Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167723
REGISTRADA BAJO EL N º 15-S Fo. 61/8
Exptes. N ° 131.654-167.723 Juzgado Civ. y Com. Nº 14.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 11 días del mes febrero de dos mil veinte, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar SENTENCIA ÚNICA en los autos caratulados “FLEITA LILIANA PAOLA Y OT. C/ ZAMPATTI JOSE ALFREDO Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” y “ZAMPATTI JOSE ALFREDO C/ FLEITA LILIANA PAOLA Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Alfredo E. Méndez, aceptándose la excusación formulada por el Dr. Roberto J. Loustaunau a fs. 615 del expte. N°167.723 por la causal allí invocada (arts. 30, 32 y ccdts. del C.P.C.).
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1a.) Es justa la sentencia única dictada a fs. 411/442 del expte. N° 131.654 y fs. 556/587 del expte. N° 167.723?
2a.) Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO MONTERISI DIJO:
I. La sentencia única dictada a fs. 411/442 del expte. N° 131.654 y fs. 556/587 del expte. N° 167.723 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo de los recursos de apelación deducidos por la parte actora y la citada en garantía a fs. 443 y mediante escrito electrónico de fecha 26-10-2018 correspondientes al expte. N° 131.654, así como los recursos deducidos por las partes actora y demandada a fs. 588 y 591 del expte. N° 167.723 respectivamente.
El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por JOSE ALFREDO ZAMPATTI contra LILIANA PAOLA DEOLINDA FLEITA, JUAN ANIBAL FLEITA y NORA ALBA MENA, condenando a los vencidos a abonar al actor la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE ($ 4.412) con más sus respectivos intereses y costas.
Paralelamente rechazó la demanda interpuesta por FEDERICO ANDRES GARCIA contra JOSE ALFREDO ZAMPATTI, con costas al vencido, e hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por LILIANA PAOLA DEOLINDA FLEITA, JUAN ANIBAL FLEITA y NORA ALBA MENA contra JOSE ALFREDO ZAMPATTI y la citada en garantía PROVINCIA SEGUROS S.A., condenando a los vencidos a abonar a los actores JUAN ANIBAL FLEITA y NORA ALBA MENA la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 6.320), y a la coactora LILIANA PAOLA FLEITA la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 3.320), todo ello con más sus respectivos intereses y costas.
Luego de señalar que el hecho motivo de autos ocurrió durante la vigencia del derogado Código Civil de Vélez Sarsfield, por lo que la contienda debía dirimirse según dicho ordenamiento, expresó el sentenciador que existía acuerdo entre las partes en el sentido que el día 4 de agosto de 2002 siendo la 1.45 hs. aproximadamente, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de la Avda. Constitución y la calle Andrade de esta ciudad que involucró al automotor Ford Focus dominio DPY 357 conducido por Liliana Paola Fleita y el Peugeot 306 dominio AXV 759 al mando de José Alfredo Zampatti.
Observó que habiendo intervenido dos vehículos en el siniestro, se trataba de un evento que correspondía al campo objetivo de la “teoría del riesgo creado” normada en el art. 1113 2do. párr. 2da. parte del Código Civil, en virtud de la cual el dueño o guardián eran responsables del daño derivado del riesgo o vicio de la cosa, excepto que demostraran la interrupción del nexo causal entre el hecho y el daño por el accionar de la víctima o de un tercero.
En cuanto a la mecánica del accidente, analizó las constancias del acta policial labrada en su oportunidad, el relevamiento accidentológico efectuado en la causa penal, las fotografías acompañadas por las partes así como el dictamen pericial mecánico del Ing. Sergio Almeyda, concluyendo que el relato del conductor del Peugeot 306 Sr. Zampatti carecía de sustento.
