Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167596
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora el día 13-11-2018 y confirmar la sentencia dictada el 19-10-2018 a fs. 257/258 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
II. Imponer las costas de Alzada en el orden causado habida cuenta la falta de controversia (art. 68 a contr. del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
REGISTRO N ° 137-S FOLIO N° 702/6
EXPEDIENTE N° 167596 JUZGADO N ° 10
En la ciudad de Mar del Plata, a los11 días del mes de junio de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS (EMSUR) C/ STREMIZ, ANA H. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. " , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Ramiro Rosales Cuello, por aceptarse en este acto las excusaciones formuladas el día 10-5-2019 por los Dres. Roberto J. Loustaunau y Alfredo E. Méndez, a fs. 266 y 267 respectivamente, por las causales allí indicadas (arts. 17 inc. 9°, 30, 32 y cctes. del C.P.C.)
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia dictada el 19-10-2018 a fs. 257/258 ?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI DIJO :
I. En el fallo cuestionado, la Jueza declaró operada la caducidad de instancia.
Para así decidir, señaló como última actividad impulsora del proceso la realizada el día 10-5-2018, por lo que una vez más había transcurrido el plazo de tres meses sin actividad procesal útil.
II. El día 13-11-2018 apeló la parte actora.
En el memorial presentado en la misma pieza electrónica recursiva, alegó en primer término que lo actuado a partir del proveído del día 9-3-2018 es nulo, toda vez que no fue notificado a todos los interesados la desparalización del expediente.
A continuación, sostuvo que la caducidad de instancia no es procedente porque no corresponde computar el tiempo que el expediente estuvo paralizado. En su tesis, explicó que primero debió notificarse la desparalización de la causa, para luego recién verificar el plazo de tres meses sin actividad impulsora.
Seguidamente, señaló que el escrito presentado el día 12-4-2018 constituyó un acto impulsorio del proceso (fs. 245/250: sustitución de parte actora y justificación de la personería del letrado que la representa)
Recordó que los días 20-4-2018 y 23-4-2018 manifestó su intención de proseguir el trámite al solicitar la apertura a prueba del juicio (fs. 252 y 254).
En otro punto, afirmó que existen dos circunstancias que obstaculizan la procedencia de la declaración de caducidad de instancia:
Una, es que el juez a fs. 255 supeditó la apertura a prueba de la causa al cumplimiento de la notificación del auto que proveyó la presentación de la nueva letrada y sustitución de la parte actora del día 19-4-2018 (fs. 251).
Y la otra, es la falta de citación al tercero Policía de la Provincia de Buenos Aires cuya carga pesaba sobre la parte demandada, quien ya había sido intimada a ello bajo apercibimiento de desistimiento.
Bajo esta hipótesis, sostuvo que el juez pudo dar por desistida a la parte demandada de la referida citación y que ello hubiera posibilitado la apertura a prueba de la causa, lo que hubiera derivado en la improcedencia de la caducidad de instancia.
Finalmente, recordó que en virtud de las graves consecuencias que derivan de la aplicación del instituto en estudio, debe prevalecer una interpretación restrictiva de las condiciones de procedencia, favorecedora del mantenimiento de la vitalidad del proceso.
Por todo ello, pidió que se revoque la decisión apelada y que se mande a continuar los autos según su estado.
III. El memorial no fue contestado (art. 261 del C.P.C.).
IV. ANTECEDENTES:
1. La acción por daños y perjuicios fue promovida el 19-8-2011 (v. escrito liminar de fs. 1/146).
2. El día 27-10-2011 se presentó a contestar la demanda la citada en garantía La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada y el 7-3-2012 lo hicieron los Sres. Stremiz y Pagani (fs. 154/169 y 182/189)
3. El 26-2-2014 el juez advirtió que antes de ordenar la apertura a prueba de la causa debía citarse en garantía a Provincia Seguros S.A. y al tercero Policía de la Provincia de Buenos Aires (fs. 215)
4. La mencionada citada en garantía se presentó con fecha 28-10-2014 (fs. 222/233), no así el tercero (tampoco luce agregada la cédula librada a fs. 215 a tal fin).
5. El día 1-3-2018 la parte demandada pidió -en el mismo escrito- el desarchivo de las actuaciones y que se intime a la parte actora a impulsar el proceso bajo apercibimiento de caducidad de instancia (art. 315 del C.P.C.).
6. El auto del día 9-3-2018, que despachó favorablemente ambos pedidos, fue notificado personalmente a la parte actora conforme el retiro de las actuaciones de fecha 20-4-2018 (arts. 116, 127, 134, 135 incs. 5° y 7° 315, 316 y cctes. del C.P.C., folio 105 del libro de préstamos del juzgado, sobre lo que no hay controversia entre las partes).
