Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 166954
/REGISTRADA BAJO EL N º 96-S Fo. 498/505
Expte. N º 166954 Juzgado Civil y Comercial N°13
En la ciudad de Mar del Plata, a los 30 días del mes de abril de 2019 reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “ CHAVEZ, HÉCTOR C/ FINAMORE JOSÉ LUIS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1 ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 29 de octubre de 2018 y que obra glosada a fs. 277/285?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia dictada el 29 de octubre de 2018 y que obra glosada a fs. 277/285 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (presentación electrónica del 5/11/2018) y por la citada en garantía (presentación electrónica del 7/11/2018).
En lo que aquí interesa destacar, el Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda incoada por Héctor Chávez contra José Luis Finamore, condenándolo -en forma conjunta con la citada “La nueva Sociedad Cooperativa de Seguros Limitada”- a pagarle al actor la suma de $35.370, más intereses y costas (sic, parte dispositiva del fallo).
Para así decidirlo, afirmó que fue acreditado que el 8 de enero de 2011 a las 18:30 aproximadamente la motocicleta dominio 094-DNB propiedad del actor fue embestida por el taxi dominio GYB-386 de titularidad de José Luis Finamore. Agregó que el demandado y la citada en garantía se han limitado a negar los hechos pero no brindaron ningún tipo de relativo alternativo sobre lo sucedido. Tampoco se demostraron eximentes de responsabilidad.
Aclaró que ninguna objeción hubo por parte de los litigantes sobre el momento en que fuera citado el Sr. Finamore, quien finalmente contestó la demanda. Sobre esa base, consideró que la falta de legitimación pasiva invocada por la compañía aseguradora quedó desplazada y la citada debía responder. Adunó a ello que la falta de denuncia del siniestro es una defensa posterior al accidente y por lo tanto no puede eximirla de responsabilidad.
En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes: 1) $1.800.- en concepto de gastos de farmacia y traslado; 2) $3.570.- de gastos de reparación; 3) $60.000 de daño moral.
II. Los recursos.
II.1. La actora expresó sus agravios mediante presentación electrónica depositada en el servidor del poder judicial en fecha 28 de febrero de 2019. Sus puntos de disconformidad pueden sintetizarse de la siguiente manera:
(a) Que el juez ha rechazado injustamente el rubro incapacidad sobreviniente. Detalla el contenido de la pericia médica confeccionada por el Dr. Malgrejo en la que se corrobora una incapacidad parcial y permanente del 12%. Entiende que la incapacidad es resarcible a título de daño patrimonial aun cuando no acarree una directa “merma de ingresos”. Cita jurisprudencia en apoyo a su posición.
(b) Que para cuantificar el daño moral debió tenerse en cuenta las características traumáticas de las lesiones sufridas, la naturaleza de la experiencia vivida en el accidente y las consecuencias constatadas por la perito psicóloga. Solicita “ que se dé nuevamente por acreditado el presente rubro pero con los elementos suficientes que se colectan a lo largo de autos, prescindiendo de la incapacidad física que debe ser valorada en forma autónoma”. Pide que “ subsanado el agravio arg üido, se revea el monto asignado al presente rubro ”.
II.2. La citada en garantía expresó sus agravios mediante presentación electrónica depositada en el servidor del poder judicial en fecha 8 de marzo de 2019. Plantea un único agravio: entiende que la suma reconocida por daño moral es elevada. Destaca el resultado de la pericia psicológica (en la que no hay trastornos de conducta ni un cuadro clínico grave) y alega que la actora no padece ningún padecimiento que podría justificar la fijación de un daño moral por $60.000.- Pide su rechazo o su reducción a sus justos límites.
Analizaré en primer lugar el recurso de la actora en cuanto versa sobre el rechazo del rubro de incapacidad sobreviniente. Luego, abordaré los agravios que ambas partes postulan sobre el daño moral.