Consideró que de acuerdo al material probatorio aportado, el impacto se produjo entre el sector lateral trasero izquierdo del Peugeot y la parte frontal derecha del Ford, sobre el carril izquierdo de la Avda. Constitución antes del cruce con la calle Andrade. Teniendo en cuenta dichos extremos, que ambos vehículos se desplazaban por la avenida en la misma dirección y que el automotor embestido ya se encontraba en forma perpendicular a esa arteria al momento del choque, entendió que el Peugeot no circulaba por el carril izquierdo sino por alguno de los otros dos carriles; en tales circunstancias, su conductor –al doblar a la izquierda para tomar por la calle Andrade- se interpuso en la línea de marcha del Ford que se desplazaba por el carril izquierdo a una velocidad superior a los 62 km/h. y cuya conductora pese a la maniobra evasiva de frenado, no pudo evitar el accidente.
Advirtió que a la fecha del hecho, el giro a la izquierda en la citada avenida resultaba ser una maniobra permitida por el ordenamiento de tránsito (Ley provincial 11.430 y art. 43 inc. “a” ley 24.449); no obstante ello, puntualizó que el lugar donde ocurrió el siniestro no era una encrucijada ordinaria, por cuanto se trataba de una intersección (sin semaforización) de una avenida con tres carriles de circulación por mano y una calle con doble sentido de circulación.
Destacó que toda maniobra de giro a la izquierda en una avenida que implicara atravesarla era singularmente riesgosa por el peligro de interferir en el tránsito de quienes se desplazaban por la misma vía en igual u opuesta dirección, lo que imponía realizarla con extrema cautela, criterio plasmado jurisprudencialmente en numerosos precedentes. De allí que lo razonable era que quien intentara efectuar el giro a la izquierda cediera el paso al vehículo cuya circulación –por la misma mano o la contraria- pudiera interrumpir, a fin de prevenir una eventual colisión, como en el caso de autos.
Sostuvo que de acuerdo a las constancias acompañadas y aunque no se hubiera acreditado que la maniobra fue intempestiva, el Sr. Zampatti no la llevó a cabo con la debida atención pues de lo contrario hubiera podido evitar la colisión, trasgrediendo lo dispuesto por el inc. 3° del art. 51 de la Ley 11.430, por lo que su conducta tuvo aptitud para interrumpir parcialmente el nexo causal entre el hecho de la conductora del Ford Focus y el daño.
No obstante ello, consideró que la velocidad a la que se desplazaba la Sra. Fleita –superior al límite legal- le impidió mantener el dominio y control efectivo de su vehículo, constituyéndose su conducta en concausa del hecho ilícito. Por dichos fundamentos, distribuyó la responsabilidad por las consecuencias del siniestro en el 80% al conductor del Peugeot Sr. Zampatti y el 20% a la conductora del Ford Focus Sra. Fleita.
Paralelamente, hizo extensiva la obligación resarcitoria del Sr. Zampatti a la citada en garantía Provincia Seguros S.A., eximiendo de responsabilidad a Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. por inexistencia de cobertura a la fecha del siniestro.
Seguidamente analizó los daños reclamados por los litigantes en sus respectivas demandas.
En lo que respecta a la acción incoada por José Zampatti, receptó los rubros gastos de reparación del automóvil, privación de uso y pérdida de valor venal del rodado, que cuantificó en las sumas de $ 4.100, $ 72 y $ 240 respectivamente, de acuerdo al porcentual de responsabilidad asignado.
En cuanto a la reparación peticionada por Liliana Paola Fleita, acogió la pretensión por gastos de asistencia médico-farmacéutica, tratamiento psicoterapéutico y daño moral, que cuantificó en las sumas de $ 80, $840 y $ 2.400 respectivamente. Desestimó los rubros incapacidad física y gastos de traslado por ausencia de material probatorio que avalara su procedencia.
Examinó el reclamo formulado por Federico Andrés García, quien afirmó haber sufrido lesiones físicas, daño psíquico y daño moral con motivo del accidente; destacó que dichos extremos no fueron acreditados, por lo que rechazó la demanda a su respecto.
