Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 172880
Expte. N º 172880- Juzgado Civil y Comercial N°14
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “BARTOLI, CECILIA BEATRIZ C/ LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA Y OT S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 24 de junio de 2021?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 24 de junio de 2021, el titular del Juzgado Civil y Comercial N°12 departamental, Dr. Fernando Méndez Acosta, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por la Sra. Cecilia Beatriz Bartoli contra Jeremías Marchione y Juan Alberto Blumetti, condenando a estos últimos -conjuntamente con la citada en garantía “La Nueva Sociedad Cooperativa de Seguros Limitada”- a pagar a la accionante $5.140.000 más intereses y costas.
Para así decidirlo, explicó que en el caso hubo una decisión de mérito dictada en el fuero penal en la que se decidió sobre los hechos que motivan este proceso. Allí quedó determinado que el 1 de diciembre de 2015 ocurrió un accidente en la intersección de las calles Tucumán y Primera Junta de esta ciudad. En tal contexto, Marchione conducía el vehículo Chevrolet Corsa que circulaba por Tucumán y embistió a la Ford Escort que conducía la Sra. Bartoli por Primera Junta. Era esta última quien tenía prioridad de paso y transitaba a velocidad reglamentaria.
Luego de evaluar la prueba colectada, consideró que el conductor y el propietario del vehículo deben ser responsables de los daños ocasionados; máxime que no solo no acreditaron el alegado exceso de velocidad de la actora sino que se probó la hipótesis inversa: Marchione infringió el límite de velocidad establecido por la ley.
Seguidamente, apuntó que la compañía de seguros citada en garantía destacó el límite máximo de cobertura, estipulado en $13.000.000. Dijo que sin perjuicio de ello, adscribe a la línea jurisprudencial que propicia que el límite de la suma asegurada sea el valor actual fijado por la autoridad administrativa al momento de practicarse la liquidación y pago de la deuda, independientemente del valor original convenido.
En cuanto a los daños, recepto los siguientes rubros: a) $3.900.000 en concepto de incapacidad sobreviniente; b) $20.000 de gastos médicos; c) $20.000 de gastos de traslado y movilidad; d) $228 de gastos de restitución del vehículo y e) $1.200.000 de daño moral.
II. El recurso de la parte actora.
La Sra. Bartoli apeló el 10 de julio de 2021 y fundó su recurso el 23 de septiembre de ese mismo año. Su memorial no mereció réplica de la contraria.
Sus puntos de disconformidad pueden sintetizarse del siguiente modo:
(a) Cuestiona que se haya tratado en forma conjunta la incapacidad física y la psíquica. Dice que la prueba pericial producida demostró que fruto del siniestro sufrió un trastorno de adaptación, que presenta escasos síntomas reactivos al accidente (activación, episodios evitativos y escasa reexperimentación) y que tiene que hacer un tratamiento psicológico cuyo valor estima en $25.000. También refirió el experto que luego del accidente se le detectó un trastorno bipolar.
Expone los motivos por los cuales considera que el daño psicológico debe diferenciarse del daño moral y pide que la Cámara evalúe un resarcimiento autónomo para la lesión psíquica, todo ello de conformidad con el porcentaje de incapacidad establecido por el experto.
(b) Objeta que el magistrado haya calculado de modo errado el porcentual de incapacidad. Señala que de las pericias médica y psiquiátrica surge un porcentaje de incapacidad física del 14% y una incapacidad psíquica estimada entre un 15 y un 24%. Critica que, en este contexto, el magistrado estime un total de 25% de incapacidad psicofísica, lo cual -refiere- no se condice ni con el uso del método de cálculo lineal ni con el de la capacidad residual (Balthazar). Alega que el porcentaje debió ser como mínimo el 29% (14% más el mínimo fijado por el perito psiquiatra, que es del 15%) o un 27%, si se utiliza cálculo de la incapacidad remanente.
Pide, en definitiva, que el Tribunal estime la incapacidad en un 29% y a partir de allí se realicen los cálculos según la fórmula Acciarri.
(c) Manifiesta su disconformidad con la reducción que hizo el juez sobre el monto resultante de la fórmula. Brinda amplios fundamentos jurisprudenciales y doctrinarios para cuestionar decisiones jurisdiccionales en las que se morigeran discrecionalmente los montos resarcitorios, sin brindar pautas objetivas que expliquen el motivo de la disminución.
Argumenta que el juez no reparó en el esfuerzo diario y la cantidad de cuidados y recomendaciones médicas que tiene que seguir para cumplir su labor. Dice “ no sé hasta cuándo podré seguir en el tiempo desplegando en forma íntegra tan exigente trabajo, que amerita tener condición física, psíquica e intelectual óptima” .
