Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 168060
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación articulado el día 20/05/2019 (arts,. 242, 245 y cctes. del CPCC).
II. Sin costas dada la ausencia de controversia y por tratarse del ejercicio de un derecho propio (arts. 68 y 69 del CPCC y 12 del decreto-ley 8904/77).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° . 311-R FOLIO N° . 556/89
EXPEDIENTE N° 168060. JUZGADO N ° 13.
"LUCHESSI PIERINA Y OTRO/A C/ DELATORE RUBEN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) ".
Mar del Plata, 14de agosto de 2019.
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " LUCHESSI PIERINA Y OTRO/A C/ DELATORE RUBEN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por los actores contra la resolución de fs. 85/6.
I. En el auto cuestionado el Sr. Juez a quo rechazó el embargo preventivo y el pedido de secuestro de los perros de los demandados.
II. El Dr. Juan Ignacio Marceillac, por derecho propio y en representación del niño Máximo Marceillac, apeló el día 20/05/2019.
El memorial fue presentado el día 03/06/2019.
a) El secuestro de los animales fue desestimado por no guardar una relación de medio a fin con el objeto del proceso.
Sostuvo que el juez habría interpretado erróneamente la demanda puesto que en autos se ventilaban dos pretensiones: una entablada por Máximo Marceillac, representado por sus padres, tendiente a la reparación del daño generado y otra promovida por Pierina Luchessi y Juan Ignacio Marceillac, persiguiendo un interés esencialmente preventivo orientado a obtener el cumplimiento de la ley 14.107 de perros potencialmente peligrosos.
Argumentó que la retención de los perros devenía procedente en función de que el incumplimiento de la mencionada norma surgiría de las copias certificadas de la IPP y que el riesgo de que los canes produzcan un daño sobre la comunidad resultaba evidente.
Fundó lo peticionado en los artículos 1710 y ss. del CCyC que refieren a la función preventiva del daño y a lo estipulado en el art. 10 de la ley 14.107.
b) En lo atinente al embargo preventivo el magistrado consideró que no se encontraba acreditada la verosimilitud en el derecho.
Refutó ello haciendo referencia a las constancias de la IPP iniciada al efecto a través de las cuales se encontraría corroborado el hecho provocador del "daño" y su extensión.
III. 1. Secuestro de los animales.
a) La ley 14.107 tiene por objeto establecer normas para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, compatibles con la seguridad de las personas y otros animales (art. 1).
Consagra un listado de razas que cuadran en esa tipología (anexo I) y la creación de un registro de propietarios de perros potencialmente peligrosos de la Provincia de Buenos Aires (arts. 2 y 3).
Estipula que la tenencia de esos canes queda sujeta al cumplimiento de las siguientes disposiciones: a) solicitar la inscripción en el registro antes que el perro cumpla seis (6) meses de vida; b) identificar al perro mediante la colocación de un chip o de un tatuaje; c) para la presencia y circulación en espacios públicos, utilizar correa o cadena de menos de un metro de longitud, collar y bozal, adecuados para su raza; d) adoptar medidas de seguridad y prevención en el inmueble donde se aloja al perro, en el que debe haber estructuras suficientemente resistentes y de dimensiones adecuadas que impidan al perro escaparse o sobrepasar el hocico más allá de los límites propios; e) en el inmueble que pertenezca a más de un propietario, se prohíbe dejar al perro en lugares comunes; f) queda prohibido el abandono de los perros alcanzados por esta ley y g) comunicar al Registro la cesión, robo, muerte o pérdida del perro, haciéndose constar tal circunstancia en su correspondiente hoja registral, sin perjuicio de que si el perro pasase a manos de un nuevo propietario, la inscripción en el registro debe ser renovada (art. 8).
La normativa establece que la inobservancia de esos recaudos es sancionada con una multa o con el secuestro del perro involucrado (art. 10) y que el juzgamiento de las infracciones está a cargo de la Justicia de Faltas (conf. el procedimiento que dispone el decreto-Ley 8.751/77, art. 11), siendo autoridades de comprobación de las infracciones las provinciales que designe la Autoridad de Aplicación y las municipales en el ejercicio de su poder de policía (art. 12).
Es decir, la propia ley 14.107 establece, frente a la comprobación de infracción a sus disposiciones, un procedimiento netamente administrativo que debe tramitar ante la justicia de faltas del municipio correspondiente y que, de confirmarse la transgresión, culmina con alguna de las sanciones previstas en el art. 10.
b) Efectuado una breve reseña del marco normativo que encierra la cautelar en estudio corresponde ingresar al análisis de su procedencia.
En tal tarea observamos que lo peticionado configura, de acuerdo a la pretensión incoada por los Sres. Luchessi y Marceillac en base a los artículos 1710 y ss. del CCyC, una tutela anticipatoria puesto que -en definitiva- lo que el recurrente pretende es que se adelante el cumplimiento de aquello que va a ser objeto de decisión en la sentencia de mérito.
Respecto de ese tipo de medidas la CSJN, en el leading case "Camacho Acosta" (fallo del 07/08/1997), ha resuelto que "por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (...)": verosimilitud en el derecho y peligro en la demora dado que "dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa e imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva".
c) Atendiendo a ese encuadre y a las previsiones contenidas en la ley 14.107, adelantamos que el recurso no prospera.
Al analizar la documentación reservada que tenemos a la vista observamos que en el marco de la IPP iniciada en virtud del hecho base de la demanda (v. fs. 55/6 de la documentación reservada) la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Mar Chiquita (a través del personal de la Secretaría de Desarrollo Local) procedió a constatar que en la propiedad de los Sres. Delatore y Vergara se encontraban dos perras hembras, una labrador y la otra rottweiler, alojadas en el sector trasero de la casa, con una división que impediría el acceso hacia la parte anterior de la morada. Asimismo se informó que el inmueble tenía cerco perimetral alambrado en todo el contorno del terreno y que los animales estaban vacunados, castrados y en buen estado de conservación.
De ello se desprende que, en principio, el organismo administrativo correspondiente ya habría tomado intervención en el suceso ejerciendo las funciones que la normativa le acuerda y que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la ley 14.107, la inobservancia "comprobada" debió ser puesta en conocimiento del Juez de Faltas competente para que proceda a dar inicio a la acción pública correspondiente (conf. arts. 35 y ss. del decreto 8751/77 y art. 11 de la ley 14.107).
d) Ahora bien, en autos no se han arrimado elementos que permitan corroborar que la autoridad administrativa interviniente ha incumplido con las atribuciones que la ley 14.107 le confiere o -si se promovió la acción- cuál fue el resultado del procedimiento seguido contra el/los dueño/s de los perros (vgr.: imposición de multa, orden de secuestro, allanamiento, cumplimiento, etc.).
Entonces, dado que el secuestro pretendido por la parte actora es una cuestión que debería ser inicialmente canalizada a través de la vía administrativa que la normativa prevé y que atendiendo al caudal de prueba acompañado no se encuentra abonado que ello se haya omitido o, en caso de haberse iniciado, si se ha arribado al dictado de una resolución condenatoria y ha sido (in)cumplida, consideramos que el fumus bonis iuris exigido más rigurosamente para este tipo de medidas no fue demostrado, por lo que el rechazo de la tutela requerida se impone (art. 232 del CPCC y juris. citada).
Ello es así dado que también se advierte que, en función de lo expuesto, podríamos estar fallando en abstracto, circunstancia que torna oportuna la medida innovativa dispuesta por el a quo (en el sentido que aquí se resuelve) que se encuentra pendiente de diligenciamiento y no ha sido cuestionada (arts. 10, 11 y 12 de la ley 14.107).
2. Embargo preventivo del inmueble.
El embate debe ser desestimado también en lo que a esta parcela concierne.
Con los elementos probatorios adjuntados a la demanda no puede tenerse por acreditada la verosimilitud en el derecho.
Es que en el estado embrionario que se encuentra el proceso -aún no se ha trabado la litis- no puede tenerse por cierto el relato de los hechos efectuado por los actores y, menos aún, los daños que conforman su pretensión.
En consecuencia, se confirma la desestimación de la medida cautelar bajo análisis (art. 195 y ccdtes. del CPCC).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del CPCC, RESOLVEMOS:
I. Rechazar el recurso de apelación articulado el día 20/05/2019 (arts,. 242, 245 y cctes. del CPCC).
II. Sin costas dada la ausencia de controversia y por tratarse del ejercicio de un derecho propio (arts. 68 y 69 del CPCC y 12 del decreto-ley 8904/77).
III. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del CPCC, devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia