Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 97725
En la ciudad de Dolores, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 97.725, caratulada: "SOSA, MATILDE HAYDEE C/ RODRIGUEZ, ESTEBAN Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. María R. Dabadie, Silvana Regina Canale y Mauricio Janka. No interviniendo la Dra. Canale por encontrarse en uso de licencia (Resol. SE 9571/19 SCBA).
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 441/448?
Segunda cuestión ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
I. Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y por citada en garantía mediante el escrito de fecha 04.12.2018, contra la sentencia de fs. 441/448. Concedido libremente a fs. 450 se sustenta con la presentación digital de fecha 18.06.2019, sin que merezca réplica de la contraria.
Matilde Haydee Sosa promueve la acción contra Esteban Martín Rodríguez por los daños y perjuicios que habría sufrido a consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 19.01.2010 alrededor de las 18:40 horas en la localidad de Ayacucho. Relata que en esa oportunidad, se disponía a cruzar la calle Sarmiento -desde el comercio de panadería ubicado en la esquina con la calle España- hacia el vehículo estacionado sobre la mano contraria para ascender a él, cuando fue atropellada por el demandado Rodríguez quien conducía su automotor marca Fiat, modelo 128, dominio RKS761 en sentido cardinal oeste-este (fs. 55/76).
Sostiene el accionado que el hecho tuvo su causa en el propio accionar de la víctima desde que su parte se dirigía a la velocidad permitida, y que habiendo traspasado más de 30 metros de la intersección entre las calles Sarmiento y España, la contraria apareció de improvisto cruzando desde la derecha, corriendo, sin mirar y por un lugar no permitido (fs. 91/101).
II. El iudex a quo condena al demandado y a la citada en garantía, Prudencia Compañía Argentina de Seguros, a abonar a la actora la suma de $ 251.680, más los intereses a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días mediante el sistema Banca Internet Provincia, vigente durante los distintos períodos de aplicación, desde la fecha del hecho hasta su efectivo pago.
Para así resolver -con cita del art. 1102 del CC- considera que acreditada la existencia del hecho y condenado el demandado en sede penal, no corresponde analizar nuevamente su mecánica ni la participación de los protagonistas para indagar si existió una interrupción del nexo causal o si por el contrario hubo responsabilidad exclusiva del demandado. Agrega que un conductor debe circular de modo tal que mantenga su dominio y atienda a los avatares del tránsito, incluso, la aparición imprevista de un peatón.
III. Se agravian los recurrentes al sostener que el iudex a quo debió valorar la participación de la víctima en la producción del hecho a fin de distribuir la responsabilidad entre ambos protagonistas, conforme lo permite el art. 1102 del CC.
En ese parecer, consideran que no se ajusta a derecho la conclusión del sentenciante con relación a que no corresponde analizar nuevamente la mecánica del hecho, ni la participación de los protagonistas a fin de indagar si existió una interrupción en el nexo de causalidad. Refieren que se encuentra acreditado que la actora cruzó la arteria de manera incorrecta, si se tiene en cuenta que el automotor Renault 12 al que pretendía ascender estaba estacionado sobre la mano izquierda, a más de diez metros de la esquina con la calle España; es por ello que afirman que la víctima cruzó en diagonal desde el comercio de panadería de la esquina, de donde ella provenía, es decir, por un lugar inapropiado.
En segundo lugar, se agravian de los montos indemnizatorios otorgados en concepto de daño moral e incapacidad física, que estima elevados; finalmente, se quejan de la tasa de interés fijada y solicita que se imponga la tasa común que pague el Banco de la Provincia.
IV. Entrando al tratamiento de la cuestión y analizadas las constancias de esta causa como así de las actuaciones tramitadas en sede penal -agregadas por cuerda- cabe señalar las siguientes consideraciones a fin de enmarcarla desde el punto de vista normativo pues así lo reclama el agravio.
Como relata el iudex a quo a fs. 444 último párrafo, el demandado fue condenado en sede penal por el hecho base del reclamo indemnizatorio civil, conforme las constancias penales apioladas (fs. 58/58 de la causa penal n° 265/11, "Rodríguez, Esteban Martín s/ Lesiones culposas") a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, decisorio que se encuentra firme y consentido.
Ante ello, cabe determinar cuáles son los aspectos que puede valorar el juez civil en los términos del art. 1102 y concs. del CC.
Si bien el sentenciante de grado al emitir su decisorio no puede modificar el hecho y las circunstancias que lo rodearon y que han quedado comprobadas en sede represiva, lo cierto es que nada impide que ese mismo hecho sea analizado a la luz de la responsabilidad civil, tarea muy distinta por cierto de la que debe emprender el juez penal a los fines de establecer una condena -art. cit.-.
