Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167561
REGISTRADA BAJO EL Nº 188-S Fº 994/1002
Expediente nº 167.561 – Juzgado nº2
// En la ciudad de Mar del Plata a los 14 días del mes de Agosto del año dos mil diecinueve, reunida la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “MORENO María Inés y otro c. ALVAREZ Rubén Darío y otro s. Daños y Perj. Autom. c/ Les. o Muerte (Exc. Estado)”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 407-426?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: En la sentencia dictada a fs. 407-426 el Sr. Juez hizo lugar a la demanda promovida contra Rubén Darío Alvarez, condenándolo conjuntamente con Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. a abonarle a María Inés Moreno la suma de $ 499.200 y a Hugo Ricardo García la de $ 447.170.
Ordenó liquidar intereses a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el día del hecho, con excepción de los rubros “gastos funerarios” en que deberán calcularse desde la fecha de esa erogación (15.5.2011) y “daño psíquico” (tratamiento psicológico) desde la presentación de la pericia por ser ésa la fecha del valor indicado por la profesional ((fs. 425 vta. considerando VIII).
Impuso las costas a los vencidos y difirió la regulación de honorarios.
Para decidir así, estableció que el caso estaba alcanzado por las disposiciones del Código Civil ley 340, y que la prejudicialidad de los arts. 1101 y 1102 de ese cuerpo legal era inaplicable porque en la causa caratulada “Alvarez Rubén Darío s. Homicidio culposo agravado” de trámite por ante el Juzgado en lo Correccional n°2 se había decidido suspender el juicio a prueba (fs. 409 y 409 vta.).
Encuadró los hechos en el art. 1113, y concluyó que el demandado había sido el exclusivo responsable (fs. 413), porque si bien no realizó una maniobra antirreglamentaria en los términos del art. 44 inc. f) de la ley 24.449, sí lo era conforme el art. 10 de la Ordenanza municipal 4049, que prohíbe el giro a la izquierda en las avenidas de doble sentido de circulación con excepción de Juan B. Justo desde Jara hasta Independencia y Luro, desde San Juan hasta los Los Andes (fs. 414 vta.).
Rechazó la defensa de no seguro planteada por la citada en garantía consistente en la culpa grave del asegurado porque al momento del hecho había ingerido alcohol, cocaína y marihuana en violación de la cláusula 5, apartado CG-RC 2.1, respecto a la cual del demandado guardó silencio, por dos razones: a ) el incumplimiento de la carga del art. 56 de la ley 17.418; y, b ) no haber acompañado el contrato de seguro, efectuando “reserva” de realizar la pericia contable en CABA, prueba sobre la que la aseguradora fue declarada negligente.
Aún si fuera innecesario agregar el contrato, por cuanto la culpa grave es un supuesto legal de exclusión de cobertura (art. 114 de la ley de seguros), concluyó que el nivel de actor en sangre era de 0,45 gramos, por lo que se encontraba dentro de los límites legales, y que sólo se había indicado la presencia de cocaína y marihuana en orina y no las cantidades, con lo que no se había acreditado que esas ingestas hubieran tenido relación causal directa con el siniestro (fs. 419).
Hizo lugar a los siguientes rubros: a ) “indemnización por fallecimiento” (se reclamaron $ 570.240 sobre la base del SMVyM al momento de la demanda -$ 3600-, durante 20 años), teniendo en cuenta el SMVyM al momento del hecho ($ 1740), la expectativa de vida de los padres (76,6 años) y un aporte del 25 % ($ 435), fijando la suma de $ 31.300 para Hugo R. García y de $ 99.200 para María Inés Moreno (fs. 421 vta.); b ) daño moral, en la suma de $ 400.000 para cada padre (fs. 423; en la demanda se reclamaron $ 450.000 para los dos); c ) el costo del tratamiento psicológico aconsejado por la perito para Hugo Ricardo García para su trastorno del sueño, en la suma de $ 12.000 (fs. 425); y d ) gastos funerarios en la suma de $ 3870 (fs. 425 vta.).