7. El 23-4-2018 la parte actora pidió la apertura a prueba de la causa. El juez proveyó el 10-5-2018 que antes debía sustanciarse un traslado otrora ordenado (a cargo de la parte actora) y citación de fs. 215 al tercero Policía de la Provincia de Buenos Aires (a cargo de la demandada).
8. El día 29-8-2018 la parte demandada pidió -por segunda vez- que se declare la caducidad de instancia.
9. La sentencia que hizo lugar a este último pedido es la que viene a revisión.
V. TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:
1. Para que proceda la declaración de caducidad de la instancia debe existir: i) una instancia que habrá de perimir; ii) la inactividad procesal en esa instancia y iii) el cumplimiento de los plazos legales de perención con esa actividad procesal. (conf. Loutayf Ranea y Ovejero López, “Caducidad de la instancia”, Astrea, Buenos Aires, 1986, p. 17). A lo que se suma la intimación previa incorporada por la ley 13.986.
2. En el caso, no hay razones para acceder a la pretensión del memorialista.
Del relato de los antecedentes se desprende con claridad que la última actividad procesal útil fue la originada en virtud del escrito presentado el día 23-4-2018 (fs. 254) en que la parte actora solicitó la apertura a prueba de la causa, lo que mereció el proveído del juez de fecha 10-5-2018 (fs. 255).
Por lo tanto, encontrándose verificado que desde esa fecha no se impulsó el proceso, se concluye que la caducidad de instancia, nuevamente pedida por la parte demandada el 29-8-2018 fue correctamente decretada por el juez (aún considerando la feria de invierno/18; arts. 242, 245, 310 inc. 3°, 311, 315, 316, 317 y cctes. del C.P.C.).
3. Sin perjuicio de ello, en virtud de que no descuido que el instituto en cuestión es de interpretación restrictiva, como tampoco que, por el hecho de no caer en exceso ritual manifiesto se derive en una interpretación endeble y laxa de la normativa procesal cuando la parte a quien le corresponde instar el juicio no lo hace, considero pertinente cimentar mi decisión -también- en la sin razón de los argumentos del apelante:
a) No es procedente el pedido de nulidad de todo lo actuado con motivo en la falta de notificación al codemandado Provincia Seguros S.A. del proveído dictado el 9-3-2018 a fs. 244 que dispuso la desparalización de la causa.
En primer lugar porque el planteo no es tempestivo. Debió articularse en oportunidad de contestar al impulso procesal pedido por primer vez bajo apercibimiento de caducidad de instancia y no se hizo (args. principios de preclusión procesal y convalidación, arts. 169 in fine , 170 y cctes. del C.P.C.).
Prueba de ello es que la actora solicitó a fs. 252 y 254 la apertura a prueba de la causa sin advertir, observar y/o aludir a la referida falta de notificación, lo que -bajo su tesis- bien podría haber servido como una circunstancia impeditiva de la caducidad acusada.
En otro punto, observo que no existe perjuicio en el apelante. La subsanación del pretenso vicio denunciado tampoco mejoraría la situación procesal de la parte actora porque independientemente de ello, obra verificado el cumplimiento de las condiciones de procedencia de la caducidad de instancia.
Por su parte, la codemandada Provincia Seguros S.A. no se ve afectada en su derecho de defensa. Eventualmente podría notificarse la desparalización del expediente junto al "por devueltos" de Alzada, sin que este proceder gravite en sus derechos (art. 34 inc. 5° del C.P.C., 15 C.Prov.)
b) Tampoco le asiste razón en cuanto a que no debe computarse el tiempo en el que el expediente estuvo paralizado.
El art. 311 del C.P.C. establece que " Para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el proceso hubiere estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del juez, siempre que la reanudación del trámite no quedare supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar el proceso " Además de la decisión del juez o el acuerdo de partes, el plazo puede quedar suspendido de hecho, deteniéndose el curso y manteniendo, por ende, la instancia. Ello ocurre cuando median contingencias procesales incompatibles con la continuidad del proceso que impiden o inhabilitan a las partes para activar la marcha de éste, tal como ocurre, por ejemplo, cuando se remite el expediente a otra dependencia o, como en el caso sucedió, en virtud de la acumulación de procesos solicitada oportunamente (v. fs. 180, 192 y 194)
Pero ello no fue lo acontecido a fs. 243 y 244: en esta oportunidad, el "archivo" del expediente en el legajo n° 7442 del juzgado fue merced a la inactividad procesal de la parte, por lo que no determinó la suspensión ni la interrupción del plazo de caducidad.
