Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98726
En la ciudad de Dolores, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil veinte, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98.726 , caratulada: "MELLINO, JORGE OSCAR C/ ARCE, CRISTIAN ALEJANDRO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" , habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. Mauricio Janka y María R. Dabadie.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 05.06.2020?
Segunda cuestión ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:
I. Vienen los autos a mi conocimiento en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 14.06.2020, contra la sentencia dictada en la instancia de grado el 05.06.2020 (fs. 189/197). Concedido libremente el 16.06.2020 (fs. 198), se sustentó ante esta Alzada con la presentación del 04.08.2020, que mereció réplica de la contraria el 13.08.2020.
II. a) Jorge Oscar Mellino promovió acción de daños y perjuicios contra EDEA S.A. y Cristian Arce, con sustento en el incumplimiento del contrato de consumo de servicios públicos domiciliarios, cuyo objeto es el suministro de energía eléctrica a su local comercial dedicado a la venta mayorista y minorista de frutas y verduras, sito en calle 15 n° 1373 de la localidad de Santa Teresita.
Refirió que el día 04.02.2016 a las 7:00 horas, el dependiente de la empresa codemandada -Arce- cortó el suministro sin previa comunicación con 24 horas de anticipación, violando la normativa que regula la prestación del servicio.
Señaló que el incumplimiento de la empresa quedó evidenciado en que la factura emitida el 02.02.2016 fue recibida por su parte recién el 15.02.2016, cuyo último plazo de vencimiento era al 29.02.2016.
Remarcó que cortado el suministro, abonó el servicio ese mismo día y que no obstante la irregularidad y el pago realizado, se restableció a las 18:00 horas con cargos por reconexión.
Reclamó "daño material" por pérdida de mercaderías en cámaras frigoríficas, "lucro cesante" por impedimento de entregar mercaderías durante el 04.02.2016, "daño moral" y "daño punitivo" (fs. 29/36).
b) La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) S.A., luego de la negativa general y particular, contestó demanda y señaló que no ha existido incumplimiento contractual alguno, ya que procedió "por falta de pago" del último período bimestral del año 2015.
Luego, indicó que al cliente -adherido voluntariamente al régimen de envío de facturas digitales desde el 11.05.2015- le fueron enviadas 12 facturas (6 por consumos bimestrales y 6 por consumos mensuales), entre ellas la factura digital nº 52708608 del periodo 6/15 con vencimiento el 29.12.2015, impaga.
Indicó que frente a la falta de pago, el 13.01.2016 se emitió y remitió un aviso de corte con vencimiento el 25.01.2016, pago que tampoco se verificó, procediendo a la suspensión del servicio el 04.02.2016 a las 9:00 hs. Aceptó que el cliente abonó ese mismo día y que el servicio se reconectó por la tarde a las 15:00 horas.
En cuanto al daño, señaló su inexistencia dada la corta franja horaria de no suministro; que a todo evento no es imputable a su parte dada la justificación de la interrupción (fs. 68/75).
c) A fs. 97 se le tuvo al codemandado Arce, por perdido el derecho para contestar la acción.
III. El sentenciante de grado rechazó la pretensión.
En cuanto al encuadre legal consideró que el Código Civil y Comercial ha contribuido a desvanecer los argumentos que propugnan la existencia de un "consumidor empresario", para concluir en que la vinculación jurídica de autos no es una relación de consumo, dada la calidad de comerciante del accionante.
Afirmó que por ello no es destinatario final en los términos de la LDC, ni del CCyCN.
Tras la valoración de los elementos probatorios aportados estimó no acreditados los presupuestos de responsabilidad por incumplimiento contractual, sustancialmente el daño y conducta antijurídica invocados.
IV. Se agravia el recurrente por cuanto el iudex a quo lo excluyó como consumidor, cuando la relación de consumo entre las partes es evidente por las razones que expone.
En resumen, alude a la desigualdad negocial, a la característica "de adhesión" del contrato y a que las normas de protección no exigen que el bien o servicio adquirido sea con fines de esparcimiento, filantropía o altruismo: sino que puede ser para beneficio propio, uso privado, familiar o social.
Destaca que el servicio recibido no es para su reventa, sino para su uso como destinatario final (mantener mercadería en cámaras frigoríficas, utilizar balanzas, iluminar el local).
En segundo lugar, se agravia del valor probatorio conferido a la labor pericial, cuestionando la idoneidad técnica de la profesional actuante. Que no logró probar la autenticidad del aviso de corte, ni refirió que conste declaración jurada de donde surja que tiene asociado un correo electrónico para la recepción de facturas; que no citó la fuente de información de sus conclusiones, ni adjuntó fotografías de lo que visualizó.
