Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 67342
Causa nº: 2-67342-2021
"GENTIL, EDUARDO NESTOR Y OTROS C/ ZANATELLI, JULIO JOSE Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (SUMARIO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los diez días del mes de Marzo del año Dos Mil Veintidós, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores, Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Sr. Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “Gentil Eduardo Néstor y Otros C. Zanatelli Julio José y Otro s. Daños y Perjuicios” (causa n° 67.342), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dres. Longobardi – Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª. ¿Es procedente el recurso de apelación en subsidio interpuesto contra la resolución de fecha16/3/2021?
2ª. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 25/02/2021?
3ª. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Sr. Juez Dra. Longobardi, dijo:
I.) La Dra. Gabriela A. Maña en representación de las actoras Mónica Alejandra Gentil, María Julieta Gentil, Mónica Magdalena Correa y Miguel Angel Miqueo, sostiene que el recurso interpuesto por la Municipalidad de Tandil ha sido presentado en forma extemporánea, por lo cual solicita que se lo declare mal concedido.
Al respecto, cabe señalar que el día 25/03/21 interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el auto de fecha 16/03/21. Rechazado el primero, la apelación subsidiaria fue concedida el día 07/04/21. Sin perjuicio de lo cual, en el escrito de expresión de agravios presentado el día 21/07/21, la Dra. Maña ha reiterado los fundamentos esgrimidos oportunamente.
En ambas oportunidades sostuvo la apelante que la extemporaneidad viene dada porque el escrito de interposición del recurso de la Municipalidad de Tandil (ver escrito del 08/03/21) fue presentado durante el plazo de gracia establecido en el art. 124 del C.P.C.C., es decir una vez vencido el plazo establecido por el art. 244 del código de rito. En lo medular agrega que dicho plazo resulta aplicable sólo a los escritos presentados en soporte papel y no a los escritos electrónicos. A fin de fundar su conclusión cita trabajos doctrinarios y un precedente de la S.C.B.A. “Lencinas Ramon Gerardo c/Calorex S.A. y otros s/ despido”, del mes de enero de 2021.
En la resolución de fecha 07/04/2021, el juez de primera instancia al rechazar el recurso de reposición, sostuvo que sin perjuicio de los fundamentos desarrollados acerca de la inaplicabilidad del mentado “plazo de gracia” ante las nuevas posibilidades tecnológicas, el art. 124 CPCC se encuentra vigente y su inobservancia en esta etapa del proceso y de modo sorpresivo para el litigante, generaría vulnerabilidad e inseguridad jurídica y un grave perjuicio en su derecho de defensa.
Con fecha 09/04/21 contestó el traslado la Dra. Karen Daiana Aguerregoyen en representación de Municipalidad de Tandil, manifestando que el recurso cuestionado fue interpuesto en debida forma, utilizando el plazo de gracia establecido en el art. 124 C.P.C.C. y, que el fallo de la Corte citado por el recurrente, resuelve una cuestión distinta a la planteada.
II). En primer lugar corresponde señalar que el art. 124 del C.P.C.C., en su parte pertinente establece: “El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo podrá ser entregado válidamente el día hábil inmediato y dentro de las cuatro primeras horas del despacho”. La redacción actual de la norma (conf. Ley 13708) fue incorporada en el año 2007, momento en el cual no había comenzado a existir el régimen de presentaciones electrónicas, las cuales recién en año 2012 fueron reglamentadas por el Máximo Tribunal (Resoluciones 1827/12 y 3415/12). Posteriormente y a partir del Acuerdo 3886/18 la Suprema Corte de Justicia Bonaerense fue dictado diversas regulaciones para las presentaciones electrónicas siendo la última de ellas la Acordada 4039 del 14/10/21.
En dicho contexto extremadamente dinámico, el que se ha visto acelerado debido a la emergencia sanitaria de los años 2020 y 2021 (Covid-19), es que se ha planteado en doctrina la cuestión acerca de la necesidad de mantener el plazo de gracia, ya que la presentación de escritos en el sistema electrónico puede ser realizada a cualquier hora, incluso en horarios “inhábiles”, es decir, fuera del horario de Tribunales.
Independientemente de las discusiones que puedan darse respecto a la necesidad de aplicar el plazo de gracia a los escritos electrónicos, entiendo que aquellas actualmente deberán ser consideradas como aportes de “lege ferenda”, debiendo resolverse las cuestiones como las aquí planteadas con el texto del artículo señalado; de lo contrario se cercenaría el derecho allí instaurado, poniéndose en riesgo la seguridad jurídica. Más aun considerando que la norma no ha sido modificada ni total ni parcialmente ni excepcionada para las presentaciones electrónicas en ninguno de los diversos acuerdos reglamentarios dictados por el máximo Tribunal Provincial (AC 3886, AC 4013, AC 4039, entre otros).