Finalmente analizó la pretensión resarcitoria incoada por Juan Anibal Fleita y Nora Alba Mena, receptando los rubros gastos de reparación del automóvil y privación de uso, que cuantificó en las sumas de $ 6.032 y $ 288 respectivamente. Desestimó el reclamo por pérdida de valor venal del vehículo atento la inexistencia de soporte probatorio. Dispuso la aplicación de intereses sobre el capital de condena conforme la tasa pasiva BIP del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
II. El Sr. José Zampatti expresó sus agravios en el expte. N° 167.723 mediante escrito electrónico de fecha 12-6-2019 proveído a fs. 607, que fueron respondidos por la contraria mediante escrito electrónico de fecha 24-6-2019 proveído a fs. 610.
Alegó que al analizar la mecánica del accidente el juez de primera instancia se apartó de la prueba producida, según la cual el Peugeot se encontraba detenido en la intersección con la calle Andrade cuando fue embestido por el Ford Focus. Sostuvo que su parte fue sujeto pasivo del imprudente accionar de la contraria, quien además de circular a excesiva velocidad, no advirtió que había un vehículo detenido para girar por la calle Andrade, maniobra que a la fecha del siniestro se hallaba permitida. Solicitó la atribución de total responsabilidad a la contraria, o subsidiariamente, de un porcentaje mayor al asignado.
Se agravió –en último término- por la imposición de las costas generadas por la citación en garantía de Seguros Bernardino Rivadavia, señalando que los datos del seguro le fueron suministrados por la demandada quien manifestó que se encontraba vigente, extremo que mal podía conocer su parte a la fecha de promover la acción.
Los Sres. Liliana Paola Fleita, Juan Anibal Fleita y Nora Alba Mena expresaron sus agravios en el expte. N° 167.723 mediante escrito electrónico de fecha 17-6-2019 proveído a fs. 608, que no merecieron respuesta de la contraria.
Alegaron que al valorar el relevamiento accidentológico efectuado en la causa penal para esclarecer la mecánica del hecho, el juez de primera instancia omitió considerar que los daños se generaron “con incidencia de izquierda a derecha”, lo que significaba que el Peugeot estaba en movimiento al momento del impacto y que invadió intempestivamente el espacio de circulación del Ford Focus. Concluyeron que la peligrosa maniobra realizada por Zampatti provocó la colisión, solicitando la atribución de total responsabilidad al mencionado.
Negaron el exceso de velocidad que se endilgó a la conductora del Ford, agregando que la causa determinante del siniestro fue la maniobra abrupta y desmedida de Zampatti.
La citada en garantía Provincia Seguros S.A. expresó sus agravios en el expte. N° 131.654 mediante escrito electrónico de fecha 12-6-2019 proveído a fs. 454, que no merecieron respuesta de la contraria.
Sostuvo que tratándose de dos vehículos en movimiento la disposición del art. 1113 del Código Civil no era absoluta sino que debía estarse a la culpa, que se presumía en caso de inobservancia de las reglas de tránsito. Alegó que fue la conductora del Ford Focus quien perdió el dominio de su rodado, surgiendo de la pericia mecánica su carácter de embistente y que circulaba a exceso de velocidad.
Cuestionó el resarcimiento por daño moral fijado, argumentando que no se produjo prueba que acreditara las lesiones sufridas. Se agravió –por último- por la fijación de intereses desde la fecha del hecho por los daños registrados en el vehículo, ya que se ignora cuando fueron realizados los presuntos gastos de reparación.
III. CONSIDERACIÓN DE LOS AGRAVIOS.
1. La atribución de responsabilidad.
Atento que el punto ha sido motivo de queja por parte de todos los apelantes, me ocuparé de sus agravios en forma conjunta.
