del testigo Lizasu (fs. 380) la tranquera colocada en el acceso a la propiedad situada al otro lado de la ruta 3 hubiera provocado destrozos en el Renault 18, pero con una resistencia infinitamente inferior a la que tuvo la doble rueda del eje trasero del camión tanque. Concluye entonces que si el Sr. Montero hubiese estado más atento hubiera reparado en que se acercaba a la ruta 3, pero si Gallardo no hubiera estado estacionado irregularmente, el evento no hubiese pasado de anécdota.
Por otra parte, el Sr. Arguelles se agravia de lo resuelto en la sentencia apelada en materia de rubros indemnizatorios, cuestionando en términos generales que ellos se hayan cuantificado a valores históricos; y criticando, en concreto, las sumas conferidas en concepto de gastos de asistencia médica, lucro cesante, incapacidad física y daño moral; así como la ausencia de reconocimiento de una indemnización por tratamiento psicológico. Los argumentos específicos en que sustenta tales cuestionamientos, serán referidos al momento de su abordaje. Finalmente, peticiona que para el caso de que se eleven los montos indemnizatorios, no se aplique, en su caso, el límite de cobertura pactado al 2006, sino el de $22.000.000, establecido por la Resolución SSN 1162/18 para camiones y acoplados.
2. A su turno, en la expresión de agravios del 08/10/2020, presentada sólo en representación de Boston S.A., la mencionada se agravia de los intereses fijados en el decisorio apelado, argumentando que conforme la causa B. 62.488, “Ubertalli Carbonino...” de la SCBA, la tasa pasiva BIP sólo puede aplicarse a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial; ésto es, del 1 de agosto de 2015.
Corrido traslado de las expresiones de agravio, contestan la citada en garantía Boston S.A. (el 12/11/20), el tercero Juan M. Montero (el 16/11/20), YPF S.A. (el 16/11/20) y el accionante (el 17/11/20); tras lo cual, llamados los autos para sentencia, firme esa providencia y practicado el sorteo de ley, se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
III. En primer término, corresponde abordar las críticas del accionante al rechazo la demanda incoada contra Y.P.F. Como dije, la sentencia apelada consideró que el hecho de que el camión de propiedad de Hijos de Luis Recupero SRL tuviera el logo de la compañía YPF (cf. fotografías de fs. 45 I.PP) y se dedicara a la distribución del combustible por ella fabricado, no implica, de por sí, que ésta deba responder en los términos del art. 1113 C.C. Ello pues, consideró el decisorio, el Sr. Gallardo es dependiente de Hijos de Luis Recupero SRL, y no se acreditó que YPF S.A. tuviera la guarda del vehículo, ni se probó la clase de vínculo que la unía a la codemandada como para considerar que participó en la elección del Sr. Gallardo, o en su vigilancia.
El recurrente argumenta que entre YPF y las estaciones de servicio suele mediar un contrato de consignación, por lo que el combustible distribuido por las empresas de transporte es de exclusiva propiedad de la primera; razón por la cual cabe entender que ésta se sirve o aprovecha del camión y acoplado de propiedad de Hijos de Luis Recupero SRL.
Al respecto, cabe señalar inicialmente, como lo hace el decisorio apelado, que no se encuentra acreditado en autos cuál es el vínculo jurídico que mediaba entre las antedichas empresas, ni quién es, en efecto, el propietario del combustible en distribución. De todos modos, lo cierto es que aún cuando se presumiera que YPF S.A. era su propietaria por mediar un contrato de compra en consignación con las estaciones de servicio, o se considere que aprovechaba o se beneficiaba con la distribución del combustible efectuada con el camión, ello no resulta suficiente, sin más, para considerarla su guardiana en el marco de la responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas, reglada en el art. 1113 del Código Civil, vigente al tiempo de los hechos (art. 7 CCCN) .
En efecto, como lo puso de relieve YPF S.A. al contestar agravios (escrito del 16/11/20), tal cuestión fue abordada por la Suprema Corte en la causa “Mazzaro, Ester Susana…” (C. 114.445, del 19/03/14) , en la que el Alto Tribunal confirmó un precedente de la Cámara de Dolores que, en el marco de un siniestro vial, había descartado la condición de guardián que se pretendía asignar a Y.P.F. S.A. en razón de las directivas o instrucciones que daba al propietario del camión utilizado para el transporte del combustible, del uso exclusivo de dicho vehículo para el transporte del combustible de aquella empresa, de la portación del logo de Y.P.F. S.A. y del hecho de que ésta fuera la tomadora del seguro automotor.