En tal sentido, ha expresado nuestro Superior Tribunal local que el juez civil tiene aptitud para valorar libremente la concurrencia culposa de la víctima o de un tercero, para determinar si quedó configurada la interrupción del nexo causal (art. 1113, 2do. párrafo, segundo apartado del CC), la magnitud del daño sufrido y la relación de causalidad entre el hecho y el daño, respecto de lo decidido en sede penal, ya que pueden concurrir factores objetivos de atribución ajenos a dicha órbita (SCBA, Ac. 81.032, sent. del 4-12-2002).
En referencia a la norma en análisis se ha señalado que resulta de toda claridad, en cuanto prevé que la condena penal que declare la culpa del imputado será incontrovertible en sede civil, no pudiendo el sentenciante iusprivatista prescindir de este componente subjetivo del factor de atribución en la pretensa responsabilidad civil del demandado.
Va de suyo que en principio, como el sentenciante penal no juzga el comportamiento de la víctima sino el del victimario, nada impedirá que el civil aún cuando mediare condenación penal del imputado aprecie la conducta de la víctima, y que en función de la incidencia que ella adquiera en la relación de causalidad en los términos de los arts. 901 a 906 del CC, declare una concurrencia culposa que minore el débito resarcitorio conforme lo permite el art. 1111 del citado digesto.
Sobre el tópico en análisis, aprecio que la sentenciante a cargo del Juzgado Correccional n° 1, se expidió minuciosamente respecto del hecho (fs. 58/69 de la causa penal acollarada n° 265/11) como igualmente respecto de la conducta del aquí demandado, condenándolo como único y excluyente culpable del evento dañoso.
En su razón, si bien en el resolutorio apelado el a quo menciona como a mayor abundamiento (fs. 444 vta., segundo párrafo) que no se desprende acción alguna por parte de un tercero o accionar reprochable de la actora, lo cierto es que como dije, no existe impedimento para que en esta sede se analice aquella con mayor y total profundidad a fin de establecer la existencia de concurrencia de culpas -en tanto resultar distintas, como se señalara- o si ha existido una interrupción del nexo de causalidad, contrariamente a lo que sostiene el recurrente. Al mediar condena penal previa, de acuerdo con lo pacíficamente resuelto por la jurisprudencia y la doctrina, al demandado como única alternativa le quedaba demostrar una corresponsabilidad con la actora en el desencadenamiento del ilícito, interruptora en forma parcial del nexo causal entre el mismo y el daño provocado.
Teniendo en consideración los parámetros vertidos en cuanto a la efectiva posibilidad de analizar en esta sede la interrupción del vínculo de causalidad, cabe verificar si lo alegado por el apelante tiene asidero.
En tal sentido, he de anticipar que más allá de la condena en sede penal, es que la prueba del hecho de la víctima debe ser aportada por el victimario (Kraut, Alfredo Jorge, "La culpa de la víctima como eximente en la responsabilidad objetiva", JA 1989-II-873). Lo que debe determinarse, es si el hecho de la víctima ha influido en la causalidad hasta desplazar fuera de la esfera del demandado, la atribuibilidad de las consecuencias del hecho; de tal forma no basta con cualquier culpa de la víctima: su obrar debe haber gravitado en el resultado dañoso. Esa causa ajena exonera de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa según el grado de incidencia participativa en el evento ilícito.
La carga de la prueba que pesa sobre el demandado en el caso demostrar la culpa de la víctima, no es otra que una carga jurídica, constituida esta última por la conveniencia para el sujeto de obrar de determinada manera a fin de no exponerse a las consecuencias desfavorables que podría ocasionarle su omisión (art. 375 del CPCC).
La actividad de las partes es de fundamental importancia para la suerte de sus pretensiones o defensas, sobre todo en procesos regidos por el principio dispositivo, como el civil; de aquí se deduce que aquellas deben ejecutar ciertos actos, adoptar determinadas conductas, hacer peticiones, todo ello dentro de los límites de tiempo y lugar que la ley procesal señale, si quiere obtener éxito y evitarse perjuicios como resultado del proceso. Así, la carga de la prueba es una noción procesal que contiene la regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre las cuestiones que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de las mismas, para evitarse las consecuencias desfavorables.
Señala el recurrente que Sosa cruzó la calle incorrectamente pues del croquis labrado por la instrucción policial, surge que el automotor Renault 12 al que dice estaba subiendo, se encontraba a más de 10 metros de la esquina. Y que si se lo compara con la distancia de frenado, su puerta lateral se ubicaba a unos 16 metros de la esquina, lo que demuestra que la actora cruzó por una zona no autorizada.
