Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 166913
REGISTRADA BAJO EL N º 76-S Fo. 404/13
Expte. N ° 166.913 Juzgado Civil y Comercial Nº 10.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 1 días del mes de abril de dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “LABERNE HORACIO RICARDO Y OTRO C/ CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO NOELIA I S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1a.) Es justa la sentencia de fs. 370/375?
2a.) Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO MONTERISI DIJO:
I. La sentencia de fs. 370/375 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación deducido a fs. 379.
La jueza a quo rechazó la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por EVA E. MIRANDA YABAR y RICARDO H. LABERNE contra el CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO NOELIA I, con costas a la parte actora vencida. Simultáneamente, reguló honorarios a los profesionales intervinientes.
La magistrada analizó, en primer lugar, la normativa aplicable al caso, expresando que en materia de responsabilidad civil debía regir la ley vigente al momento de la producción del daño. Concluyó que atento la fecha en que acaeció el hecho central que sustentaba la pretensión indemnizatoria, la atribución de responsabilidad debía resolverse según las normas contenidas en el derogado Código Civil cfr. ley 340 y sus modificatorias.
Se ocupó seguidamente de la defensa de prescripción articulada por la demandada, señalando que no existía discusión en torno a la procedencia del plazo de dos años para accionar por responsabilidad extracontractual previsto en el art. 4037 del C. Civil.
Sostuvo que el extremo a dilucidar se relacionaba con la época a partir de la cual se debía computar ese plazo, puntualizando que la prescripción corría desde que la acción se encontraba expedita, lo que habitualmente coincidía con el momento de producción del hecho generador del daño. Observó que de acuerdo a los dichos de la parte actora, los daños comenzaron a evidenciarse en el transcurso del año 2008 aunque -a tenor de lo manifestado por los testigos- eran visibles desde mucho antes que los actores compraran su departamento.
Consideró que el punto de inicio del plazo prescriptivo era -en el mejor de los casos- la fecha de toma de posesión del inmueble, es decir, el 27 de diciembre de 2004; en virtud de dicha circunstancia, y teniendo en cuenta que el primer reclamo formal dirigido a la administración del consorcio databa del mes de diciembre del año 2010, entendió que la acción se encontraba prescripta por lo que correspondía el rechazo de la demanda incoada.
Agregó que el plazo de la prescripción comenzaba a correr cuando el daño era cierto, y que su eventual agravación futura no afectaba su curso ya que ello no implicaba la existencia de una nueva causa generadora de responsabilidad ni daba lugar a una nueva acción.
II. Los apelantes expresaron sus agravios a fs. 411/423, que fueron respondidos a fs. 425/430.
En primer lugar cuestionaron la fecha de inicio del cómputo de la prescripción, pues las conclusiones del fallo se basaron en los dichos de un testigo (ex encargado del edificio) que admitió no haber ingresado nunca al departamento de los actores, razón por la cual no podía conocer el estado en que se encontraba a la época de toma de posesión del inmueble ni posteriormente.
Destacaron que de acuerdo al dictamen pericial de ingeniería civil, los indicios de humedad pudieron comenzar a manifestarse en el año 2008, extremo que coincide con lo expresado en el escrito inicial pero fue ignorado por la jueza a quo . Por otra parte, la demandada no logró acreditar que los reclamantes tuvieran conocimiento real y efectivo de los daños con anterioridad a esa fecha.
Alegaron que recién pudieron establecer el origen de las filtraciones al producirse las diligencias preliminares, por lo que resultaba injustificado exigirle a una persona sin conocimientos sobre el tema que supiera si aquellas provenían o no de los espacios comunes.
En segundo término, impugnaron la normativa aplicable al caso; señalaron que tratándose de infracciones al Reglamento de Copropiedad por parte de la administración del consorcio, el caso debió encuadrarse en la esfera contractual, de modo que la acción resarcitoria se regiría por el plazo de prescripción decenal.