Por último, se queja en cuanto el sentenciante afirmó que su cuenta se hallaba asociada a "Fameda S.R.L.", lo que contraría los dichos de la demandada al negar el vínculo existente entre el actor y esa empresa, contrariando su propia base de datos.
V. Entrando al tratamiento de la cuestión planteada (arts. 1, 2 y 3 el CCyCN), considero necesario referirme al marco jurídico que corresponde a la relación contractual, vinculación cuya existencia no es motivo de debate.
Como el derecho obligacional y contractual se ha visto impregnado en las últimas décadas por el denominado bloque protectorio del consumidor, cabe ineludiblemente verificar si estamos ante una relación de consumo, como clama el accionante.
Tal precisión tiene transcendencia en punto a la injerencia que pueda tener en ciertos aspectos procesales, como el de la carga probatoria, y sustanciales que hacen a la valoración del vínculo contractual desde la posición jurídica del más débil.
Se trata la presente de una relación contractual en virtud de la cual la empresa demandada asumió la prestación o suministro del servicio de energía eléctrica en el local comercial del actor, contra el cumplimiento de una contraprestación que es el pago de una tarifa periódica.
Como establece el art. 1º de la Ley 24.240 en el tramo que interesa, se consideran consumidores a las personas físicas o jurídicas que adquieran o utilicen, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social (art. 1092 del CCyCN).
El art. 2 refiere que el proveedor es la persona humana o jurídica de carácter público o privado que actúa profesionalmente en el mercado, con actividades de producción, importación, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a los sujetos del art. 1 de la LDC (art. 1093 del CCyCN).
Dicho articulado es de protección y defensa pues el legislador parte del supuesto de la debilidad de los consumidores en las relaciones con los empresarios. Debilidad motivada en desigualdades reales que los colocan naturalmente en una posición de desequilibrio (en el poder de negociación, en la no equivalencia del contenido del contrato, derechos y obligaciones recíprocas) y esencialmente en una desinformación del consumidor en torno al objeto de la relación.
Lo fundamental de estas normas es que responden a una expresa exigencia del art. 42 de la C.N; y lo que no se debe obviar es que la Ley 24.240 debe aplicarse cada vez que haya abusos del contratante fuerte, ya que el dato relevante para que se brinde protección legal debe ser la desigualdad en la capacidad de negociación, lo que ocurre cuando el proveedor ostenta una posición dominante. Por lo tanto, debieran considerarse dignos de esta tutela también los pequeños empresarios que sufren las consecuencias de la desigualdad (Farina, "Defensa del consumidor y del usuario", 3ra ed., Ed. Astrea, Bs. As., 2004, pág. 51).
Con pie en esos parámetros y el margen amplio de interpretación, entiendo que el actor sí es consumidor en los términos referidos, al ser el sujeto pasivo del servicio prestado por la empresa accionada, en forma onerosa y como destinatario final -calidad expresamente incluida tanto en el art. 1 de la LDC como en el art. 1092 del CCyCN-.
La circunstancia de que el actor utilizara electricidad en su local comercial destinado a la venta mayorista y minorista de frutas y verduras, no le quita la calidad de consumidor como asevera el sentenciante de grado.
Como surge del articulado referido, el marco protectorio es aplicable respecto de quien adquiere a título oneroso un bien para satisfacer sus propias necesidades, ya sean éstas de índole laboral, social o de esparcimiento.
Máxime cuando es evidente que el actor le confiere al servicio un destino final al ubicarlo en el último tramo de la cadena posible de comercialización, aún cuando sea utilizado en su propia actividad comercial.
Cabe insistir que la condición de destinatario final se refiere a la persona individual o jurídica ubicada al agotarse el circuito económico, lo que significa que queda excluido del concepto el consumidor industrial o revendedor, ya que se halla en el mercado en un nivel similar o próximo al del fabricante. En cambio, el consumidor que requiere la protección legal es aquel que carece de intenciones que apunten a que el bien o el servicio adquirido continúe su vida económica en actividades de fabricación o distribución.
Sentada tal pauta directriz, encuentro que en la especie una persona contrató ostentando el carácter de usuario, con la demandada prestataria del servicio, la provisión del suministro eléctrico a fin de llevar adelante el desarrollo de su actividad comercial, que nada tiene que ver con la comercialización de la energía eléctrica en sí.