Analizados los elementos probatorios producidos, surge que no ha quedado acreditada la culpa de la víctima en el hecho a fin de disminuir el grado de responsabilidad que se atribuye al demandado (arts. 1113 del CC; 375, 384 del CPCC).
Es decir, que éste no ha demostrado que la actora cruzó la calle Sarmiento por un lugar incorrecto, lo cual no se deduce sin más, de la circunstancia que indica como demostrativa de la supuesta imprudencia o negligencia que invoca.
Dice el recurrente que la víctima habría cruzado mal la calle, porque del croquis labrado en sede penal puede observarse que el Renault 12 al cual la actora pretendía ascender por lado del acompañante, se encontraba a más de diez metros de distancia de la esquina.
Pero, si bien se desprende del croquis de fs. 171 de la IPP n° 03-00-000482-10 acollarada, que dicho rodado estaba estacionado sobre la calle Sarmiento a unos catorce metros aproximadamente de la línea que conforma la esquina con la calle España, lo cierto es que de ello no se deduce que la actora hubiera cruzado la calle en forma perpendicular hacia el rodado, o por un lugar que no fuera la misma esquina o bien, cercano a ella.
Ello sin perjuicio de mencionar que la senda peatonal de cruce de la calle no se encontraba demarcada, con lo cual mal podría en su caso exigírsele al peatón, que utilice una demarcación o señal de tránsito por cierto, inexistente.
Asimismo, si por hipótesis lo hubiera hecho desde la esquina y en forma oblicua hacia el vehículo, ello no se configura en un eje atendible para determinar de manera idónea una conducta negligente de la actora que razonablemente pueda influir en el quiebre parcial del nexo causal y concluir así en la misma postura del quejoso.
En definitiva, no se ha logrado acreditar en el caso que la conducta de la víctima tuviera incidencia alguna en el evento ocurrido, carga que le incumbía al accionado, si quería ver aminorada la responsabilidad que se le atribuye (arts. 375, 384, CPCC).
Por lo demás que señala el apelante con relación a su conducta tendiente a evitar la colisión, por inmodificable lo concluido en la sede represiva en cuanto al hecho principal, a ello habrá de estarse.
Al hecho principal que sustenta la sentencia condenatoria lo integran los hechos descriptos exactamente en la figura delictiva a lo que se ha dado en llamar delito tipo con todos sus elementos (SCBA, voto de la mayoría del Doctor Laborde, Ac. 36.631, "Pugliese", A. y S. 1987-I-285 y D.J.J. Tº 133, p. 321; SCBA., Ac. nº 41.166, Sent. del 10-9-91). En otras palabras, el hecho principal no es el mero hecho del accidente, sino también las circunstancias que lo rodearon. De ahí que si en sede penal se efectuó la descripción de esas circunstancias, ello no puede reverse en sede civil (SCBA, Ac. nº 42.786, Sent. del 21-5-91; Ac. nº 36.846, Sent. del 26-2-88; Ac.36.440, Sent. del 16-9-86,", AyS 1986-III-165).
La sentenciante del fuero penal concluye con relación a ello que: "el automóvil marcar Fiat 128 color gris conducido por Rodríguez Esteban Martín, se desplazaba por la calle Sarmiento en sentido cardinal de Oeste a Este y Sosa Matilde Haydee al momento del embestimiento se encontraría cruzando la arteria Sarmiento desde la vereda derecha hacia la otra vereda (...)". "(...) el conductor del Fiat 128, que venía circulando a una velocidad superior a la permitida en la zona -de acuerdo a la pericia accidentológica que se basa entre otras circunstancias, en las huellas de frenada que pueden observarse en las fotografías, circulaba a 48 kilómetros por hora- imprevistamente inicia una maniobra de frenado y desplazamiento oblicuo del rodado que termina impactando contra la víctima que al momento del accidente se encontraba cruzando la arteria Sarmiento en dirección de derecha a izquierda. De acuerdo al informe de tránsito de fs. 82 vta., la velocidad máxima permitida en el lugar es de 30 kilómetros siendo que de conformidad con el art. 51 de la ley nacional n° 24.449, a la que adhiriera la Provincia mediante la Ley 13.927 vigente desde el 01.01.2009, la velocidad máxima permitida en la zona urbana, en las calles, es de 40 kilómetros horarios".