Como expresara el juez de la instancia anterior, este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que es un deber elemental de cuidado para todo conductor que va a efectuar un giro a la izquierda en una avenida, asegurarse de que no interferirá en la circulación de ningún otro vehículo previo a iniciar la maniobra, dada la peligrosidad que ésta reviste para quienes se desplazan por el carril o carriles opuestos o aún en la misma dirección (esta Sala, exptes. 139.874 S. 1-9-09 Reg. 749-S; 140.467 y 140.926 S. 17-9-09 Reg. 801-S; 137.684 S. 1-3-12 Reg. 42-S, 150.448 S. 22-5-2012 Reg. 130-S; 161.182 S. 18-8-2016 Reg. 195-S, todos con voto del suscripto).
En idéntico sentido, se ha dicho que “El giro a la izquierda en una avenida de doble circulación, es una maniobra singularmente riesgosa que, si bien en el terreno del suceso se hallaba autorizada, dado que la prohibición existe exclusivamente en avenidas semaforizadas de acuerdo a lo establecido por el artículo 54 de la ley 11430, no debió acometerse sin previamente adoptar todos los recaudos necesarios para asegurarse que no obstruiría con el viraje el tránsito normal de quienes, al provenir de la mano contraria, poseían prioridad de paso, poniendo a éste ante una circunstancia imprevista e irresistible que obligara al esquive e ingreso a la otra mano por la maniobra sin alternativas que efectuara aquél” (Cfr. CCQL Sala 1, Expte. 5053 RSD-48-2 S. 8-8-2002; idem CC1a.LP, Sala 3, Expte. 238.569 RSD-48-2 S. 18-4-2002; esta sala, Expte. 128.808 RSD-354-5 S. 26-5-2005).
Puntualiza la doctrina que, en supuestos como el analizado, la más leve imprudencia puede determinar la plena responsabilidad del conductor, ya que genera un grave peligro no sólo por interponerse en la trayectoria de quienes avanzan en sentido contrario sino también para quienes circulan en su misma dirección, en la medida que al verse obligado a reducir la velocidad justamente en el carril de circulación rápida, interfiere también en la marcha de estos últimos (v. Areán, Beatriz, “Juicio por accidentes de tránsito” , Ed. Hammurabi 2006, v. 2 pág. 369 y ss.).
Atendiendo a estos conceptos, surgiendo del informe accidentológico glosado a fs. 33/34 de la causa penal así como la pericia de ingeniería mecánica producida a fs. 481/486 del expte. N° 167.723 que el impacto se produjo sobre el lateral trasero izquierdo del Peugeot cuando dicho vehículo realizaba un giro a la izquierda en la Avenida Constitución –en su intersección con la calle Andrade-, es claro que al efectuar dicha maniobra su conductor obstruyó el carril de circulación rápida por el que se desplazaba el Ford Focus. Ello impone concluir que la inoportuna maniobra realizada por Zampatti (ya fuera por falta de la debida atención o error de cálculo sobre la proximidad del vehículo que circulaba detrás) fue la primordial causa del accidente (arts. 51 inc. 3° segunda parte y 59 inc. 8° ley 11.430, vigente a la fecha del hecho).
En cuanto a la incidencia de la conducta de la Sra. Fleita en la producción del siniestro, coincido con el juez de primera instancia en el sentido que su exceso de velocidad también contribuyó –ciertamente en medida muy inferior- al acaecimiento del suceso. Particularmente teniendo en consideración que si bien la velocidad máxima reglamentaria en las avenidas es de 60 km/h, la normativa de tránsito impone disminuir dicha velocidad al aproximarse a una encrucijada (art. 77 inc. 1) B) e inc. 6) A) de la ley 11.430), recaudo de precaución que posibilita al conductor mantener el control de su rodado para evitar accidentes (v. SCBA causa C 102.966 “Nevarro, Nélida c/ Alvarez, Rodrigo y otros s/ daños y perjuicios” S. 9/6/2010, del voto del Dr. Pettigiani; esta Sala, expte. 144.379 S. 5-8-2010 Reg. 208-S, entre otros).
