Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 166474
REGISTRO N ° 67-S FOLIO N° 352/63
EXPEDIENTE N° 166474 JUZGADO nº 14
En la ciudad de Mar del Plata, a los28 días del mes de marzo de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ARROYO, VIRGINIA ALEJANDRA C. PALACIOS, PATRICIA MONICA Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.) " , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto Loustaunau y Ricardo Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es justa la sentencia de fs. 271/290?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Loustaunau dijo:
I. Llega en revisión la sentencia dictada a fs.271/290 en la cual el Sr. Juez a quo hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por Virginia Alejandra Arroyo contra Patricia Mónica Palacios y la aseguradora La Segunda Cooperativa de Seguros Generales, condenándolas a estas últimas a abonar la suma de $73.416,05, con más intereses y bajo apercibimiento de ejecución. Impuso las costas a las vencidas y postergó la regulación de los honorarios para su oportunidad (arts 51 dec. ley 8904 y 51 ley 14.967).
Para así decidirlo, tras considerar aplicable el art. 1113 2do. párrafo, 2da. parte del Código Civil, entendió que estaba demostrado que la demandada había infringido la prioridad de paso establecida en el art. 41 de la ley 24.449.
Sostuvo que la demandada no logró probar que estuviese interrumpido –ni parcialmente- el nexo causal en la ocurrencia del hecho, sea por culpa de la víctima o de un tercero por quien no debía responder; mientras que la actora, por el contrario, demostró los presupuestos liminares de la responsabilidad civil.
En cuanto a los rubros indemnizatorios, admitió el reintegro de los gastos terapéuticos ($2500), el daño emergente de la privación de uso del automóvil de la actora ($4200), la desvalorazación venal ($26.716,05) y el daño moral ($40.000.-) y rechazó el reclamo por la devolución de los gastos de vestimentas, del pago de la franquicia, de gastos por atención kinesiológica y por atención terapéutica futura, el daño psíquico y la incapacidad sobreviniente.
II: Apeló el letrado apoderado de la actora, cuyo recurso fue sostenido mediante la presentación electrónica del 31/10/2018. También apeló el abogado de la citada en garantía, exponiendo sus agravios en el escrito del 25/10/2018, los que fueron respondidos el 06/11/2018.
La sentencia quedó firme respecto de la demandada Sra. Patricia Mónica Palacios toda vez que, como acierta la actora, en el escrito de apelación del 11/06/2018, el Dr. Juan María Martín únicamente invocó la personería respecto de la citada en garantía y no de aquella. Incluso no ha dado cumplimiento a ordenado a fs. 215.
II.1. Recurso de la actora:
1. En primer lugar se queja de que se haya desestimado el rubro incapacidad sobreviniente por considerar que no estaba acreditado.
Sostiene que lo expuesto por el juez carece de sustento jurídico alguno e implica una interpretaciónírrita de las constancias de autos, resultando de tal forma el decisorio manifiestamente arbitrario, en lo que respecta a esa parcela.
Ello por cuanto, aduce que se ha prescindido del análisis de elementos medulares, como son el testimonio del Dr. Nicolo, la documentación obrante en autos y las conclusiones de la perito médica y se distorsionó lo señalado por ambos profesionales. Considera que los elementos probatorios incorporados a estos actuados han sido analizados parcial y fragmentadamente.
En lo específico, afirma que el inferior ha omitido advertir que la perito médico en ningún momento desechó incapacidad alguna de su mandante a raíz de las secuelas que le ocasiona el accidente que da origen a estos actuados.
Destaca lo manifestado por la profesional al responder los puntos nros. 4, 8, 12 y 19 de la de pericia médica, en los que indicó que las lesiones sufridas por la actora afectaron su calidad de vida, aludiendo que el dolor y los mareos son síntomas que obligan a los pacientes a hacer reposo, y que si bien señaló que no detenta secuelas motoras, en modo alguno se puede inferir que no haya sufrido incapacidad sobreviniente, dado que a la fecha persiste el dolor en la zona afectada y las lesiones sufridas han afectado la calidad de vida de la actora. Por último resaltó la afirmación de la perito en cuanto a que se trata actualmente con analgesia y antiinflamatorios, a seis años de ocurrido el accidente.
2. También se agravia del rechazo de la pretensión por daño psicológico, sustentado por el juez en la ausencia de prueba que lo acredite.
Sostiene que es doctrina de la SCBA que el daño psíquico constituye un tertium genus , que debe resarcirse en forma autónoma, particularizada e independiente del daño patrimonial y moral y, en especial respecto de este último, en tanto se ha dicho que si bien ambos afectan la psiquis de las personas, el daño moral acontece por sobre todas las cosas en el sentimiento mientras que el psíquico afecta el razonamiento, entrando en el terreno de lo patológico.
