Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 168137
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación articulado por la parte actora el día 28-3-2019 a fs. 1901/1908 y confirmar el pronunciamiento del 30-3-2019 obrante a fs. 1885/1891, en lo que fue materia de agravio. (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas al apelante atento su condición de vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° 329-R FOLIO N° 588/90
EXPEDIENTE N° 168137 JUZGADO N ° 14.
"ARIAS, ALEJANDRO J. C/ ARIAS, MABEL L. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS "
Mar del Plata, 15 de agosto de 2019.
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " ARIAS, ALEJANDRO J. C/ ARIAS, MABEL L. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte actora el día 28-3-2019 a fs. 1901/1908, contra la resolución del 20-3-2019 obrante a fs. 1885/1891.
I. En lo que aquí concierne del auto apelado, el Juez hizo lugar a la oposición formulada por los demandados respecto a determinada prueba documental ofrecida por la actora y en consecuencia, la tuvo por no presentada.
Para así decidir, refirió que el accionante manifestó en diversos pasajes de su escrito de demanda, que los CDs y DVDs en cuestión se encontraban encriptados, con claves de acceso o seguridad, cuyos datos cifrados ofreció entregar sólo al juez en razón de contener datos personales de potenciales clientes respecto a propiedades residenciales y/o campos de alto valor, imposibilitando a la demandada visualizar su contenido a los fines de dar cumplimiento a la carga impuesta por el art. 354 inc. 1° del C.P.C.
Impuso las costas a la vencida.
II. En los fundamentos obrantes en la misma pieza recursiva, el apelante alegó que la prueba documental aludida era fundamental para demostrar gran parte del reclamo entablado en autos.
Expresó que su parte no negó el acceso a dicha información y prueba de ello es que ofreció varias alternativas para hacerlo.
Resaltó que a dichos archivos soló debe tener acceso el juzgador.
Se quejó de que el juez no haya solicitado su presencia para acceder a las pruebas, tal como lo ofreció en el escrito de demanda.
Explicó que se intentan resguardar datos sensibles, personales y confidenciales.
Citó las leyes n° 25.326, 26.685 y 24.766.
III. La parte demandada contestó el memorial mediante la presentación electrónica de fecha 5-6-2019.
Expuso que de conformidad a los términos de la demanda, el actor manifestó que a dicha información sólo tendría acceso el juez o persona designada al efecto, a requerimiento de aquél y en presencia del actor, y no la parte demandada, por lo que al momento de contestar esta acción, su parte no pudo tomar conocimiento del contenido.
Pidió que se rechace el recurso deducido, con costas.
IV. TRATAMIENTO DEL CASO:
IV.1. Es al momento de demandar donde el pretensor debe mostrar todas sus cartas y someterlas a debate y prueba frente a la contraria, garantizando de esta manera la bilateralidad y el contradictorio y permitiendo el más amplio ejercicio del derecho de defensa de la parte demandada (esta Sala en causa n° 165.597 RSD 285 del 11-12-2018)
El principio de contradicción implica que la prueba, para ser válida, o por lo menos eficaz, debe ser producida con audiencia o con intervención de la parte contraria, de modo que se le confiera la posibilidad de fiscalizar su ordenada asunción y de ofrecer su descargo (v. Quadri, Gabriel H., "La prueba en el proceso civil y comercial", 1° ed., Abeledo Perrot, t.I, p.115). En palabras de Couture, no se puede concebir que una parte produzca una prueba sin una rigurosa fiscalización del juez y del adversario. Una prueba que se haya producido a espaldas del otro litigante, por regla general, es ineficaz (Couture, Eduardo, J., "Fundamentos ..", citado por Quadri, Gabriel H., en obra y página arriba citada).
Además, debe tenerse especial consideración que: si bien en principio todos los medios de prueba son admisibles en todos los procesos, en materia probatoria rige el principio de legalidad en virtud del cual los actos probatorios deben llevarse a cabo con el orden y en las condiciones que la ley preestablece (v. Quadri, obra y tomo citados, p. 144).
IV.2. En el caso, la parte actora manifestó en varios pasajes de sus escritos de demanda y ampliación, que los datos de acceso a determinada prueba incorporada digitalmente en CDs y DVDs cifrados, sólo serían entregados al juez, o persona autorizada al efecto, a pedido de éste y en presencia de su parte (vg. fs. 1333 vta., 1041 vta, 1043, 1044, 1049, 1059, 1732 vta., etc.)
Razonablemente, ambos demandados se opusieron a su incorporación a la causa por no haber podido expedirse al respecto al tiempo de contestar la demanda, en detrimento del elemental derecho constitucional de defensa en juicio (art. 18 del C.N., v. fs. 1795/6 y 1816 vta.)
Si bien al contestar las referidas oposiciones, el accionante manifiestó que el contenido de ellos estaría a disposición del juez y de los demandados (para lo cual ofreció que se fije un audiencia con presencia de "los peritos pertinentes que tengan idoneidad suficiente para poder explicar de manera clara los mismos"), sucede que -ahora- en el memorial, remarcó que a tales archivos "SOLAMENTE DEBE TENER ACCESO EL JUEZ DE LA CAUSA" (sic, v. fs. 1835 vta. y 1903 vta.).
IV.3. Aún desplazando la falta de claridad de la parte actora y la contradicción en que incurre en el memorial, cabe decir, en primer lugar, que la pretensión contenida al respecto en el escrito de demanda atenta contra los principios de legalidad y contradicción antes señalados, comprometiendo así la garantía del derecho de defensa de su contraria, por lo que desde esta óptica, la decisión del juez no merece reproche (arts. 18 del C.N. y 15 de la Const. Prov. de Buenos Aires)
IV.4. Pero tampoco la propuesta formulada por la actora cuando contesta la oposición a la prueba, es pertinente.
Es sabido que este tipo de pruebas referidas a registros generados dentro de un sistema informático, entendiendo por éste a todo dispositivo físico (computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, CDs, DVDs, memorias USB, etc.) empleado para crear, generar, enviar, recibir, procesar, remitir o guardar dichos registros, se deben tratar de la misma forma que una prueba documental clásica (arts. 332 del C.P.C. y 286, 287, 288, sstes. y cctes. del CCyC).
Por lo tanto, la oportunidad de acompañar toda la prueba documental es en la demanda (salvo arts. 255 inc. 3°, 333, 334, 354, y 363 del C.P.C., que no son el caso), a cuyo contenido debe tener acceso la parte demandada al tiempo de contestarla. No hay posibilidad alternativa, lo que además, garantiza el efectivo cumplimiento del derecho de defensa en juicio (argt. arts. cits. de la CN, y 332, 354 inc. 1° del C.P.C.).
IV.5. Téngase en cuenta que el caso no trata de " documentación agregada extemporáneamente ", circunstancia que en determinados supuestos ha permitido su incorporación excepcional a la causa, cuando de lo contrario pudiera derivarse en una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva respecto de un aspecto decisivo para la correcta composición del litigio, pues ello importaría un exceso ritual manifiesto incompatible con un adecuado servicio de justicia (C.S.J.N in re "Colalillo" C.S.J.N., del 18/9/1957 en Fallos: 238-550). Aquí, la intención fue otra.
IV.6. Por lo demás, recordamos que el objeto de la ley 25.326 citada por el apelante, es la protección integral de los datos personales y no el resguardo de datos en sí mismos.
Su fundamento, que es la tutela del derecho al honor y la intimidad de la persona en nada se verían afectados por el cumplimiento del referido principio contradictorio.
A su vez, considerando los datos que, conforme los dichos del actor (vg. fs. 1730/1745) contendrían los CDs y DVDs encriptados en cuestión, se desprende que dicha información no constituye un "dato sensible" en los términos del art. 2° de la alegada norma, pues ese concepto se refiere a informaciones personales que revelan un origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical o información referente a la salud o a la vida sexual.
En otro punto, no se advierte de qué manera las leyes 26.685 (autorización de la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones, domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales) y 24.677 (confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulguen indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos) podrían sostener la tesis del apelante (art. 260 del C.P.C.).
IV.7. Entonces, siendo que la parte demandada no tuvo acceso a la prueba documental en cuestión y por consiguiente no pudo ejercer la carga del art. 354 inc. 1° del C.P.C., afectándose asimismo su derecho de defensa en juicio (art. 15 CN), es que corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto hizo lugar a la oposición formulada y la tuvo por no presentada.
V. En suma, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora, con costas al vencido conforme el principio general en la materia (arts. 68, 69, 242, 245 y cctes del C.P.C.).
VI. Por todo lo expuesto y lo normado por los arts. cits., 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Rechazar el recurso de apelación articulado por la parte actora el día 28-3-2019 a fs. 1901/1908 y confirmar el pronunciamiento del 30-3-2019 obrante a fs. 1885/1891, en lo que fue materia de agravio. (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas al apelante atento su condición de vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
IV. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
ALEXIS A. FERRAIRONE
SECRETARIO
Fin de la sentencia