Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167589
REGISTRADA BAJO EL N º 393-S Fo.
Expte. N º 167589 Juzgado Civil y Comercial N°6
En la ciudad de Mar del Plata, a los 16 días del mes de abril de 2020 se encuentra reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario, bajo la modalidad de trabajo en domicilio (arts. 1, apartado b.1.1 de la Res. 10/20 y 1, 2 y 4 de la Res. 18/20 ambas de la SCBA), por encontrarse los magistrados incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/20 de la SCBA, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “ MELEGARI, BERNARDO F ÉLIX C. RISSO, GLADYS NOEMÍ Y OT., S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 01 de noviembre de 2018?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia dictada el 01 de noviembre de 2018 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 574.
En lo que aquí interesa destacar, el Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios entablada por Bernardo Félix Melegari contra Gladys Noemí Risso y Leandro Daniel Curuchet y condeno a éstos últimos a abonar al actor $27.930 más intereses y costas.
Consideró acreditado el accidente de tránsito ocurrido el 3 de agosto de 2013 a las 20hs en la intersección de la calle La Rioja y Gascón de esta ciudad en el que participaron un Ford Escort LX dominio DJJ704 conducido por el actor y una camioneta Ecosport 1.6 dominio FKC377 propiedad de Gladys Noemí Risso y conducida por Leandro Daniel Curuchet. Juzgó que éste último fue el responsable del accidente y el deber de reparar los daños se hizo extensivo a la Sra. Risso en su condición de propietaria de la cosa riesgosa.
Receptó dos rubros resarcitorios: gastos de reparación del vehículo (por un total de $17.930) y privación de uso ($10.000). En cuanto a los accesorios por mora, aplicó la doctrina legal que la SCBA fijó en causas “Vera” (C.120.536, del 18/04/2018) y “Nidera S.A.” (C.121.134 del 03/05/2018) y decidió: a) que para el rubro privación de uso , se liquiden a una tasa pura del 6% anual desde el día del hecho hasta la fecha del fallo y de allí en adelante hasta el efectivo pago a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días; b) que para el rubro reparación de vehículo , y por tratarse de la restitución de un dinero ya erogado, se aplique desde la mora y hasta el pago la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días.
II. El recurso de la parte actora.
Melegari apeló la decisión y fundó su recurso a fs. 594/8. Plantea un único agravio dirigido a cuestionar la tasa de interés moratoria escogida por la jueza. Sustenta su queja en los siguientes argumentos:
i) Que la tasa de interés fijada en el fallo es injusta y promueve el incumplimiento de las obligaciones en desmedro del patrimonio del acreedor y un apartamiento del escenario económico actual.
ii) Alega que la situación económica presente es muy distinta a la que existía a la fecha del accidente. El interés -dice- debe permitirle mantener el poder adquisitivo del dinero y ello no importa indexar el capital sino “ poder adquirir los mismos bienes o servicios que efectivamente perdí por el daño causado por la demandada”. Expone los perjuicios y molestias ocasionadas por el accidente y el desgaste de acudir ante los tribunales a litigar el derecho que le fue reconocido. En lugar de proteger su patrimonio, manifiesta, la tasa moratoria lo perjudica.
iii) Entiende que las decisiones que la Suprema Corte dictó en las causas “Cabrera” y “Ubertalli” perdieron vigencia, realidad y coherencia. Afirma que la Cámara no está obligada a mantener esa postura. Pide se aplique la tasa activa “ más alta que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires”.
iv) Enfatiza que la tasa que reclama no importa una indexación en los términos de la Ley 23.928, mantenida por Ley 25.561, y que las tasas pasivas que aplican los tribunales dilapidan el crédito por el transcurso del tiempo y permiten el correlativo enriquecimiento sin causa del deudor.
v) Pone de manifiesto las consecuencias que siguen de adoptar criterios jurisprudenciales que promueven la aplicación de tasas pasivas, incluyendo incentivos para litigar sin razón, dilatar pleitos y pagar deudas licuadas.
vi) Argumenta que el artículo 771 del Código Civil y Comercial impone al juez el deber de valorar el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Dice que “desde el día del hecho el acreedor se ha visto privado del capital al que tiene derecho y que entonces se debe evaluar cuánto le hubiera costado el dinero si lo hubiera buscado en el mercado”.
III. Tratamiento del recurso.
Adelanto que le asiste razón a la actora y propondré al acuerdo que el recurso sea admitido.
El tópico sobre el cual recae el único agravio de la recurrente -en concreto, la tasa con la que corresponde liquidar los intereses moratorios en obligaciones a las que no les es aplicable una alícuota pactada o legal- ha sido objeto de históricos y recurrentes debates en la doctrina judicial y autoral argentina. Se trata, además, de una cuestión que fuera abordada en reiteradas oportunidades por la Suprema Corte bonaerense.
