Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 168681
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Se rechaza el recurso de apelación de la demandada y la citada en garantía, con costas a su cargo.
II. Se hace lugar parcialmente al recurso de la actora y se modifica la sentencia elevando el monto de la condena por daño moral a la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000), con costas a la demandada y a la citada en garantía vencidas (art.68 del CPC).
III. Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art.51 de la ley 14.967.Notifíquese personalmente o por cédula (art.135 del CPC). Devuélvase.
ROBERTO J. LOUSTAUNAU RICARDO D. MONTERISI
Alexis A. Ferrairone
Secretario
REGISTRO N ° 22-S FOLIO N° 103/7
EXPEDIENTE N° 168681 JUZGADO N ° 12
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia apelada ?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: En la sentencia que obra a fs. 394/410, el Sr. Juez hizo lugar a la demanda entablada por Silvina Araceli González y condenó a los demandados Gabriel Marcelo Rapan y Seguros Médicos S.A. a pagar a la actora la suma de pesos ciento nueve mil ochocientos ($ 109.800) con más intereses y costas.
Para decidir del modo en que lo hizo, y en lo que al recurso de las demandadas interesa, el Sr. Juez consideró que al momento en que se produjeron las lesiones en el rostro de la actora, su embarazo era evidente. Tuvo por probado que el daño se produjo en el curso de un tratamiento que -para esa sesión en particular - fue realizado en la clínica ubicada en calle XX de Septiembre al 1500, donde no se pudo comprobar cuál era el estado del equipo depilatorio, ni si fue manipulado por personal adecuadamente capacitado como exige una disposición de ANMAT.
Apelaron las partes, y los recursos que les fueron concedidos libremente, han sido fundados y solo ha respondido la actora.
II: Los agravios de la demandada y la citada en garantía, son los siguientes:
a ) Critica la atribución de responsabilidad efectuada en la sentencia, entendiendo que la actora omitió informar su estado de embarazo en las siete sesiones previas a aquella en la que sufrió el daño, y en las cuales no había tenido inconveniente alguno, por lo que considero demostrado que el embarazo no le produjo el perjuicio.
Que tal circunstancia fue objeto de un pedido de explicaciones al Sr. Perito que lamentablemente no contestó, por lo que pide que este Tribunal requiera al experto las explicaciones omitidas.
b ) Se agravia del monto de la indemnización que considera excesiva, a la par que entiende que la relación del dólar con el peso en base a la cual determina la cifra no resulta ajustada a nuestro derecho positivo.
Señala también que los instrumentos que agregó la actora a fs.192 y 252 dan cuenta de licencias relacionadas con trastornos del embarazo, “ajenos a la aplicación de las sesiones en cuestión”, por lo que pide que se revoque la decisión y se disminuya sensiblemente el monto otorgado por daño moral.
III : Los agravios de la actora son los siguientes:
a ) Se agravia del monto fijado para la reparación del daño moral. Señala que los valores del salario mínimo vital y móvil y el dólar han sufrido notorios incrementos desde la fecha de la sentencia apelada, por lo que el resultado de considerar el valor de esas variantes a octubre de 2018 arroja como resultado un monto escaso.
b ) Se queja del monto fijado para reparar el daño material derivado de la lesión psicológica, pues sostiene que se ha tomado un valor mínimo de referencia (que en octubre de 2019 era de $ 405), y que no hay profesionales que cobren 300 pesos la sesión.
c ) Critica la tasa de interés fijada en el 6% anual desde el hecho y hasta el efectivo pago, y pide que se aplique los intereses dispuestos en las decisiones que han formado la doctrina legal de la SCBA , y que detalla.
IV : El recurso de la demandada y la citada en garantía no progresa.
a ) En sus conclusiones, el Sr. Perito médico dermatólogo señala que la práctica es inapropiada para una paciente embarazada, sin descartar que haya sido mal practicada (fs.332).