III.1. Incapacidad sobreviniente.
a. El juez rechazó esta parcela del reclamo del actor por entender que no acreditó la realización de tareas laborales ni la afectación económica concreta derivada de su incapacidad psicofísica (v. fs. 282 punto «V.3»).
El actor tiene razón en las críticas que formula en su recurso.
En la causa “ Del Hoyo, Andrés ...” (causa n°166.500, sentencia del 27/11/2018) este Tribunal tuvo oportunidad de analizar un caso como el de autos en el que se dirime un reclamo por daños a la integridad física que es desestimado (o su recepción es objetada) sobre la base de la falta de demostración de la actividad laboral que realizaba la víctima o la falta de acreditación del impacto desfavorable que la merma en la capacidad del agente tuvo en sus ingresos o en su vida cotidiana. Este último es el argumento utilizado por el juez para rechazar el rubro y que el apelante cuestiona en su memorial.
Afirmé en aquella oportunidad que la indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por fin reparar el desmedro producido con carácter permanente en las aptitudes psíquicas o físicas del individuo y que incide sobre su aptitud productiva en general, abarcando no sólo los aspectos laborales sino también aquéllos que se vinculan con su capacidad vital y potencialidad genérica, que son también mensurables -aun estimativamente- en términos económicos (Sala Segunda, c. n°161929 -" Alegre ..."-, del 29/11/2016).
Es menester analizar en cada caso concreto si el valor potencial de la actividad futura debe resarcirse como daño cierto (lucro cesante) o únicamente como frustración de una chance. En aquellos supuestos en los que la víctima no demostró (o siquiera alegó) tener una actividad remunerada que pueda verse afectada por la merma en su integridad psicofísica, la solución —entiendo— debe orientarse por la segunda opción. Esto es, admitir el resarcimiento no como un lucro cesante concreto sino sobre la base de la mutilación de la oportunidad o probabilidad de obtención o aumento de ganancias, lo cual implica la prudencial cobertura de una proporción limitada de los montos pertinentes (Zavala de González, M. “Resarcimiento de daños. Daños a las personas”, ed. Hammurabi, Bs. As. 2005, Tomo 2-a, pág. 320 y sig.; voto del Dr. Loustaunau en causa n° 165.269 -"Henestrosa, Etelvina c. Amendolara, Alejandro F. y otro s/ Daños y Perjuicios"- del 14/06/2018).
En aquel precedente recordé el caso “ García, Jorgelina ” (Sala II, causa n° 143.268 del 11/08/2009) donde se evaluó la procedencia de la indemnización por incapacidad sobreviniente de una adolescente que había perdido un ojo realizando una práctica deportiva y que al momento del hecho no realizaba ninguna actividad remunerada.
Se dijo allí —con cita de jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil— que “la incapacidad sobreviniente ha de ser valorada conforme la pérdida de las aptitudes del sujeto para procurarse ingresos, que en el caso es efectiva y permanente, a pesar de no contar con elementos relativos a una concreta pérdida de ganancias en tanto el concepto de incapacidad sobreviniente comprende toda disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad productiva del individuo, como aquella que se traduce en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba aquel con la debida amplitud y libertad” (CNCivil Sala I 1998/08/05 en RCy S 1999 (26) nº 22; Sala A LL 1977-B- 629, v. fallo cit., voto del. Dr. Loustaunau al cual adherí).
En esa misma oportunidad se dijo que “en caso de incapacidad sobreviniente, los ingresos económicos de la víctima constituyen un dato para evaluar la repercusión del daño en su proyección futura, por la disminución de la aptitud del sujeto para generarlos; pero que no un requisito esencial para la apreciación y cuantificación del resarcimiento; a punto tal que la víctima puede carecer de empleo remunerado o permanecer en el que tenía, sin disminución de su salario, y no por ello debe negarse su reparación” (Cciv. y Com. San Martín, Sala 2, 23/9/99, “Jaime, Oscar y otros c/ Transporte Atlántida S.A.C.”).