Rechazó el “daño psíquico” destacando que no es un tercer género, sino que la lesión psicológica puede constituir un daño patrimonial o moral, y que la pericia producida fue concluyente en el sentido de que los actores no sufrieron estrés postraumático, que no hubo un conflicto de pareja significativo tras la muerte, que se aferraron a sus creencias religiosas para elaborar lo sucedido y por ello sobrellevaron un proceso de duelo normal no patológico, sin tratamientos psicológicos o psiquiátricos (fs. 424 vta.).
II: Apelaron los apoderados de los actores a fs. 427 y de la citada en garantía a fs. 430, los recursos fueron concedidos libremente a fs. 428 y 431, la expresión de agravios de parte actora está agregada a fs. 437-443 y la de la aseguradora fue presentada en escrito electrónico de fecha 8.4.2019, siendo la única que mereció contestación a fs. 449-452.
II.1: Los agravios de la parte actora dirigidos a que “se aumenten los rubros indemnizatorios afectados a los importes propuestos en la demanda” o conforme el criterio de esta Alzada (fs. 437), pueden resumirse así:
i ) En la cuantificación de la indemnización por fallecimiento señaló los siguientes “errores numéricos”:
a ) la Sra. Moreno tenía al momento del hecho 51 años y no 52, pues el hecho se produjo el 11.5.2011 y su nacimiento el 28.9.1959;
b ) la expectativa de vida tenida en cuenta por el Juez fue de 76,6 años según un informe de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud de 2017, por lo que no está actualizado al momento del dictado de la sentencia. Los más recientes de la OMS reflejan un incremento de tal expectativa a 76,9 años y hay otros informes que la elevan en Argentina a 77,3 años;
c ) el salario mínimo vital y móvil al momento del hecho tomado como pauta es de $ 1840 y no de $ 1740 porque la resolución del CNEPySMVM 2/2010 del 5.8.2010 lo fija en ese importe a partir del 1.1.2011;
d ) se estableció un aporte del 25 % en base a dos premisas que no son reales: que el hijo vivía en forma independiente y en pareja.
Convivía con sus padres en Ayolas 11.731 de esta ciudad, y si bien tenía novia no convivía con ella, por lo que corresponde calcular su aporte en dos tercios de sus ingresos, tal como se reclamó en la demanda.
Si bien “adhiere a la fórmula general empleada para cuantificar el rubro en análisis (porcentual del salario mínimo vital y móvil al momento del hecho por la cantidad de años restantes de la expectativa de vida de los progenitores actores)” concluyó afirmando que los errores denunciados hacen arribar al a quo a un monto de indemnización “muy por debajo de lo que por derecho corresponde” (fs. 440 y 440 vta., la cursiva me pertenece).
ii ) El análisis que llevó al rechazo del rubro “daño psíquico” fue “sesgado y arbitrario”, por cuanto transcribió expresiones aisladas y fuera de contexto del informe pericial sin considerarlo en su totalidad.
Pasó por alto los siguientes elementos: a ) el estrecho acercamiento afectivo y emocional entre padres e hijo; b ) el shock vivido por la pérdida que se tradujo en consecuencias clínicas, “embotamiento emocional y trastornos del sueño” en García, y “desconfianza ante desconocidos, trastornos del sueño y alimenticios evidenciados por el abrupto aumento de peso” en Moreno; c ) el temor instalado de que algo les pase al resto de sus hijos; d ) el desarrollo de una conducta fóbica en la madre (fs. 441 vta. y 442).
Por ello solicitó que se elevara el quantum al monto reclamado en la demanda ($ 100.000 a fs. 82 vta.) o lo que este Tribunal considere conforme a derecho.
iii ) La fecha de la mora para el rubro tratamiento psicológico debe fijarse en la del día del hecho (11.5.2011) y no en la de presentación de la pericia, porque fue desde ese día en que nació el crédito indemnizable.
Solicitó que se eleven los rubros indemnizatorios cuestionados, con costas.
II.2: El único agravio de la citada en garantía (en atención a la resolución de fs. 447) estuvo destinado a criticar el monto fijado para indemnizar el daño moral.
Sostuvo que la indemnización de $ 400.000 para cada padre era equivalente a “U$S 40.000” aproximadamente y no podía dejar de relacionarla con los bienes materiales a los que podrían acceder con esa suma, por lo que señaló que las “satisfacciones compensatorias que podrían deparar ochenta mil dólares a un matrimonio de modesta condición, son más que satisfactorias”.
Con cita de doctrina y jurisprudencia solicitó que se morigerara el monto acordado.
III: Los agravios vertidos por las partes determinan que la sentencia llegue firme a esta instancia en cuanto a la ley aplicable (considerando I), los efectos de la presentencialidad (considerando II), la atribución de responsabilidad al demandado en el marco del art. 1113 del CC ley 340 (considerandos IV y V), el rechazo de la defensa de “no seguro” opuesta por la citada en garantía (considerando VI y fs. 447), la indemnización establecida para el tratamiento psicológico del padre y para el reintegro de los gastos funerarios (fs. 425), y la tasa de interés aplicable (considerando VIII; arts. 260 y 266 del CPCC).
III.1: El recurso de apelación de la parte actora relativo a la cuantificación de la “indemnización por fallecimiento”, debe prosperar parcialmente.
a ) En cuanto a la edad de los actores, la Sra. Moreno tenía 51 años y 8 meses al momento del hecho (fs. 4, nació el 28.9.1959), y García, la de 64 años y 9 meses (fs. 4, nació el 6.8.1946).
b ) La expectativa de vida en la provincia de Buenos Aires según el Indec proyectada para el año 2020, es, para los varones de 74.74 años y para las mujeres de 81.34 años ( www.indec.gob.ar , “Proyecciones Provinciales de Población por sexo y grupo de edad 2010-2040”, Cuadro 4: “Esperanza de vida al nacer según provincias. Período 2015/2040”).
La cantidad de años puede variar de acuerdo al organismo que emite los informes pero la Sala que integro viene utilizando los elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (exped. n°137.518, “Santecchia Guillermo Juan y ot. c. Basile Rubén Alfredo y ot. s. Daños y perjuicios”, sent. del 14-2-2018, R 27-S F° 125/87; exptes. n°165.213 y 165.214, “Taddey Vanesa c. Maciel Eduardo y otro s. Daños y perjuicios”, y “Cerizola Dante Oscar c. Maciel Eduardo y otro s. Daños y perjuicios”, sent. única del 4-6-2018, R 138-S F° 723/39).
Por lo tanto, el cálculo de la ayuda económica que Mauricio García aportaba a sus padres jubilados (fs. 169 a 175, e informe de la AFIP de fs. 355 a 357), tratándose de una persona que tenía 24 años al momento de su muerte, debe extenderse en cada caso a esos límites.
c ) El salario mínimo, vital y móvil al momento del hecho, era efectivamente de $ 1840 a partir del 1.1.2011 (resolución 2/2010 del CNEPySMVyM).
d ) Considero en cambio que el porcentaje del aporte establecido por el Juez (25 %) se corresponde con las constancias de autos.
Pese a que los actores sostienen que el hijo no convivía con su pareja (fs. 439 vta.), los dichos de los testigos lo desmienten.
Jiménez a fs. 23, que conocía a “Mauro” porque trabajaba en un taller de chapa y pintura en Puán al 7000 (ver fs. 324, informe del Taller Rinaldy Hnos. de calle Puán 7064, donde trabajó hasta antes de su muerte) donde había dejado su auto, y además, dueño de la moto Yamaha que conducía García el día de su muerte, declaró que le dijo que “la iba a usar para ir a su casa, vivía con la novia en Punta Mogotes” (fs. 23 vta.; en igual sentido Guajardo a fs. 215 respuesta 6).
Todos los testigos coincidieron también en que colaboraba con sus padres (Piruzanto a fs. 212, respuesta a pregunta 13), los “ayudaba mucho por ser jubilados y los fines de semana les alcanzaba dinero” (Villalba a fs. 213 vta., pregunta 13), “los ayudaba cuando cobraba ya que sus padres en ese momento no trabajaban. Él les daba dinero para que compraran mercadería para toda la semana” (Guajardo a fs. 215 vta., respuesta a pregunta 12), y que su ayuda era “todas las semanas… compraba garrafas y medicamentos para los padres” (Choren a fs. 231 vta., respuesta a pregunta 13).
El tenor de las respuestas, “alcanzar dinero” y aportar sumas semanalmente permite inferir que no vivía en el mismo domicilio que sus padres, y lo mismo surge del informe psicológico, en el que la perito señala que al “momento del fallecimiento no compartían vivienda”, aunque tenían trato cotidiano (fs. 235 vta., punto de pericia 2).
Por ello entiendo que el porcentaje del aporte es adecuado, sobre todo porque es aplicado en proyección aritmética, multiplicándolo por la cantidad de años restantes de expectativa de vida de los progenitores, sin considerar variables probables tales como el nacimiento de los propios hijos que hubieran incrementado los gastos de Mauricio García para mantener a su propia familia, y disminuido por ende la ayuda para sus padres.
De las constancias del expediente surge además que era el menor de los varones (pericia a fs. 235 vta., punto 2 y 10), es decir que los actores tienen otros hijos, por lo que no dependían únicamente de la ayuda o sostén de Mauricio (Zavala de González Matilde, “Resarcimiento de Daños”, “Daños a las Personas. Pérdida de la vida humana”, ed. Hammurabi, Bs. As. 1990, Tomo 2 b, pág. 273).
III.1.1: En los precedentes de la Sala que integro se ha establecido reiteradamente que si bien el art. 1746 del CCCN está referido a las lesiones o incapacidad física o psíquica, es aplicable, por analogía, a los casos de muerte, en los que también pueden utilizarse fórmulas matemáticas para el cálculo de la indemnización, a fin de utilizar una metodología común para supuestos similares (esta Sala II, exped. n°137.518, “Santecchia Guillermo Juan y ot. c. Basile Rubén Alfredo y ot. s. Daños y perjuicios”, sent. del 14-2-2018, R 27-S F° 125/87; exptes. n°165.213 y 165.214, “Taddey Vanesa c. Maciel Eduardo y otro s. Daños y perjuicios”, y “Cerizola Dante Oscar c. Maciel Eduardo y otro s. Daños y perjuicios”, sent. única del 4-6-2018, R 138-S F° 723/39, citados; exped. n° 167.364, “Venuto Angela Cristina c. Transportes 25 de Mayo SRL y otro s. Daños y perjuicios”, sent. del 28.5.2019, R 133-S F° 678/88; CNCiv. Sala A, “Hunko Mariela y otro c. Vergara Ricardo y otros s. Daños y perjuicios”, sent. del 17-10-2017, en RCCyC 2018 (mayo), 9-5-2018-179, cita on line AR/JUR/78322/2107, voto del Dr. Picasso; CACC Azul, Sala II, causa 2-60647, “Espil María y ot. c. Apilar SA y ot. s. Daños y perjuicios”, sent. del 17-11-2016, voto del Dr. Galdós).
Asimismo hemos considerado que ante el carácter de deuda de valor de la indemnización para reparar el daño, debe ser cuantificada a la fecha de la sentencia por ser la más cercana al momento en que se hará efectiva la reparación ( art. 772 del CCCN; SCBA, causa C. 101.107, “Arbizu Víctor Esteban y otros c. Provincia de Buenos Aires s. Expropiación inversa”, sent. del 23-3-2010; causa C. 117.926, “P.M.G. y otros c. Cardozo Martiniano Bernardino y otros s. Daños y perjuicios”, sent. del 11-2-2015; Alterini Atilio, Ameal Oscar, López Cabana Roberto, “Derecho de Obligaciones”, ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1995, pág. 266; esta Sala II, exped. n°131.976, 131.833 y 130.138, “Suárez Jorge Oscar y otra c. Mesa Argentino Enrique s. Daños y perjuicios”, “Caparrós María Soledad c. Mesa Argentino Enrique s. Daños y perjuicios”, “Royal Sunalliance Seguros Argentina SA c. Mesa Argentino Enrique s. Repetición de sumas de dinero”, sent. única del 16-3-2016, R 56-S F°269/93; exped. n°161.169, “Ruiz Díaz José Aurelio c. Kreymeyer Iván y otra s. Daños y perjuicios”, sent. del 18.8.2016, R 196-S F°1035/48; exped. 162.661, “Barcos Carlos Alberto c. Depaoli Andrés Hernán s. Daños y perjuicios”, sent. del 10-11-2017, R 279-S F°1412/32;; exped. n° 165.269, “Henestrosa Etelvina c. Amendolara Alejandro F. y otro s. Daños y perjuicios”, sent. del 14.6.2018, R 155-S F° 820/31; exped. n°166.572, “Alonso Pehuén c. Badalini Claudio W. y otro s. Daños y perjuicios”, sent. del 24.10.2018, R 253-S F°1031/8 exped. n°166.331, “Lavieri Claudia Susana c. Praiz Carlos Samuel s. Daños y perjuicios”, sent. del 29.11.2018, R 280-S F°1162/77, entre otros).
Esta modalidad de cuantificación, en principio, no genera problemas de congruencia en la medida en que no se busca dar más de lo pedido sino encontrar el valor actual del crédito originalmente reclamado y sometido a controversia (arts. 772 del CCCN; arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del CPCC; esta Sala, exped. n° 165.539, “Agüero Marta Beatriz c. Transportes 25 de Mayo SRL y ot. s. Daños y perjuicios”, sent. del 4.9.2018, R 199-S F°762/9).
Sin embargo, no puedo soslayar los términos del recurso de la parte actora porque delimitan su reclamo impidiendo que el Tribunal vaya más allá de lo que fuera objeto de crítica (arts. 163 inc. 6, 260, 266 del CPCC).
Si bien en la demanda estimó el rubro en base al salario mínimo, vital y móvil vigente a esa fecha (fs. 80 vta.), al apelar dijo que “mi parte adhiere a la fórmula general empleada para cuantificar el rubro en análisis (porcentual del SMVyM al momento del hecho por la cantidad de años restantes de la expectativa de vida de los progenitores actores)” (fs. 440 apartado e), tercer párrafo).
A continuación enunció los yerros del fallo que había previamente criticado, sin hacer referencia en ningún momento a que el cálculo se efectuara a valores a la fecha de la sentencia (fs. 440 último párrafo y y 440 vta. primer párrafo).
No se me escapa que finalizó solicitando que se hiciera lugar al monto reclamado en la demanda o bien al “que VE considere corresponder conforme a derecho” (fs. 440 vta.), pero ello no puede conducir a dejar de lado las variables que criticó en su recurso y en base a las cuales solicitó que se elevara el monto (art. 163 inc. 6 y 266 del CPCC).
Transcurridos tres años desde los primeros precedentes , el principio de congruencia, que comprende la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso más la oposición u oposiciones en cuanto lo delimitan, impide fallar alterando o modificando las pretensiones formuladas por las partes, pues el referido principio determina el límite de lo pretendido y lo resistido (Guasp, Jaime, "Derecho Procesal Civil", t. I, pág. 555, Ed. Institutos de Estudios Políticos, Madrid, 1956; Falcón, Enrique M., “La formación y contenido del principio de congruencia” en “El principio de congruencia”, Masciotra, Mario y Rosales Cuello, Ramiro coordinadores, L.E.P. 2009, pág. 29, esta Sala, exped. n° 167.341, “Cepeda Lorena Elisabeth c. Robles Nelly y ot. s. Daños y perjuicios”, sent. del 21.6.2019, R 141-S F°724/41).
III.1.2: Por las consideraciones expuestas, las variables para el cálculo de este rubro, teniendo en cuenta los agravios que prosperan son:
a ) edad de los padres al momento del hecho, 51 y 64 años;
b ) expectativa de vida del varón 74.74 años y de la mujer 81.34 años (proyecciones al año 2020);
c ) porcentaje de ayuda del hijo, se mantiene en 25% del sueldo que percibía;
d ) salario mínimo vital y móvil al momento del hecho, $ 1840, con lo cual el aporte era de $ 460 (1840 x 25 % = 460).
Al concurrir dos reclamantes para el mismo rubro, ninguno podrá arrogarse la totalidad de dicha porción remanente, sino que tendrán que compartirla hasta que se cumpla el plazo de la expectativa de vida del Sr. García, y de ahí en más sólo corresponderá a la Sra. Moreno (Aciarri Hugo A., “Elementos de Análisis Económico del Derecho de Daños”, ed. La Ley, Bs. As.2015, pág. 260; sentencia a fs. 421 vta., tercer párrafo).
Para Hugo Ricardo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.