Abriendo la norma
Cámara Civil, Comercial y de Familia Sala I de San Martín
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución de fs.166/167. Las costas de alzada se imponen a la parte actora en su calidad de vencida (art.68 del C.P.C.C.). Difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad procesal.
Causa N°74.203 REG. INT. Nº D- aco74203/pdq/3 “ACOSTA, ROSANA BEATRÍZ C/ PERISSINOTO, RUBÉN OSCAR Y OTS.
S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
En General San Martín, a los días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, se reúnen Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín, en virtud Acuerdo extraordinario Nº666/2008, Dres. Manuel Augusto Sirvén y Carlos Ramón Lami, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “ACOSTA, ROSANA BEATRÍZ C/ PERISSINOTO, RUBÉN OSCAR Y OTS. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, y habiéndose practicado oportunamente el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Dres. Sirvén y Lami. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor Juez Dr. Sirvén dijo: Dictada resolución a fs.166/167, el juez de primera instancia declaró la caducidad de instancia planteada por la citada en garantía Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A., considerando que había transcurrido el plazo otorgado en el art.310 inc.3 del C.P.C.C. desde la última actividad procesal útil el día 30 de agosto de 2017 (proveído de fs.162) hasta el acuse de caducidad del día 17 de abril de 2018 (ver fs.165).-
Contra tal decisorio apeló la parte actora a fs.168, cuyo recurso fue concedido a fs.169.-
En el memorial que luce glosado a fs.170/173, el recurrente manifiesta que la caducidad de instancia se ha declarado incorrectamente, solicitando su revocatoria y que se permita continuar las actuaciones por derecho propio o mediante la designación de un curador.-
Pide como medida para mejor proveer que se nombre un curador judicial para salvaguardar sus derechos y que se libre oficio al Sr. Procurador de la Pcia. de Bs. As. o en su defecto al Fiscal, en virtud de lo normado en el art.12 del Código Penal, con el fin de informar los datos de la causa penal en la cual se encuentra imputado el actor a los efectos de intentar probar la dificultad en la consignación de su firma en los escritos judiciales, debido a su reciente detención en la Unidad Penitenciaria N°5 de Mercedes.- Relata antecedentes de la causa con respecto a las presentaciones que han realizado los apoderados de la citada en garantía, entendiendo que la confirmatoria del fallo los beneficiaría, vulnerando sus derechos de defensa en juicio y debido proceso.-
Se agravia en cuanto entiende que el juez no consideró que la parte había sido intimada a manifestar su intención de continuar con el juicio y así lo hizo, logrando la traba de la Litis pese al actuar negligente de la contraria y atribuyendo responsabilidad al impulso del juicio por parte de los funcionarios responsables, citando jurisprudencia a tal fin.- ya que había pedido la apertura a prueba del juicio desde su inicio, lo cual no fue proveído.-
Por último, entiende que debió darse traslado del acuse de caducidad realizado por la citada en garantía, dado que la ley no excluye –a su criterio- la bilateralización del proceso, en este supuesto, dándole la posibilidad de explicar la demora incurrida.-
A su turno, contesta el memorial la citada en garantía a fs.175/177, sosteniendo en primer lugar, que no se denuncia la fecha de la supuesta detención del actor y que la letrada patrocinante debió haber denunciado tal situación inmediatamente al tomar conocimiento y no cuando la acción se encuentra en oportunidad de fundar agravios.-
Solicita la confirmatoria del fallo, entendiendo, entre otras cosas, que el plazo sin actividad ha sido de seis meses, descontando la feria judicial por lo cual no puede encontrarse excusa en lo manifestado por la apelante y que además es clara la normativa aplicable al caso, en cuanto prevé que en esta oportunidad es la segunda vez que transcurre el plazo normado en el art.310 inc. 3 del CPCC, para que opere la caducidad.-
Como cuestión previa al avocamiento de los agravios planteados por la apelante, entiendo necesario introducirme primariamente al tratamiento de la figura de la Caducidad de instancia.-
La misma consiste en la “conclusión o extinción de la instancia declarada a pedido de parte o decidida por el juez ante la ausencia de impulso procesal durante los diversos plazos establecidos por la ley según el estadio por el que transite el proceso”… “El fundamento del instituto de la caducidad de instancia radica en la falta de interés de los litigantes en hacer avanzar el proceso, ya que como derivación del principio dispositivo existe la carga de realizar actividad procesal diligentemente con el fin de que el trámite no se estanque y pueda arribarse a la resolución del conflicto en un plazo razonable (art. 15, Const. de la Provincia de Buenos Aires). Si ello no ocurre el proceso se pierde a partir de la activación de la figura” (Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. As., Arazi, Tomo I, art.310, págs.607 y 624).-
En el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, el legislador ha determinado que una vez transcurrido el lapso determinado legalmente, se producirá la caducidad de instancia, que para el caso que nos ocupa, es de tres meses (art.310 inc.3 - según la ley 13.986).- Sentado ello e ingresando al tratamiento de la cuestión a resolver, es preciso destacar que el juez de grado resolvió declarar la caducidad de instancia como consecuencia de haber considerado como última actuación útil, el proveído de fs.162 acaecido el 30/08/2017, hito que se encuentra conteste por las partes.-
Ahora bien, con respecto a la manifestación de detención efectuada por el apelante, quien omite denunciar la fecha en la cual se produjo la privación de su libertad, entiendo que no constituye óbice a los efectos de la firma de escritos, en tanto si bien el Código penal, en su art.12, priva a los recluidos y penados por más de tres años, del ejercicio de la “patria potestad” y de la administración y disposición de sus bienes por acto entre vivos -para lo cual prevé el instituto de la curatela civil- no impide que ejerzan su capacidad civil para otras cuestiones.-
Si bien, en la actualidad, pareciera existir cierta incompatibilidad entre las privaciones establecidas en el art.12 del Código Penal, y la restricción a la capacidad en el Código Civil y Comercial de La Nación, en el cual se contempla la restricción a la capacidad como una excepción, lo cierto es que en el presente juicio no debe debatirse la solicitud de curatela que pretende la actora, a modo de medida para mejor proveer, en los términos de lo normado en el art.36 del CPCC y ccdtes.-
Más allá de las privaciones específicas a las que alude la ley penal, no es posible establecer si a la época de impedir la caducidad de instancia, se encontraba detenido y que además, si así lo fuera, ello no implica la restricción a su capacidad para su presentación en juicio a través de la firma de escritos, lo cual, su letrada reconoce de dificultoso, no habiendo restricción legal al respecto, lo que podría ocurrir con otro cliente que no se encuentre privado de su libertad.-
De esta manera, el interesado ha consignado su firma en el escrito de apelación presentado a fs.168, que si bien pudo ser dificultoso en su suscripción, no puede interrumpir tardíamente un plazo que ya se encontraba vencido.- En sintonía con lo expuesto, es dable destacar que ya se había operado el plazo de caducidad previsto en el art.310 inc.3 del CPCC -habiendo sido contestada la intimación planteada a fs.144-, advirtiéndose el vencimiento del mismo, en esta oportunidad, por segunda vez.-
Asimismo, el art.315 del CPCC, es claro en cuanto a que habiendo una intimación cursada previamente, ante un nuevo trascurso del plazo, sin actividad procesal útil, se tendrá por decretada la caducidad de instancia, inclusive sin necesidad de petición por la contraria, pudiendo dictarla en juez de oficio.-
Además, los representantes legales, de ser necesario, cuentan con la herramienta que surge del art.48 del CPCC, con el fin de demostrar interés en la prosecución de los obrados, o denunciando oportunamente, o sea, con anterioridad al acaecimiento del plazo de caducidad, la posibilidad de manifestar cualquier situación que no le sea posible realizar presentaciones en juicio.-
En consecuencia, entiendo que se encuentran cumplidos los extremos previstos en la ley para que sea pasible de confirmatoria el fallo apelado, y a su vez, no se dan los recaudos excepcionales que impedirían su confirmatoria.- Por los fundamentos expuestos y con los alcances expresados, a la primera cuestión, voto por la afirmativa.- El Señor Juez Dr. Lami, votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
A la segunda cuestión el señor Juez, Dr. Sirvén dijo: Atento el resultado de la votación a la cuestión anterior, corresponde confirmar la resolución de fs.166/167. Las costas de alzada se imponen a la parte actora en su calidad de vencida (art.68 del C.P.C.C.). Difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad procesal.- Así lo voto.-
El Señor Juez Dr. Lami, votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto, se confirma la resolución de fs.166/167. Las costas de alzada se imponen a la parte actora en su calidad de vencida (art.68 del C.P.C.C.). Difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad procesal. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.-
Fin de la sentencia