Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 97771
En la ciudad de Dolores, a los quince días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 97.771, caratulada: "BALIGAN, ROMINA SANDRA C/ SILEO, ADRIANA BEATRIZ Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC. USO AUT. Y ESTADO)", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. Mauricio Janka; María R. Dabadie y Silvana Regina Canale. No interviniendo la Dra. Canale por encontrarse en uso de licencia (Resol. SE 9571/19).
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 938/950?
Segunda cuestión ¿Qué corresponde decidir?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:
I. Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte codemandada Adriana Beatriz Sileo y su citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A. mediante el escrito de fecha 07.11.2018; y por la parte actora a través de la presentación de fecha 13.11.2018. Concedidos libremente a fs. 960, se sustentan en esta instancia con las expresiones de agravios de fechas 09.05.2019 y 20.05.2019 respectivamente, que merecen las réplicas de sus contrarias.
II. La presente acción es promovida por Romina Sandra Baligan con el fin de que se le indemnicen los daños y perjuicios que habría sufrido en las inmediaciones de la playa de la localidad de Pinamar el día 02.01.2010, cuando al participar del juego acuático colectivo conocido comúnmente como “la banana”, sufriera lesiones en su nariz. Relata que ello fue a raíz de un movimiento brusco del aparato al ingresar al mar, que provocó el impacto de su rostro contra la cabeza de quien se situaba sentado delante suyo. Dirige la acción contra la propietaria del artefacto -Adriana Beatriz Sileo- y la Municipalidad de Pinamar; reclama en concepto de rubros indemnizatorios, los gastos médicos, el daño moral, el daño psíquico y la incapacidad sobreviniente (fs. 16/38).
El iudex a quo hace lugar parcialmente a la pretensión y condena a Sileo y su citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A. a abonar la suma de $ 52.000, más los intereses que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días a la tasa BIP, desde el día del hecho y hasta su efectivo pago, con costas a cargo de los vencidos.
Para así decidir, considera acreditada la existencia de una relación de consumo entre las partes en virtud de la cual la demandada debió asegurar la protección integral de la usuaria y adoptar todas las medidas necesarias a ese fin. Agrega en el párrafo final del Considerando b) -fs. 945- que tampoco ha demostrado la legitimada pasiva que la víctima hubiera interrumpido con su actuar, el nexo de causalidad adecuado como presupuesto de la responsabilidad civil con base en un factor objetivo de atribución.
Asimismo, desestima la pretensión contra la Municipalidad de Pinamar y su citada en garantía, al no advertir omisión en el control del cumplimiento de una norma jurídica, ni la intervención de algún órgano estatal en la comisión del evento dañoso; ello con costas a cargo de la actora vencida.
III. De lo así resuelto se agravian ambas partes; la codemandada Sileo -y su aseguradora- lo hace señalando que el sentenciante aplica el marco protectorio de la ley de defensa del consumidor, apartándose de la normativa de fondo. Concretamente, postula que la cuestión debe ser valorada en los términos del art. 1113 del CC y que la ley de defensa del consumidor debe ser aplicada cuando quien brinda un servicio no obra en consecuencia, generando la posibilidad de que quien hace uso de aquél pueda padecer un daño.
En ese camino, entiende la apelante que tal extremo no ha sido acreditado y que la actora pretende descalificar su accionar cuando contaba con habilitación municipal y reunía las condiciones necesarias para la correcta explotación del entretenimiento. Aduce que a quienes participan, se les brindan indicaciones y precauciones previas. Señala que deben valorarse las conclusiones del perito mecánico, quien describe las características del artefacto y concluye que se trata de una actividad de riesgo, con posibilidades de sufrir un accidente. Finalmente, se agravia de los rubros indemnizatorios.
A su turno, se queja la actora en cuanto se rechaza la acción contra la Municipalidad de Pinamar, con argumentos que consisten básicamente en citas de jurisprudencia; destaca que la Municipalidad percibe una tasa por la habilitación de este tipo de actividades, pero que no controla su desarrollo en cumplimiento de las normas de seguridad. Se agravia de los rubros indemnizatorios otorgados, que considera exiguos.
IV. Por un correcto orden metodológico y porque el contenido de los agravios así lo exige, abordaré primero aquellos expresados por la demandada en cuanto cuestiona la responsabilidad que se le atribuye, para luego hacerlo con los de la actora dirigidos al rechazo de la acción contra la Municipalidad de Pinamar. Finalmente, daré tratamiento en forma conjunta a las quejas comunes de ambos recurrentes, encaminadas a cuestionar los rubros indemnizatorios.
