Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98410
En la ciudad de Dolores, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinte, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98.412, caratulada: "ANTONGIOVANNI, PATRICIA GRACIELA C/ FAZZARI, CARLOS EDUARDO Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", y en causa Nº 98.410 caratulada "SALAZAR, RAÚL OSCAR Y OTRO C/ FARACHO, VERÓNICA MARCELA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. Mauricio Janka y María R. Dabadie
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada dictada en fecha 16.10.2019?
Segunda cuestión ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:
I. Mediante la sentencia única dictada el 16.10.2019, la Sra. Jueza de Primera Instancia:
a) En los autos "Antongiovanni, Patricia Graciela c/ Fazzari, Carlos Eduardo y otra s/ Daños y perjuicios" (expte. nº 55.373), hizo lugar parcialmente a la acción promovida por los daños y perjuicios sufridos a raíz del accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Pinamar el día 27.09.2013, aproximadamente a las 14:05 horas.
En consecuencia, condenó a Carlos Eduardo Fazzari y a Verónica Marcela Faracho a abonarle a la actora la suma de $ 91.875,30 más los intereses; extendió la condena a la aseguradora Provincia Seguros S.A. en los límites y condiciones de la póliza de seguros.
b) En los autos "Salazar, Raúl Oscar y otro c/ Faracho, Verónica Marcela y otro s/ Daños y perjuicios" (expte. nº 56.941), hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Raúl Oscar Salazar en representación de su hija menor de edad G.L. y por Marcelo Julián Alfonso Núñez y Yanina Gabriela Salazar en representación de su hija menor de edad G.N. -ambas niñas que viajaban como acompañantes en la motocicleta conducida por su abuela la Sra. Antongiovanni-.
Condenó a Verónica Marcela Faracho y a Carlos Eduardo Fazzari a abonarles la suma total de $ 13.170, más los intereses, y extendió la condena a Provincia Seguros S.A. en los límites y condiciones de la póliza.
II. a) Contra lo así resuelto, esta última interpuso -en ambos procesos- el recurso de apelación de fecha 18.10.2019; concedido libremente el 23.10.2019, se fundó mediante la presentación del 13.02.2020, que mereciera la réplica de la parte actora el 12.05.2020.
Expresó su queja en relación a la atribución del 30 % de la responsabilidad civil a la parte demandada, cuando de los elementos probatorios producidos surge demostrada la culpa exclusiva de Antongiovanni -conductora de la motocicleta-, quedando configurada la eximente en los términos del art. 1113 del CC.
Indicó que surge de la pericia mecánica de autos y demás constancias de la IPP que corre agregada por cuerda, el accionar negligente de la víctima actora en uno de los procesos, como causal desencadenante del accidente.
Refirió que el rodado conducido por el accionado contaba con prioridad de paso, según el art. 41 de la Ley Nacional 24.449 y Ley Provincial 13.927.
Precisó que no se demostró que el demandado circulara con exceso de velocidad ni ninguna otra circunstancia que justificare la asunción parcial de la responsabilidad; que el hecho de resultar embistente mecánico no varía su afirmación.
Solicitó se revoque el pronunciamiento, con costas a la actora.
b) En los autos 98.410 "Salazar", interpusieron los actores el recurso de apelación del 21.10.2019; concedido libremente el 23.10.2019, fue fundado con la expresión de agravios del 04.03.2020, que mereciera la réplica de la compañía de seguros del 11.03.2020.
Dirigieron su queja a que la sentenciante no tuvo por probada la incapacidad física reclamada en relación a la niña G. L., cuando de los certificados médicos adjuntos en la IPP 03-03-006072-13, emana que sufrió excoriaciones varias y avulsión dentaria.
Dijeron que si bien no se pudo determinar el grado de incapacidad, sí el perjuicio físico ocasionado por el golpe, y que la utilización de baremos es sólo una pauta de valoración.
Al contestar los agravios, la citada en garantía solicitó la deserción del recurso por ausencia de fundamentación en los términos del art. 261 del CPCC.
El 13.08.2020 evacuó la vista la Sra. Asesora de Incapaces.
III. Abordaré en este tramo el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la compañía de seguros (arts. 1, 2, 3 del CCyCN), cuyos agravios se dirigieron a la atribución de responsabilidad que en la instancia anterior se distribuyó en un 70 % a cargo de Patricia Graciela Antongiovanni y un 30 % a cargo de los demandados.
Considero menester señalar el encuadre jurídico que corresponde, en la medida de lo necesario.
La teoría del riesgo creado regula la atribución de la responsabilidad civil por el hecho de las cosas, por haber intervenido dos vehículos en movimiento que potencialmente entrañan un factor de peligro o de riesgo para los demás.
