Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 172197
Expte. N º 172197 Juzgado Civil y Comercial N°4
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “CREDEDIO, SERGIO LUCAS DAMIAN Y OT. C/BEITIA, HUGO ERNESTO Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 23 de octubre de 2020?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 23 de octubre de 2020, la Dra. Patricia Noemí Juárez, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°4 departamental, dictó sentencia en la que hizo lugar a la demanda promovida por Ariel Oscar Fernández, Sergio Lucas Damián Crededio y Valeria Edith Peñaloza (estos últimos en representación de su hijo menor de edad, Bricio Leonel Crededio) contra Hugo Ernesto Beitia, condenando a este último -conjuntamente con la citada en garantía Agrosalta Cooperativa de Seguros LTDA- a abonar a los actores $139.390 más intereses y costas.
Para así decidirlo, señaló que no fue controvertido que el 24 de abril de 2015 a las 7:50 horas aproximadamente se produjo un accidente de tránsito en Avenida Luro y Avenida Champagnat en el que participaron en calidad de conductores el Sr. Sergio Lucas Damián Crededio y Hugo Ernesto Beitia. El actor se desplazaba en un Chevrolet Classic dominio KML879 acompañado de su hijo menor de edad y el demandado lo hacía en su Fiat Ducato 10 D dominio VPG264 asegurado en Compañía Agrosalta Cooperativa de Seguros.
Apuntó que el actor alegó que al llegar a la rotonda que vincula a ambas avenidas detuvo su marcha porque así lo habían hecho los vehículos que estaban delante suyo, oportunidad en la que fue embestido por el demandado; este último, a su turno, alegó que tuvo pleno dominio de su rodado y que fue el accionante quien frenó abruptamente y sin hacer señal de ningún tipo.
Luego de detallar el marco normativo aplicable, concluyó que el demandado no probó ninguna de las eximentes previstas en la ley civil, de modo de enervar su responsabilidad objetiva (art. 1113 del CC).
En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes: i) $1.500 de gastos terapéuticos y de farmacia; ii) $62.890 en concepto de gastos por reparación del rodado a favor del Sr. Ariel Oscar Fernandez.; iii) una suma a determinar en etapa de ejecución en concepto de lucro cesante a favor del Sr. Ariel Oscar Fernandez, iv) $40.000 y $35.000 en concepto de daño moral a favor de Sergio Crededio y Bricio Crededio, respectivamente.
II. a. El recurso de la demandada y la citada en garantía.
El apoderado conjunto de la accionada y de la compañía de seguros apeló la sentencia el 26 de octubre de 2020 y fundó su recurso el 14 de junio de 2021. Sus puntos de crítica pueden sintetizarse del siguiente modo:
i) Afirma que la pericia mecánica es insuficiente como elemento de prueba para determinar responsabilidades. La mecánica del hecho -refiere- no ha quedado demostrada y lo único que se acreditó es que el rodado conducido por el demandado fue el embistente. Considera que la interpretación de la prueba fue violatoria de las reglas de la sana crítica y, además, constituyó un absurdo.
ii) Cuestiona que ese mismo dictamen pericial haya dado sustento al rubro de daños al vehículo, por carecer de fundamentos técnicos que le otorguen valor probatorio. Se sustentó en fotografías y otros elementos documentales que fueron negados en su autenticidad. Refiere que carece de una explicación suficiente sobre las operaciones y principios científicos utilizados y afirma que el juez debió valerse de elementos concretos para determinar los daños al vehículo de la actora. Entiende que el rubro debió ser desestimado
iii) En cuanto al daño moral, considera infundada su recepción y cuantificación.
iv) Finalmente, manifiesta que es arbitraria la imposición de costas. Al no ser el demandado y la aseguradora quienes deben responder, pide se impongan las costas a los actores. Subsidiariamente, solicita se apliquen costas por su orden.
II.b. El recurso de la parte actora.
Los accionantes apelaron mediante su presentación del día 12 de noviembre de 2020, cuyos defectos formales fueron subsanados el 21 de diciembre de ese mismo año. Fundaron su recurso el 17 de junio de 2021 y plantearon los siguientes agravios:
i) Consideran injusto el rechazo del rubro gastos por traslados a favor del Sr. Crededio y su hijo. Dicen que luego del accidente fueron a un centro asistencial y, según la doctrina mayoritaria, este tipo de gastos son presumidos en tanto guarden razonable vinculación con las lesiones sufridas.
ii) Objetan la decisión de diferir la cuantificación del lucro cesante. Entiende que había en la causa elementos suficientes para determinar el rubro y piden se ordene al juez de primera instancia que lo fije « a partir de su razonable y acertado criterio » (último párrafo del punto B del memorial).
iii) Critican por bajo el monto reconocido en concepto de daño moral. Entienden que no se valoraron adecuadamente los presupuestos de hecho acreditados en la causa y que hubieran permitido otorgar un monto superior. Solicita se eleve la indemnización.
iv) Considera equivocada la elección de la tasa de interés moratorio y alega que le causa un perjuicio manifiesto a su crédito. Pide se aplique el criterio que la Sala Segunda fijó en la causa “Melegari” (c. 167.589, sent. del 16-04-2020).