Tras destacar que lo que se indemniza no es la lesión, sino las consecuencias perjudiciales que ella ocasiona en los distintos ámbitos de la vida del que las sufre, dice que la disminución de las aptitudes psíquicas de la actora se encuentra debidamente acreditada con la prueba psicológica producida en autos, pues surge en forma manifiesta que su instituyente, a raíz de las consecuencias que generó el accidente, vió alterada su psiquis. Señala la angustiosa situación vivida tanto en los momentos del hecho como así también con posterioridad, la cual se manifestó en una gran depresión post-traumática.
3. Finalmente, hace reserva de caso federal.
II.2. Recurso de la citada en garantía :
El letrado de la compañía aseguradora presentó cinco agravios.
1. En el primero cuestiona la atribución de responsabilidad a la demandada.
Se queja de que se haya determinado que recaía en cabeza de su mandante la carga de demostrar la interrupción del nexo causal por aplicación al caso de lo dispuesto por el art. 1113 del Código Civil.
Sostiene que el juez desconoce el principio rector respecto de la carga de probar aquello que se afirma, pues los hechos ventilados en autos no gozan a su favor con presunción legal alguna. Por este motivo considera que la decisión implica una ficción judicial que tiene por cierto un hecho sin elemento alguno que le de sustento a tal criterio.
Afirma que no surge de la prueba rendida que el demandado actuara como sujeto activo-embistente de la colisión, y menos aún que éste sea culpable del acaecimiento de dicho evento.
Ello, porque sostiene que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, para el caso de daños producidos por el choque de dos o más vehículos automotores, entiende que la cuestión debe resolverse a la luz de la culpa de quienes han conducido esas máquinas (art. 1109 Cód.Civ.), que no está presumida por la ley sino que debe ser probada, pues la responsabilidad no puede fundarse en el riesgo creado.
Considera que la interpretación que se hace a través de la sentencia recurrida de lo indicado por el art. 1113 2ª pte. 2º párrafo del Cód. Civil generaría la posibilidad de que cualquier sujeto, por mínimo que resulte el daño por el sufrido, intente, sin correr riesgo alguno por ello, una acción aún siendo el autor responsable de los daños que el mismo ha sufrido, siendo que la sola intervención de dos vehículos en el hecho lo eximiría de probar la incidencia que este tuviera en el hecho para cargar con ello al sujeto accionado.
2. Se agravia también del daño derivado de la privación de uso fijado en la sentencia.
Explica que si bien su parte no desconoce que nuestra jurisprudencia admite algún grado de flexibilidad en la acreditación de gastos, entiende que ello refiere a aquellos gastos que no pudieron o no hubo posibilidad de documentar, ya sea por tratarse de gastos urgentes, o que habitualmente no cuentan con respaldo documental que permita acreditarlos.
Considera que al acogerse en la sentencia el criterio amplio para su análisis, se omitió efectuar dicha consideración como parte integral del mismo y sin efectuar el más mínimo análisis sobre las posibilidades que la actora habría tenido de probar el daño, y eventualmente su cuantía.
Afirma que en autos no ha quedado siquiera plasmado en el escrito inicial el uso que se le diera al vehículo, y menos aun que su privación ocasionara daño alguno pues la indisponibilidad del vehículo de ninguna manera hace presumir el uso de medios alternativos, excepto que se conozca cual era el uso que previo al suceso se le daba.
3. En tercer lugar, se queja de la fijación del daño moral.
Señala que el juez ha rechazado el reclamo indemnizatorio por incapacidad, el relativo a gastos de atención kinesiológica y terapéutica futuros, como el daño psicológico y, por este motivo, afirma que no se ha configurado afectación, sufrimientos e inquietud espiritual que justifiquen la indemnización.
Destaca que no hay más daño que el material, sobre las cosas y no en la persona y que, en todo caso, el pedido de reparación del daño moral no fue con elemento alguno que permita por tenerlo por acreditado.
Al respecto, desconoce cuáles serían las circunstancias personales de la actora que menciona el juez, siendo que las mismas no han sido descriptas, como por qué su edad al momento del hecho pudo haber influido en dicha determinación o acaso a que magnitud de lesiones refiere, siendo que siquiera las mismas merecieron indemnización alguna. Lo mismo ocurrió con los trastornos, que indica que no se produjo prueba en tal sentido.
4. También cuestiona los intereses.
Considera que deben calcularse desde la fecha en que se hizo efecto el pago de la reparación y no desde la fecha del siniestro.
5. Se agravia asimismo de la imposición de costas, sosteniendo que su mandante no puede ni debe responder en razón de lo ya manifestado, deviniendo nulo el decisorio al que se arribara.
