Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167616
REGISTRADA BAJO EL N º 158-S Fo. 835/44
Expte. N ° 167.616 Juzgado Civil y Comercial Nº 1.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 28 días del mes de junio de dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “HENRRIQUEZ BARRA FRANCO JOSUE C/ DEL RIO MANUEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1a.) Es justa la sentencia de fs. 197/210?
2a.) Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO MONTERISI DIJO:
I. La sentencia de fs. 197/210 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por la parte demandada mediante escrito electrónico de fecha 18-3-2019, proveído a fs. 216.
El a quo hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por FRANCO JOSUE HENRRIQUEZ BARRA contra MANUEL OMAR DEL RIO, CARLOS DAMIAN VARELA y LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A., condenando a los vencidos DEL RIO y VARELA a abonar la suma de PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO ($ 2.054.731), y a la citada en garantía la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 751.800), todo ello con más sus respectivos intereses y costas.
Expresó el sentenciador que del contenido de los escritos de traba de la litis y las confesionales del actor y del demandado Varela, resultaba reconocido el accidente de tránsito ocurrido el 20-2-2015 en la intersección de calles Gianelli y Bouchard (ex 27) de esta ciudad, en el que intervinieron la bicicleta conducida por el accionante y el automotor Chevrolet Corsa dominio HLJ 787 afectado al servicio de taxi al mando de Carlos Damián Varela, cuyo titular era Manuel Oscar Del Río.
Destacó que en los supuestos de accidentes de tránsito entre dos vehículos en movimiento debía aplicarse el art. 1113 del Código Civil, que establecía la presunción de responsabilidad objetiva en función del riesgo, por lo que el dueño o guardián –para eximirse de tal atribución- debía acreditar la responsabilidad total o parcial de la víctima o de un tercero como factor interruptivo de la relación de causalidad.
Consideró que si bien se hallaba reconocido que el rodado Chevrolet Corsa al momento del accidente circulaba por la derecha con relación al ciclista, se configuraban en el caso circunstancias que permitían atemperar o disminuir la trascendencia de dicha prioridad, contemplada en el art. 41 del Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires.
Citó los testimonios de Noelia Paola Russo y Wilson Zueedyk, puntualizando que aunque el carácter de embistente –por sí solo- no implicaba responsabilidad del conductor, sí denotaba un manejo inapropiado para evitar cualquier alternativa imprevista en el tránsito vehicular; que en el lugar no existían obstáculos que impidieran la visualización de la bicicleta del actor (quien iba acompañado a escasos metros por otro ciclista), ni que éste hubiera realizado alguna maniobra imprudente. Concluyó que el demandado Varela no conservó el real dominio del rodado a su cargo, ni se condujo con el cuidado y prevención exigibles a quien se encuentra al mando de un vehículo en movimiento.
En cuanto al ciclista -quien admitió haber observado al automotor Chevrolet desplazándose por la derecha- valoró que no se ha justificado en autos que la aparición de este último fuera repentina o que su conductor hubiera realizado alguna maniobra imprevista o intempestiva, por lo que entendió configurada una interrupción parcial del nexo causal entre el obrar el demandado y el hecho dañoso, atribuyendo un 60% de responsabilidad a los accionados y el 40% restante al actor.
Analizó seguidamente los daños reclamados, receptando los rubros daño a la salud e integridad física, daño moral, valor de las pertenencias, gastos médicos y farmacéuticos y gastos de movilidad, que cuantificó en las sumas de $ 2.613.552, $ 800.000, $ 3.000, $ 5.000 y $ 3.000 respectivamente, importes que los demandados deberán soportar en el porcentaje de responsabilidad asignado. Desestimó la pretensión por gastos de mediación prejudicial por integrar el concepto de costas, cuya determinación difirió para la etapa de liquidación.
Se pronunció finalmente sobre la limitación de cobertura invocada por la citada en garantía, disponiendo que la condena contra la aseguradora se extienda hasta el monto de $ 751.800, con más sus respectivos intereses, gastos y costas.