III. CONSIDERACIÓN DE LOS AGRAVIOS.
Adelanto desde ya mi opinión en el sentido que el recurso merece prosperar, por los argumentos que seguidamente expondré.
1. La defensa de prescripción.
Analizados los términos en que ha quedado trabada la litis, es claro que la cuestión ha sido erróneamente encuadrada por la jueza a quo en el ámbito de la responsabilidad extracontractual o aquiliana y -consecuentemente- subsumida en la normativa prevista por el art. 4037 del derogado Código Civil cfr. ley 340 y sus modificatorias.
En efecto, no se trata aquí de la acción intentada por el propietario de un inmueble injustamente afectado por el hecho ilícito de un tercero, sino de la demanda resarcitoria incoada por uno de los integrantes del consorcio de copropietarios contra el propio ente consorcial (con quien se encuentra vinculado por una relación contractual -el reglamento de copropiedad-), lo que torna aplicable al caso la prescripción decenal contemplada por el art. 4023 del derogado Código Civil.
Como hemos señalado en anteriores precedentes de esta Sala, expresa la doctrina que “El incumplimiento del régimen de propiedad horizontal también da lugar a la responsabilidad contractual. El plazo de diez años se aplica a las acciones que se planteen entre el consorcio y los consorcistas (no sólo por violación de cualquiera de sus cláusulas, sino también las acciones de daños por filtraciones, humedades, ruidos molestos), o entre el administrador y el consorcio…” (Cfr. López Herrera, Edgardo, “Tratado de la prescripción liberatoria” , Ed. LexisNexis, Bs.As. 2007, T. 1 pág. 537, citado en el expte. N° 144.259 “ Consorcio de propietarios edificio Mopin 90 C/ Faye, Alicia y otros s/ Propiedad horizontal-Cuestiones entre copropietarios ” S. 30-11-2009 Reg. 961-S).
En idéntico sentido se pronunció la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, en autos “Couso de Espinal, Corina O. c/ Consorcio de Propietarios Peña 3183 esquina Coronel Díaz” con voto de la Dra. Highton de Nolasco: “…Dada la naturaleza contractual del reglamento de copropiedad y administración, la prescripción decenal del art. 4023 del Cód. Civil se aplica a la acción por violación de cualquiera de las cláusulas del mismo. No existiendo disposición legal específica que establezca un plazo distinto del previsto por el art. 4023 del Cód. Civil, el término de la prescripción de la acción correspondiente al derecho a exigir el cese de las transgresiones al art. 6º y cláusulas reglamentarias concordantes debe ser el decenal allí prescripto…” (S. 23-12-1996, LA LEY 1997-C, 233).
Este criterio fue ratificado por el mismo Tribunal en autos “Debernardi, María Inés y otro c/ Consorcio de Prop. Riobamba 178” : “…Cabe poner de resalto que atento a la índole de la relación jurídica existente entre el consorcio y los titulares de dominio de las distintas unidades del inmueble, ésta se vertebra en el reglamento de copropiedad y administración, revistiendo, por lo tanto, naturaleza contractual, y corresponde aplicar el plazo de prescripción contenido en el art. 4023 del Código Civil que es de diez años (conf. Highton, Elena I., "La prescripción liberatoria y los derechos reales", en Revista de Derecho Privado y Comunitario (Dir. Alegría - Mosset Iturraspe), Tomo 22, Buenos Aires, ed. Rubinzal-Culzoni, 2000, págs. 71/72). En este sentido, tanto las acciones destinadas a obtener el cumplimiento específico de las obligaciones derivadas de un contrato como al resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la inejecución de ellas se encuentra sujeta a ese plazo decenal de prescripción (Llambías - Méndez Costa, Código Civil Anotado, Tomo V-C, pág. 866 y sgtes.) ” (S. 17-09-2008; La Ley Online AR/JUR/10541/2008).