III. Tratamiento de los recursos.
Analizaré en primer lugar los agravios de la demandada y su citada en garantía que refieren a su responsabilidad por el hecho y los daños producidos. Luego, abordaré las quejas que una y otra parte formulan sobre la procedencia y cuantía de los rubros resarcitorios.
El recurso del accionado y su aseguradora no es fundado. Ningún error cometió la jueza al analizar la responsabilidad del demandado en el accidente acaecido en la mañana del 24 de abril de 2015.
Más allá el extenso racconto jurisprudencial y doctrinario que contiene la sentencia apelada sobre la normativa aplicable al caso y el modo en que debe ser interpretada, el razonamiento que subyace a la condena es muy simple:
(a) se probó -o no fue controvertido- que el vehículo conducido por Beitia chocó por detrás al rodado que manejaba Crededio;
(b) demostrada, o no discutida la colisión y la intervención de una cosa riesgosa, es el aquí recurrente quien para eximirse de responsabilidad debe demostrar la ruptura total o parcial el nexo causal que se presume existente entre el riesgo de la cosa que conducía (su automotor Fiat Ducato) y el daño ocasionado en los accionantes; todo ello de acuerdo a la regla contenida en la segunda parte del segundo párrafo del entonces vigente art. 1113 del Código Civil (Ley 340);
(c) el demandado no probó ninguna eximente, incluyendo aquella que invocó al responder la demanda fundada en el supuesto frenado abrupto e intempestivo del vehículo conducido por Crededio.
(d) Conclusión: el demandado debe responder por los daños ocasionados.
Este breve esquema argumental permite advertir que el error del apelante consiste asignarle a la pericia mecánica un valor probatorio que, en rigor, no ha tenido ni debe tener. Lo dicho por el experto poco y nada ha aportado como elemento de convicción para dilucidar los extremos que justifican la admisión de la demanda.
El actor no tenía la carga de acreditar nada más que aquello que el demandado siquiera controvirtió: el impacto del rodado de Beitia contra la parte trasera del que conducía Crededio.
El único déficit probatorio que se advierte es el que subyace a la estrategia de defensa de la demandada, pues nada probó -o intentó probar- sobre la supuesta culpa de la víctima. Nada dice sobre ello la pericia y nada se prueba con los restantes medios de convicción producidos en el expediente.
Por ello, el agravio, en cuanto a este tópico refiere, debe ser desestimado (art. 1113 del CC y 375 segunda parte del CPCCBA).
En este punto entiendo que el recurso del demandado y la citada en garantía debe prosperar parcialmente.
Según se desprende con claridad del breve relato contenido en el apartado «X.2» de la demanda (fs. 33), el accionante no demandó el costo de una reparación aún no realizada sino el reintegro del precio abonado por un arreglo ya efectuado en el pasado.
La diferencia entre una y otra pretensión es sustancial.
En primer lugar, y como lo llevo dicho desde mi voto en la causa “Corta, Ana María” (Sala II, n° 159764, sent. del 17/05/2016) ambos créditos difieren en cuanto al tipo obligacional que los aprehende. Los gastos por una reparación ya efectuada constituyen una obligación de dinero no repotenciable (arts. 7 y 10 de la Ley 23.928) pues se trata del reintegro de las unidades monetarias de las cuales ya se desprendió la víctima para pagar el servicio contratado, y para cuya determinación -a diferencia de lo que ocurre en las deudas de valor- no es menester ninguna estimación o cuantificación monetaria en juicio.
En cambio, cuando lo que se reclama es el valor de un arreglo pendiente, la indemnización constituye una deuda de valor cuantificable en el proceso mediante parámetros y referencias económicas actuales. En este último supuesto, el dañador repara a la víctima entregándole el dinero que representa la utilidad demandada y que lo pone en situación de proveerse los bienes a los que corresponde esa valía (en el caso, el costo de un arreglo de un automotor averiado) [art. 772 del CCyC].
En segundo lugar, ambas pretensiones difieren en cuanto a aquello que es o debe ser objeto de prueba: si el actor afirma -o implícitamente reconoce- que ya arregló el rodado siniestrado, no debe orientar sus esfuerzos probatorios en demostrar cuánto cuesta en la actualidad arreglar un vehículo que sufrió daños como los que se verificaron en su unidad, sino acreditar cuánto dinero efectivamente gastó en el arreglo que dijo haber realizado. Para demostrar lo primero interesan los presupuestos y la razonabilidad de los valores allí consignados; para demostrar lo segundo, interesan las facturas o constancias de pago, y -también- la razonabilidad de los montos erogados.
Los puntos de pericia ofrecidos por el actor ahondan en esta confusión y la sentencia de primera instancia, entiendo, entremezcla ambos reclamos y termina por reconocer un crédito distinto a aquel que fue demandado.
El fallo reconoce al actor una deuda de valor cuantificado mediante parámetros económicos actualizados a la fecha de la pericia sobre la base de un cálculo realizado por el experto y algunos presupuestos adjuntados en el escrito de inicio. El error me parece evidente: no es eso lo que reclamó Fernández y no interesaba aquí indagar cuánto sale hoy -o a la fecha del dictamen- arreglar un automóvil como el del actor, sino acreditar cuánto pagó la víctima por el arreglo que dijo haber hecho, y si el precio abonado por esa reparación fue razonable de acuerdo a los valores de mercado de aquel entonces.
ii. Aclarado lo anterior, propondré al acuerdo que el rubro prospere únicamente por la suma total de $30.000 , monto que encuentro suficientemente acreditado mediante la factura adjuntada a fs. 27 (corroborada a fs. 170/vta) y lo dicho por el perito mecánico en el punto de pericia n°4, donde refiere que los valores del presupuesto del Taller de Juan Rimo son normales para el momento de su confección (ello sin perjuicio de que el mismo taller facturó finalmente un monto menor por el arreglo).
Por tratarse de un crédito dinerario no repotenciable, los intereses moratorios sobre este resarcimiento se liquidarán desde el día 16 de junio de 2015 a la tasa bancaria fijada más abajo, en el considerando «III.6» (sobre readecuación oficiosa del modo de liquidar intereses moratorios, véase SCBA, C.123.297, " Calderón , Edgardo ..." del 4-11-2020; la misma solución esta Sala, causas “ Taddey ” y “ Cerizola ” -n° 165.213 y 165.214, del 04/06/2018-).
Con tal alcance, corresponde admitir el agravio y modificar la sentencia apelada (art. 34.4, 242, 375 y cctes. del CPCCBA).
El recurso de los actores, en este punto, no es fundado.
La colega de primera instancia explicó con claridad por qué aplicó las presunciones hominis (hoy reguladas en el art. 1746 del CCyC) para indemnizar los gastos farmacológicos y médicos, pero no así para los gastos de traslado.
Señaló, concretamente, que: 1) no se probó que la lesión sufrida hubiera motivado alguna forma de rehabilitación o concurrencia al hospital luego del ingreso a la guardia; 2) el Hospital Privado de la Comunidad no registró ingreso alguno luego del tratamiento inicial, sea en calidad de control o de seguimiento.
Los recurrentes nada dicen sobre estas premisas sino que directamente reclaman la aplicación de la presunción que les permita tener por acreditado el perjuicio.
El recurso no solo está al borde de la deserción (pues la jueza explicó por qué no podía inferir gastos de traslado y esas razones no han sido debidamente refutadas en el memorial), sino que además adopta una concepción equívoca del modo en que operan las presunciones.
El razonamiento presuncional requiere indicios a partir de los cuales inferir el hecho presumido: tanto la jurisprudencia citada en la sentencia como el actual art. 1746 del CCyC exigen que exista una lesión o una incapacidad cuya entidad permita al juzgador inferir la necesidad de realizar prácticas médicas que requieren movilidad rentada. De allí que, probado el indicio (lesión o incapacidad que requiere algún tipo de tratamiento, seguimiento o rehabilitación posterior) se puede inferir el hecho presumido (el gasto que debió hacer la víctima para cubrir los traslados a los lugares en los que se realizan tales prácticas curativas).
Aquí nada de ello se probó, como bien apuntó la magistrada en su sentencia: no hubo incapacidad, no hubo secuelas, no hubo lesiones susceptibles de requerir un tratamiento posterior y nada se demostró sobre seguimientos o consultas médicas luego del primer ingreso a la guardia. La pericia presentada por la médica Mariana E. López es sumamente clara en este punto.
De lo dicho se sigue que si no se ha demostrado el hecho indiciario (reitero: requerido tanto por la jurisprudencia como por el actual art. 1746 del CCyC), no corresponde aplicar presunción alguna en torno a un perjuicio patrimonial derivado de supuestos gastos de traslado posteriores a la primera curación en el Hospital Privado de la Comunidad.
La decisión apelada, a mi modo de ver, es correcta y debe confirmarse (arts. 375 del CPCCBA).
La crítica que formulan los actores sobre el modo en que fue admitido el rubro no es admisible.
La jueza ejerció las facultades reguladas en el art. 165 del CPCCBA para determinar el resarcimiento por lucro cesante. Comprobado el daño, postergó su cuantificación a la etapa de ejecución de modo de procurarse un elemento de convicción más sólido para definir con mayor precisión la extensión económica del perjuicio sufrido por el Sr. Crededio.
Los actores mal pueden cuestionar en instancia recursiva que la cuantificación quede postergada a una etapa procesal posterior cuando fueron las deficiencias de su propia actividad probatoria la que generó el estado de cosas que la magistrada ha intentado subsanar. Han sido los recurrentes quienes generaron la incertidumbre sobre la dimensión patrimonial del daño reclamado mediante la omisión de producir elementos de convicción suficientes que arrojen alguna luz sobre el tema.
Pedir que se ordene a la jueza que cuantifique el daño “a partir de su razonable y acertado criterio” resulta inadmisible: hay allí un mero eufemismo para solicitar que a ojo de buen cubero la colega esboce algún número de la mano de parámetros económicos y comerciales que no tiene por qué conocer y la parte que debía acompañar la información pertinente no lo ha hecho en la etapa que correspondía.
Por lo expuesto, el agravio debe ser desestimado (art. 375 del CPCCBA).
Ambos recursos criticaron la cuantía del rubro daño moral. Ninguno de ellos me persuade de un error o injusticia en la decisión objetada.
Este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que la fijación de la reparación del daño extrapatrimonial queda librada al criterio del juez aunque es necesario indicar las pautas objetivas que fueron evaluadas y ponderadas para arribar a la suma de condena (esta Sala, c. 169141 -“ Bravo ..”-, sent. del 07/07/2020, c. 169939 -" Rabainera ..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -" Lasa ..."- sent. del 08/10/2020).
El Código Civil y Comercial expresamente prescribe en su artículo 1741 que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas , superando de ese modo aquel criterio que sostenía que la reparación del daño extrapatrimonial importaba asignar un precio al dolor. Se trata, en cambio, y como explica Galdós, de establecer el precio del consuelo : la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias, proporcionándole a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y permitiéndole acceder a gratificaciones viables que le brinden alguna forma de alivio (Galdós, Jorge M., en “ Código Civil y Comercial de la Nación, comentado ” dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, 1ra ed., Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, t. VIII, pág. 503).
Desde esta óptica, he ponderado las mismas variables que ha tenido en cuenta la magistrada en su sentencia, incluyendo a las características del accidente, la intensidad del impacto, la escasa entidad de las lesiones sufridas por el Sr. Crededio y su hijo, y los tratamientos recibidos en el Hospital Privado de la Comunidad (v. pericia de la médica Mariana López presentada el 03/11/2018).
De la valoración de tales circunstancias -y las molestias y sinsabores que infiero que ellas debieron generar en los coactores- es que concluyo que, por un lado, el rubro daño moral ha sido correctamente admitido, pero también considero que el monto asignado en la sentencia apelada resulta razonable, sin que se aprecie como arbitrario o inmotivado, como la demandada objeta en su recurso. Tampoco encuentro razones en el memorial de los actores que justifiquen su incremento.
Es por todo lo hasta aquí dicho que propondré al acuerdo que el agravio de los accionantes, al igual que el del demandado y su citada en garantía, sean desestimados (art. 163, 375 y cctes. del CPCCBA; 1068, 1069 del CC y 1741 del CCyC).
La actora reclamó expresamente una tasa de interés que no le ocasione un perjuicio manifiesto y solicitó la aplicación del criterio que este Tribunal sentó en el caso “Melegari”, resuelto en abril de 2020 (punto «D» del memorial).
El agravio debe ser admitido.
La Sala que tengo el honor de integrar se apartó de la doctrina legal fijada por la Suprema Corte en los casos “ Ponce ” (C.101.774), “ Ginnossi ” (L. 94.446, ambas del 21/10/2009) y “ Cabrera ” (c. 119.176 del 15/06/2016) brindando un amplio abanico de razones por las cuales debía escogerse una tasa que asegure la reparación plena (o la mejor reparación posible ) del daño moratorio, propósito que no se cumple satisfactoriamente de utilizar una tasa pasiva prevista para operaciones bancarias de bajo riesgo (c. 167.589, -" Melegari, Bernardo... ” del 16/4/2020).
Sostuve allí, junto al Dr. Loustaunau, que «la tasa de interés moratorio judicial -
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.