Por los fundamentos precedentemente expuestos, comparto la solución adoptada en cuanto al porcentaje de responsabilidad atribuido a cada uno de los protagonistas del siniestro, debiendo rechazarse los agravios de los apelantes a ese respecto.
2. El daño moral.
El agravio de la citada en garantía Provincia Seguros S.A. no merece acogida.
Como es sabido, el daño moral se determina en función de la entidad que asume la modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir y por la repercusión que tal minoración determina en el modo de estar de la víctima, que resulta siempre anímicamente perjudicial. El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, etc., son solo elementos que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido. Pero todo ello debe ser valorado prudencialmente por el juez, tomando en cuenta las circunstancias objetivas del caso concreto (v. Pizarro, Ramón D., “Valoración del daño moral", en La ley, 1986-E-828, cit en Lopez Mesa - Trigo Represas, ob.cit., p. 170, en similar sentido, Pizarro, Daniel, Vallespinos, Carlos. Instituciones de derecho privado. Obligaciones. Ed. Hammurabi, t. II, p. 641; esta Sala, expte. “Santecchia” S. 14-2-2018 Reg.27-S, entre otros).
La reiterada y uniforme jurisprudencia de la Suprema Corte Provincial ha establecido que “En los supuestos de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima, por lo que la indemnización respectiva debe cubrir tanto el daño material como el moral; y el reconocimiento y resarcimiento de este último depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere tampoco prueba específica alguna cuando debe tenérselo por demostrado por la sola circunstancia de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral” (Cfr. SCBA, Ac. L 43.813 S. 6-3-1990, AyS 1990-I-33; Ac. 57.435 S. 8-7-1997, AyS 1997-III-484; Ac. C 95.646 S. 7-5-2008, entre muchos otros).
Contrariamente a lo afirmado por el apelante, el material probatorio reunido permite tener por demostradas no sólo las lesiones físicas sufridas por la Sra. Fleita (v. constancia fs. 16 de la causa penal e informativa de la Clínica Privada Pueyrredón agregada a fs. 222/223 del expte. N° 131.654) sino también los padecimientos psíquicos que la víctima debió atravesar con motivo del accidente (v. dictamen pericial de fs. 269/271 expte. N° 131.654), elementos que avalan sobradamente la procedencia del resarcimiento por daño moral impugnado.
3. La imposición de costas por la citación en garantía rechazada: El agravio del actor Zampatti en el expte. N° 167.723 debe progresar.
En anteriores precedentes de esta Sala, hemos señalado que constituye una conducta social típica el intercambio de la información necesaria acerca de los seguros obligatorios que cada vehículo debe poseer, en el momento inmediato posterior al siniestro, por lo que no cabe presumir que la actora citó a la aseguradora por su sola ocurrencia sino que el dato le fue aportado -como sucede habitualmente- por el conductor al momento del accidente (v. expte. 124.816 “Perrero c/ León s/ daños y perjuicios” S. 13-10-2009 Reg. 880-S; ídem expte. 167.452 S. 25-6-2019 Reg. 146-S).
Por otra parte al responder la citación, Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. reconoció la existencia del contrato y la emisión de la póliza, alegando una causal de exclusión de cobertura (la falta de pago del premio) que -obviamente - debía ser objeto de comprobación en este expediente, no pudiendo razonablemente pretenderse que el actor se allanara a la existencia de una irregularidad contractual confiando dogmáticamente en la declaración del tercero citado (art. 375 C.P.C.).
En consecuencia, encontrándonos frente a un seguro de carácter obligatorio y teniendo en cuenta que la falta de pago del premio es un hecho exclusivamente imputable al asegurado (quien también requirió la citación a fs. 87 vta. del expte. N° 131.654), resulta ajustado a derecho que las costas gen
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