En ese mismo orden de ideas, cabe citar que “La responsabilidad civil que rige las relaciones entre el Consorcio y el consorcista o entre los mismos copropietarios debe ubicarse en el marco de la responsabilidad contractual. El contrato es el Reglamento de Copropiedad a cuyas cláusulas habrá de acudirse para la solución de la litis. Supletoriamente, claro está, rige la ley 13.512… Consecuencia del marco contractual es que la prescripción es decenal” (cfr. Díaz, Silvina Adriana, “La responsabilidad civil en temas de propiedad horizontal”, DJ 2007-I, 671, LL online AR/DOC/676/2007).
Sentado ello y aunque no se ha demostrado –con suficiente grado de certeza- a partir de que momento los actores tuvieron conocimiento efectivo de los daños ocasionados por las filtraciones de agua que afectaron su departamento (si ello ocurrió al tomar posesión del inmueble en diciembre de 2004 según la versión de la demandada, o a fines del año 2008 como se alegó en el escrito inicial), lo cierto es que en ninguna de ambas hipótesis cabe tener por operada la prescripción liberatoria invocada por el consorcio (cfr. arts. 3947, 3949 y ccdts. del C.C. cfr. ley 340 y sus modif.).
En efecto, aún admitiendo que el deterioro de la unidad ya fuera evidente en diciembre de 2004 –extremo harto dudoso, en la medida que ninguno de los testigos aportados por la demandada declaró haber ingresado al departamento en esa época o la inmediata posterior (v. audiencia de vista de causa fs. 267)- es evidente que ni a la fecha del primer reclamo efectuado a la administración mediante carta documento el 2 de diciembre de 2010 (v. fs. 11 del expte. dilig. prelim.), ni al incoarse el trámite sobre diligencias preliminares y prueba anticipada el 9 de setiembre de 2011, había transcurrido el plazo de diez años contemplado por el art. 4023 del Código Civil cfr. ley 17.711 (cfr. art. 3986 C.C.cit.). Por tanto, la defensa de prescripción interpuesta a fs. 158/172 debe ser rechazada, con costas (art. 69 del C.P.C.).
2. La responsabilidad del consorcio por los daños reclamados.
Expresa la doctrina que todo copropietario en forma individual se encuentra legitimado para efectuar reclamos al consorcio por violaciones al Reglamento de Copropiedad, constituyendo uno de los supuestos más habituales la pretensión resarcitoria por daños ocasionados en la unidad funcional a raíz de la falta de mantenimiento y/o arreglo de las cosas comunes. Conforme este encuadre, el demandante debe acreditar el perjuicio sufrido, el incumplimiento del ente consorcial y la relación causal entre ese perjuicio y la obligación que incumbía al consorcio (cfr. Díaz, Silvina Adriana, op. cit.; arts.2, 8 y ss. ley 13.512; arts. 505, 512, 1137, 1198 y ccdts. C. Civil cfr. ley 340 y sus modif.).
Según surge del escrito promocional, los actores en su carácter de titulares de la unidad funcional N° 133 sita en el primer piso letra “C” del edificio Noelia I, fundaron su demanda en la existencia de filtraciones de agua originadas en las cañerías comunes del inmueble, que habrían ocasionado deterioros en cielorrasos, paredes, zócalos, instalación eléctrica, mobiliario y diversos elementos del living comedor, cocina y baño de su departamento (v. fs. 55/66 y 89/92). El consorcio negó genéricamente los daños denunciados y su responsabilidad en el caso, aunque admitió que a la época en que los accionantes adquirieron el bien “todo el edificio presentaba el estado propio de una falencia, con faltantes de terminaciones…” y que exhibía un “estado de precariedad” general (v. fs. 158/172).