La jurisprudencia ha dicho, en un caso en que el Sr. Juez de Primera Instancia consideró inaplicable el plazo de gracia del art. 124, 3er. párr. CPCC a la contestación de demanda realizada por vía electrónica y la declaró extemporánea, que: “El art. 124 CPCC no ha sido derogado. Además, la norma referida no colisiona con las directivas generadas por la SCBA para implementar los medios electrónicos para los procesos judiciales, y en particular para las presentaciones electrónicas de los escritos judiciales (Ac 3886). Tampoco ha sido expresamente descalificada por ese alto organismo por incompatibilidad con el sistema. Ello así, concluir como lo hace el magistrado de Primera Instancia, excede las facultades de la jurisdicción, con grave afectación del derecho de defensa en juicio, de jerarquía constitucional (art. 18 CN) no hay cuestión interpretativa para resolver, y aún si la hubiere, debería resolverse conforme al principio recibido que impone extrema prudencia en la exégesis de la ley cuando según la inteligencia que se le asigne, ello puede derivar en la pérdida de un derecho.” (Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca Sala 1°, en causa 150919 “Tablar…” del 11/10/2018).
A lo dicho hasta aquí debo agregar que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires citada por el recurrente, en modo alguno cuestiona el plazo de gracia. Por el contrario, en dicho antecedente la Corte se pronuncia sobre presentación de escritos una vez vencido el término de gracia del art. 124 del C.P.C.C. (se trató de un caso particular en que la presentación se había excedido en tan sólo un minuto y diecisiete segundos de las cuatro primeras horas hábiles del día de gracia). En efecto, a poco que uno se adentra en la lectura del fallo citado puede advertirse con claridad las circunstancias fácticas que llevaron a su dictado. Así en el voto del Dr. De Lazzari (que formó la mayoría) se describe: “…el recurrente alega que si bien efectivamente ingresó electrónicamente el escrito recursivo el día 14 de febrero de 2019, fecha en que entiende corría el plazo de gracia establecido en el art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial, lo efectivizó un minuto y diecisiete segundos más tarde del prescripto por la norma ritual citada” (SCBA, “Lencinas …” L. 123551, del 21/12/20)
III. Por todo lo dicho, considero que ha sido bien concedido el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Tandil dentro de las cuatro primeras horas del día siguiente de vencido el plazo del art. 244CPCC, toda vez que conforme las normas procesales vigentes, una vez fenecido el plazo establecido para la realización de determinado acto procesal, la parte cuenta con un plazo extra de las cuatro primeras horas del día hábil siguiente, (art. 124 del C.P.C.C.) para realizar cualquier tipo de presentación judicial, sin distinguir que la presentación sea en formato papel o por vía electrónica.
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes votó en igual sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Sr. Juez Dra. Longobardi, dijo:
I). Los Sres. Eduardo Néstor Gentil, Miguel Ángel Miqueo y Rodolfo Julián Molinero, por derecho propio y con patrocinio letrado del Dr. Roberto J. Pey, promovieron con fecha 12/10/2000 demanda de daños y perjuicios por cobro de indemnización por el cese en sus cargos de funcionarios de la Municipalidad de Tandil, contra el Sr. Julio José Zanatelli, a la sazón Intendente Municipal de Tandil que dispuso y firmó los decretos de cese, y contra la propia Municipalidad de Tandil. Reclamaron un monto indeterminado, intereses y costas.
Los hechos en que sustentaron su pretensión, son los que someramente explica el sentenciante y que, aquí sintetizo: los actores manifestaron desempeñarse como funcionarios municipales (según surgirá luego, detentaban el cargo de Directores), durante la gestión municipal de Julio José Zanatelli, quien en su carácter de Intendente los nombró en dichos cargos. Que al inicio pertenecían al mismo partido político del demandado, pero posteriormente el Intendente Zanatelli cambió su afiliación política, sin ser ello obstáculo para que los funcionarios continuaran en sus cargos. Que una vez desarrollado el acto electoral del 26/10/97 donde se elegían autoridades a nivel municipal, provincial y nacional, no incluido el intendente (por lo que cabe entender que se trataba de elecciones legislativas de mitad de mandato únicamente), Julio Zanatelli, al tomar conocimiento de que su partido no había obtenido el resultado esperado, los remueve de sus cargos municipales por no pertenecer a su mismo partido político.
Que esa actitud fue denunciada ante el INADI del Ministerio del Interior, como conducta discriminatoria y violatoria de la ley 24.515, encontrándose al momento de promover la demanda, a la espera de resolución. Corrido traslado de la demanda (14/11/99), posteriormente llega respuesta del oficio al INADI con copia de actuaciones (16/10/07, fs.11/144).
