Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 171747
Expediente n º 171.747 – Juzgado n° 14
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “ Martínez, Marcos Alfredo y Otros c. MEDICUS S.A. s. Daños y perjuicios ”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I : En la sentencia del 18 de diciembre de 2020, el Sr. Juez de primera instancia desestimó la excepción de incompetencia opuesta por la accionada, rechazó la demanda e impuso las costas a los actores vencidos.
Para decidir de ese modo tuvo en cuenta que el contrato con la demandada solo vinculó a Elvira Festorazzi, cónyuge y madre respectivamente de los actores. Calificó esa relación como “contrato de consumo”, y dejó establecido que - conforme las pruebas producidas - “ no hay duda ” de que fue incumplido por parte de la empresa de medicina prepaga.
Sin perjuicio de ello, el Sr. Juez entendió que el reclamo de los actores - al haber sido promovido con posterioridad al fallecimiento de la Sra. Festorazzi- fue “realizado” únicamente por derecho propio y no “ iure hereditatis ”, y que el efecto relativo que es propio del contrato impide accionar a los herederos forzosos.
Afirmó que “más allá” de que se considerara que la consumidora instó la acción judicial en vida, los terceros damnificados por el incumplimiento solo pueden perseguir la reparación en el ámbito de la responsabilidad “aquiliana” (extracontractual), y en base a un factor de atribución propio de esa órbita, ya que para quienes son ajenos al contrato no es suficiente el mero incumplimiento.
Con cita de destacados autores de doctrina nacional repasó las diferencias que entre ambas órbitas subsisten luego de la unificación dispuesta por el Código Civil y Comercial, para fundar el requerimiento de un factor de atribución. Revisó antecedentes jurisprudenciales dejando aclarado su desacuerdo con alguno de ellos, descartó la aplicación de la figura del “bystander”, evaluó detenidamente cada elemento de prueba, y concluyó que los daños sufridos no guardan adecuada relación causal con los incumplimientos constatados pues:
a) la aplicación de gammaglobulina no hubiera impedido el deceso de Elvira Festorazzi;
b ) a la paciente se le administró Riluzol, única medicación que disminuye la progresión de la enfermedad, conforme el dictamen de la perito;
c ) no se ha probado, ni invocado, que el fallecimiento de Elvira Festorazzi derivara de “una mala praxis asistencial reprochada a la empresa de medicina prepaga”;
d ) el daño psicológico que sufren los actores deriva de la muerte de su esposa y madre y no de los incumplimientos de la demandada;
e ) los actores carecen de legitimación para demandar por derecho propio los daños que son consecuencia del incumplimiento del contrato habido entre la accionada y la Sra. Festorazzi.
II: Apelaron los actores y el recurso que les fue concedido en relación, fue fundado mediante el respectivo memorial y respondido por la accionada.
Los agravios son los siguientes:
a) Considera que la sentencia incurre en absurdo al “suprimir” la acción “ iure hereditatis ” por responsabilidad contractual, y tratar la acción de un modo distinto al que fue promovida (punto I de la demanda a fs.77 vta.).
En igual sentido califica la transformación de la responsabilidad contractual en extracontractual “en beneficio del incumplidor”, quien por el solo hecho de la muerte del consumidor quedaría relevado del daño punitivo, ignorando así el efecto propio de la transmisión hereditaria de los créditos, por el cual los “…herederos tienen idéntica acción que la causante, es decir contractual, para reclamar el pago de las indemnizaciones que se le adeudaban a la causante”.
Diferente, sostiene, es el reclamo “por derecho propio”, y reiterando el distingo hecho en la demanda aclara que como herederos los actores reclaman “ el resarcimiento de incumplimiento contractual doloso que causó graves aflicciones y disminución de la calidad de vida de la Sra. Festorazzi, y que se adeudaba a la causante como consecuencia del contrato con ella, sin vínculo original con los actores, pero siendoéstos herederos de la causante ” (sic).
Siempre en relación al reclamo de los actores como herederos, la apelante explica que la sentencia lo encuadra en la responsabilidad extracontractual porque considera que el heredero es un tercero, y que las normas y la lógica indican que los herederos deben demostrar lo mismo que debía demostrar la Sra. Festorazzi y deben percibir lo mismo que se adeudaba a ella.