Aunque el Sr. perito se refiera a la “elección de esa práctica por parte de la paciente”, el Sr. Juez ha dejado asentado el criterio correcto respecto a la exigencia de asesoramiento previo del profesional demandada, quien continuó insistiendo en que la práctica no está contraindicada ante un embarazo (v. sentencia a fs.404 y vta.).
La circunstancia de que el daño se produzca recién en la octava sesión, y no en la sexta o séptima como invoca el apelante, puede indicar que esa práctica fue mal realizada solo en esa oportunidad, o que el proceso se manifestó recién en esa sesión, y en modo alguno es útil para refutar la afirmación del Sr. Perito acerca de la contraindicación de la práctica en embarazadas conforme la disposición nº2594 de ANMAT.
Tampoco resulta conducente para el recurso subrayar que la lesión fue transitoria, o que la actora no presenta secuelas actuales, pues la indemnización reconocida lo fue por el daño temporal sufrido, no por daño permanente.
En cuanto al pedido para que se requieran las explicaciones que el Sr. Perito médico dermatólogo no respondió en su oportunidad, entiendo que la vía procesal adecuada es la del art.255 del CPC, que el apelante no ha utilizado, y que – además - se encuentra vedado en tanto oportunamente el mismo recurrente desistió del pedido de explicaciones luego de hablar con el perito quien le refirió que una grave enfermedad se lo impide (escrito electrónico del 6.09.2018 a las08:44:43 a.m.).
b ) La crítica del monto de $100.000 reconocidos para reparar el daño moral se funda en que la suma es “harto excesiva” y en que no se ajusta a nuestro derecho positivo, sin perjuicio de señalar que la licencia de la actora en uno de sus colegios (fs.252) se produjo por “trastornos en el embarazo”, que fueron ajenos a la aplicación hecha por la demandada.
Conforme la doctrina de la CSJN (“Santa Coloma, Luis F. c. Ferrocarriles Argentinos”, Fallos:308:1160 y JA 1986-IV-625) el derecho a la reparación integra las garantías constitucionales, y la tutela de la dignidad humana se resiente gravemente en su dimensión constitucional frente a normas que solo en apariencia brindan protección a los daños injustamente sufridos a través de indemnizaciones menguadas (“Aquino c. Cargo Servicios Industriales” Fallos:327:3753), ya que “el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas” (art.1741 CCyC).
De allí que la utilización de referencias en los precios básicos de la economía nacional (el salario y la cotización del dólar entre ellos) ante la reconocida ausencia de índices estadísticos confiables en aquel tiempo, representen una camino válido para justipreciar la indemnización a valores actuales, conforme la doctrina de la SCBA citada en la sentencia (fs.408), que respeta el poder adquisitivo del dinero antes que su expresión nominal, escasamente útil en una economía inflacionaria (esta Sala causa nº 165.539 “Agüero…” voto del Dr. Monterisi).
La indemnización por daño moral abarca el período transcurrido entre el incidente que dañó temporalmente a la actora y el comienzo de las licencias por maternidad en ambos colegios (sentencia a fs.407 3er.párrafo), y pretende reparar la incomodidad y la vergüenza de la actora al tener que presentarse ante su alumnado con quemaduras y lesiones cutáneas visibles, entre otras situaciones que debió afrontar la actora en aquella etapa corrida entre que sufrió el daño y la desaparición de sus secuelas.
Ninguna modificación puede derivar entonces de los “trastornos del embarazo” que pudieran haber sido la causa de una (no de las dos) de las licencias.
V : El recurso de la actora prospera en lo tocante a la cuantificación del daño moral.
Según se desprende del considerando «4.a» del fallo de primera instancia, el juez cuantificó en $100.000 el daño extra- patrimonial destacando que la suma pretendida en demanda fue supeditada a lo que en más o en menos resulte de la prueba. Asimismo, y con expresa mención al fallo “Agüero” de esta Sala (c. 165.539 del 04/10/2018) sopesó diversas variables económicas tanto a la fecha del inicio del pleito como al momento de dictar la sentencia.
