Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98626
En la ciudad de Dolores, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinte, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98.626 , caratulada: "GONZÁLEZ ORONÓ, CLAUDIO C/ RÍOS, JORGE EDUARDO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" , habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. Mauricio Janka y María R. Dabadie.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 03.03.2020?
Segunda cuestión ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:
I. Vienen los autos a mi conocimiento en virtud de los recursos de apelación interpuestos el 08.05.2020 y el 12.05.2020 por los codemandados, y el 13.05.2020 por la citada en garantía "La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales", contra la sentencia de mérito. Concedidos libremente el 14.05.2020 quedaron fundados ante esta Alzada en fechas 13.07.2020, 24.07.2020 y 04.08.2020, respectivamente; presentaciones replicadas por el actor en el escrito del 19.08.2020.
II. a) Claudio Daniel González Oronó promovió acción por indemnización de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido a raíz del accidente de tránsito ocurrido el 01.08.2013, aproximadamente a las 11:45 horas, en la localidad de Castelli. Relató que conducía su motocicleta por la calle Caseros, entre Dorrego y Lavalle, en sentido cardinal Norte-Sur, a velocidad prudencial, con casco colocado y respetando las normas de tránsito, cuando al llegar a la mitad de cuadra sorpresivamente desde un galpón ubicado sobre la vereda Oeste, salió marcha atrás el camión conducido por Giménez, no pudiendo evitar la colisión (fs. 50/57).
b) Los codemandados pretendieron repeler la acción; para ello aludieron en primer lugar al no uso de casco protector por parte de la víctima. Luego, a que el camión maniobraba para continuar su marcha desde la salida del galpón, recibiendo la embestida del motociclista en su parte trasera, por dirigirse éste a una velocidad no permitida que le imposibilitó advertir su presencia.
Destacaron la calidad de embistente de la motocicleta y que se desplazaba por el lado izquierdo de su mano de circulación, sin previsión; que el hecho fue por su exclusiva responsabilidad (v, fs. 103/108 y adhesión de fs. 172/174).
c) La citada en garantía opuso la defensa de no seguro por exceso de carga, mal estibaje o acondicionamiento y deficiencia de envase. Contestó la acción en similares términos en que lo hicieron los codemandados e impugnó la procedencia de los rubros (fs. 144/157).
III. En lo que es de interés a los fines recursivos, el a quo hizo lugar a la acción y condenó a los codemandados y citada en garantía a abonar al actor la suma total de $ 339.473,00.
Según el Considerando V último párrafo de la sentencia, distribuyó la responsabilidad por la causación del evento en un 80 % a cargo de la parte demandada y el restante 20 % a cargo del accionante, si bien advierto en este acto que omitió readecuar la suma de condena dispuesta ($ 339.473,00) a tal proporción.
Valoró que más allá de lo riesgoso de la maniobra del conductor del camión -hacer marcha atrás para salir del taller obstruyendo la vía de circulación-, el actor también debió circular con precaución.
Tuvo en consideración que antes de la zona de ingreso-egreso de vehículos del taller, había estacionado un acoplado que interfería visualmente a los conductores de calle Caseros.
Interpretó que el actor sí llevaba casco protector colocado, pasando así a la valoración y cuantificación de los rubros.
IV. Tanto los codemandados como la citada en garantía se agravian de la distribución de la responsabilidad al entender que el conductor de la motocicleta embistente no tuvo prudencia en la circulación; que el conductor del camión desarrollaba una maniobra totalmente permitida.
En breve resumen que aquí formulo, señalan que el daño se originó por la culpa del damnificado, sumado a que circulaba sin casco según las constancias probatorias.
Luego, dirigen sus quejas a los rubros indemnizatorios que conformaron el monto de condena.
V. a) Comenzaré diciendo que no cabe duda ni se encuentra cuestionado que se trata de un supuesto fáctico que cae bajo la órbita de la responsabilidad civil objetiva, sistema previsto en el art. 1113 del CC (arts. 1, 2 y 3 del CCyCN; 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 266 última parte del CPCC).
En ese camino, la llamada teoría del riesgo creado ha sido correctamente descripta desde el punto de vista dogmático por el sentenciante, al distinguir entre sus presupuestos e indicar cuál o cuáles debe probar cada sujeto procesal.
No mucho será necesario agregar, más si el daño ha sido causado por la actuación de una cosa que presenta riesgo, siendo suficiente para determinar la responsabilidad de su dueño o guardián porque de ella se sirve y la tiene a su cuidado.
