Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 169486
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA), II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). III.
REGISTRADA BAJO EL Nº Fo.
Expte. Nº 169486. Juzgado Civil y Comercial N°13
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “TOLOZA, FERNANDO A. C/ ALZUGARAY, GERMÁN Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 26 de diciembre de 2019?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia dictada el 26 de diciembre de 2019 dictada por el titular del Juzgado Civil y Comercial N°13 departamental viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 3 de febrero de 2020 y cuya copia digital acompaña a la presentación electrónica N° 27383260 del 4/2/2020.
En lo que aquí interesa destacar, el juez rechazó la pretensión indemnizatoria promovida por Fernando Adrián Toloza contra Germán Alzugaray y Liderar Compañía General de Seguros S.A., con costas al actor vencido.
Para así decidirlo, explicó el marco normativo que debe regir la controversia (art. 1113 del CC -Ley 340-) y mencionó las cargas probatorias que pesa sobre los litigantes. Seguidamente, señaló que el accionante no logró acreditar la participación del vehículo Peugeot 306 dominio CTC500 en el accidente que motiva el pleito. El único testigo —dijo— no es concluyente para acreditar dicha circunstancia. Resaltó el modo en que el deponente describió al vehículo (“bastante nuevo”) y la data del rodado, que es de 1999 según informan los registros de ARBA.
Agregó que no se produjo pericia mecánica ni se denunció la existencia de causa penal que pudiera ser útil para indagar la intervención de los vehículos en el hecho denunciado.
Por último, destacó que la rebeldía del accionado no cambia la forma en que debe ser resuelta la demanda, extremo al que se le suma que la citada en garantía negó el hecho principal que sostiene la pretensión del accionante.
II. Síntesis del recurso.
La actora expresó sus agravios mediante el memorial cuya copia digital acompaña la presentación electrónica n°28576441 del 9/3/2020. Sus puntos de crítica pueden resumirse del siguiente modo:
i) Que los daños no deben juzgarse de conformidad con las normas del Código Civil (ley 340) sino aplicando el nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26.994). Coincide en que las conductas de los sujetos que participaron en los hechos deben regirse por el digesto civil derogado no obstante argumenta que al aplicar el nuevo Código se modificará el modo en que se cuantifican los rubros.
ii) Que la decisión del juez de considerar insuficiente el testimonio del Sr. Sergio E. Agüero a los fines de dar por acreditado del siniestro es equivocada. Cuestiona que el juez no haya oficiado a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios para determinar el color y características del rodado. Dice que el testigo afirmó que el auto era “bastante nuevo” no en el sentido de antigüedad del bien sino de su estado de conservación.
iii) Manifiesta que la citada en garantía adjuntó la póliza 9644997 que refiere al Peugeot 306 Boreal 1.9 D, 4 puertas dominio CTC-500 asegurado por el demandado Alzugaray, Germán Nicolás Matías. También existe una carta documento —glosada a fs. 91— que Liderar remitió al demandado donde reconoce la denuncia de siniestro de fecha 8/6/2015 (lo que, a su entender, prueba que el demandado rebelde reconoció la existencia del hecho y su participación).
III. Tratamiento de los agravios.
III.a. El juez de primera instancia rechazó la demanda sobre la base de un único argumento: el actor no logró acreditar la intervención del vehículo del demandado en el accidente ocurrido el 8 de junio de 2015.
La decisión es correcta y debe ser confirmada.
Las alegaciones que postula la recurrente en su primer agravio, vinculadas al derecho que debe regir la cuantificación de los daños, resultan estériles en la medida en que la pretensión resarcitoria ha sido desestimada y ninguna indemnización ha sido (ni será) establecida en este litigio. El agravio, por este motivo, es inadmisible.
Tampoco es relevante la supuesta omisión del juez en oficiar a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios a los fines de indagar el color y características del vehículo.
El magistrado indagó en un registro oficial de acceso online para marcar una inconsistencia entre el relato del testigo y las características técnicas del rodado del demandado. Las cargas probatorias son imperativos que pesan sobre los litigantes y no sobre el magistrado: era el actor y no el juez quien debió invocar (primero) y demostrar (después) de qué color era el automóvil que lo embistió, extremo que hubiera permitido asignarle algún valor convictivo al relato del Sr. Agüero (en el que, como se verá seguidamente, el color fue la única cualidad que logró describir de manera precisa).
III.b. Coincido plenamente con el juez cuando señala que el testimonio del Sr. Agüero —el único producido en este proceso— resulta insuficiente para acreditar la participación del vehículo propiedad del demandado en el accidente que motiva este pleito.
La imprecisión del relato de Agüero ha sido directamente proporcional a la ausencia de elementos probatorios complementarios que puedan ser útiles para comprender la mecánica del siniestro y —en lo que aquí más interesa destacar— los vehículos que participaron del choque: no hubo investigación penal, no hubo registros fotográficos o fílmicos, no hubo intervención de agentes policiales o actas que describan mínimamente las características del hecho según el relato de los testigos presenciales. Tampoco hubo pericia mecánica porque fue expresamente desistida por la actora.
Agüero comenzó su relato narrando el modo en que se produjo el accidente pero sin precisar las características del vehículo que impactó al accionante. Con buen tino, el colega de primera instancia advirtió tal déficit y le solicitó al deponente que aclare «quién impacta, quién venía», indicando la necesidad de mayor precisión en la descripción de los sujetos y rodados que participaron del siniestro. El testigo respondió utilizando varias veces el giro «el auto». El juez —por segunda vez— le pidió que identifique a ese “auto” al que estaba haciendo mención, a lo que el testigo reconoció —y cito textual— "el auto era gris, no me acuerdo bien la marca, eso no me lo acuerdo (...) bastante, bastante nuevo, no me acuerdo los detalles porque fue hace tanto tiempo”.
El letrado de la parte actora no formuló preguntas complementarias que pudieran ampliar esta genérica e imprecisa descripción del automóvil que, se supone, fue el responsable del accidente, circunstancia que deja a la demanda con una insalvable falta de sustento probatorio. El único testigo presencial del hecho no logró describir siquiera mínimamente a un rodado como el que, según surge de la póliza acompañada por la citada, pertenece al demandado Alzugaray. Solo vio un auto sin saber la marca, sin saber el modelo, mencionando una prestación que tienen la mayoría de los automóviles (el baúl) e identificándolo únicamente por una cualidad que no fue descripta en el escrito inaugural del proceso (el color) (art. 362 primer párrafo “a contrario” del CPCCBA).
El testigo además aclaró que el automóvil embistente era «bastante, bastante nuevo». Si bien tiene razón el recurrente cuando argumenta que el giro «bastante nuevo» es ambiguo y puede suscitar múltiples interpretaciones, lo cierto es que ello no cambia la suerte de su embate: cualquiera de ellas (la que adoptó el juez o las que postula el apelante) llevan a la misma conclusión:
(i) si el testigo utilizó el adjetivo “nuevo” como sinónimo de antigüedad del modelo, tiene razón el magistrado al destacar la incompatibilidad entre esa percepción y la data del vehículo que emerge de los registros oficiales (el automóvil de Alzugaray es de 1999). En tal caso, no se trata ya de una declaración imprecisa de Agüero sino de una observación puntual de la que se infiere que el deponente vio (o recuerda) a un vehículo completamente distinto al que pertenece al demandado.
(ii) si, en cambio, el testigo utilizó la palabra “nuevo” refiriéndose al estado de conservación, como se argumenta en el memorial, el resultado es el mismo, puesto que el relato del testigo no puede corroborar algo que el accionante no alegó en su demanda ni sometió a controversia (art. 362 primer párrafo del CPCCBA). A ello agrego que, llegado el caso, saber que el automóvil embistente estaba bien conservado es un dato insustancial que carece aptitud probatoria a la hora de demostrar el hecho central que da soporte a la demanda: la intervención del automóvil de Alzugaray en el choque. En la medida en que nada se sabe del estado de conservación del vehículo asegurado por Liderar, no es posible sacar ninguna conclusión de la afirmación del testigo (es decir, no hay posibilidad de evaluar la identidad entre el automóvil del demandado y el que supuestamente vio Agüero).