V. Entrando al tratamiento del planteo de la parte demandada, considero que en forma previa deben encuadrarse jurídicamente los hechos; no sólo por ser ello un reclamo de la apelante, sino porque es deber del juez aplicar el derecho que corresponda aún cuando las partes guardaran silencio, en virtud del principio iura novit curia (art. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 266 CPCC).
Tanto en la determinación del derecho aplicable, como en la calificación de la acción el juez actúa con entera independencia de las partes, pudiendo válidamente calificar la realidad fáctica y subsumirla en las normas jurídicas que la rigen (art. 34 del CPCC; Fenochietto, "Código Procesal Civil y Comercial", 3º ed., 1996, p. 42, nº 4º; CSJN, 17-11-94, L.L. 1995-D-942, nº 1744; SCBA, L. 2-6-92, Jurisprudencia, nº 44, p. 55).
1). El sentenciante de grado analiza de lleno la conducta de la demandada Sileo desde la óptica de la normativa que hace a la defensa de los consumidores, y en particular a la luz de la llamada obligación de seguridad a cargo de quien explota un servicio de juegos de esparcimiento, con cita de los arts. 5 y 40 de la Ley 24.240.
Pero si bien la relación habida entre las partes puede encuadrarse en el marco protectorio referido, no siendo desacertada la calificación jurídica -como sí considera la recurrente, punto sobre el que volveré-, lo cierto es que tampoco cabe omitir o indicar como un mero mayor abundamiento, aquello que constituye el principio rector en la materia.
Dicho de otro modo, luce poco acertado dejar de subsumir la plataforma fáctica a los lineamientos principales que hacen al régimen de la responsabilidad civil y que, en el caso particular, es la teoría del riesgo creado, según la cual si el daño es causado por la actuación de una cosa que presenta riesgo, ello es suficiente para determinar la responsabilidad de su dueño o guardián, porque de ella se sirve y la tiene a su cuidado (SCBA, DJBA, t. 114 p. 25).
Así, quien acciona en función del art. 1113 del CC debe probar: el daño, la relación causal, el riesgo o vicio de la cosa y el carácter de dueño o guardián de la cosa productora del daño; mientras que el dueño o guardián de la cosa que responde de manera objetiva deberá, para eximir su responsabilidad, acreditar que la conducta de la víctima o de un tercero, interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño.
De ello se desprende que la ley toma en cuenta como factor para atribuir responsabilidad el riesgo creado y prescinde de toda apreciación de la conducta de los participantes, desde el punto de vista subjetivo.
Por lo tanto, cuando en la producción del daño interviene una cosa que presenta riesgo o vicio, el dueño o guardián responden de manera objetiva y la culpa, la negligencia o la falta de previsión, no constituyen elementos exigidos por el precepto para realizar la imputación: aun cuando probase su falta de culpa, carece de incidencia para levantar su responsabilidad, porque a tal fin debe acreditar la concurrencia del supuesto previsto en la frase final de la segunda parte, del segundo párrafo del art. 1113 del CC, esto es que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (SCBA, Acs. 40.333, 32.253, 40.464).
Teniendo en cuenta tales principios que hacen al régimen general de la responsabilidad civil, no derogado sino integrado por la normativa del consumidor, habré de analizar las constancias del caso.
Conforme señalaron las partes en sus escritos postulatorios (fs. 16/38, fs. 254, fs. 283 vta./284) se encuentra fuera de discusión que la actora contrató un servicio de esparcimiento prestado mediante la utilización de un artefacto inflable acuático -conocido como “la banana”-, extremo además avalado por los elementos probatorios producidos (testimoniales de fs. 423, 455, 426, 427; pericia mecánica de fs. 793/794).
Asimismo, al presente no es motivo de debate que el día 02.01.2010 en la localidad de Pinamar, cuando en momentos en que el aparato acuático atravesaba las olas para ingresar al sector más calmo del mar, la actora golpeó su rostro contra la cabeza de la persona sentada delante de sí, provocándole lesiones.
Sobre estos puntos, que hacen al contrato celebrado, su objeto y la ocurrencia del accidente durante su ejecución, no cabe discurrir en tanto no ha sido materia de debate ante esta Alzada (arts. 1137, 1190, 1197, 1198 del CC).
Es entonces que lo así expuesto es suficiente para afirmar que se trata de un servicio prestado mediante el uso de una cosa esencialmente riesgosa por su aptitud potencial para producir un daño -siendo su causa activa-, por cuanto es factible que por su dinámica escapen al dominio del hombre, encontrándonos frente a una responsabilidad con factor objetivo de atribución del dueño o guardián, generadora del deber de resarcir.