Por razones de orden lógico y claridad expositiva, pasaré revista en primer lugar a los precedentes más significativos de la Casación provincial que han contorneado su interpretación actual sobre la materia; haré foco además en los fundamentos que les han dado sustento a sus decisiones y también, y esto es importante, repararé en el contexto económico y jurisprudencial en el que esas sentencias fueron dictadas.
Sobre el final, explicaré en detalle cuál es el modo que considero justo y razonable para resolver la cuestión que es objeto de agravio.
III.1. La doctrina legal de la Suprema Corte.
a. El puntapié inicial de la línea jurisprudencial que ha dado forma a la doctrina legal actual de la Suprema Corte tuvo lugar en mayo de 1991, cuando la Casación dictó el fallo “ Zgonc ” (Ac. 4348 del 21/05/1991). Allí resolvió que a los créditos pendientes de pago que han sido reconocidos judicialmente, trátese de responsabilidad contractual o aquiliana, los intereses moratorios devengados luego del 1/04/1991 deben liquidarse a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
El voto del Ministro Negri poco y nada dijo sobre los motivos que justificaban la elección de la tasa. Esa fundamentación llegaría algunos años después en las causas " Cardozo " [Ac.49.439 del 31/08/1993] y " Gómez " [Ac.49.441 del 23/11/1993] en las que la Corte argumentaría que el daño moratorio se repara con la tasa pasiva que obtiene el acreedor en una inversión ordinaria. La tasa activa -se dijo en aquella oportunidad- se sustenta en una hipótesis de hecho que no se puede presumir (la supuesta toma de un préstamo para sustituir lo debido) y que, de haber ocurrido, debe ser invocada y acreditada.
Tanto el dictado del fallo “Zgonc” por parte de la Suprema Corte bonaerense como el coetáneo “ Yacimientos Petrolíferos Fiscales ” de la Corte Federal (Fallos 315:158) se enmarcaron en una voluntad común de ambos cuerpos de alinearse con la política antiinflacionaria que acompañaba al recién instaurado Plan de Convertibilidad (Ley 23.928). Estos pronunciamientos se hicieron eco de las pautas desindexatorias contempladas en la Ley 23.928 (arts. 7 a 10) y se amoldaron a un plan económico que se caracterizó por una inflación decreciente y que llegó incluso hasta el 0% mensual, un tipo de cambio fijo y un Banco Central restringido en sus potestades de acción para adoptar medidas de política monetaria (v.gr., emisión de moneda).
Aquella época -explican Zambón y Giuliani- estuvo signada por las ideas de la ortodoxia económica conglomerada alrededor de las propuestas del Consenso de Washington y que se sustentaban en una serie de principios dirigidos a países en vías de desarrollo: disciplina fiscal, reducción del gasto público como herramienta de control fiscal, reducción de la inflación, reformas tributarias, privatizaciones, desregulación y tasas de interés determinadas por el mercado (pero con el énfasis en las tasas positivas para incentivar el ahorro y evitar fugas). Eso fue, en definitiva, el modelo económico neoliberal que marcó el inicio de la década del 1990 [Zambón, Humberto; Giuliani, Adriana. La inflación en Argentina. Educo, Editorial de la Universidad Nacional del Comahue, 2009, pág. 128]
Las tasas pasivas que pagaban los bancos en depósitos a plazo fijo en aquella época -reitero: hechos en pesos bajo un sistema nominalista de paridad cambiaria- otorgaban resultados positivos, lo que generaba una ganancia para el ahorrista y constituía un argumento de peso para que varios tribunales optasen por utilizarlas para liquidar intereses moratorios en los litigios al interpretar el alcance de la tasa judicial del por entonces vigente art. 622 del Código Civil [e.g., las distintas Salas de este Tribunal, con diferentes integraciones, se plegaron a esta interpretación: Sala I, c. 81376 -“ Banco de Galicia y Buenos Aires "- del 05/09/1991, c. 82364 -" Banco de la Provincia de Buenos Aires "- del 21/11/1991, entre otros; Sala II, c. 96081 -" Risoli "- del 26/03/1991, c. 86337 -" Ratti "- del 15/12/1992, c. 86877 " Di Zinnio "- del 16/03/1993; véanse además plenarios “ Vázquez, Claudia Angélica c. Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios ", del 2/08/1993 y " Alaniz, Ramona E. y otro c. Transportes 123 SACI interno 200" del 23/03/2004, ambos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil;].
III.1.b. Abandonada la convertibilidad mediante la Ley 25.561 e iniciado un nuevo proceso inflacionario, los tribunales de apelación comenzaron a cuestionar la vigencia de la referida doctrina “Zgonc”. Ésta decisión había sido adoptada en un marco de estabilidad monetaria y paridad cambiaria que podía justificar, al menos por hipótesis, una alícuota pasiva para calcular el daño moratorio. Pero esa realidad era muy distinta a la que siguió a la crisis del 2001.
La emergencia económica, el mantenimiento del régimen nominalista de las obligaciones dinerarias con repotenciación prohibida y el envilecimiento paulatino -pero a la vez constante- del signo monetario en el que se expresan las condenas [una vez abandonado el tipo de cambio fijo] generaron pésimos resultados en los depósitos a plazo fijo, con tasas que en prácticamente todos los períodos eran inferiores a la inflación real. Esta circunstancia se reflejaba en el pleito de un modo directo y pernicioso: el capital se depreciaba al son de la inflación y el interés moratorio -liquidado a tasas negativas- aseguraba la pérdida del valor real del crédito del actor triunfante (o lo que es lo mismo decir, el paso del tiempo perjudicaba al actor en la misma medida y proporción que beneficiaba ilegítimamente al deudor). Ello llevó a la judicatura a aplicar tasas bancarias activas que, de mínima, pudieran permitir al actor mantener el valor económico de su crédito.
Así lo hizo esta Sala en el caso “ Zibecchi ” en junio de 2007 (c. 126.644, del 21/06/2007) y otras Cámaras de Apelación de la Provincia de Buenos Aires. También lo había resuelto unos meses antes el pleno de la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil al modificar lo resuelto en “ Vázquez ” y “ Alaniz ” (plenario “ Samudio de Martinez ”, del 20/04/2009). La razón de fondo no era compleja: la depreciación del capital de condena rara vez se veía compensada con suficiencia con la aplicación de tasas bancarias pasivas (menos aún con la que pagan los bancos en inversión de muy bajo riesgo) y los resultados prácticos que ello generaba eran ostensiblemente injustos para el actor.
Fue el marco de esta tendencia jurisprudencial inclinada hacia el uso de las tasas activas que la Suprema Corte dicta el fallo “ Ponce ” en octubre de 2009 (C. 101.744 del 21/10/2009). Por una intrincada mayoría de decisión y fundamentos, la Corte decidió que el criterio sentado casi dos décadas antes en el caso “ Zgonc ” debía mantenerse aun luego de abandonada la paridad cambiaria. Se reafirmó con ello la aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires con posterioridad al 6 de enero de 2002 (idéntica solución, aunque en materia laboral, fue adoptada en el acuerdo L. 94.446, in re " Ginossi ”, de la misma fecha).
La Casación explicó -entre otros motivos sobre los que más abajo me detendré en detalle- que i) el interés por mora se identifican con la productividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado; ii) no constituyen un rubro resarcitorio causado por el ilícito y que deba ser cuantificado; constituye un menoscabo experimentado por el acreedor a raíz del retardo imputable del deudor; iii) la tasa activa, o cualquier otra que exceda la pasiva, contiene componentes que no se compadecen con los intereses que debe afrontar el incumplidor moroso (gastos operativos, ganancia, encaje, riesgo, etc.); iv) la tasa activa tiene un plus que es el costo financiero de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales; v) la tasa activa constituye un modo solapado o encubierto de indexar el capital y ello está prohibido por los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928; vi) la desarticulación del sistema de convertibilidad no implica la necesidad de modificar el criterio que la SCBA desarrolló en “Zgonc”.
A partir de lo resuelto por la Corte en “Ponce”, este Tribunal se plegó a la doctrina legal dejando a salvo su opinión contraria, argumentando -al rechazar los agravios que exigían tasas activas- que el actor tenía ante sí un previsible resultado adverso en instancias recursivas extraordinarias que lo harían acumular innecesariamente tiempo de litigio y, con ello, tiempo de inflación impactando en el valor de su crédito (véase, entre otros, c. 143.933 -" Márquez ..."- del 19/11/2009, c. 148294 -" Pérez ..."- del 16/04/2013, entre muchos otros).
El argumento utilizado por la Sala fue cuestionado por colegas y profesionales del foro por tener un costado paternalista. Y la crítica, debo admitir, tenía cierto fundamento: al aplicar tasas pasivas sobre la base del eventual resultado adverso en la SCBA se terminaba imponiendo una suerte de protección a quien libremente había decidido ejercer las prerrogativas que emergen de un derecho personal disponible, asumiendo los riesgos procesales y económicos que ese camino de acción conllevaba. No había motivo, en principio, para sobreponer la decisión del Tribunal por sobre la libre voluntad del titular del crédito al exigir una tasa distinta a la que aplica la Casación.