Para que proceda un reclamo de daños por responsabilidad civil, deben encontrarse reunidos los siguientes recaudos: a) la antijuridicidad; b) el daño; c) el factor de atribución y d) la relación de causalidad (arts. 1066, 1067, 1068, 1113 y concs. del CC).
A los efectos regulados por el Código Civil, la antijuridicidad y conexidad causal son presupuestos inexcusables para habilitar la atribución de la responsabilidad, lo cual supone necesariamente la fehaciente acreditación por cuenta de quien pretende la reparación del perjuicio de que el daño no es sino la previsible consecuencia del acto mismo que ha denunciado, ya que en el sistema de la causalidad adecuada, la relación causal se establece por la normalidad del efecto con relación a aquél.
Asimismo, acreditado el nexo causal entre el daño alegado por la víctima y la cosa riesgosa productora del mismo, aquél resulta responsable en una primera aproximación; sólo podrá excluir o disminuir su responsabilidad acreditando que la conducta o el actuar negligente de la víctima o de un tercero por el cual no debe responder, han generado causal o concausalmente el evento dañoso.
En este contexto, lo que se encuentra en discusión atendiendo al tenor de los agravios, es si en el caso ha quedado acreditado el hecho de la damnificada -o de un tercero por quien no se debe responder-, como eximente de la responsabilidad que se atribuye a los demandados.
Para ello procede inicialmente valorar que de acuerdo a la dirección de los vehículos y la mecánica del accidente, la prioridad de paso en la encrucijada correspondía al demandado conductor del rodado.
Éste circulaba a bordo del automóvil Renault Scenic Sportaway dominio FZK-014 por la calle Apolo de la localidad de Pinamar con sentido cardinal Sur-Norte.
Al llegar a la encrucijada con la calle De las Medusas, colisionó con su parte frontal el lateral derecho de la motocicleta Brava Nevada 110 dominio 137-HCM conducida por Antongiovanni, quien se desplazaba por dicha arteria en sentido cardinal Oeste-Este (v, informe pericial mecánico de fecha 26.06.2019, agregado en los autos "Antongiovanni"; Punto 6), páginas 12 y 13; de la IPP: croquis ilustrativo sin escala de fs. 2, pericia planimétrica de fs. 19) (arts. 375, 384, 474 del CPCC).
En este sendero es de utilidad formular algunas precisiones sobre la prioridad de paso del vehículo que llegó a la encrucijada desde la derecha.
Sabido es que dicha prioridad no es una simple pauta de cordialidad sino una regla de derecho positivo que merece respeto, debiendo cederse el paso en las encrucijadas al conductor que cruza desde la derecha.
Una de las características de la condición humana es querer saber a qué atenerse en las relaciones con los demás y para ello está dada la norma de preferencia de paso en las bocacalles, que con el equilibrado juego de expectativas mutuas que genera en sus destinatarios están marcados los deberes de actuación de cada uno en cada caso concreto; esto es, que "todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha", perdiéndose sólo ante los supuestos previstos por el legislador (art. 41 de la ley 24.449, a la que adhiere en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la ley 13.927 en su art. 1, en cuanto no se opongan a sus disposiciones -vigente a partir del 1 de enero de 2009 y por ende aplicable en la especie-).
Es por ello que en el caso, frente a la prioridad de paso del demandado debió la conductora de la motocicleta, puesta en situación de atravesar la intersección desde la calle De Las Medusas, respetarla y -en consecuencia- ceder el paso a quien avanzaba desde su mano derecha por la calle perpendicular Apolo.
Es así que en esta primera aproximación asiste parcialmente razón al demandado que gozaba de la prioridad en el paso, debiendo aquella cederlo antes de emprender el cruce o bien asegurarse de que ningún otro rodado se acercara a una distancia tal que pudiera provocarse el impacto.
Sin embargo, no cabe tampoco soslayar que todo conductor siempre debe en la vía pública extremar las medidas de prevención y cuidado, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo y teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación, según el art. 39 inc. b de la ley 24.449.
Máxime al arribar a una encrucijada donde la evolución del tránsito y los peligros viales, pueden verse ciertamente intensificados.
Es por ello que el demandado aún gozando de la prioridad de paso, circunstancia que no cabe desconocer, también hizo caso omiso de la regla que manda circular con la debida atención y prevención referidas (art. cit.). En otras palabras, careció de un dominio pleno de la unidad en el instante anterior al accidente, directamente vinculado con la posibilidad de evitarlo o atenuarlo (SCBA; Ac. 65.294, "Ubaltón", sent. de 2-IX-1997; Ac. 38.840, "Imhoff", sent. de 14-VI-1988; Ac. 121.001, sent. del 21-II-2018).