Reclama se aplique la formula Acciarri conforme los parámetros probados en la causa.
(d) Considera bajo e insuficiente el resarcimiento por daño moral. Pone énfasis en que a sus 44 años gozaba de buena salud y fue embestida brutalmente por el demandado, provocándole serios daños, debiendo inmovilizar su cuello por seis meses. Todo ello amerita un monto mucho mayor al sentenciado.
(e) En el apartado III del memorial pide se declare la inoponibilidad del monto asegurado previsto en la póliza de seguros contratada con La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada. Afirma que dicho tope es violatorio de las normas tuitivas de los derechos del consumidor. Funda su pedido en el fallo “Martinez” de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (C. 119088 del 21/02/2018) y en lo resuelto por esta Sala en “Rodriguez” (c. 167638 del 08/10/2019) y solicita que, si el monto del proceso supera el límite previsto en la póliza, se declare nulo.
III. El recurso de los codemandados y su citada en garantía.
El apoderado de la compañía de seguros y gestor procesal de los demandados apeló la sentencia el 16 de julio de 2021 y lo fundó el 27 de septiembre del mismo año. La réplica de la contraria fue presentada el 7 de octubre de 2021.
Sus agravios son:
(a) Considera elevado el resarcimiento por daño moral. Entiende que no hay pericia psicológica ni aparecen en la actora indicadores que sugieran la existencia de un desorden o equilibrio emocional producto del accidente. Considera por ello que no se probó la existencia de trastornos de conducta cuyos síntomas permitan agruparlos en un cuadro clínico, ni originados en el evento dañoso.
Pide se rechace o reduzca la indemnización.
(b) Alega que el rubro incapacidad sobreviniente debió ser desestimado. Explica que la sola existencia de lesiones no acarrea un resarcimiento y lo que se debe indemnizar es la afectación patrimonial que ella genera. Bartoli -dice- continúa trabajando en el mismo cargo que tenía antes del siniestro y no vio disminuida su capacidad económica.
Pide su rechazo íntegro.
IV. Tratamiento de los agravios.
Ambos recursos hacen foco exclusivamente en la procedencia y cuantía de los daños reclamados. Por ello, evaluaré los agravios según el rubro al cual refieren.
La actora critica el fallo por haber evaluado el daño psíquico en forma conjunta con la incapacidad sobreviniente.
El agravio no es fundado.
El derecho argentino reconoce dos tipos de daños: el daño patrimonial, que es aquel que contempla las formas de detrimento patrimonial del lesionado (lucro cesante, rubro emergente y pérdida de una chance concreta) y el daño moral , que se manifiesta en la esfera extrapatrimonial de la persona (su modo de sentir, su espiritualidad, su honor, su ánimo, su forma de ser, etcétera).
Dicen Pizarro y Vallespinos que en nuestro sistema el daño sólo puede ser patrimonial o moral. Deben descartarse, por carecer de bases normativas, pretendidas nuevas categorías de daños cuya formulación (y utilidad) con visos de autonomía solo puede ser concebida a partir de serios desenfoques del concepto de daño patrimonial y moral (Pizarro, D. – Vallespinos, C. Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones . Ed. Hammurabi, t. III, p. 290; en igual sentido, y refiriéndose al nuevo Código Civil y Comercial, Pizarro, Daniel R., El concepto normativo de daño en el Código Civil y Comercial , Publicado en: RCyS 2020-IX, 3).
Tal es el criterio que sostiene desde hace años esta Sala y es el motivo principal por el cual hemos considerado inadmisible la reparación autónoma de la lesión psíquica, aun cuando -como en el caso- haya sido corroborada pericialmente.
En efecto, hemos resuelto en reiteradas oportunidades que «[e]l daño psicológico no se trata de una categoría autónoma o sui generis de daño, sino que estrictamente, es una lesión con aptitud productora de perjuicios. Puede tener sus proyecciones en el daño moral, como factor de agravamiento o pauta valorativa, como en el daño emergente, consistente en los gastos que demandará el tratamiento en caso de ser necesario» (voto del Dr. Loustaunau -al cual adherí- en c. 166474 -" Arroyo , Virginia ..." del 28/03/2019; en igual sentido, c. 161454 -" Angladette , Jorge ..." del 03/11/2016)
No hay duda que, como señala la recurrente, la prueba producida permite dar por acreditada una lesión a la psiquis como consecuencia del accidente de tránsito (v. pericia del Dr. Francisco L. Bordón Cueto Rua del 12/07/2019, puntos n°3 y 8°). Empero, ello no la legitima a obtener un resarcimiento autónomo por fuera de la consideración concreta de la repercusión patrimonial o moral que esa lesión tuvo en su persona.