Al respecto, se ha resaltado la necesidad de constatar que la paralización del trámite de la causa no provenga del incumplimiento de un deber específico de impulsión a cargo del tribunal, sino del desinterés -manifiesto e inequívoco- de la parte interesada en la prosecución del proceso, según el resultado de la intimación que a tales fines debe efectuársele (argto. arts. 310, 311, 313 inc. 3°, 315 y cctes., del C.P.C.; S.C.B.A., L 117.566 S del 3-2-2016; L. 111.555 S. del 20-3-2013)
En esa linea de pensamiento, se ha explicado que " La circunstancia de que el expediente estuviera paralizado no obsta el transcurso del plazo de caducidad de la instancia, si ella se produjo ante la falta de actividad procesal por parte del actor, y la sola petición de que se saque el expediente ante la falta de actividad procesal por parte del actor, no resulta acto idóneo para impulsar el procedimiento, si no va acompañado de una petición concreta que tenga ese efecto. " (Cam. Civ. San Martín Sala III, en causa n° 69.078 RSD 29 del 7-4-2015, Cam. Civ. II, La Plata, Sala III, en causa n° B 82.020 RSD 286 del 9-11-1995, este Tribunal, Sala I en causa n° 163.373 RSD 124 del 15-6-2017).
c) En otro punto, observo que la accionante contaba con mecanismos para procurar seguir adelante con el trámite y nos los usó.
Si bien fue La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada quien pidió la citación al tercero Policía de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 160/169, pto. VII) , nada impidió a la actora instarla y/o solicitar que se efectivice su desistimiento, conforme el apercibimiento contendido en la intimación cursada a fs. 217.
d) Cabe destacar que antes de solicitarse la intimación del art. 315 del C.P.C., el expediente permaneció inactivo por años: la demanda fue iniciada hace casi ocho años y desde el 26-2-2014 el juez advirtió que antes de ordenar su apertura a prueba debía cursarse la citación al tercero Policía de la Provincia de Buenos Aires (fs. 215).
El único valladar procesal para abrir la causa a prueba no fue sorteado, ni aún ante la intimación dirigida al actor a activar el procedimiento bajo apercibimiento de caducidad de instancia, toda vez que sólo generó de su parte la reiteración de un pedido cuyo resultado conocía o debió conocer, desde aquel 26-2-2014, para luego incurrir en idéntica actitud pasiva anterior.
e) A riesgo de abundar, tampoco es de recibo el argumento referido a que el escrito presentado el día 12-4-2018 obrante a fs. 250 constituye un acto impulsorio del proceso.
Más allá de la irrelevancia del fundamento en virtud de la fecha en que fue presentado el escrito, recuerdo que la sustitución del letrado ni el pedido de préstamo y constitución de domicilio revisten virtualidad impulsoria del proceso. En todo caso, se trata de actos de mero trámite que, sin perjuicio de ser útiles a la interesada, no tienden concreta y específicamente a que las actuaciones prosigan hacia su siguiente estadio y así lograr su culminación (este Tribunal, Sala I, en causa n° 163373 RSD 124 del 15-6-2017), sin aptitud para interrumpir el plazo de caducidad de la instancia (S.C.B.A, c. 66405 del 18-4-2012 in re “ Coop. El éctrica de Pehuajó c/ Prov. Bs. As. s/ demanda contencioso administ. ).
4. La reseña que antecede me conduce a concluir que la dilación del trámite de la causa obedece a la apatía de quien debería ser el principal interesado en arribar a una sentencia, circunstancia que derivó en la declaración que ahora se pretende revertir, intentando tardíamente mantener viva una pretensión cuyo avance, antes, le fue indiferente (arts. 34. 166 y 384 del C.P.C.).
5. Por todo lo expuesto, y si mi voto es compartido, deberá rechazarse el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirmarse la sentencia que declaró operada la caducidad de instancia, con costas de Alzada en el orden causado habida cuenta la falta de controversia (arts. 68 a contr. 242, 245, 310, 311 y cctes. del C.P.C.),
ASÍ LO VOTO.
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RAMIRO ROSALES CUELLO DIJO :
Coincido con el punto 2 de la decisión y por tal razón, y con fundamento en lo expuesto en tal punto, adhiero al voto que me precede.
ASÍ LO VOTO.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI DIJO :
De conformidad con la votación precedente, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora el día 13-11-2018 y confirmar la sentencia dictada el 19-10-2018 a fs. 257/258, con costas de Alzada en el orden causado habida cuenta la falta de controversia (art. 68 a contr., 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
ASÍ LO VOTO.
EL SR. JUEZ DR. RAMIRO ROSALES CUELLO VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora el día 13-11-2018 y confirmar la sentencia dictada el 19-10-2018 a fs. 257/258 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.). II.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado habida cuenta la falta de controversia (art. 68 a contr. del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVU ÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI RAMIRO ROSALES CUELLO
ALEXIS A. FERRAIRONE
SECRETARIO
Fin de la sentencia