Posteriormente el Sr. Rodolfo Julián Molinero desiste de la acción, teniéndoselo por desistido el 16/07/2007, con costas.
Con fecha 09/10/07 se presentan en autos como co-actoras y en calidad de herederas de Eduardo Néstor Gentil, las Sras. Mónica Alejandra Gentil, María Julieta Gentil y Mónica Magdalena Correa, por sus propios derechos y con patrocinio de la Dra. Gabriela Maña, acompañando a fs. 151/153 poder general judicial. Amplían demanda, solicitando se extienda la acción contra los herederos de Julio José Zanatelli: Teresa Rossi de Zanatelli, Guillermo Zanatelli, Julio Zanatelli, Graciela Zanatelli y Cecilia Zanatelli y contra la Municipalidad de Tandil, por la suma de $ 543.578, más intereses, costos y costas. Amplían los hechos en base a las actuaciones del INADI que, en su informe preliminar y resolución remitida, considera discriminatoria la conducta denunciada, en los términos de la ley 23.592.
Cuantifican los montos reclamados en la forma siguiente: daño moral, $ 50.000 para cada actor; lucro cesante, compuesto por los sueldos que dejaron de percibir desde el despido, con sus aumentos y los que hubieran percibido de jubilación si seguían aportando al IPS; reclaman por dichos rubros $ 90.828,04 por sueldos no percibidos más $ 266.1147,28 para Gentil y $86.603,48 por sueldos no percibidos más $352.750,76 para Miqueo (fs. 158/159).
La Municipalidad de Tandil contestó la demanda con fecha 09/03/08 por intermedio de sus apoderados Dres. Ginés Artero y Edgardo Omar Roglich, interponiendo excepción de incompetencia y subsidiariamente contestando demanda (fs. 253/259). A fs. 186/187 obra poder general judicial. Sostiene que corresponde el fuero contencioso administrativo, cuestión posteriormente resuelta por la Suprema Corte Provincial, quien se pronunció por mantener la causa en este fuero en razón de ser la causa anterior a la creación del fuero contencioso administrativo el 15-12-2003 y no tener efectos retroactivos las leyes que pusieron en funcionamiento el fuero especializado (fs. 484/486, SCBA, doct. B 68.056, del 3-XI-2004 “Fisco de la Provincia de Buenos Aires y demás cits. a fs.485).
En su versión de los hechos, la Municipalidad de Tandil manifiesta que, al momento de su cese, los actores no revestían la calidad de empleados públicos con estabilidad absoluta, tratándose de funcionarios políticos sin estar comprendidos en el Estatuto del Empleado Municipal, de modo tal que carecen del derecho a reclamar salarios caídos pues al no tener el cargo político estabilidad, es suficiente el decreto de cese para extinguir la relación, sin derecho a reclamo alguno. Agregan los decretos de su designación como empleados políticos. Recalcan que el Ejecutivo Municipal ha actuado conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y que ante la fractura de la relación de camaradería y pertenencia política entre los actores y el codemandado Zanatelli, cesó la confianza y por ende éste dispuso el cese de los actores.
Que Eduardo Gentil asumió como concejal luego de su cese, lo que evidencia que nunca tuvo estabilidad en su empleo. Que los actores no interpusieron recurso administrativo alguno contra la resolución que ordenó el cese de tareas. Que la demanda debió dirigirse exclusivamente contra Julio Zanatelli como responsable personal por la infracción a la ley 23.592, ya que el acto de discriminación denunciado corresponde a un tipo delictual y como tal, “intuito personae” y finalmente agregan que el tratamiento de los delitos de discriminación es de competencia federal (fs. 256 últ. párr..).
A fs. 268/270 con fecha 26/5/2008 se presenta el Dr. Ernesto Erramouspe como letrado apoderado de María Teresa Rossi de Zanatelli oponiendo excepción de incompetencia. Solicita la remisión de las actuaciones al fuero contencioso administrativo y subsidiariamente, contesta demanda. Niega en su totalidad los hechos narrados por los actores y que los actos administrativos atacados, esto es, los decretos de cese de funciones políticas dictados por el entonces Intendente Municipal Julio J. Zanatelli, reúnan los requisitos legales para tipificarlos como discriminatorios en el marco de las leyes 24.515 y 23.952.Reclaca la inestabilidad de los actores designados como Directores Municipales, se opone a la prueba pericial contable, ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda, con costas.
Con fecha 17/11/11 se presenta el Dr. Ernesto Erramouspe como letrado apoderado de Cecilia Beatriz, Graciela Inés, Guillermo José y Julio Enrique Zanatelli, opone también excepción de incompetencia y contesta demanda en términos similares a los de la Sra. María Teresa Rossi de Zanatelli.
Con fecha 07/02/2012 se presenta como letrado apoderado de la Municipalidad de Tandil, el Dr. Atilio Della Maggiora.
