Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 150804
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 1338/1340 y confirmar, en consecuencia, la resolución de fs. 1336.
II. Imponer las costas en el orden causado en atención a la ausencia de controversia (art. 68 del CPCC).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., pasen las actuaciones a resolver el recurso sobre honorarios articulado a fs. 1227/29.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Lucas M. Trobo Auxiliar Letrado
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° . FOLIO N° .
EXPEDIENTE N° 150.804. JUZGADO N° 1.
"JAIME JUAN JOSE Y OTRA C/ TARJETAS DEL MAR Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS ".
Mar del Plata, 16 de abril de 2020.
AUTOS Y VISTOS : Las presentes actuaciones caratuladas: "JAIME JUAN JOSE Y OTRA C/ TARJETAS DEL MAR Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por el Dr. Gonzalo Luis Díaz a fs. 1338/1340 (el 9/08/217), contra la resolución de fs. 1335.
I. En el auto cuestionado el juez de primera instancia encontró improcedente la personería invocada por el Dr. Díaz con sustento en el instrumento privado en copia agregado a fs. 1333. Indicó que, para ejercer la representación en juicio, debe otorgarse la pertinente escritura poder prevista en el art. 47 del CPCC.
II. Los agravios se expusieron a fs. 1338/1340 y no fueron sustanciados.
Señaló el apelante que los poderes generales y especiales para actuar en juicio no fueron incluidos de manera expresa dentro de los actos que deben otorgarse por escritura pública regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación, lo que evidencia una sustancial diferencia en relación al Código Civil derogado -ley 340-.
Alegó que la forma de los actos jurídicos es una materia de fondo que no puede ser válidamente delegada a las provincias en tanto se violaría el artículo 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. Planteó la inconstitucionalidad de las normas procesales.
III. El recurso no prospera.
1. Esta Sala tuvo oportunidad de pronunciarse respecto a la cuestión aquí debatida en los autos caratulados "Grippaldi Alfredo Antonio c/ Cons. Prop. Edificio Santa Lucía s/ Cobro sumario de sumas de dinero" (expte. n° 161.144 RSI 248 del 31/05/2016), por lo que, en lo sustancial, habremos de seguir los argumentos allí expuestos.
El Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, a través del artículo 47, exige que la acreditación de la representación en juicio se efectúe a través de la “pertinente escritura de poder” . De manera excepcional pueda otorgarse poder mediante un acta efectuada ante el secretario del juzgado, en los supuestos cuyo valor pecuniario del proceso no supere los 120 Jus (art. 46), o cuando el poderdante cuente con el beneficio de litigar sin gastos (art. 85).
Con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, el mencionado precepto se articulaba con las normas pertinentes a la representación voluntaria, regulada por las disposiciones aplicables al contrato de mandato (art. 1.869 del C.C.), en tanto ellas no se opongan a las contenidas en las leyes procesales (art. 1.870 inc. 6 del C.C.). El sistema cerraba con la inclusión de los poderes generales o especiales que deban presentarse en juicio, a los actos jurídicos que deben efectuarse a través de escritura pública -art. 1.184 inc. 7 del C.C.- (Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados. Segunda Edición. Tomo II, pág. 893. Morello, Sosa y Berizonce. Librería Editora Platense - Abeledo Perrot. 1984).
Entrado en vigencia el Código Civil y Comercial Nacional, estimamos que la norma procesal que exige la escritura pública para acreditar la personería en juicio no se ve contrariada por la nueva legislación, manteniendo plenamente su vigencia, y por ello el planteo de inconstitucionalidad también debe ser desestimado.
a) No se trata de una forma esencial del acto jurídico, sino de la reglamentación de las condiciones que debe asumir la legitimación procesal cuando se actúa a través de un representante. Se trata de una cuestión de derecho de forma regulada por las leyes locales (conf. Carlos Alejandro Reyna en "Tratado de Derecho Civil Parte General", Dir. Edgardo Ignacio Saux, T II p.513, Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2018)
La legislación procesal no es materia delegada al gobierno central y son las provincias las que, en ejercicio y cumplimiento de los preceptos constitucionales tendientes a asegurar la administración de la justicia, pueden imponer las reglas que rigen en la materia. De este modo, no es posible sostener que la modificación efectuada en la legislación en la materia haya tenido como fin suprimir el requisito exigido en código de rito (arts. 5; 75 inc. 12; 121 y 123 de la Constitución Nacional. Ob. Cit. pág. 900).
b) Tampoco encontramos discordancias entre ambos cuerpos normativos. Dentro de la figura del mandato, el artículo 1320 del C.C.C.N. indica que, “si el mandante confiere poder para ser representado, le son aplicables las disposiciones de los artículos 362 y siguientes” . Por su parte, el art. 363 dispone que “ el apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar ” , estableciéndose así una pauta general en materia de forma para la representación voluntaria.
Al respecto la doctrina ha dicho que " El contrato de mandato es formal cuando la ley lo impone porque el interés comprometido es relevante, o el acto al que accede es formal, como en los casos en que se exige la escritura pública para el mandato" (Código Civil y Comercial de la Nación comentado, tomo II. pág. 442 por Enrique Carlos Müller. Dctor. Ricardo Luis Lorenzetti. Rubinzal Colzoni Editores. Bs. As. 2.015; con cita a Lorenzetti en "Contratos", Parte Especial. Tomo I, pág. 434).
Y, más allá de la libertad de formas que consagra el Código Civil y Comercial de la Nación para la exteriorización de la voluntad (art. 284 del CCyC), lo cierto es que la norma del art. 47 del CPCC encuadra adecuadamente en lo que dispone el art. 1017 inc. “d” del Código de fondo, según el cual, deben ser otorgados por escritura pública aquellos contratos que, como el que aquí nos convoca, deben serlo en esa forma "por disposición de la ley" .
Se trata, esta última, de una cláusula residual que extiende los supuestos más allá de los casos que establece el propio artículo. Se ha simplificado la casuística que preveía en artículo 1184 del Código Civil, sin significar que los supuestos que no han sido incluidos expresamente en la norma no sigan requiriendo escritura pública para su instrumentación bajo el nuevo régimen. La necesidad en ese sentido surgirá de la voluntad de los contratantes o de la regulación específica (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo I, págs. 811 y sgtes. por Luis Álvarez Juliá y Ezequiel Sobrino Reig. Directores Julio César Rivera y Graciela Medina. La Ley. Bs. As. 2.014).
De este modo, el requisito de la escritura pública establecido por el ordenamiento ritual, se consagra como una disposición específica de la ley (art. 1017 inciso “d” del CCyC) y se encuentra dentro del parámetro del artículo 363 del CCyC en el entendimiento de que, cuando lo que se quiera ejercer sea la representación en juicio (mandato específico judicial), deberá otorgarse la pertinente escritura poder conforme lo indica el artículo 47 del C.P.C.C. (conf. Cámara de Apelaciones de San Isidro, Sala III causa nro. 39.362 del 25/02/2016, reg. Nro. 37).
c) Lo expuesto de manera alguna contradice lo normado por el art. 75 inc. “12” de nuestra Carta Magna, pues esta norma se refiere al derecho común que integran los códigos de fondo. Son normas federales, pero su aplicación queda a cargo de los tribunales provinciales, por ello, la cláusula hace referencia a la no alteración de "las jurisdicciones locales". Nótese además, que el art. 5 de la Constitución Nacional reconoce al poder constituyente provincial la autonomía en materia procesal, con la única exigencia de legislar al respecto (CC0002 QL 19088 del 17/04/2018).
2. Por lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación intentado y confirmar la resolución apelada (arg. arts. 363, 1017 del CCyC y 47 del CPCC).
En atención a lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 47, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., arts. 362, 363, 1071 y conc. del CCyC RESOLVEMOS : I.- Rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 1338/1340 y confirmar, en consecuencia, la resolución de fs. 1336. II. Imponer las costas en el orden causado en atención a la ausencia de controversia (art. 68 del CPCC). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., pasen las actuaciones a resolver el recurso sobre honorarios articulado a fs. 1227/29.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Lucas M. Trobo Auxiliar Letrado
Firmas
Funcionario Firmante: 16/04/2020 12:47:58 - LOUSTAUNAU Roberto Jose -
Funcionario Firmante: 16/04/2020 13:37:04 - MONTERISI Ricardo Domingo -
Funcionario Firmante: 16/04/2020 14:05:08 - TROBO Lucas Mariano -
Fin de la sentencia