Probado el nexo causal entre el daño producido por la víctima y la actuación o intervención de esa cosa riesgosa, existe una presunción de responsabilidad sobre su dueño o guardián, y si quiere exonerarse de ella debe probar que el daño obedeció a una causa ajena a él (art. 1113 del CC).
Es así que corresponde analizar si la demandada ha demostrado de manera idónea que la conducta de la víctima ha influido causal o concausalmente en el acaecimiento del hecho (arts. 375, 384 del CPCC).
Para ello se tendrá como pauta que la carga de la prueba no es otra cosa que una carga jurídica, constituida por la conveniencia para el sujeto de obrar de determinada manera a fin de no exponerse a las consecuencias desfavorables que podría ocasionarle su omisión. La actividad de las partes es de fundamental importancia para la suerte de sus pretensiones o defensas, sobre todo en procesos regidos por el principio dispositivo, como el civil. De allí se deduce que aquellas deben ejecutar ciertos actos, adoptar determinadas conductas, hacer peticiones, dentro de los límites de tiempo y lugar que la ley procesal señale, si quieren obtener éxito y evitarse perjuicios como resultado del proceso (arts. cit.).
Si bien la demandada refiere tanto al contestar la acción (fs. 254 vta.) como al expresar agravios (punto 2), en orden a justificar la influencia de la conducta de la víctima, que desde el momento de ascender al inflable su intención no era tomarse de la agarradera de neoprene, lo cierto es que ello no surge acreditado con ninguno de los medios probatorios.
Como así tampoco cualquier otra conducta o comportamiento negligente de su parte que quiebre total o parcialmente el nexo causal -como la alegada distracción de la actora durante el desarrollo del juego-.
Por otra parte, como ya señalara, todo aquello relacionado a la ausencia de culpa de la demandada queda deslindado del sistema de responsabilidad objetiva del dueño o guardián, que ha de quedar excluido sólo cuando se demuestre que el accionar de la víctima o de un tercero por el cual no deba responder, han anulado o limitado esa responsabilidad.
Por tal razón, la circunstancia de contar la legitimada pasiva con habilitación municipal (v. expediente administrativo agregado a fs. 64/73, y fs. 197/207) o de la Prefectura Naval Argentina, no configura eximente de responsabilidad válido; ni tampoco que el día del hecho el mar hubiera estado calmo y apto para la navegación, pues ello no es más que una contingencia que en nada incide en la responsabilidad objetiva que se analiza.
En similar sentido, menos influye aún que se le hubieran suministrado a la actora ciertas advertencias o formas de utilizar el artefacto náutico con anterioridad a su ascenso, sin perjuicio de que ello tampoco ha sido fehacientemente demostrado en autos mediante prueba idónea a tal fin (arts. 375, 384 del CPCC).
Reitero, en la llamada teoría del riesgo no cabe detenerse a analizar la voluntad o intención del sujeto que circunstancialmente opera una cosa riesgosa, pues son parámetros que quedan relegados cuando el objetivo del sistema es la reparación objetiva del daño causado a la víctima.
Refiere la apelante en su expresión de agravios a prueba producida en una causa penal que -según señala- se encuentra apiolada al presente; sin embargo, no surge de autos causa penal en dichas condiciones, y si existiera, lo cierto es que no ha sido ofrecida por las partes en sus escritos postulatorios, ni proveída (fs. 370/371) ni mencionada por el sentenciante de grado al momento de emitir su fallo. Razón por la cual, no cabe consignar valor alguno a lo señalado en orden a que -eventualmente- no se trata de un elemento probatorio incorporado al proceso (arts. 354, 358 del CPCC).
En consecuencia, en función de lo dispuesto por el régimen general que prevé el art. 1113 del CC aplicable al caso, encuentro en autos que, acreditado como fuera el nexo de causalidad adecuado entre el daño provocado y el hecho acaecido mediante la intervención de una cosa riesgosa, no se ha demostrado ningún eximente con aptitud suficiente como para provocar de manera idónea, el quiebre parcial o total de ese nexo causal y por ende, la eximición de responsabilidad civil pretendida por la demandada.
2). Al lado del sistema central que hace a la responsabilidad civil se entrelaza la circunstancia de que la relación jurídica existente puede ser encuadrada como una relación de consumo (arts. 42 de la CN; 1, 2, 51, 53 de la LDC); ello es cuestionado por la recurrente, por lo que corresponde esgrimir las siguientes consideraciones.