Remite el a quo al carácter de comerciante de Mellino para negarle calidad de consumidor, pero a los efectos de determinar si una relación debe o no ser calificada como de consumo, la calidad de las partes es -en principio- irrelevante, toda vez que según surge de la citada norma, lo que a estos efectos interesa es determinar cuál ha sido el destino final recibido por el bien [o servicio] adquirido, pudiendo darse enormes cantidades de situaciones en que empresas o comerciantes califiquen como consumidores ("Derecho del Consumidor según ley 24.240 y el Código Civil y Comercial", Liliana Schvartz, Ed. García Alonso, Buenos Aires, 2016, pág. 43, jurisprudencia y doctrina allí citadas).
Otro punto a tener en cuenta para determinar el rango de consumidor, es que el actor no se halla en paridad negociadora frente a la demandada.
No cabe duda que una de las partes de esa relación lleva a cabo su actividad en forma masiva y con un despliegue económico y empresarial notablemente superior y desigual al de la actora (arts. 3, 37, 65 y concs. de la Ley 24.240; 1092 primera parte, 1094 del CCyCN).
En este orden, la Constitución Nacional a través de la reforma del año 1994 consagró la obligación del Estado de proteger los intereses económicos de usuarios y consumidores (art. 42 de la C.N; 38 de la Const. Prov.).
Así, la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario 1208/1997 -reemplazado por el Anexo del decreto 2479/2004, textos ordenados por el decreto 1868/2004- constituye el Marco Regulatorio Energético en el ámbito local.
Luego de definir el carácter de servicio público de la distribución y el transporte de energía eléctrica (art. 2), la mencionada ley fija los objetivos a los cuales deberán ajustarse tanto la política de la Provincia en materia energética como la actuación de los organismos públicos competentes en el área (art. 3).
El art. 3 establece en lo que aquí interesa, que: "La Provincia de Buenos Aires ajustará su política en materia de energía eléctrica a los siguientes objetivos: Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XV...".
Además, el art. 2 inc. a del decreto reglamentario prescribe que: "Toda la normativa vigente de carácter general, referida a los " Derechos del Consumidor ", y la que en el futuro se dicte, será aplicada a la protección de los usuarios del servicio público de electricidad en forma supletoria a lo contemplado en el Capítulo XV de la Ley 11.769 y sus modificatorias (t.o. según Decreto n° 1868/04)...". El art. 6 del decreto crea el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEB); entre las funciones de su Directorio establecidas en el art. 62 inc. a) de la Ley 11.769 se encuentran la de "Defender los intereses de los usuarios, atendiendo los reclamos de los mismos, de acuerdo a los derechos enunciados en el Capítulo XV".
En consecuencia, considero que no hay dudas sobre la existencia de una relación de consumo, que no sólo surge expresamente de la LDC sino que su aplicación viene impuesta por los alcances previstos en la Ley 11.769 y su Decreto.
VI. a) Ahora bien, la conclusión anterior no implica desconocer que el usuario tiene a su cargo el cumplimiento de ciertas obligaciones -como el pago en término de la tarifa prevista-, por lo menos si no se verifican circunstancias que tornen operativo aquel principio protectorio, como son las situaciones abusivas.
Digo ello porque hay que aclarar que el hecho de que los otorgantes del contrato revistan las condiciones de los arts. 1, 2 y 3 de la LDC, no significa que la fuente de la relación sea de por sí abusiva o que vaya en desmedro directo del usuario.
En este andar, es que la interrupción del suministro denunciado como fundamento de la pretensión, será analizado en base a las obligaciones asumidas por ambas partes.
Es decir, si la privación del suministro tuvo o no una causa real y comprobada, prevista expresamente en la legislación específica, el contrato de concesión de su prestador y/o el régimen de suministro vigente (art. 67 inc. g de la Ley 11.769); y controlando que no se comprueben situaciones donde quede en evidencia un abuso en desmedro del contratante débil (arts. cit. y arts. 10, 11 y 12 del CCyCN; 384 del CPCC).
Si esto último no ocurre, entonces no es aceptable fraccionar las prestaciones asumidas para acatar las estipulaciones que favorecen al damnificado y desechar las que prevén obligaciones, como el pago en tiempo de la contraprestación en las condiciones pre fijadas (arts. 957, 958, 959, 961 y concs. del CCyCN).
b) Puntualmente, corresponde verificar si la interrupción del suministro de energía era injustificado como indica el actor, o fundado por el no pago de la contraprestación en tiempo y ajustado al procedimiento administrativo pertinente.
En tanto el actor imputó a la demandada el corte del servicio intempestivo, ésta ofreció la prueba pericial informática a fin de que se expida sobre los puntos de pericia de fs. 75.