Describe las constancias del expediente caratulado “Diligencias preliminares” en los que solicitó la producción de prueba pericial anticipada ante el riesgo de muerte, o degradación de la situación de la actora, para concluir que la solución debe ser la misma ante la muerte posterior al requerimiento de prueba anticipada pero anterior a la demanda: lo que se debía a ella se debe a los herederos como tales, “y no como terceros con factor de atribución propio y extracontractual” afirma, con cita de un antecedente en el que con la demanda iniciada falleció la actora.
b) En su segundo agravio advierte que el factor de atribución “es el de la responsabilidad contractual” y que se ha juzgado probado el incumplimiento contractual, para seguidamente señalar que “otro absurdo” es considerar que se quiso responsabilizar a la demandada por la muerte de la Sra.Festorazzi, cuando ello “jamás ocurrió”.
Aclara que “la demanda se funda en el agravamiento de los padecimientos sufridos, y la pérdida de una mejor calidad de vida que la Sra. Festorazzi pudo tener antes de morir”. Detalla que se reclama “el daño moral y psíquico causado por el disgusto espiritual que sufrió durante dos años” por ver a su familia desesperada procurando dinero y elementos para atender su enfermedad, por la incertidumbre respecto al cumplimiento de Medicus ante cualquier prescripción médica; por tener que afrontar varios procesos judiciales y administrativos para lograr que la demandada cumpliera, e incluso por el incumplimiento de las órdenes judiciales; por las negativas y demoras que la exponían a una amenaza para su salud y su vida, por soportar trato indigno y frases discriminatorias. Todo ello dañó su vida familiar y social, afectó su desenvolvimiento individual como discapacitada, menoscabó el desarrollo pleno de la vida. Respecto a estos daños, sostiene que el factor de atribución es el incumplimiento acreditado.
En el mismo capítulo, la apelante se detiene a criticar la porción de la sentencia en la que el Sr. Juez considera que la omisión de proveer la gammaglobulina no produjo daños, en tanto no fue mencionada por la Perito. Indica que la demandada incumplió otras prestaciones además de la omisión de proveer gammaglobulina (que tenía por fin paliar los efectos de la enfermedad) como lo fueron la internación, la rehabilitación neurológica integral, ambulancia, valvas cortas, elevador hidráulico, almohadón de triple densidad con cámaras, silla de ruedas, apoya cabeza, silla para baño, acompañante de enfermería, cama ortopédica, colchón de aire, conforme se detalló en la demanda.
Puso de relieve que la Perito informó que aunque no exista cura para el ELA sí existe tratamiento, y que la demandada no informó cuales fueron las prestaciones brindadas, ni cuando, y tampoco su costo.
c) En su tercer agravio, la apelante se refiere al daño punitivo, señalando que aunque el Juez rechazó la demanda, dejó constancia de los incumplimientos maliciosos en términos contundentes, que esa conducta surge también de las imputaciones realizadas contra la prepaga por la Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y la Dirección General de Protección al Consumidor, ambas del Municipio de Gral. Pueyrredón.
El incumplimiento recalcitrante ha sido puesto en evidencia también por la Cámara Federal de Mar del Plata, y el Ministerio Público Fiscal ha dictaminado que corresponde aplicar daños punitivos. También considera acreditado que la accionada incumplió dolosamente las prestaciones que habrían podido mejorar la calidad de vida de su afiliada en la última etapa.
En cuanto a los daños causados a los herederos los califica como “daños morales y psíquicos” y reitera la descripción de la conducta dolosa de la demandada generadora de los hechos que dañaron directamente a cada uno de los actores. Aduce que el daño moral se consideró acreditado en la sentencia pero fue rechazado como inocuo.
Repasó la pericia psicológica advirtiendo que el Sr. .Juez se ha equivocado al considerar que los daños acreditados se corresponden al fallecimiento de la Sra. Festorazzi. Trascribe parcialmente el dictamen en cuanto se afirma que el malestar sufrido se corresponde con la angustia que vivían por la enfermedad del ser querido, la poca celeridad con la que obtenían los requerimientos y pedidos médicos, demoras en la entrega de materiales que fueron vividas como situaciones de maltrato tanto a la paciente como a sus familiares, que como la pericia se encarga de aclarar se corresponden con los hechos referidos en la demanda.
Al mismo tiempo, señala, la sentencia ha ignorado el resto de las pruebas que dan cuenta de los sufrimientos y aflicciones de la familia por no poder obtener las prestaciones para el cuidado de la Sra. Festorazzi.
d) Finalmente recuerda su reclamo de aplicación de la tasa activa a la deuda por reparación.
III : El recurso debe progresar.
III.1 : Conforme surge de la demanda (fs.77 y siguientes), los actores reclamaron a Medicus S.A. la reparación de los daños causados por el incumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato. Lo hicieron tanto en su condición de herederos de quien en vida fuera Elvira Festorazzi, como por derecho propio en su calidad de “directamente” (sic) damnificados (fs.77 vta. punto I), por lo que en la sentencia correspondía admitir o rechazar cada una de estas pretensiones, sin descartar a priori una de ellas (por entender que el reclamo solo pudo ser realizado por derecho propio punto IV ap.d, y punto V ap.b de la sentencia; art.163 inc.6 del CPC).
En lo que hace a la acción promovida en su carácter de herederos, corresponde analizar cada reclamo por separado para resolver si los actores se encuentran debidamente legitimados para iniciar (o continuar) la acción por cobro del crédito a la reparación que tenía su causante, según sea la clase de daño reclamado, y siempre que se reúnan los restantes requisitos exigidos por la ley para su procedencia.
III.2: Como bien señala la apelante, el heredero que ha entrado en posesión de la herencia (art. 3410 CC) es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor, con excepción de aquellos derechos que no son transmisibles por sucesión (art. 3417 CC).
Tanto el crédito por reparación del daño material derivado de una lesión psíquica, como el correspondiente al llamado “daño punitivo” o “multa civil” son transmisibles de ese modo por sucesión (art.1195 Código Civil; Zavala de González, “Daños a las personas” tomo 2 a: integridad psicofísica “p.471 punto d segundo párrafo), en tanto las leyes no imponen ningún otro requisito adicional, por lo que - en lo que hace a esta parcela de la demanda- solo resta decidir si la causante era o no acreedora de esas indemnizaciones.
En cambio, la acción por reparación del daño moral sufrido por Elvira Festorazzi en tanto reviste naturaleza personalísima se extingue con la muerte de su titular, y exigía ( y exige actualmente) que la acción civil hubiera sido entablada en vida por el difunto (art.1099 CC; art.1741 CCyC), por lo que, además de analizar si el crédito nació en cabeza de la causante, debe decidirse si el pedido de prueba anticipada es suficiente a los fines de considerar que la acción civil por daño moral ha sido efectivamente “entablada por el difunto”, y puede ser continuada desde allí por los herederos.
III.3 : Tal como se dice en la sentencia apelada, el incumplimiento de la demandada para con su afiliada está indudablemente acreditado, como así también la violación de las normas de protección al consumidor, el trato indigno hacia Elvira Festorazzi, y la discriminación ejercida contra una persona con discapacidad.
Las demoras en la provisión de medicamentos y otros elementos necesarios para el tratamiento, los atrasos en entregar bienes indispensables para mantener o proveer condiciones de vida mínimas a quien está afectada por una enfermedad terminal, están resumidas a fs.76. Allí se observan retrasos de más de cuatro meses en proveer una silla de ruedas, o de dos a cinco meses en entregar un almohadón , de cuatro meses para suministrar un “apoyacabezas”, o de tres en el caso de una silla para el baño, y de todos los otros elementos pedidos pese a las órdenes judiciales, y no obstante la presión ejercida sobre la empresa deudora con la imposición de astreintes, y las denuncias ante diversos organismos donde Medicus ha sufrido condenas en términos realmente vergonzantes.
Las alegaciones iniciales de la demandada se centraban en adjudicar un carácter “empírico y experimental” al tratamiento del CIDP con gammaglobulina, y a poner de resalto que todos los tratamientos destinados a mejorar la calidad de vida de la paciente, no tendrían resultado pues el ELA seguiría avanzando. En realidad, y como dijo la perito médica todas las prescripciones incumplidas y demoradas estaban destinadas a mejorar la calidad de vida de la Sra. Festorazzi, (audiencia celebrada ante este Tribunal el día 14 de octubre de 2021), y en modo alguno a intentar curar una enfermedad que sigue siendo incurable.
También Medicus se defendió inicialmente sosteniendo que las prestaciones reclamadas no se encontraban incluidas en el PMO, y que consecuentemente no estaban alcanzadas por la cobertura contratada por la paciente. Esa cuestión fue debatida en el fuero federal tal como consta en los expedientes agregados, y las sentencias allí recaídas - que incluyeron esas prestaciones dentro de las obligaciones de la prepaga- se encuentran firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada .
El conocimiento especializado que le compete a la empresa proveedora de servicios, no permite dudar respecto a que la demandada dejó de proveer los medicamentos como debía, sabiendo lo que hacía. Se negó a pagar la internación para inyectar gammaglobulina en la paciente que sufría la progresiva y acelerada parálisis de su cuerpo (y dispuesta la práctica por sentencia del Juzgado Federal demoró su ejecución algunos días mientras negociaba una rebaja del costo) y sus responsables lo hicieron a conciencia. Prueba de ello es que tampoco cumplieron cuando el Juez Federal se lo ordenó. Incurrieron en violación consciente, no prestaron los servicios, no entregaron los elementos, pudiendo y debiendo hacerlo. Esa conducta, si hiciera falta, tipifica el dolo en el incumplimiento de las obligaciones reiteradamente invocado en la demanda como razón suficiente para atribuirle responsabilidad frente a los actores (Carranza, Jorge “El dolo en el derecho civil y comercial” edit.Astrea Bs.As.1973 p.30 con cita en nota 15 de Lafaille, Colmo. Rezzónico y Busso).
III.3.1 : Un breve repaso de la resolución de la Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Municipio local (fs.60), muestra la condena que generó la conducta de Medicus S.A. ante la pretensión de su afiliada que “apunta a la dignidad en su tratamiento de salud”… “ha sometido a la denunciante a verse envuelta en una serie de mecanismos legales que mediante la fuerza jurisdiccional ha obligado a la misma a cumplir con las prestaciones en cabeza de la empresa”… “Que dicha conducta a su vez se encuentra avalada por el discurso que, la empresa denunciada, ha mantenido tanto en sede judicial como en esta sede administrativa al referirse a la señora Festorazzi como “estamos ante una paciente con muy poca sobrevida y sin ninguna posibilidad de tratamiento…(sic.fs.125 vta) “suponiendo los resultados más alentadores en el tratamiento experimental indicado para la CIDP, esto no modificaría la calidad de vida, ni el estado general de la paciente, porque la ELA seguiría avanzando (sic.fs.126) ”.
La conclusión de la entonces directora Agustina Palacios, es que “ tal actitud negativa y dilatoria conlleva un trato indigno que ha vulnerado gravemente los derechos constitucionalmente amparados a la vida, la salud, el trato digno, igualdad, no discriminación… ” y configuró un acto discriminatorio, contra quien se encuentra en un estado de suma vulnerabilidad, afectada por “…un trastorno neurológico caracterizado por la debilidad progresiva y deterioro de la función sensorial “, una persona con discapacidad (fs. 22).
III.3.2 : En la Dirección Municipal de Defensa del Consumidor e Intereses del Contribuyente la imputación que se le formuló a Medicus incluyo la violación de los arts.42 de la Constitución Nacional, y 38 de la Constitución Provincial, de los arts. 4 (deber de información) 8 bis (trato digno), 9 (modalidades de la prestación de servicios) y 37 (deber de buena fe) de la ley 24.240 (fs.63 y sig.).
Las sentencias recaídas en el fuero federal dan cuenta de la misma conducta, y de la negativa recalcitrante a cumplir las órdenes judiciales, a veces amparada en la demora de los “presupuestos”, otras en que los incumplimientos se debían a terceros (terceros que Medicus contrataba para que cumplieran las obligaciones a su cargo), hasta llegar a la imposición de astreintes.
III.4 : En lo que hace a los requisitos para continuar la acción por reparación del daño moral sufrido por Elvira Festorazzi, indica Pizarro que “…la letra del art.1099 es clara y no deja margen alguno para la duda: por razones de política legislativa se exige que el causante titular del derecho a la reparación haya entablado la acción resarcitoria por daño moral como requisito condicionante de su transmisibilidad a los herederos” (Daño Moral, Hammurabi, Bs.As. 1996 p.301 1ra.edic.).
“En la demanda, la víctima se presenta ante un juez, y además de explicitar su derecho resarcitorio, lo pone en movimiento ella misma, asunto de máxima importancia atento a que dicho derecho deriva de un perjuicio existencial y, por eso, no solo la decisión sino la manera de esgrimirlo es muy personal” explica Matilde Zavala de González al fundar el requisito genérico de la demanda para su transmisibilidad (“Cuanto por daño moral”, Hammurabi, 2005, Bs.As.p.321). “De tal manera expone su situación lesiva y define la cuantía pretendida, según estimación igualmente personalizada. Esto configura una plataforma con garantías trascendentes, donde pareciera que no puede ser sustituida por ningún otro, salvo quienes obran en su nombre y por su cuenta” (ob.y p.cit).
III.4.1 : Una primera impresión respecto al pedido de medidas de prueba anticipada, tal como fue hecho (fs.59/64), pone en duda que se haya cumplido el requisito del art.1099 CC para la transmisibilidad, pues la acción civil por indemnización del daño moral no aparece expresa y específicamente “entablada por el difunto”.
Es que el requerimiento judicial no tuvo por objeto ejercer la acción por reparación del daño moral sufrido, sino solamente un pedido para realizar anticipadamente medidas de prueba (caratulado como “diligencias preliminares”) en el cual Elvira Festorazzi -mediante apoderada- requirió dos pericias para la futura acción por reparación del daño, ante el temor de que su producción pudiera resultar dific
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