El análisis del material probatorio aportado corrobora tanto la existencia y gravedad de los daños que sufrió la unidad como su origen (arts. 375 y 384 del C.P.C.). En particular, la pericia de ingeniería producida en el expediente sobre diligencias preliminares dio cuenta de “un fenómeno importante de filtración de agua… que impacta en la cocina, baño y parte del ambiente del departamento “C” del primer piso que pertenece al actor” que a criterio del experto provenía de cuatro sectores bien delimitados: fallas en los empalmes de las cañerías troncales de bajada de agua desde el tanque de reserva con las cañerías privativas; recintos donde se alojan las cañerías de bajada que alimentan baños y cocinas; filtraciones de agua de lluvia por fisuras en la loza de la terraza superior que afectaban a las unidades de los pisos más altos y fisuras en el frente y contrafrente del edificio a la altura de las cocinas (v. fs. 151/154 punto IV apartados a) y b) del expte. cit.).
En su dictamen, luego de enumerar las distintas falencias y patologías que exhibían los trece pisos del edificio, el Ing. Zamponi describió particularizadamente los daños constatados en la unidad de los actores, consistentes en rotura y caída de cielorrasos de cocina y baño, severas pérdidas de agua por las cajas de electricidad y deterioro general de pintura y revestimientos (v. punto IV apartado c) de la pericia cit. y fotografías de fs. 146/150). Por su parte, en el informe presentado a posteriori en estas actuaciones (v. fs. 260/262), el perito señaló que si bien se observaba una significativa reducción del tenor de humedad, subsistían los daños registrados en las diversas partes constructivas detallados en su anterior dictamen, agregando que aunque el consorcio había realizado reparaciones a partir del año 2013, persistían fugas de agua en las cañerías maestras y probablemente en los empalmes dentro de cada unidad de dominio exclusivo, lo que impedía el normal funcionamiento de las instalaciones sanitarias y el cese de las patologías descriptas (arts. 457 y 474 del C.P.C.).
Las conclusiones de la pericia (que no fueron objeto de impugnación u observación alguna) resultaron ratificadas por los testigos aportados por el consorcio Sres. Muratore, Tasillo y Barilari, quienes describieron extensamente las enormes falencias que presentaba la instalación troncal de agua del edificio desde su construcción así como los diversos trabajos efectuados con la intención de paliar los daños ocasionados a las distintas unidades funcionales. Se suman en idéntico sentido las constancias de las actas de Asambleas glosadas a fs. 311/328, en las que se trató expresamente la problemática de las filtraciones de agua y humedades que afectaban a los departamentos así como las obras requeridas para su solución.
Como ya anticipé, el material probatorio reunido acredita fehacientemente tanto los daños motivo de autos como su origen, consistente en filtraciones de humedad por deficiencias de las cañerías troncales de suministro de agua del edificio y fisuras en el frente y azotea, cuyo mantenimiento, conservación y reparación se encuentran a cargo del consorcio demandado atento su carácter de bienes comunes, según lo dispuesto en el art. 8° del Reglamento de Copropiedad y Administración glosado a fs. 102/157 (arts. 2, 8 y ccdts. ley 13.512).
Es conteste la jurisprudencia en el sentido que “En materia de daños derivados de las cosas inanimadas, cuando se trata de un edificio dividido en propiedad horizontal debe distinguirse entre las cosas comunes, de las cuales es guardián el consorcio y las cosas privativas, de las cuales es guardián el dueño de la respectiva unidad, para concluir que en materia de humedades y filtraciones originadas en superficies y lugares comunes del edificio, la responsabilidad incumbe al consorcio” (CCSM, Sala 1, expte. 55593 “Martinez, Gerardo c/ Pallares, Alejandro y ot. s/ Daños y perjuicios”, RSD-32-8 S. 26-2-2008; en el mismo sentido CNCivil sala H, “Echagüe, María Guillermina y otros c/ Consorcio de Propietarios Marcelo T. de Alvear 2420 y otro” S. 13-3-2007; CNCivil sala F, “Bozzano, Nelly Elsa Agustina y otro c/ Consorcio de Propietarios de Estados Unidos 3502” S. 25-9-2008; CNCiv. sala E, “Del Castillo, Rubén Cardenio c/ Consorcio de Prop. Avda. Corrientes 4290/4300” S. 5-3-2008; esta Sala, expte. 149.185 S. 8-3-2012 Reg. 48-S, entre otros).
