Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98421
En la ciudad de Dolores, a los 23 días del mes de abril del año dos mil veinte, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98.421, caratulada: "PARK YOUN MIN Y OTRO C/ SUMA SEA GROUP S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden: Dres. María R. Dabadie y Mauricio Janka.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 29.11.2019?
Segunda cuestión: ¿Qué corresponde decidir?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
I. Breve reseña de los antecedentes de la causa.
Llegan estos actuados a mi conocimiento en virtud de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y por la citada en garantía contra la sentencia de mérito dictada el 29.11.2019; concedidos en relación, se sustentan mediante las presentaciones de los días 23.02.2020, 29.02.2020, 02.03.2020 y 03.03.2020, las que fueran debidamente sustanciadas y replicadas.
Young Min Park y Jae Baek Ko promovieron demanda por los daños y perjuicios que habrían sufrido a consecuencia de la sustracción de dos cuatriciclos de propiedad de cada uno de ellos, –dominios 551 HVD y 550 HVD, respectivamente, ambos marca Honda, modelos TRX 420, v. fs. 9/11- el 23.03.2015, del estacionamiento del complejo turístico hotelero denominado Sea Breeze sito en calle Albatros n° 36 de la localidad de Cariló. Dirigieron la acción contra la empresa intermediaria Suma Sea Group S.A. y la propietaria del departamento Macarena Elizondo (fs. 36/50), habiendo sido citados al proceso como terceros el Consorcio de Copropietarios del Edificio Sea Breeze, Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. y la empresa de Gerenciamiento de Seguridad Privada S.R.L..
La iudex a quo hizo lugar a la pretensión y condenó a Suma Sea Group S.A. y a Macarena Elizondo a abonar a los actores la suma de $ 145.000 a cada uno, más intereses desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia en sus depósitos a 30 días vigentes en los distintos periodos de aplicación. Hizo extensiva la condena al Consorcio de Copropietarios; también a la citada en garantía Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., en este caso sólo respecto del actor Jae Baek Ko, en virtud de los términos de la póliza de seguros. Asimismo, desestimó la citación de la empresa Gerenciamiento en Seguridad Privada S.R.L. y estableció la suma de $ 100.000 más intereses en concepto de daño punitivo a cargo de la codemandada Suma Sea Group S.A. y en favor del accionante Young Min Park.
II. Los agravios.
a) De lo resuelto se agravia Suma Sea Group S.A. –empresa que opera bajo el nombre comercial “Celtis”, fs. 159 vta.- por considerar que no existe relación de consumo que justifique la aplicación de la ley de Defensa del Consumidor. Refiere que del certificado de habilitación adjunto, surge que fue otorgada para la administración de departamentos, actividad distinta a la aseverada en el fallo –explotadora del negocio de hotelería en todos sus aspectos-.
Señala que la sentenciante no puede endilgarle la realización de actividades que no lleva a cabo, pues la descripción en su objeto social, no acredita en realidad, su desarrollo puntual y concreto.
Indica que es un error pretender identificar la actividad hotelera con la de administración de consorcios, y que el edificio donde ocurrió el evento está regido por la ley de Propiedad Horizontal, que excluye la actividad hotelera.
Destaca que su parte presta servicios inmobiliarios, pero no desarrolla hotelería, y que los edificios en donde se alquilan los departamentos no son hoteles ni complejos hoteleros turísticos, sino edificios regulados por el régimen de la propiedad horizontal, administrados por sus propios consorcios; su parte actuó como representante y por cuenta y orden de la titular de la unidad funcional.
Se queja porque la iudex a quo sostiene que se ha acreditado mediante la pericia contable, que Young Park -previo pago de la reserva- se alojó en el “complejo turístico Sea Breze” en la unidad 3A, pues no existe tal complejo hotelero sino un edificio en propiedad horizontal con distintos propietarios, sin explotación hotelera habilitada.
Aduce que la relación se limitaba a los ocupantes de la unidad funcional y que la cochera era para dos automotores, por lo que la introducción de dos cuatriciclos no era parte del contrato, ingresando una persona no declarada –Baek Ko- a la postre titular de uno de los cuatriciclos. Que el sistema de seguridad y control de acceso a las cocheras no es su labor.
Finalmente, se desconforma de los montos otorgados por daño emergente, privación de uso, daño moral y daño punitivo -que estima improcedente-; también lo hace respecto de la tasa de interés fijada.
b) La codemandada Elizondo refiere lo absurdo de la condena a su parte como prestadora del alojamiento, cuando nunca participó en la negociación, sino que sólo se limitó a dar en alquiler su propiedad. Sostiene que no existen los contratos conexos o el entramado negocial al que alude la Sra. Jueza, y que de la prueba de autos surge su total desvinculación con la situación y los presuntos daños. Agrega que la iudex a quo no asume el tratamiento de los extremos exculpatorios invocados al contestar la pretensión, como la ocultación del contrato, las irregularidades en la denuncia penal, la actividad desarrollada por su parte y la no tipificación de la figura del proveedor.
c) El Consorcio de Copropietarios citado, señala en su memorial que se encuentra fuera del rango de profesionalidad y de comercialización que la ley de Defensa del Consumidor exige para serle aplicable, pues su finalidad como persona jurídica es establecer reglas de convivencia, sin fin económico.
En ese razonar, remarca que no es una entidad profesional con fines de lucro, ni un proveedor de servicios. Que para involucrar a su parte en la línea de responsabilidades, la sentenciante sólo se apoya en una cláusula del Reglamento de Copropiedad, que permite a los propietarios alquilar sus unidades funcionales en forma temporaria; pero de esto no puede colegirse el desarrollo de una actividad hotelera.
Le causa agravio que no se haya tenido en cuenta la cláusula de exclusión de responsabilidad establecida en Reglamento, la que al referirse a los espacios guardacoches, prevé que algunos son para un automóvil y otros para dos automóviles. Que así queda en evidencia que los vehículos objeto del reclamo, no podían ser guardados en el espacio de cocheras, y que su parte no era responsable de su cuidado. Se agravia también de los rubros indemnizatorios que componen la condena.
d) La citada en garantía se agravia en cuanto se le extiende la responsabilidad en contra de las especificaciones de la póliza de seguros, que en materia de responsabilidad excluye la guarda y/o depósito de cualquier vehículo (automóviles, motocicletas, motos de agua, cuatriciclos, etc.).
Considera que la excepción a esa cláusula general, es muy clara y está referida sólo a la guarda de automotores a título no oneroso, por lo que no queda –según reflexiona- comprendido el cuatriciclo de Baek Ko.
e) Se duele la parte actora de la suma indemnizatoria otorgada por el daño emergente, por considerarla baja y desvalorizada, frente a la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, ocurrida entre la sustracción y el dictado de la sentencia.
Precisa que en la demanda solicitó como reparación el valor de reposición de cada una de las unidades, determinado al momento más cercano a la sentencia o a liquidarse en la etapa de ejecución, por ser una deuda de valor. Advierte que si bien para adquirir nuevamente las unidades (idénticas o similares), por cada una de ellas debería abonar U$S 13.000, tampoco cabe indemnizar un valor que no sirva para adquirir nada de ellas.
Se queja de la suma otorgada por el rubro privación del uso de los motovehículos, y por el valor conferido por daño moral. Respecto del daño punitivo, solicita que se incluya también en su condena a la codemandada Macarena Elizondo y al Consorcio de Copropietarios, en solidaridad con el codemandado Suma Sea Group S.A. y/o Celtis y/ o Sea Breze.
III. Responsabilidad. Aplicabilidad de la ley de Defensa del Consumidor. Solidaridad de toda la cadena de comercialización.
a) De acuerdo a los agravios expuestos, es necesario primero despejar si de acuerdo a la plataforma fáctica, la relación jurídica ha sido correctamente encuadrada por la sentenciante como de consumo, pues la cuestión es motivo de queja común para los demandados recurrentes, si bien cada uno de ellos lo hace desde su vínculo jurídico con los hechos acaecidos.
Ello dará pie a determinar bajo qué plexo jurídico cabe analizarla, pues si cae dentro del marco protectorio se tendrán como norte aquellos principios más favorables al consumidor, tanto desde el punto de vista procesal como desde lo sustancial, como es la responsabilidad solidaria de los integrantes de la cadena de comercialización del servicio (art. 42 de la CN; 38 de la Const. Prov.; 1, 2, 40, 51, 53 de la LDC).
Dicho articulado es de protección y defensa pues el legislador parte del supuesto de la debilidad de los consumidores en las relaciones con los empresarios. Una debilidad motivada en desigualdades reales que los colocan naturalmente en una posición de desequilibrio (en el poder de negociación, en la no equivalencia del contenido del contrato, derechos y obligaciones recíprocas) y esencialmente en una desinformación del consumidor en torno al objeto de la relación (Stiglitz, "Defensa de los consumidores de productos y servicios", pág. 31). Lo fundamental de estas normas es que responden a una expresa exigencia del art. 42 de la CN; y lo que no se debe obviar es que la ley 24.240 debe aplicarse cada vez que haya abusos del contratante fuerte, ya que el dato relevante para que se brinde protección legal debe ser la desigualdad en la capacidad de negociación, lo que ocurre cuando el proveedor ostenta una posición dominante (Farina, “Defensa del consumidor y del usuario” 3ra ed., Astrea, Bs. As. 2004, pág. 51).
b) En esa tarea, cabe dejar sentado que la relación entre las partes tiene nacimiento en un contrato de alojamiento temporario de una unidad funcional, entre los días 20 y 24 de marzo de 2015, en el que intervinieron el actor Park y Suma Sea Group S.A. como intermediaria y mandataria de la propietaria del departamento alquilado que se identifica como “3 A” del edificio Sea Breeze de la calle Albratos de la localidad de Cariló.
El alquiler de vivienda era transitorio con fines turísticos, habiéndose facturado su importe cancelatorio a nombre de la propietaria Macarena Elizondo. Ello surge de las constancias de fs. 15/18, de fs. 94/97, de la pericia contable de fs. 696/699, y así también lo reconoce la codemandada Suma Sea Group S.A. al contestar la demanda, cuando dice que existió un contrato de locación temporaria de la unidad funcional 3 A, con servicios (fs. 162), y que la estadía fue facturada por su titular (fs. 163). (arts. 330, 354 inc. 1, 375, 384 del CPCC).
Teniendo ello en cuenta, con pie en los parámetros antes expuestos y el margen amplio de interpretación, entiendo, que la parte actora reviste la calidad de consumidora en los términos del art. 1 de la LDC, al adquirir la prestación de un servicio en forma onerosa y como destinataria final, desde que no se ha demostrado en autos lo contrario.
No es posible restringir la existencia del consumidor locatario, bajo la premisa de que en las relaciones locativas de inmuebles las partes son iguales y no se aplica la ley de defensa del consumidor, pues se estaría privando al locatario de protección básica en materia de información brindada al inquilino -o al futuro inquilino-, protección de su salud e integridad física, obligatoriedad de las ofertas, ni se considerarán incluidas en el contenido del contrato las precisiones publicitarias. Tampoco se lo protegería de cláusulas abusivas, ni se considerarían las reglas específicas acerca de la responsabilidad del locador.
Siendo los accionantes consumidores, cabe analizar la situación del resto de los sujetos de la relación jurídica dada frente a los primeros, en otros términos saber si encuadran en el art. 2 de la LDC.
Ambos presupuestos legales –el de consumidor y el de proveedor- son complementarios, pues deben verificarse paralelamente para que se perfeccione la relación de consumo.
Va de suyo entonces que si ello es así, se tratará de una relación de consumo (art. 3, LDC) y escapará por ende de la interpretación propia del ámbito particular de los contratos bilatelares comunes, tanto en cuestiones de corte procesal como sustancial. Y en este caso, es que la ley de Defensa del Consumidor consagra la responsabilidad solidaria del otorgamiento de la garantía legal a través del art. 13, que se refiere a la responsabilidad de todos aquellos que intervienen en la cadena de comercialización de cosas muebles no consumibles; esta responsabilidad in solidum prevista para un caso específico por la ley -a las cosas comprendidas en el art. 11- es extendida por el art. 40 a todas las relaciones contractuales referentes a actos de consumo y de uso.
El art. 40 prevé así, que si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor, y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. Por ello, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan.
En el caso, ha quedado acreditado con las constancias de la IPP agregada por cuerda, que durante el período de alojamiento –entre el 20 y el 24 de marzo de 2015-, más precisamente el día 23, fueron sustraídos dos cuatriciclos de la cochera que forma parte del edificio Sea Breeze de Cariló, ambos propiedad de los actores; hecho que por otra parte no es materia de debate (arts. 374, 384 CPCC).
Suma Sea Group S.A. refiere que la habilitación municipal le fue otorgada para la administración de consorcios o de departamentos con servicio, actividad diferente a la aseverada en el fallo –explotadora del negocio de hotelería en todos sus aspectos-.
Indica que el edificio está regido por la ley de Propiedad Horizontal, que excluye la hotelería. Destaca que tampoco se ha podido determinar la existencia de un contrato de alquiler entre las partes.
Al respecto, cabe señalar que el primer argumento expuesto carece de viabilidad, pues ya sea su actividad la de administrar consorcios o departamentos con servicios, o bien la de ofrecer o explotar servicios hoteleros o de alojamiento, siempre ha de quedar comprendido como proveedor en la LDC. No hay duda que ha intervenido como intermediario en la concreción del vínculo contractual de locación de temporada (conforme sus dichos al contestar la acción a fs. 162/163; constancias de fs. 15/18, de fs. 94/97, y pericia contable de fs. 696/699) cuyo destinatario era el actor en su carácter de destinatario final, servicio que por otra parte prestaba de modo habitual y profesional, como quedará expuesto.