Es que cuando en la producción del daño interviene una cosa que presenta riesgo o vicio, su dueño o guardián responden de manera objetiva y la culpa, la negligencia o la falta de previsión no constituyen elementos exigidos por el precepto para realizar la imputación, porque a tal fin deben acreditar la concurrencia del supuesto previsto en la frase final de la segunda parte del segundo párrafo del art. 1113 del CC: si la conducta de la víctima o de un tercero, interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño.
Teniendo en cuenta estos principios, el iudex a quo tuvo por acreditada la existencia de los presupuestos que correspondía probar al actor, a lo que me remito por economía procesal; y la interrupción parcial del nexo adecuado de causalidad basado en la conducta culpable de la propia víctima.
En este contexto, lo que continúa en discusión es el grado de incidencia de esta última como eximente de la responsabilidad que se atribuye a los demandados.
Para dirimir ello, procede inicialmente considerar que de acuerdo al dictamen pericial del ingeniero mecánico desinsaculado Hugo Javier Nardelli (agregado digitalmente el 05.04.2019), el siniestro se produjo cuando la motocicleta se desplazaba por la calle Caseros de la localidad de Castelli con sentido Norte-Sur, oportunidad en que simultáneamente el camión salía marcha atrás desde el acceso-egreso vehicular del taller que se puede observar en las fotografías nº 8 a 10 adjuntas a la pericia.
En esas circunstancias se produjo la colisión entre la parte frontal de la motocicleta y el cuerpo de su conductor, contra la parte trasera del camión (punto "3 a") (arts. 375, 474 del CPCC).
Ahora bien, sin duda que la maniobra del demandado no se encuentra ciertamente prohibida: pues el egreso de un garaje (galpón, taller, etc.) exige circular marcha atrás por unos instantes para poder luego retomar la marcha y reincorporarse a la fluidez del tránsito.
Coherente con ello, el art. 48 de la Ley 24.449 establece como prohibición en la vía pública, el hecho de circular marcha atrás excepto para estacionar, "egresar de un garaje" o de una calle sin salida (inciso h).
En este punto asiste razón a los recurrentes, pues es evidente que no ha existido una conducta prohibida propiamente dicha.
Sin embargo, que no se trate de una prohibición normativa no implica que la maniobra de salir marcha atrás desde un garaje situado a mitad de cuadra y con un vehículo de gran porte, no importe un movimiento de muy especial riesgo para la circulación de quienes transitan por la vía a la que se pretende introducir.
Pues aunque ese proceder sea habitual dentro de la dinámica del tránsito urbano, por la particularidad que presenta debe realizarse con suma precaución en tanto no puede pretenderse que quien se aproxima por la vía, lo haga avistando cada salida de automóviles en el segmento de la cuadra y se desplace de consuno con ello (art. 39 inc. b de la Ley 24.449).
Como sea, la circulación en marcha atrás y así sea por unos momentos -hasta quedar en posición de continuar con el avance- debe realizarse con todas las seguridades de no interferir en el paso de quienes vienen transitando.
Máxime cuando -como en el caso- el conductor de un camión de 5,18 metros de largo por de 2,14 metros de ancho (punto 3 de la pericia), no tiene el ángulo de visibilidad común por las características propias del porte del vehículo y por su misma posición, ya que incluso girando su cabeza o mirando por los espejos retrovisores, carece de un ángulo lleno de visión panorámica.
Pero lograrlo está a su cargo y no puede desentenderse de lo que quede fuera de su visión en esa forma de transitar: el conductor del camión ha creado un riesgo al tránsito por la mera introducción de una "cosa" con incuestionable poder ofensivo y afectando su fluidez, sin adoptar las medidas correspondientes.
Refiere el perito a la presencia de un acoplado estacionado antes del ingreso y egreso al taller, que interferiría visualmente a los conductores de la calle Caseros para detectar la presencia de los rodados que estuvieran saliendo de él. Agrega que así puede observarse en las fotografías nº 4, 5 y 6 (punto a).
Tal circunstancia fue valorada por el sentenciante para distribuir el porcentaje de responsabilidad, como si tuviera la certeza de que el acoplado estaba allí al momento del accidente. Refirió en ese camino que el conductor del camión debió tener en cuenta el obstáculo visual, solicitando -por ejemplo- las indicaciones de una tercera persona.
Pero no podemos afirmar que lo que percibió y fotografió el perito al tiempo de dictaminar (en 2019), se encontraba en el mismo lugar al instante del accidente en 2013 (arts. 384, 474 del CPCC).
Es claro el profesional al relatar que para poder determinar la mecánica del hecho y dar una descripción detallada del lugar, utilizó una fotografía aérea del lugar de Google Maps y nueve de las fotografías que obtuvo "durante la inspección ocular y el relevamiento que llevó a cabo sobre el sitio del hecho y sus inmediaciones, el jueves 07 de marzo de 2019, entre las 15,10 y las 16,20 horas" (punto 3 a), que son las que agregó al escrito y dentro de las cuales se observa el acoplado estacionado (fotografías 4, 5 y 6).
