Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 166475
Expte. N º 166475 - Juzgado Civil y Comercial N°14
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “LALLEMENT, MATÍAS NICOLÁS C/ CAMPOS, HORACIO DANIEL Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1 ª) ¿Corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado por el Dr. Fernando Javier Luque en su carácter de gestor procesal del Sr. Horacio Daniel Campos desde el 29 de junio de 2021?
2 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 25 de mayo de 2021?
3 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. Adelanto mi respuesta afirmativa a la pregunta que abre el acuerdo.
Todo aquel que se presente en un proceso por un derecho que no es el suyo, debe acompañar los instrumentos que acrediten su personería (arts. 46, 47 y cctes del CPCCBA).
El art. 48 del Código de Procedimientos permite la intervención en un proceso de un tercero en calidad de gestor por un tiempo determinado que actúa como representante de la parte actora o demandada, gestión que se encuentra supeditada a la posterior ratificación que efectúa la parte interesada o bien que acompañe los instrumentos idóneos para acreditar la representación invocada, todo ello en el plazo previsto por ley (60 días hábiles).
El Dr. Fernando Javier Luque invocó la franquicia en su escrito electrónico del 29 de junio de 2021 afirmando ser apoderado del Sr. Horacio Daniel Campos y comprometiéndose justificar dicha personería en el plazo de ley.
Sin embargo, la ratificación de su actuación fue presentada el 15 de octubre de 2021, encontrándose vencido el plazo perentorio de sesenta días que comenzó a correr el 29/06/2021.
He dicho en otra oportunidad, y reitero ahora, que «la nulidad que contempla el art. 48 del C.P.C.C. no es de la índole de las que consideran el art. 169 y siguientes del mismo código, porque mientras que para el régimen de las nulidades procesales el transcurso del tiempo es susceptible de convalidar el vicio, para el supuesto de falta de acreditación del poder o ausencia de ratificación es precisamente el cumplimiento del plazo el que acarrea la sanción de ineficacia. Dicha ineficacia opera automáticamente pues es un plazo perentorio, ya que su sólo vencimiento hace decaer el derecho correspondiente» (c. 160964 -“ Girardi, Guillermo ...”, sent. del 27/02/2020).
Agrego a ello que la nulidad alcanza y arrastra a los actos cumplidos que no puedan considerarse subsistentes o eficaces independientemente de la actividad inválida, sea porque la determinaron o porque son consecuencia de la actuación nula (c. 160964, cit.)
Por lo dicho, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado por el Dr. Fernando Javier Luque en su carácter de gestor procesal del Sr. Horacio Daniel Campos desde el 29 de junio de 2021, lo que ha de incluir -en lo que aquí más interesa destacar- a la interposición del recurso de apelación (presentación electrónica del 29-6-21), y la respuesta a la expresión de agravios de la parte actora (presentación electrónica del 06-10-21).
Las costas generadas por las actuaciones anuladas se imponen al Dr. Fernando Javier Luque [art. 48 del CPCCBA].
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 26 de junio de 2021, el titular del Juzgado Civil y Comercial N°14 departamental, Dr. Fernando Méndez Acosta, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda promovida por Matías Nicolás Lallement contra Horacio Daniel Campos y Santa Zunilda Metro, condenando a estos últimos «en forma solidaria y de manera conjunta con la citada en garantía Provincia Seguros S.A.» (sic) a abonar al actor $915.000 más intereses y costas.
Para así decidirlo, explicó que pesa sobre el Sr. Campos una condena penal firme en la que se lo consideró “autor jurídicamente responsable del delito de lesiones culposas calificadas” por el hecho ocurrido en Mar del Plata el 18 de octubre de 2016 en perjuicio de Matías Lallement.
Señaló que, como consecuencia de lo anterior, la materialidad del hecho, la autoría, tipicidad y antijuridicidad no pueden ser discutidas en sede civil.
Seguidamente, y luego de apuntar que la rebeldía del demandado no alterará la secuela del proceso, explicó el marco normativo que aprehende el accidente de tránsito que motiva la controversia.
Apuntó que el accidente de tránsito ocurrió a las 17:20 del 18 de octubre de 2016 en la intersección de las calles 11 de septiembre y Bordabehere de esta ciudad, interviniendo el vehículo Ford Explorer XLT Rural [conducido por Campos] y la motocicleta Zanella 150 [conducida por Lallement]. El accidente se produjo cuando ambos rodados arribaban a la intersección de ambas arterias, violando el demandado la prioridad de paso que tenía el actor.
Agregó que la citada en garantía -y la demandada, rebelde- no aportaron elementos para enervar la presunción que opera en su contra y que el nivel de alcoholemia que le fue corroborado al conductor accionado no fue el desencadenante del accidente, como sí lo fue la violación a la regla de la preferencia de paso del art. 41 de la Ley Nacional de Tránsito.
Abordó luego y rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía fundada en la alcoholemia positiva del autorizado para conducir (Sr. Campos).
En cuanto a los alcances de la condena a la citada, aclaró que coincide con la doctrina legal trazada por la Suprema Corte bonaerense en la causa “Martinez” (C. 119.099) y por ello estimó que la suma asegurada debe ser la vigente al momento del efectivo pago conforme a la reglamentación vigente de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes rubros: i) $750.000 en concepto de daño moral; ii) $150.000 por el costo de tratamiento psicológico; iii) $15.000 en concepto de gastos terapéuticos y de traslados.
II. El recurso de la parte actora.
El Sr. Lallement apeló el 10 de junio de 2021 y fundó su recurso el 21 de septiembre de ese mismo año. Su memorial mereció la réplica de la citada en garantía el 06/10/21.