La relación entre las partes tiene nacimiento en la celebración de un contrato de locación de un servicio de entretenimiento, en virtud del cual la actora pretende una indemnización por los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento contractual de la obligación de la demandada, de asegurar la integridad de la actora durante su desarrollo.
Entrando al tratamiento del agravio de la demandada -quien cuestiona la configuración de una relación de consumo- considero que el mismo carece de andamiaje pues no albergo duda sobre la naturaleza del ligamen jurídico.
Como establece el art. 1 de la Ley 24.240 en la parte que interesa, se consideran consumidores a las personas físicas o jurídicas que adquieran o utilicen, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatarios finales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Por su parte, el art. 2 refiere que el proveedor es la persona humana o jurídica de carácter público o privado que actúa profesionalmente en el mercado, con actividades de producción, importación, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a los sujetos del art. 1 de la LDC.
Con pie en tales parámetros y el margen amplio de interpretación, entiendo que la actora sí es consumidora en los términos referidos como persona física que adquirió la prestación de un servicio como destinatario final (art. 1 de la LDC).
En modo alguno tal apreciación implica doble punición, como aprecia la demandada al afirmar que la cuestión sólo debe ser analizada a la luz del art. 1113 del CC; el sistema consumeril complementa, integra y califica el régimen de responsabilidad con su función protectoria (arts. 42 de la Const. Nac. y 15 de la Const. Prov.) frente a una relación contractual de características particulares, en virtud de la cual recaen sobre la demandada ciertas diligencias emanadas de la condición pasiva de confianza por parte de la actora, de finalizar el esparcimiento sana y salva.
En este sentido, quien organiza una actividad y aprovecha de la misma económicamente, debe asumir sus riesgos; como consecuencia, se le impone al organizador la obligación de indemnidad personal y patrimonial de los consumidores (Ghersi, Carlos, Teoría general de la reparación de daños, p. 206 y ss.).
En dicha relación de consumo, la obligación de seguridad se presenta con especial fuerza, definida como aquélla en virtud de la cual una de las partes en el contrato se compromete a devolver al otro contratante ya sea en su persona o sus bienes, sanos y salvos, a la expiración del contrato, pudiendo ser asumida tal obligación de forma expresa por las partes, impuesta por la ley o bien surgir tácitamente del contrato a través de su interpretación en base al principio de la buena fe (Vázquez Ferreyra, “La obligación de seguridad en la responsabilidad civil y ley de contrato de trabajo”, p. 105/06).
Es atinado sostener que la demandada asumió una obligación de seguridad frente a la usuaria del juego; tan es así que si bien sistemáticamente desconoce su responsabilidad, asume una conducta contraria a sus propios actos al señalar que se trata de una actividad que naturalmente conlleva riesgos y al indicar en sus agravios que -previo a iniciarse la misma y para cubrir esos eventuales riesgos- se instruye a los pasajeros sobre medidas de seguridad.
La pericia mecánica de fs. 793/794, da cuenta de que se trata de una práctica acuática que conlleva riesgos y que la evidencia científica indica que tal actividad aumenta las posibilidades de sufrir un accidente (fs. 794, respuesta 4). También que por su condición de embarcación inflable sin quilla, se puede transformar en un riesgo cuando no se circula por aguas calmas dada su gran flexibilidad, lo que hace que siempre copie las ondulaciones del mar, de ahí que también se lo denomine “gusano” (fs. 794, respuesta 7).
Sin embargo, ese riesgo, es precisamente asumido por quien comercializa la actividad y obtiene de ella un beneficio económico; y en modo alguno puede colegirse que sea el usuario o el consumidor, quien asuma parte de ese riesgo, al exponerse o al aceptar participar del mismo.
En este punto, debo señalar que la exposición voluntaria a un contexto de cierto peligro no siempre constituye justificativo del hecho dañoso, ni dispensa del deber de resarcir el menoscabo, a menos que por las circunstancias del caso, la conducta de la victima pueda calificarse como un hecho que interrumpe total o parcialmente el nexo causal, lo que aquí no ha ocurrido.
Se ha expresado que no es lo mismo conocer el riesgo que implica realizar una determinada actividad, que asumir las consecuencias de tal conducta autónoma de responsabilidad y, por ende, no permite de por sí la liberación del responsable. No cabe así interpretar la existencia de un consentimiento o de un asentimiento de la víctima, anticipado al daño, cuando estén de por medio los derechos de la personalidad -vida, salud, integridad física, etc.- (Mosset Iturraspe, Jorge, “La aceptación de los riesgos- Retroceso en la responsabilidad civil por actos ilícitos” en “Estudios sobre responsabilidad por daños”, reimpresión, Rub
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