Incluso no puede inadvertirse que el experto habla en plano hipotético en el punto 3), al aludir a "...la incidencia negativa que podría haber tenido algún rodado de gran porte (camión, acoplado, micro ómnibus, etc.) que pudiese haber estado estacionado al momento de sucedido el siniestro de autos, antes del ingreso y de la salida de los vehículos al taller (...); dicha situación provocaría interferencia visual, con lo cual el tiempo de detección, identificación, evaluación, decisión y reacción se reduciría drásticamente" (sic).
En tal discurrir, difícilmente pueda afirmarse con certeza que al momento del accidente hubiera estacionado un acoplado a la entrada del taller que obstruyera la vista, circunstancia que nunca pudo ser valorada para endilgar mayor responsabilidad al conductor del camión.
Ello sin perjuicio de señalar que acreditados los presupuestos objetivos previstos por el precepto legal, será suficiente para la atribución de responsabilidad más allá de toda apreciación subjetiva lindante con el concepto de culpa, como ya señalé.
b) Ahora bien, el accionar del conductor de la motocicleta también ha incidido en la causación del evento dañoso:
Todo conductor debe en la vía pública extremar las medidas de prevención y cuidado, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo y teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación, según el art. 39 inc. b de la Ley 24.449.
Dice el perito que desde que la parte trasera del camión "...traspuso la línea municipal hasta que alcanzara una posición en la calzada de la calle Caseros, que le permitiese emprender su desplazamiento hacia adelante (...), debía recorrer una distancia de diez metros, es decir, cuatro metros sobre la acera y seis metros sobre la calzada..." (sic).
Que "...tomando en consideración las especificaciones técnicas del fabricante del camión, al desplazarse en retroceso en una distancia de diez metros, su velocidad de desplazamiento debió ser del orden de los 6 Km/h...", y que "el tiempo tardado para recorrer marcha atrás los diez metros fue de solamente seis segundos...".
Si bien este lapso de seis segundos que estima el profesional no parece un dato del todo útil y convincente (pues simplemente calcula la velocidad según las "características de fábrica del camión y especificaciones técnicas del fabricante"), lo cierto es que tampoco se ha probado que el camión accediera a la vía de circulación en condiciones imposibles de prever para el conductor de la motocicleta, quien pudo advertir su presencia en su línea de marcha y reaccionar en consecuencia.
Más aún si se tiene en consideración la amplia playa descubierta que la salida posee en su parte frontal (ver fotografías 7 a 10 del informe pericial).
Máxime cuando era quien se acercaba desde su parte trasera y estaba en mejores condiciones de evitar o reducir las posibilidades del accidente, siendo que además la salida de un vehículo de un garaje tampoco deja de ser una contingencia previsible, normal y evitable del tránsito.
En cuanto al hecho físico de embestir no siempre se deriva de él una consecuencia desfavorable, desde que para que ello ocurra es menester que coincida el concepto de embestidor mecánico con el de embestidor jurídico. La razón es simple: el primero refiere una calidad puramente física; el segundo una jurídica. En otros términos, aquel apunta a la sola materialidad, mientras que éste hace a la responsabilidad.
Pero decidir si coinciden o no, es materia específica de valoración judicial, y en el caso, así es (art. 384 del CPCC).
Es que cuando en las circunstancias apuntadas un conductor se aproxima a otro desde la retaguardia, el primero es quien se encuentra con mayor posibilidad de evitar el choque actuando con pericia y cautela.
La violencia del impacto, de la que dan suficiente cuenta las fotografías de fs. 3/6 y las lesiones sufridas por el actor, es reveladora de la falta de previsión, pues aún dando por aceptado lo sorpresivo de la salida del camión -agrego cuando ni siquiera se ha acreditado una salida abrupta y a exceso de velocidad-, ello no significa que esa contingencia fuese imprevisible para el motociclista.
Reitero, nada demostró que espacio-temporalmente la maniobra del camión haya sido desaprensiva o absolutamente sorprendente para el motociclista, más allá de su riesgo propio, al que ya referí en Considerandos anteriores.
De lo dicho se deriva la probabilidad de colisión por parte del actor, que en la retrospectiva del hecho lo coloca -en abstracto/causalidad y en concreto/culpabilidad- como coautor, sobre quien deben pesar también sus consecuencias (arts. 1113 y concs. del CC).
El art. 39 inc. b de la Ley Nacional de Tránsito impone un estándar jurídico al disponer como obligación ineludible de los conductores circular con cuidado y prevención, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. El choque de atrás evidencia desatención en el manejo.