En este análisis, adquiere particular trascendencia lo que indicó el experto en la pericia mecánica de fecha 26.06.2019, al describir el punto de contacto entre la motocicleta y el automotor: "...cuando la motocicleta BRAVA NEVADA 110, dominio 137-HCM y sus ocupantes se hallaban atravesando la intersección con la calle Apolo, fueron embestidos en su parte lateral derecha por la parte frontal del automóvil RENAULT SCENIC SPORTWAY, dominio FZK-014. Como consecuencia de la colisión precedentemente descripta, tanto la motocicleta BRAVA NEVADA 110, dominio 137-HCM, como los cuerpos de sus ocupantes: la Sra. Patricia Graciela Antongiovanni (conductora) y los 2 (dos) menores de 7 (siete) y 6 (seis) años de edad cayeron a la calzada" (sic) (página 13 del informe pericial, el resaltado me pertenece).
Siendo que el punto de impacto tuvo lugar entre la parte frontal del vehículo del demandado y el lateral derecho de la motocicleta, queda en evidencia que si bien ésta violó la prioridad de paso, alcanzó a interponerse completamente en la visión frontal y línea de marcha del demandado, debiendo éste percatarse necesariamente de su presencia (art. 39 inc. b de la ley 24.449). Insisto, ello sin desconocer la prioridad de paso que le asistía, y que es -en definitiva- la razón por la cual la Sra. Antongiovanni ha de cargar exclusivamente con el 70 % de la responsabilidad en el hecho.
Asimismo, al referirse el perito sobre el carácter participativo de los vehículos y a la ubicación de los daños en la parte central del capot del automóvil, deja en claro el carácter de embistente físico de éste, por haberse producido la colisión en forma perpendicular al plano de impacto que opuso la motocicleta (página 16, escrito del 26.06.2019).
Cierto es que del hecho físico de embestir no siempre se deriva una consecuencia desfavorable, desde que para que ello ocurra es menester que coincida el concepto de embestidor mecánico con el de embestidor jurídico. La razón es simple: el primero refiere una calidad puramente física; el segundo una jurídica. En otros términos, aquel apunta a la sola materialidad, mientras que éste hace a la responsabilidad.
Pero decidir si coinciden o no, es materia específica de valoración judicial, y en el caso, así es (art. 384 del CPCC).
Es que cuando en las circunstancias apuntadas un automóvil se encuentra más anticipado y en pleno cruce de la bocacalle, la posibilidad de evitar el choque de automotores actuando con pericia y cautela, sólo la tiene quien se encuentra más rezagado. Piénsese que de lo contrario, aquel que circula por la izquierda y que en principio debe detener su marcha, si ya ha traspasado gran parte de la arteria debería retroceder para permitir el paso del que conduce por la derecha; argumento inconciliable con la prudencia en el tránsito.
En concordancia con la Sra. Jueza de grado, considero que la eximente invocada a fin de interrumpir el nexo adecuado de causalidad es idónea, pero en la medida dispuesta del 70 % y no en un 100 % como se pretende, pues reitero no cabe soslayar el deber de cuidado y previsión con que también debía conducirse el demandado.
Es en base a este tipo de situaciones, cuando se justifica plenamente la afirmación jurisprudencial relativa a que la regla de la prioridad de paso de quien circula por la derecha no representa ningún "bill de indemnidad" que autorice al que aparece por la derecha de otro vehículo a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda (SCBA, C. 101.402, "González", sent. de 11-VIII-2010; C. 104.558, "Ríos", sent. de 11-V-2011; etc.).
Tal prioridad no puede ser evaluada en forma autónoma sino por el contrario, imbricada en el contexto general de las normas de tránsito, analizando su vigencia en correspondencia con la simultánea existencia de otras infracciones y en correlación, también, con los preceptos del Código Civil que disciplinan la responsabilidad por daños (SCBA, causa C. 105.237, "Sosa", sent. de 30-VI-2010).
Para más, el art. 64 de la ley 24.449 establece una presunción de responsabilidad por parte de quien viola la referida prioridad, que sólo puede ser desvirtuada probando que quien gozaba de prioridad pudo haber evitado el accidente y no lo hizo. Refiere que: "Se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron".
Y como expresé, considero que el demandado estuvo parcialmente en condiciones de evitar o atenuar la colisión, más allá de gozar de la derecha en el paso.
Lo alegado en relación a la ausencia de casco protector de las ocupantes de la motocicleta y el exceso de pasajeros, son cuestiones que carecen de toda incidencia en la mecánica del hecho y en la responsabilidad con factor objetivo de atribución, pues ninguno operó como presupuesto determinante del accidente.
