Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 161097
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el día 31-8-2020 y confirmar la sentencia dictada por la jueza en fecha 9-3-2020 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
II. Imponer las costas al apelante vencido, atento el principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 69 y cctes. del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
REGISTRO N ° FOLIO N°
EXPEDIENTE N° 161097 JUZGADO N° 7
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "GONZALEZ, GUSTAVO D. C/ MASSALIN PARTICULARES S.R.L. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fecha 9-3-2020?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: En la sentencia apelada, la Sra. Jueza hizo lugar al pedido de caducidad de instancia formulado por la demandada, impuso las costas a la parte actora y difirió la regulación de los honorarios.
Para así decidir, señaló que la actora, luego de ser intimada a manifestar su intención de continuar con la acción bajo apercibimiento de decretar la caducidad de instancia, reincidió en la omisión de impulsarla, pues su última actuación idónea data de fecha 18-2-2019 (fs. 3467).
Sostuvo que aun tomando en cuenta como última actividad útil al expediente el oficio contestado por el INTA (el día 30-4-2019, fs. 3504), el plazo previsto por el art. 315 del C.P.C. se encuentra vencido en exceso.
A su vez, consideró que los pedidos de préstamo de fecha 10-10-2019 y 6-12-2019 no pueden juzgarse útiles ni tienen directa relación con el avance concreto de la causa y que el escrito de fecha 5-3-2020, que presentó la actora solicitando audiencia testimonial, no puede ser tenido en cuenta pues fue posterior al pedido de caducidad de instancia efectuado por la demandada que motivó la sentencia ahora en revisión por este Tribunal.
II: Apeló la actora con fecha 31-8-2020 y fundó su recurso en la misma oportunidad.
Afirmó haber realizado diligencias idóneas y útiles para el proceso antes de la fecha señalada por la jueza.
Destacó que presentó un oficio reiteratorio a la Escuela Superior de Medicina de la UNMdP, el cual fue recibido el 5-2-2020 y cuya copia digital agregó como prueba.
Adujo que diligenció un oficio reiteratorio a la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) en fecha 21-2-2020, la que adjuntó en copia digital, así como su correspondiente contestación.
Sostuvo que a pesar del contexto de pandemia y aislamiento social siguió instándose el proceso a través de un ingreso de oficios en la Mesa de Entradas virtual de la Facultad de Humanidades de la UNMdP, con fecha 18-5-2020, del cual agrega correo electrónico.
Pidió que se revoque la caducidad de instancia decretada.
III: En fecha 24-9-2020 la parte demandada contestó el memorial.
Alegó que el actor consintió que el plazo de la caducidad de la instancia se cumplió por completo.
Manifestó que la mera invocación de actos realizados en fecha posterior al vencimiento del plazo de la caducidad operada, es de ninguna relevancia.
A todo evento, señaló que la reiteración del oficio FICAR no fue ordenada tal como surge de fs. 3200 y a pesar de ello, y sin transcribir en el instrumento el auto que ordenó la medida, el actor diligenció el oficio con fecha 21-2-2020.
Expresó que la reiteración del oficio a la Escuela Superior de Medicina fue ordenada el día 23-5-2018 a fs. 3229 pero no existe constancia de su diligenciamiento sino hasta el 5-2-2020, lo que evidencia el desinterés del actor en la continuación del juicio.
Sostuvo que el diligenciamiento de oficios no acreditados en el expediente no puede ser considerado como acto impulsorio del procedimiento y que los actos extraprocesales no resultan idóneos para interrumpir el plazo de caducidad de la instancia, porque no es el diligenciamiento en sí sino su acreditación en el expediente lo que hace avanzar el proceso.
Solicitó que se rechace la apelación y se confirme la sentencia.
IV: El recurso no prospera.
IV.1: Para que proceda la declaración de caducidad de la instancia debe existir: a) una instancia que habrá de perimir; b) la inactividad procesal en esa instancia y c) el cumplimiento de los plazos legales de perención con esa actividad procesal (Loutayf Ranea y Ovejero López, “Caducidad de la instancia” Astrea, p.17, Buenos Aires). A lo que se suma la intimación previa incorporada por la ley 13.986.
IV.2: En el caso observo que el recurrente no cuestionó el transcurso del tiempo, por lo que concluyo que lo expuesto para justificar su inactividad resulta improcedente, toda vez que es la constatación objetiva del plazo previsto a tal efecto por el art. 310 C.P.C. sin que en su desarrollo se verifique ningún acto de impulso procesal, con independencia de las razones o circunstancias extraprocesales o de fondo que motivaron la ausencia de tal impulso por la parte actora, a cuyo cargo se encuentra (CNCiv. Sala F., 26-2-82, E.D. 104-3010; esta Cámara en causas n° 112.691 RSD 122 del 13-4-2000; 155.753 RSD 47 del 25-3-2015, 159. RSD 219 del 1-9-2015, entre otras)
IV.3: En virtud de lo anterior considero que le asiste razón al demandado apelado.
De las constancias de autos se desprende que con fecha 24-8-2020 la parte actora fue notificada de la declaración de caducidad decretada por la jueza (hoy objeto de revisión) y posteriormente, los días 27-8-2020 y 31-8-2020, presentó escritos acompañando las constancias aludidas de los oficios diligenciados de manera extrajudicial a la FIC y a la Escuela Superior de Medicina. Luego, apeló la sentencia mediante otro escrito presentado el 31-8-2020.
No sólo fueron extemporáneamente presentados en la causa toda vez para ese entonces la caducidad de instancia ya había sido acusada y decretada (por lo que lógicamente no fueron tenidas en cuenta por la jueza al tiempo de dictar la sentencia en cuestión) sino que carecen de la virtud necesaria para interrumpirla por haber sido extraprocesalmente diligenciados.
En ese sentido, se explicó que los actos interruptivos de la caducidad de instancia deben realizarse, para surtir efectos, en el expediente, de manera que no puede reconocerse habilidad impulsora del procedimiento a los actos cumplidos extrajudialmente. Tal es el principio que surge del ar. 311 del C.P.C. pues el primer párrafo de este precepto, al ubicar el origen del plazo de caducidad en la última petición de las partes, o resolución o actuación del Tribunal, alude siempre a una actividad cumplida por el órgano jurisdiccional. La posibilidad de apartamiento de la recordada directiva legal habrá de contemplarse con criterio marcadamente restrictivo y cauteloso, precisamente por las naturales sospechas que engendra la pretensión de hacer valer una supuesta actividad que, aunque eventualmente vinculada a la marcha del proceso, no goza de la certeza o credibilidad que le otorga la intervención del Tribunal (Loutayf Ranea- Ovelero López, obra antes cit., p. 717).
Por lo tanto, si mi voto es compartido, corresponderá rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirmar la sentencia apelada, con costas al vencido atento el principio objetivo de la derrota (arts. 68, 69, 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
En orden a la votación precedente corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el día 31-8-2020 y confirmar la sentencia dictada por la jueza en fecha 9-3-2020 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
Imponer las costas al apelante vencido, atento el principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 69 y ctes. del C.P.C.).
Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el día 31-8-2020 y confirmar la sentencia dictada por la jueza en fecha 9-3-2020 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.). II) Imponer las costas al apelante vencido, atento el principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 69 y cctes. del C.P.C.). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a través del sistema automatizado a los siguientes domicilios electrónico (Ac. 3991 de la S.C.B.A.):
DEVUÉLVASE.
Se procede a firmar digitalmente la presente conforme Ac. 3975/20 S.C.B.A.
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2021 12:18:52 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2021 13:03:47 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2021 13:33:28 - TROBO Lucas Mariano - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Fin de la sentencia