Si bien aquel precedente propuso contemplar un par de variables económicas a los fines de indagar en qué medida existía una violación al principio de congruencia, (y en modo alguno se proponía como pauta explícita de cuantificación, como parece haber interpretado el Sr. Juez a quo ) tiene razón la reclamante en el argumento basilar que da fundamento a su agravio: la indemnización por daño moral reconocida en la sentencia es, en efecto, “ escasa (...) para intentar compensar el monto originalmente pretendido al momento de presentar la demanda en el año 2012” (fs. 420/vta, punto 4) .
En materia de daño moral, esta Sala entiende que a la hora de justipreciar la procedencia del rubro no es esencial la índole del deber incumplido (previamente asumido o el genérico de no dañar) ni el consiguiente encuadramiento de la responsabilidad como contractual o aquiliana, sino las características del perjuicio mismo en confrontación con el suceso lesivo que lo produce. Aunque no se exija una prueba exhaustiva de la afección espiritual padecida, las circunstancias del caso deben posibilitar al juez que -en ejercicio de sus facultades propias y aplicando las reglas de la experiencia- juzgue si de acuerdo al normal acontecer, el hecho alegado tiene aptitud para provocar el perjuicio cuya indemnización se solicita (causas 168199 -“ Gastiarena ...” del 10/10/2019 , 167312 -“ Bertocchini ...”- del 10/05/2019, 166428 -“Ale...”- del 13/12/2018, 166363 -“ Bassano ...”- del 02/10/2018, 165996 -“ Felices ...”, del 20/09/2018, entre otros; Zavala de González, Matilde, “ Resarcimiento del daño moral ”, Ed. Astrea, 2009, págs.189 y sgtes, (“Resarcimiento de daños”, 5ª, “Cuánto por daño moral”, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, págs. 158 y ss.).
La Suprema Corte ha resuelto además que " la determinación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas, sino que depende -en principio- de la prudente ponderación que efectúe el juez de las repercusiones negativas del suceso " (A.71596 -"Squassi..." del 25/10/2017).
Teniendo en consideración las circunstancias adversas por las que injustamente tuvo que atravesar la Srta. González —en particular, la entidad de la lesión estética, su estado de gravidez y el ulterior regreso a sus actividades laborales— es que considero que la suma fijada en la decisión apelada resulta escasa para indemnizar de manera plena el detrimento espiritual sufrido. Encuentro en estos elementos un material de convicción suficiente que me lleva a considerar prudente y razonable elevar el resarcimiento a la suma de $200.000 (v. testimoniales de fs. 231 y sig. y dictamen de fs. 291/3).
En tal medida propondré al acuerdo admitir el agravio y modificar esta parcela del fallo. (arts. 522 CC, 1741 del CCyC, 384 del CPCCBA).
b. Distinta es la suerte que debe correr la objeción al modo de cuantificar el rubro de daño material derivado de la lesión a la psiquis.
Ha sido la Suprema Corte bonaerense la que ha resuelto en reiteradas oportunidades que los rubros resarcitorios pueden ser cuantificados a valores más cercanos a la fecha de la sentencia o incluso en la etapa de ejecución (entre muchos otros, véase c. 101.107 -“ Arbizu ...”- del 23/03/2010 c. 117735 -" Bi Launek "- del 24/09/2014, c. 117501 -" Martinez "- del 04/03/2015, c. 119449 -" Córdoba ..."- del 15/07/2015, c. 102963 -" Sabalete ..."- del 07/09/2016, c. 120192 -" Scandizzo de Prieto "- del 07/09/2016, entre muchos otros).
Esta práctica parte de la base de considerar que el crédito resarcitorio, por regla, es de valor y no de dar sumas de dinero . El acreedor es titular de una valía o utilidad que se satisface con dinero. Luego, la estimación jurisprudencial del daño -realizada en un momento posterior al hecho que ocasiona el perjuicio- no implica actualizar o repotenciar obligaciones pecuniarias sino determinar el contenido monetario de una cierta utilidad o valor que es objeto de controversia.