Por consiguiente, demostrados los daños denunciados, el incumplimiento de las obligaciones a cargo del consorcio en torno al mantenimiento y conservación de los bienes comunes así como la relación causal entre ambos, se reúnen en el caso los recaudos de procedencia de la acción resarcitoria incoada (arts. 505 inc. 3, 512, 901, 902 y ss., 1198 y ccdts. del C. Civil cfr. ley 340 y sus modif.). En consecuencia, corresponde REVOCAR la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda promovida por ELVA EMPERATRIZ MIRANDA YABAR y RICARDO HORACIO LABERNE contra el CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO NOELIA I sito en calle Buenos Aires N° 2270 de esta ciudad, con el alcance que expondré en el apartado siguiente.
3. Los daños reclamados.
A tenor de la solución propuesta se habrá de determinar el monto del resarcimiento, a cuyo fin me ocuparé de los distintos rubros peticionados por los actores:
3.1. Daño patrimonial: bajo este concepto se reclaman las erogaciones por reparaciones ya efectuadas y a realizar para poner en buenas condiciones la unidad, estimadas en la suma total de $ 157.030,25 (v. fs. 89 vta.).
En lo que hace a los gastos anteriores a la promoción de la demanda, cabe observar que las facturas adjuntadas a fs. 11/27 fueron desconocidas, no habiéndose producido prueba destinada a acreditar su autenticidad. Por lo demás, tales documentos datan de los años 2005 y 2006, es decir, son previos a la época en que se registraron las filtraciones según lo manifestado en el escrito promocional (fs. 55/66). Por tanto, dichas erogaciones no tuvieron relación causal con los hechos que motivan este juicio, ni corresponde ordenar reintegro alguno a su respecto (arts. 901 y ss. del C.Civil cfr. ley 340 y sus modif.; art. 375 y ss. del C.P.C.).
En cuanto a los gastos necesarios para reparar los daños ocasionados por las filtraciones de agua que dieron origen al presente litigio, las tareas a realizar en el inmueble fueron minuciosamente descriptas por el perito Ingeniero Rodolfo Zamponi en su informe de fs. 260/262. El experto estimó el costo total de dichos trabajos en la suma de $ 117.975 con más la de $ 11.200 en concepto de reposición de electrodomésticos, todo ello a valores de marzo de 2017.
El dictamen pericial no fue objetado por ninguna de las partes; en consecuencia, el rubro merece progresar por la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 129.175) (arts. 457, 462, 474 y ccdts. del C.P.C.).
3.2. Pérdida de valor venal/ pérdida de valor locativo: pretendían los accionantes el resarcimiento de la “disminución del precio que podría obtenerse ante una venta” estimado en la suma de $ 100.000, por un lado, así como la diferencia de canon locativo en caso de que el inmueble no hubiera sufrido los deterioros motivo de autos, cuya determinación difirieron para la etapa probatoria. El único elemento aportado en ese sentido es el informe de la inmobiliaria Gonnet glosado a fs. 338.
El reclamo no puede prosperar, por varias razones.
En lo que hace a la presunta pérdida de valor venal, los actores no produjeron elemento alguno que demuestre que una vez efectuadas las reparaciones correspondientes, el departamento no podrá ofrecerse a la venta a los valores vigentes en la plaza inmobiliaria para unidades similares. Por ende, el rubro carece de asidero (art. 375 y ccdts. C.P.C.).
Idéntica conclusión se impone respecto de la alegada “pérdida de valor locativo”: el informe de fs. 338 se limita a indicar los valores locativos vigentes para el período 2008/2
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.