Por lo demás, las reglas vinculadas a la interpretación coherente del marco normativo están incididas hoy por la existencia de pluralidad de fuentes normativas provenientes no sólo de las reglas, sino también de los principios y los valores (arts. 1, 2, 3 y concs. CCyCN). Y el deber acentuado de previsión y cuidado que recae en el automovilista que ingresa a una arteria tiene andamiaje también en el deber genérico de prevención y cuidado, hoy receptado por el Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 1710/1711), al que cabe aludir aunque la cuestión hubiera sido abordada bajo el prisma de la ley anterior, dado que allí se receptaron argumentos doctrinarios y jurisprudenciales vigentes (Saux, Edgardo, "Ley aplicable al juzgamiento de la responsabilidad civil por hechos ilícitos acaecidos durante la vigencia del Código derogado", LL 2015-F, 520).
En consecuencia, considero que ha existido una concausa en la producción del hecho dañoso en el porcentaje establecido en la instancia de grado, esto es: un 70 % en cabeza de Patricia Graciela Antongiovanni y un 30 % en el conductor del rodado demandado en ambos procesos.
Dejaré propuesto entonces el rechazo los agravios y la confirmación de la distribución de responsabilidad civil efectuada (arts. 1113 del CC; 375, 384, 474 del CPCC).
IV. Dicho lo anterior, cabe abordar el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en los autos "Salazar, Raúl Oscar y otro c/ Faracho, Verónica Marcela y otro s. Daños y perjuicios" (expte. nº 56.941).
Señaló que los daños físicos sufridos por la niña G. L. surgen de los certificados médicos adjuntos en la IPP 03-03-006072-13 (excoriaciones varias y avulsión dentaria).
Refirió que si bien no se pudo determinar el grado de incapacidad, sí el perjuicio físico ocasionado por el golpe, y que la utilización de baremos es nada más que una pauta de valoración.
En la especie, reclamaron el rubro incapacidad física indicando un porcentaje de incapacidad -60%- en relación a la niña G.L (fs. 49 vta. del escrito de inicio) y otro del 10 % en relación a la niña G.N. (fs. 52 vta.).
Sin embargo, cabe destacar que no ofrecieron la prueba médica tendiente a demostrar la incapacidad física parcial y permanente, tal como ha sido alegada (fs. 53 vta./54).
Al respecto, es dable señalar que la prueba de la relación causal incumbe a su pretensor, lo que resulta una simple aplicación del principio que fluye del art. 375 del CPCC.
Para dejar en claro qué se indemniza bajo el rubro reclamado, se precisará que la incapacidad física sobreviniente es la que se verifica con posterioridad a concluir la etapa inmediata de recuperación o restablecimiento, y cuando no se ha logrado total o parcialmente el restablecimiento de la víctima, más allá del sufrimiento o padecimiento que el hecho dañoso le haya provocado (SCBA LP C 122.050 S 05/06/2019; 95.167 S 05/12/2012; 79.922 S 29/10/2003).
Entraña un déficit en la capacidad vital del damnificado en comparación con su aptitud plena para el trabajo y demás proyecciones individuales y sociales, lo cual se establece en términos de porcentuales que traduzcan aproximadamente, los grados de incapacidad comprobados a través de una pericia médica ("Cuantificación del daño. Doctrina-jurisprudencia", Revista de Derechos de Daños, Ed. Rubinzal Culzoni, año 2017, Santa Fe, Jorge Mosset Iturraspe y Ricardo Luis Lorenzetti, pág. 527 y jurisprudencia allí citada).
Para su acreditación deviene menester la subsistencia de secuelas que el tratamiento o asistencia prestados a la víctima no lograran enmendar o no lo consiguen totalmente, dado que no cualquier lesión es relevante o jurídicamente indemnizable.
Esas secuelas deberán ser determinadas por un experto en la materia, pues en base a conjeturas no puede otorgarse el rubro bajo análisis: se requiere no sólo acreditar la existencia de una lesión sino el grado de incapacidad como consecuencia de ella, a fin de poder determinar qué consecuencias patrimoniales acarreará a la víctima.
Es que en los juicios de daños y perjuicios, la sentencia no sólo debe condenar a reparar sino también cuantificar la reparación, y ello es factible a partir de la prueba del perjuicio y del desvalor a compensar.
En el caso, no ha sido acreditada la incapacidad física parcial y permanente alegada.
Y para ello resultan insuficientes los certificados médicos agregados en fotocopias simples a fs. 15 de la investigación penal preparatoria, careciendo de eficacia probatoria por no haberse demostrado su autenticidad (art. 375 del CPCC).
Para mayor abundamiento, incluso puede leerse de esas constancias la falta de evidencia de lesiones óseas y signos patológicos.
En relación a G.N., surge haber sido atendida por el médico pediatra de guardia por haber sufrido un accidente en la vía pública, presentado excoriación de rodilla derecha; que se le realizó radiografía control: "sin evidencia de lesión ósea".
En
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.