II. El apelante expresó sus agravios mediante escrito electrónico de fecha 29-4-2019 proveído a fs. 227, que fueron respondidos a fs. 232/233.
Se agravió en primer término por la distribución de responsabilidad efectuada por el a quo ; alegó que su parte contaba con prioridad de paso y se desplazaba a velocidad normal, por lo que la sola condición de embistente no justificaba otorgarle mayor responsabilidad en el siniestro, cuando era el ciclista quien debía haberle cedido el paso. Sostuvo que operó en el particular la causal de eximición de responsabilidad contemplada en el art. 1113 2do. párrafo “in fine” del Código Civil.
Cuestionó también los resarcimientos fijados en concepto de daño a la salud e integridad física y daño moral, que calificó como “exagerados”. En cuanto al primero, afirmó que el juez se valió de la denominada fórmula Méndez sin explicar cómo arribó al monto indemnizatorio, tomando como base un haber de $ 12.000 mensuales que no tiene respaldo documental alguno y sólo se encuentra apoyado por testimonios prestados a efectos del beneficio de litigar sin gastos.
Se agravió -por último- por la exigua cobertura asegurativa fijada por el juez de primer grado; peticionó la aplicación de la doctrina de la Suprema Corte Provincial en autos “Martinez c/ Boito s/ daños y perjuicios” , que remite a la cobertura básica vigente al momento de la valuación final del daño contenido en la sentencia definitiva.
III. CONSIDERACIÓN DE LOS AGRAVIOS.
1. La atribución de responsabilidad.
En lo que concierne a la infracción a la regla de la prioridad de paso prevista en el art. 41 de la Ley de Tránsito 24.449 en vigor cfr. ley provincial 13.927 (y sus antecedentes, el art. 57 inc. 2° de la ley provincial 11.430 y el art. 70 inc. 2° del decreto 40/07) por parte del conductor del vehículo embestido como factor causal de la producción del siniestro, en reiterados precedentes hemos señalado que según la actual doctrina del Máximo Tribunal Provincial, “…tanto el art. 71 de la ley 5800 como el 57 de la ley 11.430, imponen al conductor que llegue a una bocacalle la obligación de reducir sensiblemente la velocidad y la de ceder el paso al vehículo que se presente a su derecha. Y ello es así, sin distinguir quién fue el que llegó primero a la bocacalle, siendo absoluta esa prioridad establecida legalmente, lo que no está condicionado al arribo simultáneo a la encrucijada desde que ello impondría en el hecho la colocación de sensores para constatarlo (Ac. 78.370, sent. del 27 XI 2002 y sus citas) […] El texto legal es lo suficientemente claro al respecto: quien viene por la izquierda sólo podrá continuar su marcha si luego de frenar hasta casi detenerla, advierte que no circulan autos con prioridad de paso. La ley 11.430, en su art. 57 mantiene estos mismos lineamientos, enfatizando el carácter absoluto de la prioridad mencionada…” (v. causa C 105.237 “Sosa, Héctor Alfredo c/ Cortesi, Bruno y otros s/ daños y perjuicios” S. 30-6-2010; idem causas C 108.063 S. 9-5-2012, 107.097 S. 27-6-2012; esta Sala, exptes. 147.513 S. 1-9-2011 Reg. 164-S, 151.505 S. 29-11-2012 Reg. 327-S, 145.731 S. 21-5-2013 Reg. 110-S, 145.341 S. 30-6-2015 Reg. 154-S entre muchos otros).
En idéntica dirección, la ley 24.449 establece en su artículo 64, una presunción de responsabilidad por parte de quien viola la prioridad de paso que sólo puede ser desvirtuada probando que quien tenía tal prioridad pudo haber evitado el accidente y no lo hizo, o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, y conforme el art. 15 del anexo III del decreto reglamentario de dicha ley dictado en la Provincia de Buenos Aires, que lleva el N° 523/09 (al igual que su homólogo art. 41 del decreto 779/95), “la prioridad de paso en la encrucijada rige independientemente de quien ingrese a la misma” .