Comprobada la operatividad de una causa ajena a la que sea atribuible en alguna medida el resultado nocivo, esto es, un factor extraño al del hecho de la cosa generadora del riesgo bajo la órbita del demandado, se produce el efecto esencial de que éste no puede ser tenido por causante absoluto, correspondiendo su exoneración en proporción de las incidencias respectivas.
Considero razonable entonces establecer la distribución de responsabilidad civil en el hecho dañoso, en un 60 % a cargo de los codemandados y un 40 % a cargo de la parte actora (arts. cit.).
c) Profundizan su queja los apelantes en la ausencia del casco protector de González Oronó, con el claro objetivo de quebrantar -aun más- el nexo causal o coadyuvar a ello.
Sin embargo, lo alegado carece de toda incidencia en la mecánica del evento dañoso y en la atribución de responsabilidad, pues no operó como presupuesto determinante del accidente.
A todo evento, la omisión de casco protector reglamentario (art. 40 inc. j de la Ley 24.449) podrá incidir sobre la magnitud de las lesiones sufridas, pero -reitero- carece de repercusión en la provocación del hecho.
Al único fin de valorar su incidencia en las lesiones y antes de abordar la revisión de los rubros indemnizatorios, cabe considerar lo siguiente.
El testigo Guillone (presencial del accidente, fs. 253) contestó a la pregunta ampliatoria del letrado del actor ("si sabe y le consta si el actor tenía el casco colocado en el momento del hecho"), que sí.
La testigo Quiroga (presencial del hecho, fs. 255 y vta.), que "sí y el casco vuela" (sic). El testigo Pedroli (presencial del accidente, fs. 254) refirió que "sí, lo tenía colocado, abierto pero colocado" (sic).
Por su parte, el testigo Varela (presencial del accidente, fs. 252 vta.) dijo que vio el casco tirado en el piso, sin saber si lo tenía colocado. Y el testigo Andrade (no presencial, pero que estuvo en momentos inmediatos al accidente, fs. 265), que vio que "el casco estaba ahí...", pero que no sabe "si lo tenía colocado" (sic).
Valorados estos dichos, y aún cuando no resultan del todo contundentes pues algunos testigos sólo vieron el casco tirado en el lugar, considero que tampoco son suficientes como para respaldar la postura de la demandada que apunta a la prueba de un hecho negativo; mucho menos cuando hubo respuestas afirmativas (arts. 375, 384, 456 del CPCC).
Pero por otra parte, también es dable valorar lo dictaminado a fs. 296 bis/297 vta. por el perito médico Dávila desinsaculado en autos.
El profesional indicó que gran parte de las lesiones sufridas han sido en el rostro, como la pérdida de 5 piezas dentarias y cicatrices en la zona de la boca, provocándole dificultad en la movilidad de los labios.
Y al respecto afirmó que la cavidad bucal es una zona que un casco de los usados para circular en moto no alcanza a proteger al chocar de frente contra una estructura de hierro.
Por lo que además de no contar con elementos ciertos y concretos que justifiquen la postura de los recurrentes, cabe atender a la apreciación del médico en cuanto a que dado el tipo de choque frontal, no es factible afirmar que llevar el casco colocado las hubiera neutralizado (arts. 384, 474 del CPCC).
Finalmente, indican los apelantes que el actor señaló en su escrito inicial haber golpeado con el frente de la moto y con "la cara", contra la parte trasera del camión. Pero ello no es más que una frase sacada de contexto si se observa que inmediatamente antes también afirmó tener el casco colocado.
Dicho ello, abordaré la revisión de los rubros indemnizatorios, que proponen los agravios traídos (arts. 260, 266 última parte, 272 del CPCC).
VI. a) Tanto los codemandados Ríos y Giménez, como la citada en garantía, recurren los rubros mediante expresiones de agravios elaboradas en similares o iguales términos.
Refieren en sus respectivos terceros agravios, que el actor había reclamado por daño físico la suma de $ 100.000,00, cuando el fallo la elevó a $ 192.000,00 vulnerando el principio de congruencia y garantías constitucionales.
Cabe señalar que el monto solicitado no actúa como tope indemnizatorio si fue con la salvedad de "lo que en más o en menos resulte de la prueba", como ha ocurrido en el caso según el punto I del escrito de inicio (fs. 50), donde el accionante dejó el monto a criterio del juzgador en tales términos, situación que repite puntualmente en relación al daño físico (apartado III.a).
En tal sentido se ha expuesto que el fallo no incurre en demasía decisoria al condenar al pago de una suma mayor a la reclamada, si el actor exhibió su intención de no inmovilizar su r
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.