Agregado el 24.04.2019 el dictamen de la Contadora Pública Nacional designada en autos, surge que constituida en la sede de la empresa EDEA S.A., tuvo a la vista la documentación pertinente de la que se desprende que Jorge Oscar Mellino es titular de la cuenta n° 75-112839 -entre diciembre 2015/febrero 2016-, información que coincide con los datos de la factura agregada por el propio accionante a fs. 11.
Refirió que tuvo a la vista una constancia fehaciente del aviso de corte, remitido digitalmente con vencimiento el 25.01.2016. Que el mismo se corresponde con la factura de cobro nº 52708608 por el último período bimestral del año 2015 (6/15), con un primer vencimiento al 29.12.2015, y un segundo vencimiento al día 08.01.2016.
De lo así informado se colige -en primer lugar- la falta de pago del último período de 2015, razón por la cual fue emitido y remitido fehacientemente el aviso de corte a que aludió la experta actuante (arts. 375, 384, 474 del CPCC).
Refuerza sobremanera lo anterior, el propio relato del actor al precisar que para que fuera reconectado el servicio el mismo día de su interrupción -el 04.02.2016-, saldó la deuda en el domicilio de la demandada siendo las 7:30 horas, restableciéndose el servicio a las 18:00 horas (fs. 30 y vta. punto 2. a) del escrito de inicio).
Es evidente que el pago efectuado en aquella oportunidad y al que claramente se refiere el accionante, no puede ser otro que el correspondiente al último período bimestral del año 2015, impago hasta el 04.02.2016.
Pues la factura emitida el 02.02.2016 del primer período bimestral del año 2016 con vencimientos el 18.02.2016 y el 29.02.2016, fue recién abonada el 29.02.16 por "BAPRO-Medios de Pago S.A.", según surge del comprobante de pago adjunto al escrito inicial.
Es así que entiendo que además de los elementos de convicción que surgen del informe pericial, es el propio actor quien deja en evidencia la falta de pago de períodos vencidos, que no pueden ser otros que los últimos del año 2015 (06/15).
El art. 77 de la Ley 11.769 dispone que la falta de pago del suministro de energía eléctrica por parte de los usuarios, de los grandes consumidores, o de los concesionarios de servicios públicos de distribución de electricidad, habilitará al acreedor a proceder a la interrupción y/o desconexión de dicho suministro o servicio. Esa interrupción y/o desconexión no eximirá al concesionario de la obligatoriedad, que respecto de la prestación del suministro estipule el contrato de concesión, y especialmente en lo que hace al mantenimiento de los servicios esenciales.
En ese supuesto, el distribuidor podrá aplicar automáticamente el interés previsto, sin perjuicio de lo cual y transcurridos quince días de mora -tal como ha ocurrido en el caso de acuerdo a los vencimientos de la factura nº 52708608 por el periodo bimestral 6/2015, al 29.12.2015 y al 08.01.2016-, el distribuidor se encontraba facultado para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso (arts. 886 y 887 del CCyCN). Ello previo aviso de corte, con no menos de cuarenta y ocho horas de anticipación.
Del punto 4.8. del "Sub Anexo D sobre normas de calidad del servicio público y sanciones", surge en relación a la suspensión del suministro por falta de pago que el distribuidor deberá comunicar fehacientemente al usuario, con una antelación mínima de 48 horas, antes de efectuar la suspensión del suministro de energía eléctrica motivado por la falta de pago en término de las facturas. A partir del momento en que el usuario abone las facturas adeudadas, más los recargos que correspondieran, el distribuidor deberá restablecer la prestación del servicio público dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse efectivizado el pago (v, informe emitido por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, agregado a fs. 145 de autos).
Tal cumplimiento es cuestionado por el apelante.
Sin embargo como anticipé, al punto de pericia "...constatará e informará si la empresa EDEA S.A. emitió el aviso de deuda y aviso de corte correspondiente a la factura 52708608 en forma digital a la cuenta adherida el 13/01/2016, con vto. 25/01/2016" ( sic ), afirmó la profesional que de los registros tenidos a la vista surge la emisión fehaciente de un aviso de corte con vencimiento el 25.01.2016, correspondiente a la factura nº 52708608 por el periodo bimestral 6/15, en forma digital a la cuenta adherida.
Asimismo, que surge que la cuenta n° 75-112839 perteneciente al usuario Mellino Jorge Oscar, tiene asociado un correo electrónico [email protected], desde el 11.05.2015, conclusiones éstas que terminan avalando la postura de la demandada, no sólo respecto de la trascendental falta de pago de períodos, sino sobre la emisión del aviso de corte y su remisión a la casilla de correos electrónicos asociada.
El aviso de corte emitido e
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