III.1.c. La segunda década de este siglo se inició con una aceleración de la inflación que impactó de lleno en la regularidad del trámite y solución de los litigios.
El capital de condena comenzó a licuarse con mayor rapidez y los deudores se beneficiaban con cada segundo de tiempo que insume el pleito. Muchos jueces, dentro de los que me incluyo, volvimos a mostrarnos preocupados por esta situación y los resultados injustos que la tasa pasiva generaba en el crédito de los actores.
La decisión que adoptamos en aquel momento junto a mi estimado colega de Sala, Dr. Loustaunau, no fue insistir con las tasas activas [pues el fallo “ Ponce ” había sido una señal clara de la inconveniencia de ese camino] sino mejorar la tasa pasiva escogida por la Suprema Corte. Dictamos dos sentencias (casos “ Avila ” - causa 156.126, del 9/9/14- y “ Rojas ” - causa 155.954, del 04/09/2014) en las que se buscó una solución alternativa, compatible -en lo posible- con la doctrina legal de la Corte. La opción escogida fue utilizar la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo “digital” a treinta días (es decir, aquellos cuyos fondos son captados no por ventanilla sino a través del sistema Homebanking de la entidad, denominado comercialmente “Banca Internet Provincia” o “BIP”), y en su modalidad “tradicional” (esto es, sin posibilidad de cancelar anticipadamente).
El razonamiento detrás de esta elección era el siguiente: aceptando -por estrictas razones de casación de hecho- que el interés moratorio representa " la productividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado " (SCBA, in re " Ponce ...", voto del Dr. Genoud), y que tiende a "resarcir la renta de la que se vio privado el acreedor durante el lapso en que no pudo disponer de los fondos que se le adeudaban " (íd., voto del Dr. Soria), resultaba prudente escoger, entre las diversas tasas pasivas disponibles en la banca pública bonaerense, aquella que represente el mejor rendimiento para el acreedor insatisfecho (pues es esa la conducta que razonablemente puede presumirse que hubiera observado la víctima de haber recibido el capital en tiempo y forma, colocándolo en una inversión bancaria). En aquel entonces el plazo fijo más rentable era el constituido por homebanking .
Esta tasa “BIP” tenía la virtud de garantizar el respeto a las tres pautas dadas por el Máximo Tribunal en su doctrina legal (SCBA, causas C. 43.858, “ Zgonc …”, 101.774 “ Ponce …” y L. 94.446 “ Ginossi …”, et. al), en tanto: (a) se trata de una tasa pasiva, (b) corresponde a una operación de depósitos a treinta días y (c) se liquida sin incurrir en ninguna forma de capitalización. En la causa “ Zocaro ” (RI. 118615 de fecha 11/03/2015) la Suprema Corte consideró que aquella alícuota no era violatoria de su doctrina legal.
III.1.d. Por desgracia la situación no mejoró en los años subsiguientes: en la segunda mitad de la década de 2010 la economía se contrajo y la inflación continuó escalando a niveles alarmantes.
En los años 2016, 2017 y 2018 el Índice de Precios al Consumidor promedió el 42% anual [Fuente: INDEC] y las crónicas periodísticas dieron cuenta que la inflación de 2019 fue la más alta en los últimos 28 años, con un índice que trepó hasta el 53,8% con relación al año anterior (Muscatelli, Natalia, " La inflación de 2019 fue la más alta de los últimos 28 años ", Diario Clarín del 15 de enero de 2020; disponible online en clarin.com).
La tasa “BIP” rápidamente mostró su debilidad: era y continúa siendo una tasa negativa que es inútil a la hora de mantener el valor económico del capital de condena. Su aplicación en la práctica genera incentivos para que deudores malintencionados tomen provecho del litigio como mecanismo de licuación de pasivos (resultándoles conveniente ser demandados o, si ya están en juicio, demorar el trámite del pleito a como dé lugar) o incluso -tratándose de deudores solventes- como una forma ilegítima de financiación en la que demoran el pago de lo debido, licuan su deuda e -ínterin tramita el pleito- hacen rendir ese capital por medios más redituables [v. esta Sala, in re “Curry”, c. 162215 del 27/4/2017].
La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en agosto de 2015 poco y nada cambió este panorama. La crisis monetaria y la pérdida del poder adquisitivo del peso argentino ha tenido -y continúa teniendo hasta hoy- previsibles fricciones con el sistema nominalista que rige en nuestro país desde la sanción de la Ley 23.928, que mantuvo la Ley 25.561 y que sostiene el Código Civil y Comercial: aún hoy -y como desde 1991- el deudor de una obligación de dar sumas de dinero debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada y no es posible acudir a mecanismos de indexaci
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