El punto es que tal ha sido la modalidad adoptada por el juez, quien -según se desprende del fallo- cuantificó el rubro reclamado en el valor más cercano a la sentencia (el que se desprende del dictamen pericial de fs. 291/3 y los mínimos éticos fijados por la autoridad administrativa a la época del fallo). La sola volubilidad de la unidad arancelaria de los psicólogos luego del dictado del fallo —y la depreciación acumulada desde esa fecha hasta el momento en que se presentó el memorial— no justifica un agravio si no se cuestiona la modalidad de cuantificación. Pretender alterar la cuantificación de la partida resarcitoria por el solo hecho de que ha variado el arancel profesional constituye no otra cosa que repotenciar o indexar una cuantificación de un valor ya efectuada (art. 772 del CCyC; art. 7 y 10 de la Ley 23.928 y 25.561).
Es que la posibilidad de fijar valores al momento de la sentencia, o diferir la avaluación del daño, no incluye su permanente reedición, pues conforme lo dispone el art.772 del CCyC, una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las normas propias de las obligaciones dinerarias, que incluyen la prohibición expresa de cualquier aumento que no sea producto de la aplicación de intereses.
Lo contrario llevaría a una actualización, reajuste o repotenciación permanente (en instancia de apelación, de recurso extraordinario, al regular honorarios, y así hasta el momento del efectivo pago) prohibido por la ley vigente (arts.7 y 10 de la ley 23.928, ley 25.561)..
La pérdida de poder adquisitivo del capital de condena, podría verse morigerada por la aplicación de la tasa activa que incluye un porcentaje destinado a cubrir la escoria inflacionaria, más el precio del crédito para reemplazar el dinero que el deudor no pagó oportunamente (entre otros componentes de la tasa), pero ese criterio ha sido desarticulado por la SCBA, que ha fijado la doctrina legal consistente en aplicar una tasa pura del 6% anual desde el momento del hecho y hasta la fecha tomada en cuenta para fijar el valor (“Vera” y “Nidera”), y de allí hasta el efectivo pago deberá correr la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
c ) Finalmente, no hay agravio en torno a la fijación de la tasa que el Sr. Juez ha hecho aplicando la doctrina legal vigente, que la apelante reclama, según entiendo por una interpretación errónea del 3er.párrafo de fs.409 vta.
Allí el juez se limitó a señalar el “diez a quo” o fecha inicial del curso de los intereses y dijo desde “la sesión dañosa” (art.1748 CCyC), y el “dies ad quem” o fecha final, que fijó en el momento del efectivo pago.
Los intereses que el Juez ha mandado a pagar deben liquidarse a una tasa pura del 6% anual desde el momento del hecho y hasta la fecha tomada en cuenta para fijar el valor, y de allí hasta el efectivo pago a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Ricardo Domingo Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto Loustaunau dijo:
Corresponde: I ) Rechazar el recurso de apelación de la demandada y la citada en garantía, con costas a su cargo. II ) Hacer lugar parcialmente al recurso de la actora y modificar la sentencia elevando el monto de la condena por daño moral a la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000), con costas a la demandada y a la citada en garantía vencidas (art.68 del CPC). III ) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art.51 de la ley 14.967.
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Con fundamento en el acuerdo precedente se dicta la siguiente sentencia: I ) Se rechaza el recurso de apelación de la demandada y la citada en garantía, con costas a su cargo. II ) Se hace lugar parcialmente al recurso de la actora y se modifica la sentencia elevando el monto de la condena por daño moral a la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000), con costas a la demandada y a la citada en garantía vencidas (art.68 del CPC). III ) Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art.51 de la ley 14.967.Notifíquese personalmente o por cédula (art.135 del CPC). Devuélvase.
ROBERTO J. LOUSTAUNAU RICARDO D. MONTERISI
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia