Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 166734
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 150 y confirmar, en consecuencia, la resolución de fs. 142/144 en lo que fue materia de agravio.
II. Imponer las costas de Alzada en el orden causado en atención al cambio de criterio esbozado (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., sigan los autos según su estado.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° . 50-R FOLIO N° . 97/9
EXPEDIENTE N° 166734.JUZGADO N° 4.
"CAPPARELLI SOLEDAD C/ LA MERIDIONAL CIA ARGENTINA DE SEGUROS SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS".
Mar del Plata, 6 de marzo de 2019.
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: "CAPPARELLI SOLEDAD C/ LA MERIDIONAL CIA ARGENTINA DE SEGUROS SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 150, contra la resolución de fs. 142/144.
I. En el auto cuestionado el a quo desestimó la oposición deducida por la actora a fs. 135 respecto de los puntos de pericia nº 4 y 5 propuestos por la demandada a fs. 130 con costas a la vencida (art. 68 CPCC).
Para así decidir señaló, en primer lugar, que será el profesional designado quien deberá manifestar si lo requerido excede el ámbito de su incumbencia.
A su vez estimó que es de práctica habitual en el desarrollo de las pericias mecánicas expedirse sobre los costos de reparación del rodado, su valor y depreciación.
En atención a ello y valorando la amplitud del debate como una derivación directa de la garantía del debido proceso, encontró procedente la producción de los puntos en conflicto, sin detrimento de la valoración que se realice al momento de dictar sentencia (arts. 457, 462, 474 y concds. CPCC).
II. A fs. 150 obran los agravios del recurrente, que fueron contestados mediante la presentación electrónica del 23/10/2018.
Cuestionó la imposición de costas exclusivamente a su cargo en tanto consideró que al señalarse que será el profesional interviniente quien deberá indicar si lo solicitado excede su ámbito de actuación, quedó demostrado que se trató de un planteo razonable efectuado ante puntos de pericia que no constituyen el marco de actuación del perito ofrecido.
Asimismo indicó que al no haber sido controvertido su planteo, en tanto la demandada no contestó el traslado conferido, no deben imponerse costas o, en su defecto, deben fijarse en el orden causado.
III. El recurso no merece prosperar.
Sin perjuicio del criterio que esta Sala ha venido sosteniendo en cuanto a la imposición de costas en el orden causado cuando, en materia recursiva, la parte contraria no contestó el traslado del memorial o la expresión de agravios respectiva (causas 163.896 RSI-405 del 21/09/2017, 155.513 RSi-66 del 4/03/2016, entre otras)-, un nuevo estudio de la cuestión nos convence de apartarnos de dicha interpretación literal y evaluar el tema desde sus diferentes supuestos.
En tal tarea, y a los fines de clarificar el criterio a seguir, encontramos prudente distinguir las distintas hipótesis que pueden presentarse al respecto tanto en primera como en segunda instancia:
1. Costas en primera instancia:
Si bien uno de los presupuestos de la condena en costas es la controversia, lo cierto es que para que ella exista no es indispensable la discusión propiamente dicha o la oposición a las pretensiones de una parte, sino que, basta con que exista una contraposición de intereses. La falta de participación activa de una parte (como ocurre en los casos de procesos en rebeldía o en procesos contra personas inciertas y, en general, en los supuestos en los que media silencio ante la sustanciación de un planteo dado) no cambia la cuestión, pues existiendo ese conflicto de intereses y brindándose la oportunidad de la debida bilateralización, hay litigio. Ante este panorama es posible, en virtud de la jurisdicción, la actuación de la ley en favor de una parte y en contra de la otra, consecuentemente según sea el resultado del proceso, existe vencimiento de una u otra de las partes (argto. Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil"; Astrea; Bs. As.; 2000; p. 58; Lino E. Palacio “Derecho Procesal Civil”, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1979, T. III. p. 369; CC0002 AZ causa 36762 RSD-9 del 26/03/96).
No puede afirmarse que la falta de contestación a una pretensión del adversario haga viable per se la eximición de costas a quien guardó silencio cuando fue éste quien con su actividad anterior motivó la contienda (al practicar una liquidación, ofrecer prueba o, en general, por planteos de cualquier naturaleza) desde que, la contraposición de intereses existió con independencia de la actitud asumida al correrse el respectivo traslado (argto. esta Sala en causa nº 163.572 RSI-455 del 18/10/2017, 160.9775 RSI- 530 del 10/11/2016; Sala III en causa 155.446 del 14/02/2014).
Repárese que el principio de contradicción establece que de toda petición o pretensión de una parte debe correrse traslado a la contraria. Se trata de la aplicación de la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 Const. Nac.). Pero la vigencia de este principio no requiere el efectivo ejercicio del derecho de defensa, sino que basta con que se haya dado a los interesados una razonable oportunidad de defenderse (argto. Loutayf Ranea, ob. cit. p. 58).
2. Costas en segunda instancia.
a. Cuando un recurso de apelación no prospera y la parte recurrida guardó silencio no se presentan controversias, pues sea que las costas se impongan al apelante o por su orden la consecuencia es la misma, porque sólo se trata de tarifar la labor del abogado del recurrente, por ser el único que intervino en la alzada.
b. Por el contrario, un panorama distinto se configura cuando se recepta una apelación en la que la contraria no replicó los agravios.
b.1.Cuando de los términos y alcances de la resolución revocada se desprende que ella fue motivada por el accionar de la parte recurrida (defensa, excepción, oposición o, en general, por planteos de cualquier naturaleza) el hecho de que ésta haya guardado silencio al corrérsele el traslado respectivo del memorial o la expresión de agravios no afecta la aplicación del principio rector en cuanto a la imposición de costas a su cargo (art. 68 PCC). Pues, como se dijo, la controversia existe desde que concurre una contraposición de intereses y, por lo tanto, la procedencia del planteo importa, en principio, la aplicación del criterio objetivo de la derrota con independencia de la conducta asumida por la contraria (salvo el supuesto de allanamiento producido en los términos del art. 70 inc. 2do. del CPCC).
b.2.Pero no corresponde adoptar igual criterio, en cambio, cuando el decisorio revocado fue dictado a instancias de un planteo del propio recurrente (obviamente con un alcance distinto al pedido por éste), o bien producto de una decisión dictada de oficio por el juez. En tales circunstancias, la procedencia del recurso no puede ir acompañado de la imposición de costas a la contraria que no evacuó un traslado en tanto la contienda no se suscitó entre ambas partes sino entre una sola de ellas y el juez.
En realidad, en estos casos, es el recurrente quien tiene que soportar las costas del recurso porque no puede hacerse cargar a la contraria las costas derivadas de una instancia que no participó. En este sentido, imponer las costas al apelante o “en el orden causado” genera la misma consecuencia patrimonial en tanto sólo se trata de tarifar la labor del abogado del recurrente, único interviniente en la contienda.
IV. Trasladando los conceptos expuestos al caso de autos concluimos que, el silencio de la demandada ante la oposición a los puntos de pericia realizada por el accionante no logra evitar un pronunciamiento sobre costas.
Repárese que, frente al ofrecimiento de prueba realizado por la accionada a fs. 130 y la oposición de la actora materializada a fs. 135, la falta de evacuación del traslado conferido a fs. 136 no modifica el carácter contradictorio que adquirió la incidencia suscitada y, por lo tanto, por principio general, las costas generadas corren por cuenta de la parte vencida (art. 68 CPCC)
Tampoco concurre un supuesto de excepción, como ser el análisis de una cuestión novedosa o dudosa de derecho. Pues la circunstancia mencionada por el a quo, en cuanto a la posibilidad con la que contaba el perito para manifestar que lo requerido excedía su competencia, no resultó determinante del rechazo, sino que se valoró, principalmente, que los puntos requeridos conformaban la práctica habitual del desarrollo de la pericia encomendada.
Por lo demás, el agravio introducido de manera subsidiaria, en cuanto se peticiona la imposición de costas en el orden causado, no demuestra la presencia de gravamen alguno para el apelante (argto. art. 242 inc. 3ro. del CPCC). Pues, el silencio de la contraria importó la participación en la incidencia de un solo abogado y, por lo tanto, una única actividad a tarifar, por lo que sea que la imposición de costas recaiga en el actor o, en el orden causado, ello no modifica la consecuencia patrimonial para el recurrente, que deberá afrontar el pago de los honorarios que se le regulen a su letrado.
En atención a ello, corresponde desestimar el embate bajo análisis. (art. 68, 69, 242, 246, 270 y concds. del CPCC).
V. Ahora bien, en atención a la doctrina mantenida por esta Sala con anterioridad y que el dictado de la presente resolución implica su cambio, corresponde disponer que las costas de Alzada se impongan en el orden causado (argto. art. 68 ap. 2do. CPCC).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS: I.- Rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 150 y confirmar, en consecuencia, la resolución de fs. 142/144 en lo que fue materia de agravio. II.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado en atención al cambio de criterio esbozado (arts. 68 y 69 del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., sigan los autos según su estado.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia