Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 166363
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA
EXPTE. Nº 166363 - JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N°13
AUTOS Y VISTOS : las presentes actuaciones caratuladas “BASSANO, MARIO MARCELO C/ CÍRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 13/08/2021 contra la resolución del 10 de agosto 2021, aclarada en el apartado «III» del proveído del 18/08/21.
I. El 10 de agosto de 2021 el Dr. Maximiliano Colángelo, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°13 departamental dictó resolución en la que hizo lugar a la impugnación de liquidación presentada por la demandada y aprobó la liquidación en la suma de $224.588,64 en concepto de intereses devengados desde el 14/12/2018 hasta el 19/02/2021, ascendiendo el monto adeudado a un total de $687.383,70, comprensivo de $271.642,48 de capital y $415.741,22 de intereses.
Para así decidirlo, explicó que el 18 de marzo de 2021 la demandada impugnó la liquidación que había presentado la actora el 18 de febrero de 2021. Señaló que la accionada invocó anatocismo indebido y cuestionó la pretensa deuda de U$D9.951 y $397.247,94, lo que totalizaba $1357.519,14.- en tanto que la actora defendió sus cálculos y pidió sea aprobada su liquidación.
En lo tocante al tema del cálculo de intereses, el magistrado argumentó que la accionada no fue intimada al pago de la liquidación aprobada el 28 de febrero de 2019, requisito que condiciona la admisibilidad de la capitalización. Agregó que el 15 de junio de 2018, al apelar la sentencia, la demandada depositó $853.260,50 para cumplir el art. 29 de la Ley 13.133, por lo que solo corresponde calcular nuevos intereses devengados sobre el capital puro desde la fecha en la que se tuvo por aprobado el cálculo primigenio y hasta la fecha de la segunda liquidación, los que ascienden a $224.588,64.-
En materia de titularidad de los fondos depositados en dólares en la cuenta N°1631/0, explicó que luego del depósito mencionado en el párrafo anterior (motivado por el art. 29 de la Ley 13.133) y la aprobación de la liquidación al 13/12/2018 (fs. 1370/1371), el 14 de mayo de 2019 se procedió -a pedido de la actora- a convertir a dólares la suma de $462.765,06, lo que permitió adquirir U$D9.951,94.- la incidencia se generó -relata el juez- cuando para cancelar la deuda el apoderado de la accionada dio en pago las sumas depositadas y pidió convertir a pesos los dólares depositados y la actora alegó que esos fondos eran de su propiedad, pues ella fue quien solicitó la adquisición de la divisa y corrió con los riesgos cambiarios. Por ello pide que se le paguen los dólares más la suma de $397.247,64.-
A este último planteo la demandada se opuso, afirmando que no debe dólares sino que la condena refiere al pago de $271.642,48 con más intereses a tasa pasiva digital desde el 18 de diciembre de 2015.
Frente a este escenario, el magistrado consideró que el planteo de la actora no es fundado, decisión que se sustentó en cinco argumentos:
(i) que el depósito efectuado el 15 de junio de 2018 no tuvo por finalidad extinguir una obligación sino solo habilitar al depositante la vía recursiva y el transcurso del tiempo no puede transformar la voluntad del deudor (y tampoco puede hacerlo el pedido de la actora de comprar moneda extranjera, o la decisión judicial que accedió a su pedido);
(ii) no hubo animus solvendi en ese depósito y tal recaudo no existió sino hasta la posterior presentación de la demanda dando en pago esa suma (14/09/2020);
(iii) el efectivo pago ocurrirá cuando las sumas estén en condiciones de liberarse por haberse cumplido los recaudos fiscales y previsionales, y hasta tanto ello no ocurra las sumas son propiedad del depositante;
(iv) la sentencia reconoció su derecho indemnizatorio y lo cuantificó en una suma determinada de curso legal que se rige por las obligaciones de dar sumas de dinero; no hay en el fallo el reconocimiento de una obligación de dar moneda extranjera;
(v) no le genera ningún perjuicio patrimonial a la actora el pedido de la demandada de que se venda la divisa y con el producido solventar la liquidación, respetando las pautas de la sentencia en orden a satisfacer el capital y los intereses moratorios; lo contrario importaría un enriquecimiento sin causa.
El 18 de agosto de 2021 el colega aclaró que la demandada dio en pago las sumas luego convertidas a moneda extranjera el 21 de diciembre de 2018.
II. El recurso de la actora.
La accionante apeló el 13 de agosto de 2021. Concedido el recurso el 18 de agosto de 2021, presentó su memorial el 22 de agosto de 2021 y la contraria lo replicó el 08/09/2021. Los agravios pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Considera equivocado que el juez afirme que no se intimó a la accionada al pago de la liquidación aprobada el 28 de febrero de 2019. Dice que no fue necesaria esa intimación dado que la demandada había dado en pago al actor $462.795,06 el 21 de diciembre de 2018, por lo que a partir de allí la sentencia se basa en una premisa incorrecta.
(ii) Se agravia de la aprobación de la liquidación que la demandada efectuó el 18 de marzo de 2021, dado que no le corresponde a la accionada hacerlo (art. 501 del CPC).
(iii) Cuestiona que el juez no haya tenido en cuenta que los dólares se compraron con fondos dados en pago por la demandada y son de su propiedad. Alega que con pesos de su propiedad y la dación en pago de la accionada el 21/12/2018, “decidió conservar su haber en dólares con los precios producto de la sentencia en pesos”. Reitera que la moneda extranjera fue adquirida con dinero de su propiedad y que la demandada había dado en pago el 21 de diciembre de 2018.
(iv) Considera que al darle otra interpretación en su sentencia, el juez se entromete en forma retroactiva en la decisión del actor sobre qué hacer con su dinero. Dinero que, dice, era “claramente de su propiedad” y que la resolución “pretende trasladar la propiedad de esa divisa a la demandada”.
(v) Reitera que el juez consideró que la demandada dio en pago los $462.795,06 el 21 de diciembre de 2018 y en pago de la liquidación presentada el 11 de diciembre de 2018, por lo que tuvo por finalidad extinguir la obligación. Dice que la aclaratoria reconoce el error pero no advierte que la resolución principal parte de una premisa falsa.
(vi) Expone que según surge del informe de la IGJ, solo en cuotas puras el actor pagó más de 15.000 dólares, suma que asciende a casi 20.000 dólares si se incluyen cargas administrativas. La sentencia apelada pretende reconocer en los hechos una equivalencia cercana a U$D3.900 a cotización dólar MEP. Señala que “pudiendo disponer de la posibilidad dólar MEP, vender los USD a precio oficial no resulta conveniente, ya que hay una diferencia de casi el 80% a la fecha.
(vii) Critica que el magistrado afirme que el pago se materializará cuando los fondos estén en condiciones de ser liberados luego del cumplimiento de cargas fiscales y previsionales. Indica que esa fundamentación no surge de la ley sino de una doctrina que es opinable. Insiste en que si los montos fueron entregados en pago, como ocurrió en el caso, el dinero le pertenece al acreedor.
(viii) Objeta que el juez destaque los límites del crédito emergente de la sentencia. Afirma que no está pidiendo que la demandada compre dólares, sino que le sea entregada la moneda extranjera que es de su propiedad. Sobre esta última premisa, alega que la decisión -contrariamente a lo que el juez afirma- le ocasiona un perjuicio patrimonial grave.
(ix) Se agravia de que la resolución admita una liquidación presentada por la vencida, violentando lo dispuesto por el art. 501 del CPCCBA y que no haya dado tratamiento a la respuesta al traslado que le fue conferido de la impugnación de la contraria a la ampliación de la liquidación presentada el 19/02/2021.
Sin perjuicio del tratamiento integral que se dará a las cuestiones planteadas por el actor, nos interesa aclarar que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no estamos obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos, sino tan solo los que consideremos suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Loutayf Ranea Roberto G. “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, t. 2 págs.310/313, Astrea, 2da ed. act. y amp., Bs.As. 2009).
La doctrina judicial interamericana señala que «el deber de motivación no exige una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino una respuesta a los argumentos principales y esenciales al objeto de la controversia que permitan garantizar a las partes que han sido oídas en el marco del proceso» (v. esta Sala en causas n° 169.503 -“Gardés...”- del 26/11/2020, n° 137518 -" Santecchia ..."- del 14/2/2018, n° 163802 -" Morales ..."- del 27/09/2017, n° 162854 -" Argaña ..."- del 22/06/2017, 162070 -" Leguizamón ..."- del 15/06/2017 y n° 163784 -“ Lagos ...”- del 9/11/2017, todos de la Sala Segunda de esta Cámara Departamental; Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90; Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 40; Caso Flor Freire vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C. No. 315, párr. 186).
El apelante postula un extenso memorial con argumentos que pueden clasificarse según el aspecto de la resolución que pretende cuestionar por injusta o equivocada. Así, se distinguen: (1) aquellos argumentos que refieren a la procedencia de la capitalización de intereses que la accionada objetó al responder la liquidación de la actora del 18 de febrero de 2021; (2) las quejas que versan sobre el alcance de las potestades del juez en el marco de la incidencia a resolver (esto es, si -como dice el Sr. Bassano- el magistrado aprobó indebidamente la liquidación de la demandada cuando debió hacerlo la accionante vencedora de conformidad con lo normado en el art. 501 del CPCCBA); y finalmente (3) las críticas referidas a la propiedad de los dólares depositados en la cuenta judicial y las consecuencias que ese debate tiene en la solución de la incidencia.
En los párrafos que siguen evaluaremos estas cuestiones por separado.
La actora cuestionó la decisión del juez de admitir la liquidación presentada por el apoderado de los codemandados cuando, siguiendo la regla contenida en el art. 501 del CPCCBA, considera que debió hacerlo la actora en su calidad de parte vencida. Este tópico es desarrollado en los apartados 2, 3 y 19 del punto «III» del memorial.
Si bien lo que más abajo se dirá sobre la titularidad de los fondos en dólares puede tornar abstracto este planteo, no podemos ignorar el hecho de que la queja ya motivó un originario planteo de nulidad contra la resolución apelada. Ello justifica -aun de oficio- abordar el punto y descartar de plano la presencia de cualquier defecto que pudiere tornar en inválida a la decisión que es objeto de recurso (art. 34 y 163 del CPCCBA).
En efecto, la incidencia dirimida por el magistrado se gestó por la impugnación presentada por el apoderado de las codemandadas el 13/03/2021 respecto de la liquidación del actor del 18/02/2021. La resolución se dictó previo traslado a la actora (v. presentación del 3/05/2021).
Las impugnaciones de liquidaciones dan inicio a un incidente de conformidad con lo normado en el art. 502, segundo párrafo del CPCCBA. Usualmente, y por tratarse de aspectos enteramente matemáticos y de cálculo, estas controversias se dirimen como meras incidencias en el expediente principal sin necesidad de producción probatoria.
Al dictar la resolución que dirime el punto controvertido, los jueces pueden, en algunos supuestos, admitir total o parcialmente la impugnación y desaprobar en todo o en parte la liquidación de la vencedora, o bien pueden aprobar total o parcialmente la que la sustituya o incluso fijar las pautas para una nueva liquidación. Pueden también rechazar el planteo de la deudora y aprobar enteramente la liquidación objetada.
El abanico de posibilidades es muy amplio y ninguna de estas opciones -en particular, las que hacen lugar total o parcialmente a alguna objeción de la parte deudora- puede o debe entenderse como una aprobación automática de la liquidación hecha por la vencida , como argumenta el actor al invocar una violación a su derecho emergente del art. 501 del CPCCBA.
Por el contrario, lo que hace el juez es admitir o rechazar argumentos por medio de los cuales el impugnante invoca una discordancia entre las pautas que fija la sentencia para determinar la cuantía del crédito y el cálculo realizado por quien liquida esa deuda.
Presentado el planteo, y bilateralizado con la contraria, el juez se limita a resolver cuál es el cálculo que a su criterio es el correcto. En ese contexto, reitero, no siempre es necesario (y a veces no es siquiera conveniente) que se le requiera al actor que presente una nueva liquidación que puede, potencialmente, motivar una nueva incidencia que insuma más tiempo. Basta con que el juez indique cuál es el capital, desde cuándo se calculan los intereses y si la cuenta es sencilla, puede incluso ensayar el resultado final.
Esto último es lo que hizo el magistrado en una resolución que no viola el postulado de congruencia, no se extralimitó en las potestades de decisión que la ley le asigna, ni afectó indebidamente derechos de los litigantes.
Lejos de dar la razón al apoderado de las codemandadas, o de permitirle liquidar el crédito, el colega explicó cuál consideró que era el error en el cálculo de la actora y derechamente procedió a enmendarlo: no se remitió a la liquidación presentada por el Dr. Jozami sino que utilizó de propia mano el aplicativo de cálculo de ColProBa, estableció él mismo cuál es el capital puro a utilizar como base para calcular el interés moratorio y cuantificó estos últimos al 19/02/2021.
De suyo que el hecho de que el resultado final de esa cuenta sea coincidente con el que postuló el Dr. Jozami es un dato meramente contingente e intrascendente: no significa -como alega el apelante- que allí se le ha reconocido un derecho a liquidar el crédito en detrimento de las prerrogativas procesales que le correspondían a la parte vencedora.
Por lo dicho, y sin perjuicio de lo que luego se dirá sobre los restantes agravios, la crítica que a este punto refiere debe ser desestimada (art. cit.).
III.2. Sobre la capitalización de intereses.
Es correcta la observación que el juez hizo sobre la capitalización indebida que se ve reflejada en la liquidación presentada por la actora el 18/02/2021.
En este punto el recurso no prospera.
Una vez que adquiere firmeza la sentencia definitiva y el pleito ingresa en etapa ejecutoria, el acreedor triunfante puede capitalizar intereses moratorios en los casos y bajo las condiciones establecidas en el artículo 770 inciso "c" del Código Civil y Comercial. Esto significa que los intereses devengados pueden pasar a formar parte de un capital que devenga nuevos intereses una vez que: i) se liquida la deuda, ii) el juez manda a pagar la suma resultante y iii) el deudor es moroso en hacerlo.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha sido muy clara al interpretar el artículo 623 del Código Civil derogado (Ley 340) y el actual art. 770 del Código Civil y Comercial. Resolvió en numerosas oportunidades que «[l]a capitalización de intereses, si bien está admitida excepcionalmente -como en el caso que exista condena judicial y mora en el cumplimiento-, requiere para su configuración el cumplimiento de determinados requisitos, a saber: la existencia de liquidación de deuda aprobada judicialmente; intimación judicial de pago de la suma resultante de la liquidación y mora del deudor en el cumplimiento de la condena» (B. 67.055, " Cuomo ", res. del 4/07/2012; más recientemente, causa B.66.234 “ Aballay ”, res. del 28/12/2021).
Solo el primer recaudo se verificó en el caso (deuda liquidada y aprobada) pero, como bien advierte el juez en su resolución, nunca se llegó a la instancia de intimación y tampoco pudo verificarse la omisión del deudor de cumplir lo que en ella se le requería.
Ello torna improcedente el anatocismo que se aprecia con claridad en los cálculos que trae la liquidación objeto de impugnación, donde el capital productor de intereses que utilizó el actor es el valor resultante de una liquidación anterior que ya internaliza los accesorios por mora ($462.765,06) en lugar del capital puro de condena ($271.642,48.-) [v. escrito del 18-02-21 presentado por la actora].
La recurrente invoca un único argumento para criticar esta decisión: afirma que “no fue necesaria intimación alguna” (punto III.1 del memorial) por existir una dación de pago.
Sin embargo, por dos motivos el argumento falla en demostrar el error en la resolución apelada.
El primero, es que -en la interpretación de la Casación bonaerense- esa intimación es requisito indispensable para que proceda la capitalización (doctrina emergente de la causa B. 67.055, " Cuomo ", res. del 4/07/2012). Aquí las codemandadas respondieron ese traslado de la liquidación expresando -en lo que respecta al capital e intereses- una doble voluntad de consentir el cálculo y ofrecer en pago parte de los montos ya depositados.
En segundo lugar, aún si se considerase innecesaria una intimación judicial (Pizarro, D. - Vallespinos, C. " Tratado ...". Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, t. 1, p. 533), el resultado es exactamente el mismo. El traslado de la liquidación importa -para esta interpretación- una implícita exigencia de pago. Lo que la apelante denomina “daciones en pago” (que no son tales en los términos del art. 942 del CCyC sino manifestaciones del apoderado de los codemandados en los que consiente la liquidación y el uso del dinero ya depositado para cancelar la deuda liquidada) fueron formuladas en los escritos en los que el litigante respondió el traslado de la liquidación del actor (ver escritos del 21/12/2018 y 14/03/2019).
Es decir, no hubo oportunidad alguna en la que fuera necesario intimarlo a pagar así como tampoco hubo oportunidad en la que pueda reputárselo moroso en cumplir la manda judicial cuando la liquidación, en los montos luego aprobados, siquiera fue controvertida. Todo ello torna inadmisible la capitalización pretendida.
Por lo expuesto, y sin perjuicio de lo que más abajo se dirá sobre el modo de reliquidar la deuda (cons. «III.3.3.»), la decisión del juez de observar el cálculo efectuado por el actor es correcta y debe ser confirmada (arts. 770 del CCyC y 501 y cctes. del CPCCBA).
III.3. Sobre la titularidad de los dólares adquiridos con fondos depositados en la cuenta judicial.
Aun cuando no compartimos buena parte de las alegaciones que formula el recurrente sobre este tema, consideramos que el actor ha logrado exponer una serie de motivos que nos persuaden de que la resolución apelada debe ser modificada.
El recurso, en este punto en particular, prosperará parcialmente.
III.3.1. Para comprender adecuadamente el agravio es necesario recapitular algunos de los actos procesales que tuvieron lugar luego de que la sentencia definitiva de este Tribunal dictada el 02/08/2018 adquirió firmeza y se dio inicio a la etapa ejecutoria. También se detallará brevemente la posición que una y otra parte sostiene en torno a la propiedad de los dólares depositados en la cuenta judicial.
III.3.1.a Los antecedentes:
El actor presentó la liquidación de su crédito el 11 de diciembre de 2018 y la contraria consintió los cálculos por un total de $462.795,06.- de capital más intereses
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