Luego de diversas sustanciaciones y resoluciones de primera y segunda instancia respecto de la excepción de incompetencia, se expide la Suprema Corte con fecha 03/06/2015 dirimiendo el conflicto negativo de competencia entre los fueros civil y contencioso administrativo y disponiendo la remisión al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 de Tandil, para continuar interviniendo, por ser la demanda-como se dijo- anterior a la creación del fuero especializado(fs.484/486).
II). Producida la prueba ofrecida por las partes, se arriba al dictado de la sentencia de primera instancia, ahora apelada.
La misma, luego de encuadrar la pretensión en el marco de derecho aplicable, incluso las leyes contra la discriminación, pasa revista a los decretos municipales de cese y a las cartas previas-que transcribe- de fecha 27/10/1997 firmadas por Zanatelli en su carácter de Intendente Municipal, en las que éste explicitaba las razones por las que procedería a ordenar su cese como funcionarios, basado en que, sin perjuicio de pertenecer diversos funcionarios políticos a diversas ideologías, esto presupone aceptar una lealtad recíproca entre el Intendente y sus funcionarios, debiendo los mismos, por ética, no actuar políticamente si pertenecían a un partido diferente de quien los nombró, durante su permanencia en el cargo; por lo que, al haber actuado políticamente favoreciendo a un partido político autoproclamado opositor al Intendente, ha vulnerado esa lealtad recíproca.(el destacado me pertenece).Posteriormente transcribe el dictamen del INADI que manifiesta -luego de analizar el argumento del destacado anterior) que “..se dan los presupuestos para admitir como discriminatorios los hechos denunciados”.
Por lo cual, considera que la conducta del Intendente Municipal ha resultado antijurídica al disponer la remoción de los actores de su cargo, (conforme a los arts. 1.1 y 24 de la CADH, el art. 75 inc. 22 de la CNA y el art. 1° de la ley 23.592), encontrando reunidos la totalidad de los presupuestos de la responsabilidad civil: antijuridicidad de la conducta de Zanatelli como Intendente Municipal, daño a los funcionarios municipales removidos y nexo causal. En cuanto a la imputabilidad de la conducta discriminatoria, la adjudica al Municipio en tanto resulta atribuible al Intendente como “órgano” de la comuna, manifestando adherir a la “teoría del órgano”, y por ende imputable al Municipio (art. 43 de la L.O.M.)
En consecuencia, hace lugar a la demanda entablada por Mónica Alejandra Gentil, María Julieta Gentil y Mónica Magdalena Correa, en su carácter de herederas de Eduardo Néstor Gentil, y por Miguel Ángel Miqueo, contra la Municipalidad de Tandil, condenando a ésta a pagar en el plazo de diez días de quedar firme la sentencia, la suma de $ 4.653.168 con más sus intereses legales a las herederas de Eduardo Néstor Gentil, y la suma de $ 4.678.168 al Sr. Miguel Angel Miqueo, también con los intereses legales explicitados en el considerando séptimo; asimismo dispone rechazar la demanda entablada por los mismos accionantes contra los herederos de Julio José Zanatelli, por las razones indicadas en el considerando Tercero.
Para así resolver, el juez de la anterior instancia comenzó por analizar la legitimación pasiva del caso, procediendo a encuadrar el accionar del Sr. Julio José Zanatelli, como Intendente Municipal que suscribiera los decretos de cese, al igual que las notas de fecha 27/10/97, en la denominada” teoría organicista” (art. 43 del Cód. Civil), en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, conforme a la cual consideró que los actos fueron suscriptos por el nombrado en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo Municipal, teniendo una de ellas sello de Mesa de Entradas municipal. Los actos atacados (comunicación del cese de funciones de los actores por participar políticamente en Apertura Independiente), han sido realizados en ejercicio de sus funciones como intendente municipal, por lo que encuentra probada la legitimación pasiva de la Municipalidad de Tandil (arts. 43, 1112,1122 del Cód. Civil).Por ende, en cuanto a la imputabilidad de la conducta, reiteró que ella corresponde al Intendente en cuanto órgano de la comuna, y considera excluida la legitimación pasiva de los herederos de Zanatelli, citando jurisprudencia que admite en el caso de los funcionarios públicos” la responsabilidad no sólo por los actos propios de la esfera de su incumbencia, sino también los supuestos de ejecución defectuosa de las funciones o los de ejercicio aparente o abusivo de éstas “(C.Nac. Civil, Sala H, 1997, “S.,M.A. c. R, S.F.”, voto Dr. Kiper), que sería el supuesto de autos.
En relación con el derecho aplicable, manifestó abordar el caso a la luz del denominado “Bloque de constitucionalidad” (art. 75 inc. 22
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.