De todos modos, y por fuera del nombre que se le asignan a rubros atípicos que no constituyen terceros géneros de daños (daño a la vida en relación, daño psíquico, daño corporal, daño al proyecto de vida, daño psicológico, etcétera), es deber de los jueces analizar si de los hechos expuestos por la reclamante en fundamento del parcial y de la prueba producida en el expediente se desprende la existencia de un daño cierto a su patrimonio o un daño moral (si es que alguno de estos dos aspectos forma parte también del reclamo). De esa forma, se pueden encuadrar normativamente los reclamos dentro de las categorías de daños previstas por el ordenamiento positivo y se evita que una misma lesión sea entendida como justificativa de dos o más rubros diferentes.
Como explican Pizarro y Vallespinos, “la utilización de estas expresiones, a las que negamos autonomía conceptual como rubros indemnizatorios, no significa que ellas no puedan tener una buena utilidad para la valoración cualitativa de ciertos perjuicios, imponiendo al juzgador el deber de considerar por separado, fundadamente, las diferentes facetas y repercusiones patrimoniales y morales de la acción lesiva” ( ob.cit ., p. 297).
Así lo hizo el colega en la parcela del fallo que la actora cuestiona: la lesión psíquica sufrida por la accionante ha sido debidamente considerada al evaluar la incapacidad sobreviniente (donde indagó el perjuicio patrimonial que esa lesión generó al alterar su capacidad laboral y vital; v. considerando «VI.1.d») como así también al definir la procedencia y cuantía del daño moral (donde, de nuevo, reparó en esa misma lesión y cómo repercutió en su esfera extrapatrimonial) [considerando «VI.3.b»].
La recurrente menciona a la “necesidad de tratamiento psicológico futuro”, en una parcela del recurso en la que parece hacer referencia no a un resarcimiento autónomo del daño psicológico sino a la reparación de la repercusión patrimonial derivada de esa lesión (representado por el valor de mercado de las terapias necesarias para superarlo).
Sin embargo, este reclamo tampoco podría prosperar puesto que no hay apartado alguno en el escrito de inicio donde, siquiera tangencialmente, se reclame un daño emergente por costos de una terapia psicológica. Ello hubiera impedido su admisión en sentencia e impide su recepción en instancia de apelación, sea como rubro autónomo o contenido dentro del daño emergente (v. fs. 288/vta a 299; arts. 34.4, 163.5 y 272 del CPCCBA).
Por lo dicho, considero que la decisión recurrida, en el punto cuestionado, es correcta y debe confirmarse (art. 1737 y sig. del CCyC).
i. La sentencia apelada reconoce una indemnización de $1.200.000 en concepto de daño moral. El actora cuestiona por escaso ese monto y los accionados y su aseguradora solicitan su disminución.
El recurso de la actora debe prosperar.
Este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que la fijación de la reparación queda librada al criterio del juez aunque es necesario indicar las pautas objetivas que fueron evaluadas y ponderadas para arribar a la suma de condena (esta Sala, c. 169141 -“ Bravo ...”-, sent. del 07/07/2020, c. 169939 -" Rabainera ..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -" Lasa ..."- sent. del 08/10/2020).
El Código Civil y Comercial expresamente prescribe en su artículo 1741 que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas , superando de ese modo aquel criterio que sostenía que la reparación del daño extrapatrimonial importaba asignar un precio al dolor.
Se trata, en cambio, y como explica Galdós, de establecer el precio del consuelo : la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias, proporcionándole a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y permitiéndole acceder a gratificaciones viables que le brinden alguna forma de alivio (Galdós, Jorge M., en “ Código Civil y Comercial de la Nación, comentado ” dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, 1ra ed., Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, t. VIII, pág. 503).
No puedo dejar de reconocer que en épocas de aguda inflación el dinero deja de cumplir una de sus funciones más importantes: ser unidad de cuenta o mecanismo para establecer, expresar y comparar el precio de los bienes y servicios (c. 171996 -" Valenzuela Bernal, Ovidio del Carmen ..." del 02/09/2021).
Ello hace difícil no solo cuantificar un resarcimiento evaluando el valor de mercado de productos que puedan considerarse satisfacciones sustitutivas y compensatorias, sino también juzgar en instancia recursiva el acierto o error de una decisión adoptada por otro juez en un tiempo pasado. Los valores establecidos en la sentencia de primera instancia ya han sido afectados por la inflación acumulada desde su dictado hasta la resolución de los recursos en la Alzada, y los precios relativos de la economía bien pudieron haber cambiado entre una y otra decisión, complejizando aún más la tarea revisora.
He ponderado las mismas variables que ha tenido en cuenta el colega en su sentencia, incluyendo a las características del accidente, la intensidad del impacto, las molestias y sinsabores que un hecho de esa naturaleza y características debió producir en la Sra. Cecilia B. Bartoli.
He prestado especial atención a las lesiones sufridas y los tratamientos que debió realizar luego de sus primeras curaciones, según los describe el perito médico Morcella en su dictamen del 26/12/2019. Contemplo aquí no solo los dolores y percances físicos sufridos como consecuencia de la violenta colisión en la que se vio involucrada, sino también las severas limitaciones que debieron significarle en su vida cotidiana en los meses posteriores (dictamen citado, puntos de pericia n° 1, 2 y 3) y las consecuencias psicológicas que, con precisión, narra el perito psiquiatra en los puntos N° 4, 6 y 12 del dictamen del 12/07/2019.
Por ello, teniendo en cuenta la totalidad de las variables y dificultades reseñadas, y reparando además en la razonabilidad del parámetro escogido por el juez para cuantificar el perjuicio y el tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia definitiva, considero justo incrementar la indemnización a la suma de $1.600.000 en concepto de daño moral (art. 1741 del CCyC; art. 34, 163 y cctes. del CPCCBA).
Dicho monto deberá considerarse cuantificado a valores actuales, por tratarse de una deuda de valor (esta Sala, c. 169939 -" Rabainera ..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -" Lasa ..."- sent. del 08/10/2020, causas 137518 -" Santecchia ..."- sent. del 14/02/2018, 161257 - " Pellizi ..."- sent. del 06/10/2016, 131.976, 131.833, 130.138 - “ Caparrós ...”- sent. del 16/03/2016, entre otras). Por ello, los intereses moratorios deberán calcularse reparando en la fecha de la presenta sentencia para generar el cambio de la tasa pura del 6% anual no capitalizable (SCBA, "Vera, Juan Carlos" -C. 120.536, sentencia del 18 de abril de 2018- y "Nidera S.A." -C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018-) a la tasa bancaria fijada por el juez en el considerando «VI.4» de la sentencia (art. 768.c del CCyC).
ii. El recurso de los demandados y su compañía aseguradora debe ser desestimado no solo por las razones dadas en los párrafos precedentes, sino porque se sustenta en una lectura incorrecta de las constancias del expediente.
Afirman en su memorial que no se produjeron pericias que den cuenta de las consecuencias psicológicas generadas por el accidente, omitiendo hacer referencia al dictamen del perito psiquiatra Cueto Rua que explícitamente hizo mención al trastorno adaptativo sufrido por Bartoli y a las secuelas psicológicas que siguieron luego del siniestro (v. puntos de pericia N°4, 6 y 12) [arg. art. 260 del CPCCBA].
Por ello, el recurso de los accionados y la citada debe ser rechazado (art. cit.).
i. Los demandados y la compañía aseguradora solicitan el rechazo del rubro en razón de que no se acreditó una afectación en la actividad laboral que realiza la actora.
No les asiste razón por varios motivos.
En primer lugar, la indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por objetivo resarcir el daño patrimonial que se deriva de la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas [la llamada capacidad productiva o laboral ] y la merma en la aptitud para realizar otras actividades económicamente valorables [usualmente denominada capacidad vital ] (art. 1746 del CCyC, c. 172711 -“ Sposetti, Mónica ...”, sent. del 28/10/2021).
En otras palabras, se resarce el valor de la capacidad total o parcialmente afectada por las lesiones, sea que ese valor se identifique con la pérdida de ingresos laborales futuros ("actividades productivas" en los términos del art. 1746 del CCyC), o bien por el daño emergente generado por el costo de sustitución de las actividades cotidianas que realizaba la víctima y que, por la lesión sufrida, estará total o parcialmente imposibilitada de realizar con normalidad ("actividades económicamente valorables" según las denomina el artículo citado).
Contrariamente a la concepción del daño que proponen los apelantes, no hay motivo para restringir la incapacidad sobreviniente únicamente a la capacidad productiva o laborativa, a espaldas de otras dimensiones de la capacidad que el art. 1746 del CCyC expresamente contempla.
En segundo lugar, y aun haciendo foco exclusivo en la capacidad y aptitud de la víctima para generar ingresos económicos directos, los apelantes no reparan en el hecho de que el mismo artículo 1746 del Código Civil y Comercial expresamente manda al juez otorgar el resarcimiento aun cuando la víctima continúe realizando trabajos remunerados.
La norma citada dice que el damnificado tiene derecho al
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