"A partir de la violación al deber objetivo de cuidado por parte del conductor Fiat 128, se creó un riesgo que produjo el resultado dañoso, pues al venir circulando a una velocidad superior a la permitida en la zona, procediendo en esas circunstancias, a accionar los frenos del vehículo que conducía -lo cual claramente surge del informe accidentológico y de las fotografías que muestra la huella de frenada que culmina en la zona del impacto- provoca el desplazamiento en forma oblícua del rodado, hacia la mano donde se encontraba estacionado el vehículo marca Renault 12, al cual pretendía ascender la víctima, atropellándola (...)".
En su razón, nada más cabe analizar sobre la conducta del demandado. Debe así estarse a lo concluido en sede penal tanto en relación al hecho como a las circunstancias que lo rodearon -como lo es la excesiva velocidad con que se dirigía y que se configura como un elemento decisivo en el acaecimiento del hecho-, por encima de las manifestaciones vertidas en la expresión de agravios.
En consecuencia, se impone a mi entender el rechazo del agravio y la confirmación de la total y exclusiva responsabilidad del accidente en cabeza del recurrente, sin que se hubiera acreditado en esta sede el quiebre del nexo de causalidad producto de la propia conducta de la víctima (arts. 512, 902, 906, 1101, 1102, 1113 del CC; 375, 384 y concs. del CPCC).
V. Rubros indemnizatorios.
Previo a analizar las quejas en referencia al monto de los mismos, cabe decir que la valoración del daño debe realizarse con criterio flexible que atienda a las particularidades del caso con sustento en la prudente discrecionalidad judicial. No se debe soslayar que en esta materia aún campeando el principio de la reparación integral, los jueces deben establecer prudentemente el monto de la indemnización, sin que para ello deban utilizarse formas estrictas o matemáticas, y con arreglo a las distintas pautas orientadoras para el caso (art. 165 del CPCC).
1. Daño moral.
El sentenciante de grado otorga por este concepto, la suma de $ 50.000; se agravia el recurrente por considerar que resulta excesiva y que no se valora la concesión de otros rubros tendientes a reparar los perjuicios de la actora, como el daño psicológico.
Como en reiteradas oportunidades se ha expresado, la indemnización del daño moral tiende a reparar la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos; no supone la existencia de un propósito determinado o malicia en el autor del hecho ilícito, resultando indiferente que provenga de dolo o culpa (esta Alzada, causa n° 85.139, sent. del 27-XI-2007). Resulta ser un perjuicio susceptible de apreciación desde la óptica del entendimiento, de la sensibilidad o de la voluntad de la persona. Implica, en definitiva, un defecto existencial con relación a la situación subjetiva de la víctima precedente al hecho (disvalor personal).
Asimismo, no tiene que guardar relación estricta con los daños materiales, toda vez que un hecho puede producir perjuicios materiales cuantiosos y no vulnerar o lesionar las afecciones legítimas y viceversa, no requiriéndose prueba directa de la existencia y extensión del mismo, ya que se tiene por acreditado por la sola comisión del acto antijurídico. Tampoco encuentra relación con el daño psicológico como pretende el recurrente desde que ambos reparan afecciones de distinta naturaleza.
En cuanto a la prueba del daño moral, el mismo se prueba in re ipsa dado que surge inmediatamente de los hechos mismos y en este sentido los jueces gozan de un amplio arbitrio para su determinación, tomando en cuenta los padecimientos sufridos y las condiciones particulares del damnificado.
En la especie, si bien el sentenciante se limita a señalar en sustento de su decisión las consecuencias del accidente en relación a la víctima, como el período de recuperación y el sufrimiento derivado de las secuelas incapacitantes de las que da cuenta la historia clínica y la pericia médica de fs. 337/343, lo cierto es que tales tópicos resultan suficientes para estimar el daño sufrido y establecer su cuantificación (arts. 165, 384, CPCC).
Efectivamente, teniendo en cuenta las aflicciones y dolencias toleradas por la actora -de 62 años al momento del hecho- en virtud de los hechos acaecidos, el trance vivido a raíz del tiempo de recuperación y utilización de aparatos de rehabilitación -como el collar de Philadelphia-, y el tormento que perdura en razón de la entidad del porcentaje de discapacidad y secuelas funcionales que gravitan sobre el ser, es que considero que no existe mérito alguno para considerar razonablemente, que el monto otorgado en la instancia de grado resulta elevado o excesivo, y que debe ser disminuido conforme pretende el recurrente.
Razón por la cual considero que debe rechazarse el agravio esgrimido y confirmarse la sentencia en este aspecto (arts. 165, 375, 384 y concs. del CPCC; 1078 y concs. del CC).
2. Incapacidad física sobreviniente.
El iude
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