Asimismo, el carácter de profesionalidad en la prestación del servicio, se desprende de la habitualidad con que desarrollaba esa actividad intermediaria, conforme los contratos celebrados con terceras personas en nombre y representación de Elizondo, acompañados a fs. 414/437 por Suma Sea Group S. A. (fs. 438).
En segundo lugar, hay que señalar en cuanto a la habilitación municipal a que alude el apelante, que al momento de la celebración del contrato -en marzo de 2015- se encontraba vigente el certificado de fs. 102, del que surge que la apelante estaba habilitada en la actividad de servicios para alojamientos.
El certificado de fs. 101 a que el recurrente refiere –en el que consta la habilitación para la administración de consorcios- tuvo vigencia a partir de noviembre de 2015, fecha posterior al contrato génesis por lo que carece de toda incidencia probatoria.
La postura que ahora asume el quejoso es contradictoria con sus manifestaciones al contestar la acción, allí dijo que su actividad era la de ofrecer en locación o de intermediar entre el potencial interesado y el propietario (fs. 164 vta./165). Por su parte, de las constancias del expediente administrativo, surge que promocionaba, bajo el nombre de fantasía “Celtis Cariló”, alquileres temporarios de departamentos con servicios (fs. 820); y no sólo del edificio “Sea Breeze”, sino de éste como parte de un complejo turístico.
A lo anterior cabe adunar, que para considerar a la empresa Suma Sea Group S.A. como responsable en el hecho, no es obstáculo que también se dedique a la administración de consorcios o a otra actividad. Y si bien de la constancia de registros de AFIP de fs. 652/654, surge que entre el espectro de sus actividades se encuentran los "servicios de administración de consorcio de edificios”, lo cierto es que del contrato social de fs. 683 vta., surge que entre sus objetos societarios se halla la explotación del negocio de hotelería en todos sus aspectos, en especial la explotación mercantil de edificios destinados a hotelería, apart-hotel, hospedaje, alojamiento –etc.-, con lo cual se desvanecen los agravios dirigidos a desconocer su situación.
De la pericia contable de fs. 696/699 –realizada por el perito oficial Gustavo Ayala- surge la existencia de un contrato de locación de temporada entre Park y la empresa. También, un recibo emitido por ésta el 22.03.2015 por la suma de $ 3.700, y un recibo-factura de Macarena Elizondo a nombre de Park, del 24.03.205 por la suma total de $ 13.700, por el mismo concepto. Finalmente, entre las relaciones contables entre la demandada y la propietaria del departamento, se encuentra la de servicios hoteleros (arts. 473, 474 del CPCC).
Es así que mal puede pretender la recurrente desconocer los términos de la labor pericial, sin un aval técnico o científico que desvirtúe las afirmaciones del perito contador, constituyéndose sus dichos en meras discrepancias y apreciaciones subjetivas. Una pericia sólo puede impugnarse mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica, y corresponde a las partes, en ejercicio del control de la litis, manifestar con oportunidad la disconformidad del resultado o pedir explicaciones aclaratorias; debe contener una advertencia concreta y terminante de cuáles son los defectos que se le imputan que permitan desvirtuar su fuerza probatoria (Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos...”, Ed. Platense-Abeledo Perrot, 1992, t. V-B, com. Art. 473, pág. 427).
En cuanto a que el actor pactó que la relación se limitaba a las personas humanas que ocuparan la unidad funcional, ello no es un agravio cierto y concreto, si lo que pretende es cuestionar la situación del tercero expuesto en la relación de consumo –Sr. Baek Ko- (arts. 260, 261 del CPCC).
Continuando con los agravios, cabe señalar que la cochera, sí formaba parte del edificio "Sea Breeze" (ver fotocopia certificada del expediente administrativo, fs. 802), siendo uno de los servicios que sumado al alojamiento, ofrecía la firma Celtis. En cuanto a que la cochera tenía disponibilidad para dos automotores y no para dos cuatriciclos, se traduce en una postura abusiva en desmedro del consumidor, que no merece mayor consideración en virtud de los principios protectorios ya referidos.
Respecto a lo manifestado en cuanto a que el sistema de seguridad y control de acceso a la cochera, no era labor del recurrente como intermediario en el alquiler, cabe referir que el art. 5 de la LDC, impone una pauta general acerca de la forma en que deben ser suministradas las cosas o prestados los servicios, de modo tal que n
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