6. Hace reserva de interponer recursos extraordinarios.
III. Tratamiento de los recursos.
III.1. Por cuestiones de orden lógico, corresponde tratar en primer el lugar el agravio de la citada en garantía en torno a la atribución de responsabilidad.
III.1.a. El planteo que expone en esta instancia no merece prosperar, pues se funda en una presunción de culpa que no encuentra su base en el sistema vigente.
Tal como lo he expuesto anteriormente en este Tribunal, la tesis que propone el recurrente posee claras reminiscencias de la llamada teoría de la “neutralización de riesgos” que constituyó una posición dentro de la doctrina del derecho de daños cuarenta años atrás. Sus sostenedores predicaban que en caso de que el daño hubiera derivado de la colisión de dos vehículos – dos cosas riesgosas – debían dejarse de lado las presunciones de causalidad que contiene el art. 1113, y el factor objetivo de atribución, para juzgar el supuesto bajo el prisma de la culpa (causa nº164.535 RSD 52 del 08/03/2018).
Esa opinión sustentada en otras legislaciones (Alterini, Atilio A “Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión múltiple de automotores, en LL 1988-D-296) fue superada en la Argentina, primero por la SCBA en la causa “Sacaba de Larosa c. Vilchez, Eduardo (Ac.33.155 del 8.04.1986) y poco después por la CSJN en el precedente “Entel c. Provincia de Bs.As. y Gustavo Rossi” del 22 de Diciembre de 1987 que se transcribe íntegramente en el trabajo de doctrina citado, partiendo de la premisa que importaba una construcción dogmática que solamente podía tener andamiento si una presumiera la existencia de un hecho del que la otra presumiera su inexistencia.
Pero como ello no es así: las presunciones se mantienen y cada dueño o guardián deberá probar las eximentes. En los fallos mencionados , ampliados y ratificados por la evolución posterior de la doctrina y la jurisprudencia, se adoptó la tesis conforme la cual quienes reclamen deben probar los presupuestos exigidos por la norma aplicable, el contacto material con la cosa riesgosa que haga presumir la responsabilidad de su dueño o guardián, su legitimación para reclamar, y el daño que invoca, salvo los supuestos en lo que la ley tiene por ciertos (arts.508,622,656,1202 CC) o presume daños (art. 1084 CC), y los demandados deberán acreditar la causa ajena.
Así, probada la intervención de la cosa y su conexión causal con el daño producido, se presume que el perjuicio ha sido provocado por el vicio o riesgo de la cosa, es decir que opera una presunción de causalidad y para eximirse de responsabilidad total o parcialmente, es preciso que el demandado demuestre la culpa de la víctima o de un tercero por quien no tiene el deber de responder o bien el caso fortuito.
Estas eximentes quiebran o alteran el nexo de causalidad total o parcialmente en tanto pueden operar como factor determinante del hecho dañoso o como concausa, de allí que corresponde evaluar su real incidencia. Partiendo de los hechos tal como surjan demostrados, debe considerarse en abstracto su influencia en el resultado, de acuerdo al curso natural y ordinario de las cosas.
A la hora de analizar el vínculo de causalidad, es preciso recordar que éste exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño. Para establecer la causa, hay que recurrir a un juicio retrospectivo de probabilidad y hay que preguntarse si “la acción era per se apta o adecuada para provocar normalmente esas consecuencias” (Goldenberg “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, Ed Astrea pág 32/33). Se trata de formular ex post facto un juicio de probabilidad o pronóstico póstumo u objetivo del resultado dañoso, según el curso ordinario de las cosas y la experiencia de la vida, para verificar si ese daño era previsible y tal apreciación debe efectuarse en abstracto (Compagnucci de Caso, Rubén en “La responsabilidad civil y la relación de causalidad” p.30; Goldemberg, ob. cit p. 172 y 229; Alterini, Atilio y López Cabana, Roberto en “Presunciones de Causalidad y de responsabilidad”, LL 1986-E-981; Orgaz, Alfredo, “La culpa”, p.129, Ed. Erner, entre otros).
En este marco se insertan las eximentes de responsabilidad cuya prueba incumbe a quien las invoca (C.S.J.N., Fallos: 313:1184; 316:2774; 321:1462; 322:139; 323: 2930 y 327:5082).
Explicaba la recordada Matilde Zavala de González que cuando la ley presume la relación causal, “la prueba de los eximentes debe ser inequívoca”, ... “su apreciación debe ser severa: se requiere certeza de que el daño no obedece a la causa aparente que se imputa a dicho sujeto” (ob cit pág 213).
En igual sentido puede verse la opinión de Pizarro (“Responsabilidad Civil por riesgo creado y de empresa” edit.La Ley tº 1 p. 276, Bs.As. 2006) quien sostiene que la prueba del hecho del tercero debe ser valorada en forma estricta, y la SCBA en su acuerdo del 14.10.86 nº 33.743, DJBA 132-229, al decir que “los impedimentos de responsabilidad, deben ser apreciados restrictivamente, por la finalidad social típica de la norma, que ha creado factores de atribución, que deben cesar solo en casos excepcionales, sin conferirles desmedida extensión”.
Es que, “probada la responsabilidad del demandado sea por presunciones legales o por otros medios probatorios (hecho constitutivo), la culpa de la víctima debe ser acreditada certera, claramente, pues se trata de un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien lo alega, constituyendo una excepción al régimen de responsabilidad” (Kemelmajer de Carlucci, “Código Civil y leyes complementarias. Comentando, anotado y concordado” Direc. Belluscio, Coord. Zannoni, Tº5 p.393, 4ta reimpresión, Ed. Astrea)
I II.1.b. Llevadas estas ideas al caso de autos, no encuentro que la parte demandada haya logrado su cometido.
Invocó que la actora obró con culpa pues cruzó la esquina adonde se produjo el accidente (calles Italia y Avellaneda de esta ciudad) de forma totalmente intempestiva y antirreglamentaria, sin respetar que el vehículo conducido por la Sra. Palacios estaba terminando de trasponer la intersección. Sostuvo que la regla de la derecha no autorizaba a la contraria a atravesarla sin aminorar la velocidad, actuando como si estuviera arrasando con lo que se encontraba a su paso.
Ahora bien, teniendo en consideración que la actora venía circulando por la derecha y que, por ende, contaba a su favor con la prioridad legal de paso (art.41 de la Ley 24.449), solo con la demostración tajante e irrefutable de su obrar culpable se podría admitir la defensa de la demandada, en la medida que la violación de esa prioridad lleva a presumir la responsabilidad de esta última (art. 64 segundo párrafo de la ley mencionada).
Conforme el art. 15 del anexo III del decreto reglamentarios de esa ley nro. 523/09 (Provincia de Buenos Aires) "la prioridad de paso en la encrucijada rige independientemente de quien ingrese primero en la misma". De modo que el adelantamiento respecto al cruce, el lugar de avance en la encrucijada o la calidad del embistente o embestido, no alteran la prioridad ni la autoría presumida por la ley.
Pero el resultado de la prueba está lejos de cumplir el cometido de la demandada. Sobre la mecánica del hecho, sólo se ha producido la pericia presentada a fs. 198/202 y la declaración testimonial del Gabriel Angel Ventura en la audiencia de vista de causa, cuya grabación en CD adjunto he reproducido, que abonan la versión de la actora.
Surge de la pericia mencionada (punto 1º), que teniendo en cuenta el sentido de circulación de los vehículos, el lugar del siniestro, el sentido de las calles Italia y Avellaneda, la localización de los daños en el sector izquierdo, sentido y dirección de las deformaciones plásticas sobre la carrocería, se puede establecer que la mecánica más probable de la colisión es que en momentos de que el Volkswagen Voyage conducido por la la Sra Arroyo se encontraba circulando en la intersección, fue impactado en el lateral izquierdo por el vehículo Fiat Siena de la demandada, que llegó a la esquina por la calle Avellaneda.
Esta afirmación quedó corroborada con la declaración del Sr. Ventura. El testigo, de profesión taxista, dijo haber visto el choque, pues se encontraba a media cuadra sobre la calle Italia entre Avellaneda y Alvarado, que pudo observar que el Fiat Siena no frenó cuando era su obligación hacerlo porque no tenía la prioridad de paso y que creía que venía con exceso de velocidad, porque no pudo frenar a tiempo. Preguntado sobre la velocidad con la que venía el Volkswagen de la actora, dijo que no podía precisarla.
Así, considero que no ha sido acreditado que la Sra. Arroyo transitaba por la calle Italia con exceso de velocidad ni que haya desoído el mandato del art. 39 inc b de la ley 24.449 de circular con cuidado y prevención conservando en todo dominio el vehículo, al tiempo que está evidenciado que la demandada infringió un deber legal a su cargo.
De este modo, al no haber acreditado el quiebre del nexo causal, sólo puedo coincidir con la solución a la que arribó el Sr. Juez a quo , por lo que considero acertada la sentencia dictada sobre este punto (art 1113 2do párrafo 2da parte CC, art 7 CCCyC).
III.2 .Destimada la queja precedente, pasaré a tratar las planteadas por ambas partes en torno a la procedencia de los diferentes rubros indemnizatorios.
III.2.a. Incapacidad sobreviniente.
A mi entender, debe confirmarse el rechazo de este rubro. No encuentro que se haya demostrado que luego de la curación la actora presente alguna secuela en su salud que justifique la procedencia de la reparación aquí pretendida.
Debe recordarse que si bien son cuatro presupuestos en los que se deben sustentar la a
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