Para así resolver, entendió la Suprema Corte que “para atribuir responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa, el art. 1113 del Código Civil requiere en la legitimada pasiva la calidad o condición de dueña o guardián, extremo que debe ser demostrado por quien demanda (conf. C. 95.142, sent. de 21-V-2008; C. 107.241, sent. de 11-VIII-2010; entre muchas otras)” . Agregó que “el hecho de que la empresa "Y.P.F. S.A." asumiera la calidad de tomadora de seguro (…) no conlleva su responsabilidad a menos -claro está- que además revista el carácter de guardián (conf. causa Ac. 75.492, sent. de 3-XI-2004). (…) Precisamente, a la luz de lo normado por el art. 21 de la ley 17.418 (…) el contrato de seguro puede ser celebrado "por cuenta ajena" (…) (art. 1197, Cód. Civ.) para responder frente a los riesgos que pueda presentar la actividad de un tercero (en el sub lite, los daños originados durante el transporte de un producto).”
Por otra parte, interesa traer a colación un precedente más antiguo del Máximo Tribunal (Ac. 67.254, “Fernández, Eugenia,…”, del 17/12/2003) resuelto en el mismo sentido que el antedicho, en el que se presentaba un accidente vial protagonizado por un camión de una empresa destinada a la distribución de productos de Mastellone Hnos. S.A., y en la que se pretendía considerar a esta última guardiana del camión, por beneficiarse con la distribución de sus productos que efectuaba la contratista. En la aludida causa, el Dr. Roncoroni, adhiriendo al voto mayoritario de De Lázzari pero por sus propios fundamentos, precisó el límite con el que debe interpretarse la idea de provecho o beneficio (que interesan a la llamada “guarda provecho”) en el marco de hipótesis fácticas como la de autos. Puso de relieve así que la empresa dedicada a la distribución y la empresa fabricante de los productos, son “jurídica y económicamente independientes entre sí” ; y que en el contrato de distribución “la empresa productora o fabricante otorga a otra empresa (distribuidora) sus productos para que ésta, obrando a su propio nombre, por su cuenta y riesgo, los coloque masivamente en distintos lugares y diversos clientes del mercado (…) el distribuidor soporta los consecuencias de su obrar y de los riesgos de las cosas de que se sirve para ello frente a los terceros. Consecuencias y riesgos que no se trasladan al productor (conf. Farina, “Contratos Comerciales Modernos”, Astrea, 1993, pág. 382; Lorenzetti, Ricardo L., “Tratado de los contratos”, Rubinzal-Culzoni, 1999, T. I, pág. 606).” Ello, aclaraba luego Roncoroni, en relación con “ los daños y riesgos que genera la actividad distributiva strictu sensu, no aquéllos que generan los productos elaborados por el fabricante, pues en tal caso -si los daños provienen de estos- responden solidariamente todos los integrantes de la cadena de producción y comercialización, según art. 40 de la ley 24.220 (texto ley 24.999).”
Y en ese marco, enfatizaba que “si los vehículos de transporte que emplea para la distribución de los productos el distribuidor (o el subdistribuidor) pertenecen a su organización empresarial, quien -propietario o no de los mismos- se sirve de ellos (…) para cumplir con la actividad propia de su empresa, mal podría ser llamado a responder por los daños generados por el riesgo o vicio de esos vehículos el fabricante. A este último no le cabe ni el rol de propietario (a menos que lo fuere y no es el caso), ni el de guardián de la cosa que provocó el daño (arts. 1113 del Código Civil; 384 y concs. del C.P.C.C.). Asimismo, en punto a la responsabilidad que se había atribuido en la anterior instancia a “Mastellone Hnos. S.A.” por servirse de la cosa productora del daño para su provecho o beneficio, destacaba que “quien verdaderamente se sirve de tal camión, poseyendo el poder efectivo de mando (físico y jurídico), vigilancia y contralor del mismo y empleándolo en la consecución de los fines propios de su actividad empresarial (transportar y distribuir los productos…), es el transportista (…). Pretender que esa relación causal se proyecte hasta el fabricante en el entendimiento de que éste se sirvió del camión (en cuanto el mismo transportaba sus productos y era funcional a la comercialización de los mismos y al provecho que podría lograrse de ello), es tanto como pretender que el productor de una película cinematográfica -quien se sirve de diversas salas o cines de exposición de las mismas y obtiene provecho con ello- deba responder por los daños que sufran los espectadores, ya por el incendio de la sala o por la rotura de una butaca en mal estado que provocó la caída y lesiones de un espectador. El ejemplo, por sí mismo, muestra
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.