El punto a destacar es que en ese mismo precedente la indemnización por incapacidad sobreviniente le fue reconocida a la víctima no en carácter de lucro cesante, sino como una pérdida de chance (v. causa cit., voto del Dr. Loustaunau).
b. Ahora bien, no obstante lo dicho con relación a la procedencia del reclamo en casos en los que ningún ingreso o tarea laboral se demuestra , entiendo que en el caso de autos —contrariamente a lo afirmado por el colega de primera instancia— existen elementos de convicción que permiten juzgar procedente el rubro en estudio.
En efecto, ha quedado acreditado que, como consecuencia del accidente de tránsito, el actor cayó al asfalto y sufrió traumatismos varios; fue trasladado en ambulancia al HIGA donde se corroboró un traumatismo de hombro izquierdo y herida de rodilla derecha. Puntualmente, se constató una « fractura subcapital de cabeza humeral levemente desplazada » y se efectuó un vendaje velpeau con control externo (v. pericia médica, fs. 258 apartado “antecedentes”). Con relación a las secuelas, el experto explicó que el actor presenta una limitación en la movilidad e hipotrofia del deltoides hombro lado no dominante y estimó una incapacidad parcial y permanente del 12% (fs. 258/vta).
El Sr. Chávez explicó en su demanda que los daños sufridos le impidieron realizar plenamente su actividad laboral, siendo el principal sostén económico de su familia (fs. 27/vta). Los testigos del beneficio de litigar sin gastos corroboraron ese relato: explicaron que realiza venta ambulante y que es el sostén de su familia (v. fs. 246, 247 y 248; testigos Ordás, Tomás y Alé).
Este material probatorio, si bien escaso, es suficiente para considerar acreditada la actividad remunerada que la actora realizaba al momento del accidente (arg. art. 384 del CPCCBA).
Esta Sala tiene dicho que no es dable exigirle a aquel que trabaja en la más completa informalidad los instrumentos que den certeza plena e inequívoca de los beneficios de los cuales fue privado a raíz del hecho dañoso (premisa que ha de regir tanto en lo que respecta al lucro cesante como a la incapacidad psicofísica permanente, sea total o parcial). La interpretación excesivamente formal de las normas que rigen la carga probatoria no puede derivar en la inobservancia de las circunstancias personales de quien sufre el daño y debe probarlo. Ello es así en tanto " [l]a condición económica desfavorable de una persona no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el reclamo del reconocimiento de sus derechos en cualquier instancia jurisdiccional” (arts. 1.1 y 8.1 CADH, 14 y 26 PIDCyP, 16, 16 y 33 CN, 15 CPBA; voto del Dr. Loustaunau -al que adherí- en causa n° 136.476 "Lattanzi Vicente C/ Henrik Daniel S/ Daños Y Perjuicios " del 13/11/2008).
A los fines de cuantificar el rubro es menester seguir el criterio reconocido por la doctrina y jurisprudencia mayoritaria conforme el cual el daño debe ser estimado a la fecha de la sentencia, en tanto resulta ser el momento más cercano al que se hará efectiva la reparación (esta Sala, causa 161257 -in re " Pellizi ..."- del 06/10/2016, causas 131.976, 131.833 y 130.138 -autos “ Caparrós ...”- del 16/03/2016; Trigo Represas, F.A. - Cazeaux, Pedro N., "Derecho de las obligaciones. 3ra ed." La Plata, 1996, t. V, pág. 964 y sus cit., Alterini, Atilio A “Las deudas de valor no se encuentran alcanzadas por la ley 23.928 de convertibilidad del austral” en LL 1991-B, 1048; Cám.Civ.Com. de Azul, Sala Primera, autos "Iglesias, Graciela M., Telleria, V.A. y Telleria, B. D. c/ Marquez, Alfredo A. s/ Daños y perjuicios", causa 1-57741-13, del 07/11/2013).
