Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167352
REGISTRADA BAJO EL N º Fº
Expediente nº 167.352 – Juzgado nº7
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “VERDINELLI, Néstor Omar y Otra c/ RAMOS, Gustavo Gabriel y Otra s/ Daños y perjuicios”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2)¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto Loustaunau dijo:
I: En la sentencia del 3 de abril de 2020, la Sra. Jueza de primera instancia resolvió:
a ) rechazar el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art.1078 del Código Civil “(hoy art.1741 del C.C.y C)” (sic).
b ) hacer lugar a la demanda y condenar a los accionados, conjuntamente con la citada en garantía en la medida del seguro, a pagar a los actores la suma de pesos seis millones ochocientos noventa y seis mil trescientos treinta y uno con sesenta y tres centavos ($ 6.896.331,63).
Apelaron las partes.
Los recursos les fueron concedidos libremente, han sido fundados y también respondidos
II : Los agravios de la parte demandada se pueden sintetizar del siguiente modo:
a ) Critica el límite de la cobertura fijado en la suma de pesos tres millones, y argumentando que el contrato de seguro es de consumo, pide la declaración de nulidad de las cláusulas que limitan la responsabilidad de la aseguradora con base en el art.37 de la ley 24.240, y el notable desajuste de dicha suma diez años después del hecho.
Cita el precedente “Martínez Emir c. Boito” de la SCBA, y sostiene que el notorio desajuste de las sumas de cobertura se advierte al comparar la de $ 3.000.000 vigente al momento del hecho (mayo de 2010) con su equivalente en salarios mínimos (dos mil) o en dólares estadounidenses (755.667), que a la fecha de presentar sus agravios importa 178 salarios o 40.000 dólares.
Con tal fundamento, entiende que oponer el límite de cobertura vigente al momento del hecho resulta abusivo, por lo que pide la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones de la Superintendencia de seguros de la Nación.
b )En lo que clasifica como su segundo agravio, el letrado apelante pide que - para que se cumpla la finalidad de mantener indemne al asegurado ante el evento previsto (art.109 Ley 17.418)- el límite de cobertura sea actualizado conforme el vigente al momento del efectivo cumplimiento de la condena, citando en su apoyo lo resuelto por esta Sala II en la causa 167.638, y destacando que a la fecha en que estaba redactando el recurso, el tope de la cobertura para un seguro voluntario como el de sus mandantes era de diez millones de pesos. Pide también que el Tribunal disponga que ese tope sea reajustado desde su fecha de vigencia hasta la del efectivo conforme el índice de precios al consumidor.
c ) En relación a la imposición de costas a la aseguradora por la defensa de sus asegurados que declinó en su oportunidad, se agravia de que se la haya condenado a afrontar los honorarios “…en la proporción que le corresponda…”.
Recuerda que los asegurados se vieron obligados a procurarse asistencia letrada tres días antes del vencimiento del plazo para contestar la demanda, y no se verifica un supuesto legal de excepción, considera más justo que la aseguradora asuma la totalidad de los honorarios.
d ) En su cuarto agravio se desconforma con la descripción del hecho productor del daño que se hace en la sentencia: estima que no se ha probado que el daño se haya producido porque una bengala se activó cuando era transportada en el vehículo de los demandados.
Luego de repasar las actuaciones penales y civiles, y la intervención del estudio liquidador, concluye que no hay prueba alguna de lo que afirmaron los actores, y que la Sra. Jueza asumió tal hipótesis como verdadera en base a las consideraciones de testigos que tampoco estuvieron en el hecho, y que solo declararon por lo que los mismos actores les contaron.
Revisa detalladamente cada testigo, poniendo de relieve que el único que vio el hecho, Augusto Pablo Lavera, describió el suceso a fs.378 haciendo referencia a un focoígneo sin mencionar bengala alguna, y que el informe pericial brindado por el Ing.Naval Héctor Lekavicius nada aporta al respecto.
Califica como absurda y arbitraria la conclusión a que se arribó en la sentencia.
e ) Juzga excesiva la suma de quinientos mil pesos que - a valores actuales - la Sra. Jueza fijó para reparar el daño moral de la damnificada directa.
Arguye que las lesiones que sufrió Albertina Verdinelli no fueron gravísimas, que en su mayoría resultaron temporales, que el dictamen de la licenciada Ricchieri indica un tratamiento no inferior a seis meses, que los padres de la menor han reconocido que la niña realiza desde hace tiempo actividades físicas (natación, educación física en la misma escuela, y danza), que la misma perito indicó que la menor no tiene incapacidad “académica actual, ni laboral futura”.
f ) El apelante también se detiene a quejarse de la suma otorgada para el tratamiento psicológico de la víctima ($ 11.088).
Aduce que la Sra. Jueza se apartó del dictamen pericial – no observado- al fijar un año de tratamiento cuando la experta estableció un plazo “no inferior a seis meses”, y luego de presentar sus estimaciones relativas a los minutos que deben durar las sesiones, concluye que el monto no debería superar la suma de $ 3.166,80 y que estaría cubierto por IOMA, obra social de los padres que incluye a la menor en la protección que brinda.
g ) Se agravia de las sumas reconocidas por reparación de la incapacidad psicofísica.
Repasa los daños invocados por los actores al demandar esta reparación, recuerda que el rubro se concibe como la disminución psicofísica que pudiera quedar luego de un período de recuperación, y declara no tener dudas respecto a que la menor no sufre incapacidad sobreviniente, y menos que ella pudiera ser permanente o absoluta.
Advierte que las cicatrices no generan incapacidad física, que no hay una tabla de baremos al respecto, y que la perito indica que la víctima no sufre una secuela funcional.
En relación a las cicatrices, el apelante procura poner de relieve todo lo que indique un mejoramiento de la situación de la víctima. Razona sobre la pericia y sus explicaciones para concluir que aquella no tiene un 28,5% de “incapacidad”, a la que en un pasaje de su memorial califica de “total (sic) y permanente”, “violatoria del principio de congruencia, incorrecta, absurda y carente de todo tipo de sustento legal”.
En lo que hace a lo que denomina la “incapacidad psicológica transitoria de la menor”, pone de relieve justamente su carácter transitorio insistiendo en que en ningún punto de su pericia la Licenciada Ricchieri ha dicho que el 20% sea permanente.
Destaca también – en mayúsculas y en párrafos separados – que la Perito no indicó tratamiento farmacológico, ni permanente, ni necesidad de un apoyo terapéutico permanente, y que por lo tanto no hay secuela incapacitante para el resto de su vida.
Considera además que la incapacidad psíquica ha quedado cuantificada e indemnizada al determinar el daño moral.
Se queja de la suma de incapacidades, sin dejar de insistir en su inexistencia, y a los mismos argumentos antes expuestos agrega que las fórmulas solo son aplicables (refiere Vuotto o Méndez)cuando las lesiones incapacitantes son de carácter permanente y total, pero -sostiene- en el caso se ha reconocido a favor de la víctima una suma por tratamientos futuros que indican que las lesiones van a ser reparadas.
h ) Se agravia de que para el cálculo de la incapacidad se haya tomado la edad de la víctima a la fecha de la sentencia (15 años) cuando se debe partir de los 18 años de edad, pues no podría celebrar contrato de trabajo.
Finaliza impugnando los gastos de tratamiento futuros a los que juzga excesivos e infundados señalando que la parte actora pidió mucho menos de lo reconocido por el rubro en la sentencia, que en el informe pericial se indicó que futuras intervenciones quirúrgicas eran innecesarias, y menos aun en el exterior.
III : Los agravios de la citada en garantía son los que siguen:
a ) Pide la nulidad de la sentencia arguyendo que opuso tres defensas: la caducidad de los derechos del asegurado por incumplimiento de la carga de denunciar el siniestro; la falta de cobertura ante una carga explosiva, y como tercera expone la falta de seguro por el daño producido por una carga explosiva”, que califica como un caso de “no seguro”.
El nulidicente sostiene que se trataron las dos primeras defensas, pero que se omitió la consideración de la última, su defensa de “no seguro”. Entiende que se ha omitido tratar una cuestión que juzga esencial.
Subsidiariamente, y para el caso en que el Tribunal rechace la nulidad, pide que se haga lugar a la excepción de “no seguro”, para lo cual destaca que el siniestro fue causado por la manipulación de una bengala “por parte de la menor” en el interior del vehículo asegurado, que el daño es producto de un acto negligente del asegurado al haber dejado al alcance de la menor un elemento pirotécnico.
Trascribe partes de la sentencia que avalan su postura en cuanto allí se ha considerado como cosa riesgosa productora del daño a la bengala y no al automotor, y pone de resalto que el bien asegurado es el vehículo, y en modo alguno la bengala.
b ) Entiende que los fundamentos de la sentencia para rechazar las otras dos defensas no pueden ser “extrapolados” para el “no seguro”.
En particular, critica la atribución de mora en el pronunciamiento del art.56 de la ley de seguros, pues considera que la interpretación del silencio que se hace en esa norma debe ser restrictiva, y como tal, no se extiende a las coberturas no contratadas “por ausencia de un supuesto fáctico esencial”.
Considera además que no ha habido contradicción en los actos de la aseguradora en razón de haber indemnizado los daños sufridos por el automotor, y ello debido a que se trata de distintas coberturas, con diferentes reglas: el incendio ante el que debe responder pues la carga explosiva no excluye el seguro, y la responsabilidad hacia terceros transportados, que se pactó excluida por carga inflamable.
Pide que se revoque la sentencia, se rechace la cobertura, y que los asegurados se hagan cargo de las costas por su defensa.
c ) Subsidiariamente se agravia de la valoración y cuantificación de la incapacidad física y psíquica, solo en relación al porcentaje de incapacidad tomado en cuenta (48,5%) y la edad (15) tomada para el cálculo.
En lo que hace a la incapacidad pone de resalto que conforme la pericia de la cirujana plástica la menor no tiene dolor, no ha perdido elasticidad por las quemaduras sufridas, no presenta secuela funcional y su incapacidad del 28,5% es estética, respecto de la que señala que “el porcentaje indicado no es por incapacidad”, sino por valoración del daño estético, que además – sostiene - solo es indemnizable en cuanto configure un daño patrimonial.
Repasa la pericia de la Licenciada en Psicología y aquí también pone de relieve que la víctima no padece episodios de re-experimentación del accidente sufrido, que no presenta incapacidad académica actual o laboral futura de origen psicológico o psiquiátrico, y que al ser tratable en un lapso no menor de seis meses, la incapacidad es transitoria, y por lo tanto no puede incluirse en el cómputo del art.1746.
Sostiene que solo puede computarse la edad para la fórmula a partir de los 18 años, pues recién entonces la víctima podrá celebrar un contrato de trabajo sin autorización de sus padres.
IV : Los agravios de la parte actora son:
a ) Critica que la designación de la cosa riesgosa causante del daño se haya limitado a la bengala náutica.
Cualquiera haya sido el origen del focoígneo, los letrados apelantes entienden que se produjo dentro del vehículo BMW X5 en el que sus dueños decidieron transportar a la víctima, por lo que si el daño tuvo su origen en un vicio o defecto del automotor, o de una cosa que era transportada -y en su opinión- ello no modifica la atribución de responsabilidad que se extiende a la cosa y actividad riesgosa.
b ) Se agravian del límite de cobertura fijado a la aseguradora en la suma de pesos tres millones.
Con cita de diversos antecedentes, argumentan sobre los diez años transcurridos desde el hecho dañoso hasta la sentencia que reconoce la reparación y que pone en juego la garantía de indemnidad sobre un monto depreciado.
Piden que se modifique la sentencia y se condene a la citada en garantía a responder hasta el límite de cobertura fijado por la SSN para el seguro voluntario vigente al momento del efectivo pago, y adicionando intereses para el cálculo del tope.
Los apelantes fundan el pedido de “adición de intereses” al límite de la cobertura, en el entendimiento de que lo contrario favorecería la deliberada dilación en el pago.
c ) En el tercer agravio critican la desestimación del planteo de inconstitucionalidad del art.1078 del CC (ley 340) y el consecuente rechazo de la reparación del daño moral sufrido por los padres de Albertina Verdinelli.
Para ello comienzan señalando que la caracterización de la “gran discapacidad“ hecha en la sentencia (con cita de Lorenzetti aunque corresponda a otro autor) mediante un piso del 75% de incapacidad no es una regla absoluta, ni un criterio doctrinario “universal”, y que son preferibles las definiciones de “gran incapacidad” que trasuntan criterios flexibles como aquella que la califica como “la lesión a la autonomía personal que requiere contar con asistencia de terceros para realizar los actos más elementales de su vida”.
En particular, reseñan algunos aspectos salientes del acompañamiento que los padres hicieron de la menor, piden expresamente que se dé lectura a la historia clínica del H.I.E.M.I en cuanto detalla pormenorizadamente las vivencias de la familia, la ayuda básica que debieron prestar a su hija, su estado psíquico, los tratamientos realizados que reflejan la dedicación, y la intención de hacer todo lo que estuviera a su alcance, en el país y en el exterior, para aliviar y mejorar su hija.
Sostienen que la Sra. Jueza no ha ameritado que la menor sufrió una discapacidad total durante varios meses requiriendo de sus padres plena atención, como tampoco ha ponderado debidamente que si la consolidación de sus lesiones físicas no alcanza para configurar una gran discapacidad, se podrá limitar el daño moral de sus progenitores al lapso en que la víctima efectivamente la experimentó, pero en modo alguno puede desestimarse por completo la existencia del perjuicio.
No obstante, insisten en que el encuadre del caso en una “gran incapacidad” no es solo temporal sino permanente, y que los padres están legitimados para reclamar un resarcimiento por el daño moral.
Para el supuesto en que no se considere temporal o definitivamente calificado como gran incapacidad el estado de la menor, los apelantes reiteran el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art.1078 del CC ley 340.
Refutan la acusada insuficiencia argumental explicando las razones de las citas de doctrina y jurisprudencia que avalaron el pedido, que hacen extensivo a la nueva norma en cuanto supedita la indemnización al damnificado indirecto a supuestos de gran incapacidad o fallecimiento del damnificado directo.
Lo hacen poniendo de relieve que las normas (1078 CC y 1741 CCyC) resultan incompatibles con los arts. 19 y 16 de la Constitución Nacional y con la interpretación de ellos que ha hecho la CSJN en “Aquino”, entendiendo que desvirtúan el derecho a la reparación integral al reglamentarlo de modo irrazonable, discriminando a quienes sufren un daño extra-patrimonial indirecto respecto a quienes son indirectamente perjudicados en su esfera patrimonial.
Consideran que la inconstitucionalidad pedida se justifica en cuanto “…la lesión espiritual sufrida por los padres surge diáfanamente acreditada, luego de la constatación de un accidente de suma gravedad, con lesiones masivas y aberrantes, con grave riesgo de no resultar una curación exitosa (claramente el resultado pudo haber sido mucho más desgraciado), aunque siempre con notables secuelas, con afectación funcional y estética con gran incidencia por su localización y resultar una niña la afectada, con secuela psicológica, con una afectación sustancial de la armonía del hogar familiar…”, y piden que de receptar el agravio, el Tribunal se expida sin reenvío por cuestiones de economía y celeridad procesal.
d ) Se agravian del monto fijado para la reparación del daño moral de la damnificada directa.
Entienden que la Sra. Jueza solo ha tenido en cuenta el daño moral por los sufrimientos ocurridos desde el hecho dañoso hasta la sentencia, sin considerar que le resta enfrentar un período mayor que el vivido hasta el presente donde enfrentará la adolescencia el inicio de las relaciones afectivas y sexuales y vivirá los cambios naturales en su cuerpo e imagen pero “sin la esperanza de encontrar un estado armonioso”, y con la necesidad de enfrentar nuevos tratamientos.
Consideran que el monto es escaso, que deben tenerse en cuenta las pruebas testimoniales, periciales y las historias clínicas agregadas, la depreciación del signo monetario desde la fecha en que se demandó hasta la actualidad, y piden que se condene a reparar por una suma no menor a la reclamada en la demanda.
e ) Se agravian del monto otorgado para la reparación del daño psicológico.
Se quejan de que se ha considerado el arancel mínimo a valores de la pericia, debiendo haberse ponderado valor promedios de plaza, los que a la fecha del recurso van desde $ 800 a $ 1.600, habiéndose omitido además incluir las evaluaciones que cuestan $ 2.240, y limitando el tratamiento a un solo año, lo que no se condice con el dictamen general en los puntos 2 a 8 de la pericia.
Recuerdan algunos aspectos de ese dictamen. En particular refieren que la Sra. Perito constató que pasados seis años del hecho el daño persiste, evoluciona la niña afectada, pudiendo verificarse altísimas posibilidades de que sea necesario retomar el tratamiento en otras etapas correspondientes a la maduración biológica de la víctima, lo que – en el razonamiento de los apelantes –insumirán al menos tres años más de tratamiento.
Piden que en la reparación de este daño se reconozca un tratamiento de cuatro años, durante una vez por semana, a valores promedio de plaza, y debiendo adicionarse el costo de los diagnósticos evaluativos.
f ) Se agravian de la indemnización fijada respecto a la incapacidad sobreviniente.
En primer lugar critican la injustificada utilización de un promedio entre los resultados de las fórmulas “Vuotto” y “Méndez”, cuando la segunda ha sido el reemplazo de la primera y lo que ha cambiado la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es la edad productiva (75) y la tasa de descuento que ha reducido al 4%.
Piden que se eleve la indemnización al monto que resulta de la aplicación de la fórmula Méndez, que según sus cálculos es de $ 9.628.274,55, sobre el 48,5% de incapacidad, y tomando 15 años como la edad inicial, al que consideran como “piso”.
Objetan también los parámetros escogidos para el cálculo, proponen otros y obtienen – por aplicación de “Méndez”- la suma de $ 17.032.430,78.
Con fundamento en que la niña ha concurrido a “uno de los mejores colegios con instrucción bilingüe de la ciudad”, siendo ambos padres profesionales, y considerando “los vínculos laborales y sociales de la familia” los apelantes estiman que la víctima “podrá acceder al mercado laboral luego de culminados sus estudios secundarios, al menos com
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