No obstante, también ha dicho el Superior Tribunal en diversos precedentes que la citada regla no opera de manera autónoma sino imbricada en el contexto general de las normas de tránsito, de modo que no constituye un “bill de indemnidad” que autorice a quien circula por la derecha a arrasar con todo lo que encuentra a su izquierda; por ello, debe ser analizada en correspondencia con la simultánea existencia de otras infracciones (cfr. SCBA, Ac. 81.773 S. 22-2-06). En suma: el conductor que infringe la prioridad de paso ostenta sobre sí una presunción iuris tantum de responsabilidad, que podrá desvirtuar probando el actuar negligente o imprudente del otro conductor o de un tercero, o el caso fortuito (cfr. Areán, Beatriz, “Juicio por accidentes de tránsito” V. 2, Ed. Hammurabi, Bs. As. 2006, pág. 458 y ss.; CC2a.LP, Sala 2, Exptes. 99.597 RSD 31-3 S. 27-2-03, 103.351 RSD 25-5 S. 1-3-05).
Trasladando estos conceptos al caso particular, coincido parcialmente con la solución adoptada en el fallo, aunque por distintos fundamentos.
Al momento de atribuir responsabilidades, el juez de primer grado confirió relevancia –entre otros elementos- a la condición de embistente del automotor al mando de Varela, afirmando que ello denotaba “un manejo inapropiado para evitar cualquier alternativa”. Discrepo con esa interpretación, pues –como reiteradamente ha resuelto el Superior Tribunal Provincial- “La presunción de culpa del conductor del automotor que embiste no puede prevalecer sobre la referente a la prioridad de paso en el cruce de las bocacalles... Más aún cuando... es fácil invertir el papel de embistente por el de embestido, mediante un simple recurso de un simple viraje por delante de quien tiene derecho de prioridad, o como también suele ocurrir, acelerando para interponerse en la trayectoria del otro rodado (…) La condición de embistente por sí sola no genera responsabilidad…” (v. SCBA, Ac. 81.773, "Martínez, Ramón Ernesto contra Nuñez, Roberto Abad. Daños y perjuicios", S. 22-2-2006; idem causa C. 81.623, "Jiménez de Aguirre, Nilda y otro contra Guglielmone, Julio G. y otro s/ Daños y perjuicios" S. 8-11-06).
Sin perjuicio de lo expuesto, existe otra circunstancia que –a mi entender- ostenta relevancia para la solución del caso y no fue debidamente tomada en cuenta por el sentenciador: En su responde, el accionado relató que circulaba por la calle Bouchard a regular velocidad, y que “al llegar al cruce con la calle Gianelli detiene la marcha al observar que se acercaba un ciclista que avanzaba en dirección Av. 39 hacia Vértiz, esto es desde su izquierda hacia la derecha. Seguidamente a que éste pasara, reanudó la marcha viéndose seguidamente sorprendido por un segundo ciclista que circulaba en la misma dirección que velozmente se le cruzó…” (v. fs. 68). Contrastada esta versión con lo expresado por los dos testigos presenciales del accidente (Russo y Zueedyk), quienes coincidieron en afirmar que los dos ciclistas se desplazaban en la misma dirección a escasa distancia uno del otro (v. audiencia de vista de causa) debo concluir que el demandado, al detenerse y ceder el paso al primer ciclista (según él mismo manifestó) bien pudo inducir al actor a considerarse habilitado para el cruce, sorprendiéndolo al reiniciar de inmediato la marcha. En efecto, no es una conducta esperable por parte de quien cede el paso a un vehículo que se presenta por la izquierda, que inmediatamente avance interponiéndose en la marcha de quien circula en la misma dirección a escasos 3 o 4 metros de distancia.
Tal extremo permite inferir que el conductor del vehículo de mayor porte no se hallaba suficientemente atento a las contingencias del tránsito o no obró con la prudencia necesaria para conservar el dominio del automotor evitando la colisión, máxime tratándose de un chofer profesional a quien le es exigible un mayor deber de cuidado y previsión (arts. 512 y 902 del C. Civil cfr. ley 340 y sus modif.).
De acuerdo con los extremos expuestos y consideraciones formuladas, entiendo que ambas partes contribuyeron causalmente en igual medida al acaecimiento del siniestro, debiendo atribuirse a cada uno el 50% de responsabilidad por los daños resultantes del accidente , receptándose –con dicho alcance- los agravios del apelante (art. 1113 segundo párr. segunda parte in fine del C. Civil conf. ley 17.711).
2. Daño a la salud e integridad física.
Es sabido que la indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por fin reparar el desmedro producido con carácter permanente en las aptitudes psíquicas o físicas del individuo y que incide sobre su aptitud productiva en general (SCBA, Ac. 42.528 en fecha 19/06/1990), abarcando no solo aspectos laborales sino también aquellos que se vinculan con su capacidad vital y potencialidad genérica, que son también mensurables -aun estimativamente- en términos económicos.
Como dijimos en el precedente “RUIZ DIAZ, José Aurelio c. KREYMEYER, Iván y otra s/ Daños y perjuicios” (expte. 161.169 S. 18-8-2016 Reg. 196-S), una de las formas para cuantificar esta merma en la aptitud productiva del sujeto en esa doble faz, consiste en calcular el valor presente de una renta futura no perpetua, determinando un capital actual productor de una renta periódica que represente las ganancias frustradas por la incapacidad, y que se amortizará en el tiempo en que razonablemente la persona podría desarrollar aquellas aptitudes total o parcialmente afectadas.
También señalamos que -desde hace ya varias décadas- en la jurisprudencia se han utilizado diversas fórmulas matemáticas para determinar este tipo de indemnizaciones. Ello no significa -como se ha dicho- que se reduzca la labor jurisdiccional a un cálculo aritmético o se conciba a la vida humana desde una visión estrictamente economicista. Por el contrario, lo que se pretende es reducir la discrecionalidad judicial -basada en estimaciones fundadas en no más que la enumeración de ciertas circunstancias particulares de la víctima- a través de la exteriorización del esquema de razonamiento subyacente a la hora de cuantificar la indemnización (la fórmula propiamente dicha) y de las premisas fácticas que han sido tenidas en cuenta para desarrollar esa labor (las variables utilizadas).
Es cierto que las fórmulas matemáticas puras no proveen necesariamente la justicia de la reparación, ni eliminan la discrecionalidad (González Zavala, Rodolfo “¿Cuánto por incapacidad?” en RCCyC ,2016 (mayo),191, LL on line) pero también lo es que el sistema de la renta capitalizada establecido en el art.1746 del CCyC, que ya ha sido utilizado por esta Sala II (causa 117.560 Capatto c. Seten, Marzo de 2007), o las fórmulas para calcular la incapacidad laboral como “Vuotto”, “Méndez”, “Acciarri” etc. reducen sensiblemente el margen de amplia arbitrariedad que suele esconderse detrás de términos tales como “prudencia” o “morigeración”, los que sin un razonamiento que los convalide, concretan injustificadas transferencias a favor del victimario o su aseguradora (v. expte. 161.169 cit., a cuyos considerandos –por razones de brevedad- me remito).
Por ello, la queja basada exclusivamente en el empleo de una fórmula matemática para el cálculo del rubro o lo presumiblemente “exagerado” del monto indemnizatorio, sólo trasunta una subjetiva disconformidad del apelante que no constituye técnicamente agravio, teniendo en cuenta que "...la expresión de agravios debe estar directamente dirigida a la sentencia, debiendo ser una crítica objetiva o razonada de la misma, requiriéndose una articulación seria, fundada, concreta, orientada a demostrar la injusticia del fallo atacado. No pudiendo ser la exposición de una mera disconformidad o historia de lo acontecido hasta entonces, o repetición de lo que ya se ha dicho en escritos anteriores..." (esta Sala, causas nº 88.356. RSD 182/97 del 26/6/97; 104.007, RSI 1194/97 del 14/10/97; 105.961, RSI 1119/99 del 25/11/99; 112.476, RSI 356/00 del 18/4/00, entre otras).
Es cierto que la fórmula matemática empleada por el juez de primer grado difiere de la utilizada por esta Sala –la diseñada por el Dr. Hugo Acciarri- que, a nuestro criterio, constituye un método de cuantificación superador de los preexistentes por las razones expresadas en el expte. 161.169 (ya cit.).
No obstante, no habiendo el apelante efectuado una crítica fundada sobre el empleo de esa fórmula en particular, no existen motivos que justifiquen utilizar otro método de cuantificación. Como oportunamente expuse en el precedente “Santecchia Guillermo c/ Basile Rubén y ot. s/ daños y perjuicios” (v. expte. 137.518 S. 14-2-2018 Reg. 27-S), la virtud de los sistemas de cálculo que utilizan fórmulas es que el juzgador se ve en la necesidad de explicar todos y cada uno de los parámetros (variables) que consideró para arribar a la suma final. Esta labor argumental desplegada por el magistrado (al explicitar las variables y la forma de relacionarlas para cuantificar el daño) trae consigo una carga complementaria para los litigantes que se agravian de esa decisión, esto es, la de explicar con claridad y mediante argumentos convincentes por qué tal o cual variable (o en este caso, fórmula) fue incorrectamente utilizada.
Asiste razón al apelante- en cambio- en lo que respecta al haber mensual tomado como base por el juez de primer grado. En efecto, los testimonios aportados en ocasión del beneficio de litigar sin gastos -carentes de todo otro respaldo probatorio-, lucen insuficientes para demostrar los ingresos mensuales que percibía el reclamante a la época del accidente (arg. art. 1193 C. Civil cfr. ley 340 y sus modif.; arts. 375, 384 y ccdts. del C.P.C.).
Desde hace largo tiempo hemos resuelto que en aquellos supuestos donde es totalmente incierto el monto de los ingresos percibidos por la víctima, se recurre al parámetro del salario mínimo vital y móvil para el cálculo de la indemnización (v. Zavala de González, Resarcimiento de Daños T. 2"a", Hammurabi, p. 432). Afirma esta autora que "la solución se justifica porque éste [el salario mínimo, vital y móvil] constituye el umbral inferior de retribución de la ocupación más humilde en el mercado laboral, y desde que la adopción de una pauta más significativa tendría un valor conjetural, pudiendo pecar por exceso" (op.cit., p.433; esta Sala expte. 136.476 S. 13-11-2008 Reg. 594-S, entre muchos otros). En consecuencia, dado que el salario mínimo vital y móvil vigente a la época del accidente ascendía a la suma de $ 4.716 (v. Res. 3/2014 del C.N.E.P. y S.M.V.M.), corresponde reformular el cálculo del monto indemnizatorio sobre la base de dicho importe.
En cuanto al porcentaje de incapacidad asignado, surge del dictamen pericial que el actor “presenta una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 31%, por secuelas anatomo-funcionales de la rodilla derecha (Inestabilidad lateral con hipotrofia, hidrartrosis y limitación funcional en la flexoextensión” (v. escrito electrónico de fecha 5-11-2018). El experto describió con precisión las lesiones constatadas durante el examen efectuado a la víctima, así como las pautas tomadas como base para el cálculo de la incapacidad, encontrándose adecuadamente fundadas sus conclusiones sin que se hubiera aportado elemento alguno que desvirtúe el valor probatorio de la pericia (art. 474 del C.P.C.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.