La propia Suprema Corte bonaerense ha resuelto que los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente -art. 165, C.P.C.C.-, todo a fin de lograr una mejor reparación del daño causado (SCBA, en causas 44.415, 101.107, 117.926 en igual sentido este Tribunal, Sala II causas nº 131.976, 131.833, 130.138, 159.764, entre otros).
Esta modalidad parte de la premisa de que los reclamos resarcitorios versan sobre deudas de valor, por lo que aquella estimación jurisprudencial realizada en un momento posterior al hecho dañoso no implica actualizar o repotenciar obligaciones pecuniarias sino determinar el contenido monetario de una cierta utilidad o valor que es objeto de controversia.
En el fallo “ Ruiz Díaz, J. c/ Kreymeyer, I. y ot. s/ Daños y perjuicios ” (c. 169.161 del 18/8/2016) este Tribunal destacó la utilidad que las fórmulas polinómicas tienen a la hora de cuantificar el daño económico derivado de incapacidades sobrevinientes.
En su voto, el Dr. Loustaunau afirmó que “ello no significa -como se ha dicho- que se reduzca la labor jurisdiccional a un cálculo aritmético o se conciba a la vida humana desde una visión estrictamente economicista. Por el contrario, lo que se pretende es reducir la discrecionalidad judicial -basada en estimaciones fundadas en no más que la enumeración de ciertas circunstancias particulares de la víctima- a través de la exteriorización del esquema de razonamiento subyacente a la hora de cuantificar la indemnización (la fórmula propiamente dicha) y de las premisas fácticas que han sido tenidas en cuenta para desarrollar esa labor (las variables utilizadas)” (fallo cit., cons. IV.3.b).
Entre las múltiples opciones disponibles desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal ha optado por utilizar la fórmula desarrollada por el profesor bahiense Dr. Hugo A. Acciarri, quien ha propuesto un sistema de cuantificación sumamente completo: por un lado -y como lo hacen otras fórmulas- determina la ganancia futura frustrada por la incapacidad que se traduce en un valor presente al momento de la decisión (en otras palabras, se determina el valor presente de una renta no perpetua ) pero además recepta la probabilidad razonable de que los ingresos de la víctima no sean constantes (defecto que -por diferentes razones- le es imputable a la fórmula “Vuoto” y sus derivadas, tal como fuera puesto de relieve in re “Arostegui”, -CSJN, Fallos: 331:570-). Esto significa que es un sistema de cálculo que aprehende la variabilidad -ascendente o descendente- de las ganancias de la víctima a lo largo de su vida, lo que repercute necesariamente en su aptitud productiva (esta Sala, causas n° 169.161 -“ Ruiz Díaz.. .”- del 18/08/2016, n°162.661 -“ Barcos ...”- del 10/11/2017, n° 137.518 -" Santecchia ..."- del 14/02/2018, n° 165.459 -" Castillo ..."- del 19/06/2018, , n°166572 -" Alonso Pehuén ..."- del 24/10/2018).
La fórmula propuesta por el autor es la que sigue:
Donde, [“A1...An”] corresponde al ingreso implicado para el período anual 1...n =ingreso por porcentaje de incapacidad; [i], corresponde con la tasa de descuento para cada período anual computado, [e1...en], corresponde a la edad al momento en que debería percibirse cada suma correspondiente al ingreso anual A1...An y ["P"] refiere a la probabilidad de que en el período A (de A2 hasta An) se perciba un ingreso incrementado -positiva o negativamente- respecto del ingreso del período precedente (An-1).
Para cuantificar el valor presente de los ingresos futuros frustrados del Sr. Chávez utilizaré las siguientes variables: (a) la edad de la víctima a la fecha de la presente decisión (abril de 2019) y que es de 45 años; la incapacidad sobreviniente por períodos ya pasados se analizará más abajo; (b) teniendo en cuenta que no hay constancias fehacientes de sus ingresos mensuales calcularé una suma anual con base en el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, que asciende -desde el 01/03/2019- a $12.500 (art. 1 inc. “b” de la Res. 01/2019 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil (sobre el uso de esta variable en ausencia de información específica, véase de esta Sala, causas n° 136.476 "Lattanzi... ”, del 13/11/2008, n° 169.161 -“ Ruiz Díaz.. .”- del 18/08/2016, n°166572 -" Alonso Pehuén ..."- del 24/10/2018, entre muchos otros) (c) sin perjuicio de las ya mencionadas aptitudes que la fórmula contempla, no se produjo ningún elemento probatorio que permita inferir siquiera una mínima probabilidad de incremento futuro del nivel de ingresos de la víctima; por ello no estimaré ninguna forma de variación en este punto; (d) una tasa de descuento pura del 4%, y (e) períodos de percepción: 28 años (hasta los 73 años de edad que marca el límite de la esperanza de vida de un varón bonaerense según estadísticas oficiales -véase, sitio web del INDEC, sección de indicadores demográficos por provincia, período 2015-2040) y (f) un porcentaje de incapacidad parcial y permanente del 12% (v. fs. 258/vta).
He volcado todas estas variables al aplicativo Excel confeccionado por el Dr. Hugo Acciarri -el original disponible en www.derechouns.com.ar/?p=7840 -último día de visita, 11/04/2019- y en el que se pueden controlar tanto los datos como el resultado y analizar la representación gráfica de ellos y de la evolución prevista para el ingreso de la víctima. Allí para cada año de edad del actor la columna de la derecha representa el ingreso anual proyectado y la columna de la izquierda el valor esperado del ingreso (v. voto el Dr. Loustaunau in re “ Ruiz Díaz”, cit.; la planilla correspondiente al caso en estudio se adjunta en archivo de tipo PDF al registro electrónico de esta sentencia).
Consecuencia de ello, obtengo un capital total que representa las rentas futuras frustradas del Sr. Chávez de $299.935,14.-.
b. En tanto la fórmula utilizada permite cuantificar ganancias futuras frustradas es menester realizar un cálculo separado para cuantificar los ingresos pasados ya caídos desde la fecha en que finalizó la curación (y que pudo reintegrarse a las tareas laborales) y hasta la actualidad.
Esta Sala tiene dicho que «[l]a indemnización por incapacidad sobreviniente correspondiente al momento de la finalización de las terapias curativas y hasta la fecha de la presente sentencia deben estimarse por separado puesto que no hay allí un ingreso futuro frustrado sobre el cual corresponda aplicar la mentada fórmula sino un ingreso pasado ya perdido, por lo que cabe analizarlo como una deuda ordinaria en mora (causa n° 169.161 -“ Ruiz Díaz.. .”- del 18/08/2016).
El perito médico relató a fs. 259 (punto de pericia n°8) que el actor permaneció 30 días inmovilizado como consecuencia de las lesiones sufridas.
Teniendo en cuenta el ya referido valor actual del SMVyM fijado por Resolución 01/2019 CNEPYSMVYM ($12.500.-), la fecha estimativa en que se terminaron las curaciones de la reclamante (30 días luego de producido el accidente; esto es, el 08/02/2011), y el momento en que se realiza el cálculo (abril de 2019), la incapacidad sobreviniente por períodos pasados debe cuantificarse en ese lapso de tiempo (8 años y 1 mes: desde febrero de 2011 a marzo de 2019 inclusive, dando un total de 97 meses), multiplicando aquél valor de referencia por la incapacidad previamente establecida (12%), arrojando un total de $145.500.- [(12500x97)x12%].
El total de la indemnización por incapacidad parcial y permanente, en sus distintas etapas ($299.935,14.- + $145.500.-), asciende a $445.435,14.- monto por el cual propo
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