(iii) por último, el apelante intenta proponer una tercera interpretación del giro “nuevo”, como sinónimo de modernidad en el diseño del Peugeot 306. Para así decirlo el actor invoca la situación socio-económica del testigo aunque sin aclarar cómo evalúa esa variable y qué conclusiones se supone que deben extraerse de su consideración en el presente litigio. No explica el recurrente por qué esa situación socio-económica de Agüero —cualquiera ella sea, dado que el memorial nada dice— lo llevarían a considerar que un automóvil de más de dieciséis años de antigüedad es “moderno”. A ello se suma que no indica el recurrente qué conclusión se extrae de la interpretación que formula sobre las palabras del testigo. Esta omisión no es menor dado que aun aceptando (de nuevo, solo por hipótesis) que Agüero intentó afirmar que el vehículo que vio era “moderno”, no puede inferirse de ello —como parece pretender el actor— que se trató de un Peugeot 306 y que, además, de todo el universo de vehículos de esa marca y modelo, estaba refiriéndose específica y puntualmente al rodado que pertenece al demandado Alzugaray.
Tampoco puedo dejar de agregar que si bien desconozco cuál es la “situación socio-económica” (sic) del testigo, la videograbación de la audiencia me permitió percibir a una persona instruida, bien hablada, coherente y sincero en su relato, no obstante la falta de precisión sobre puntos que eran de vital importancia para la solución de esta controversia y para juzgar la procedencia de la demanda del accionante. No hay ningún elemento, ni cultural ni contextual, que pueda llevarme a considerar que Agüero calificó a un automóvil como “bastante, bastante nuevo” para hacer referencia a la modernidad de sus terminaciones. El argumento del apelante, reitero, es inadmisible.
Por lo demás, no es tal la prueba que el actor dice hallar en las misivas adjuntadas por la compañía de seguros. Allí se indica que en diciembre de 2015 fue recibida la denuncia de un siniestro pero no dice que haya sido Alzugaray quien la efectuó y, de hecho, la citada aclaró expresamente en su escrito defensivo que «no tiene denuncia de su asegurado respecto del [siniestro]» (v, fs. 97, apartado «B. Falta de denuncia»).
III. c. Para terminar, me permito recordar que el artículo 384 del CPCCBA regula el estándar de prueba aplicable a los procesos civiles fijando a tal fin un umbral mínimo de comprobación que el legislador entendió exigible para considerar acreditada una cierta hipótesis de hecho.
Los jueces debemos guardar especial cautela en no perforar esa exigencia mínima o aplicarla con parámetros demasiado laxos que, en un resultado sumamente injusto para el demandado, terminarían por elevar a un nivel indeseable el riesgo de incurrir en el error de considerar verdaderas proposiciones de hecho que, en rigor, son falsas (o que no tienen la comprobación suficiente para ser consideradas verdaderas y extraer de ellas las consecuencias jurídicas que el actor pretende).
Tal es el escenario que se generaría si se hiciera lugar a una demanda resarcitoria cuando la intervención del vehículo cuya propiedad o guarda se le imputa al demandado pretende ser sustentada en un único testigo que no logra describir las características básicas del automóvil y solo hace mención a tres cualidades que, o bien no son idóneas para identificar un vehículo de otro (el baúl), o bien no fueron invocadas en la etapa procesal oportuna y por lo tanto no son ni debieron ser objeto de prueba (el color y, según alega el actor en instancia recursiva, su estado de conservación y modernidad del diseño) o bien son enteramente incompatibles con la información que emerge de los registros públicos respecto del rodado del demandado (la antigüedad, según la interpretación del juez) (arts. 18 CN, 375 y 384 del CPCCBA).
Por todo lo dicho, propondré al acuerdo rechazar el recurso y confirmar la sentencia de primera instancia (arts. 18 de la CN, 362, 375 y 384 del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA), II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, se resuelve: I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA), II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). III. Regístrese y notifíquese personalmente o por cédula (art. 135) y, oportunamente, devuélvase.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Firmas
Funcionario Firmante: 18/06/2020 13:03:45 - MONTERISI Ricardo Domingo -
Funcionario Firmante: 18/06/2020 13:44:31 - LOUSTAUNAU Roberto Jose -
Funcionario Firmante: 18/06/2020 13:48:29 - FERRAIRONE Alexis Alain -
Fin de la sentencia