Sus puntos de disconformidad pueden sintetizarse del siguiente modo:
(a) Cuestiona el rechazo al rubro incapacidad sobreviniente. Considera que el juez no evaluó las constancias del expediente y las lesiones sufridas por el actor como consecuencia del hecho. Se pregunta cómo una persona que sufrió lesiones como las que se corroboraron en la instrucción penal, y cuya vida corrió peligro, se considere que no sufrió incapacidad sobreviniente.
Refiere que las lesiones dejaron “secuelas temporales” (sic) por lo que -refiere- hay un período “muy claro y evidente de imposibilidad de valerse por sí mismo”.
Critica la calidad técnica de la pericia médica por no haber tenido en cuenta las constancias de la causa penal ni haber fijado un porcentaje de incapacidad se acuerdo a las patologías sufridas por el accionante.
(ii) Entiende que la pericia médica confunde lesiones -que son temporales- con secuelas -que son definitivas-. Considera probado que luego de cinco años el joven sigue tomando anti convulsionante prescripto por su neurólogo y tiene pérdida leve de memoria.
Juzga “insólito” que se considere que un accidente no generó “secuelas” cuando la víctima estuvo internada 18 días, con catéter en quirófano e imposibilitado de trabajar, y habiendo sufrido peligro de vida.
Reclama que se valore la incapacidad sobreviniente, aclarando que es “temporal pero incapacidad a fin”, utilizando para ello los baremos aludidos y haciendo lugar al rubro resarcitorio.
Efectúa consideraciones conceptuales sobre el modo de concebir al daño (si como una lesión o como la consecuencia que sigue a ella) y aclara que la lesión en sí misma no es indemnizable pero sí lo es cuando lleva a la hospitalización, tratamiento y a la afectación al organismo.
Invoca la exigencia legal de utilizar fórmulas financieras para cuantificar el resarcimiento.
(c) Objeta la cuantía del daño moral. Considera que la suma reconocida es muy baja de acuerdo a la entidad de las lesiones sufridas y al peligro que corrió su vida.
Provincia Seguros S.A. apeló el 15 de junio de 2021 y fundó su recurso el 27 de septiembre de 2021, mereciendo la respuesta de la actora el 4 de octubre de ese mismo año. Afirmó lo siguiente:
(a) Critica el rechazo de la excepción de no seguro por la alcoholemia positiva del Sr. Campos. Considera una prueba diabólica y de imposible acreditación comprobar efectivamente que el asegurado además de ingerir alcohol en exceso causa o provoca con intención el accidente.
Entiende que se probó una causal expresamente excluida de la cobertura que contrató la asegurada, lo cual fue notificado al momento de contratar la garantía.
A continuación, transcribe textualmente un artículo de doctrina.
(b) Considera injusta la decisión del juez de tomar la cobertura básica vigente al momento del pago y no la que surge de la póliza contratada. Cita el caso “Flores” de la Corte Suprema (06/06/2017), cuyos argumentos detalla y considera aplicables al caso.
(c) Entiende que la suma reconocida en concepto de daño moral es elevada y debe ser morigerada. Enuncia las pautas con las que considera razonable cuantificar el parcial y pide se tenga en cuenta que no hubo incapacidad para el actor y que sufrió solo daños materiales.
IV. Tratamiento de los recursos.
Analizaré en primer lugar los agravios de la compañía de seguros dirigidos a cuestionar el modo en que fue juzgada su defensa de no seguro y la forma en que fue establecido el límite de la suma asegurada.
Luego, evaluaré los agravios que una y otra parte formulan sobre la procedencia y cuantía de los rubros resarcitorios.
IV.1. Sobre la excepción de falta de legitimación pasiva.
i. El recurso de la citada en garantía no logra abastecer las exigencias técnicas contenidas en el artículo 260 del CPCCBA, motivo por el cual resulta -en este punto- inadmisible.
El juez brindó un amplio conjunto de razones para explicar por qué consideraba improcedente la defensa de no seguro formulada por Provincia Seguros S.A.
Evaluó los artículos 70 y 117 de la Ley de Seguros y el modo en que se regula la producción dolosa o con culpa grave del siniestro, concepto este último que linda con la intencionalidad o con la manifiesta y grave despreocupación y negligencia del agente.
Seguidamente expuso que el “estado de ebriedad” no se identifica con la mera existencia de un cierto nivel de alcohol en sangre, sino que requiere un examen clínico, neurológico y psiquiátrico, ya que cada individuo tiene una susceptibilidad propia. Reflexionó que estar ebrio no significa que automáticamente se configure un supuesto de culpa grave, pues lo primero —el alcohol en sangre— no necesariamente configura lo segundo —la culpa grave—.
Consideró relevante evaluar si es razonable y legítimo que a través de una condición general predispuesta el asegurador pueda objetivar el concepto de ebriedad, sustrayéndolo de consideraciones conceptuales, exámenes clínicos y despojándolo de circunstancias atinentes a la persona y conducta del asegurado. Destacó que la compañía de seguros sustentó su defensa únicamente en los resultados de los informes rendidos en la instancia penal, pero no aportó otros elementos que den cuenta de una conducta encuadrable en la noción de culpa grave. Esto es, no probó que el nivel de alcohol en sangre detectado en Campos lo hubiera colocado “ en una situación física y neurológica tal que importara la conformación de la culpa grave en los términos indicados”.
Agregó que la Dra. Menéndez señaló que el diagnóstico del estado de ebriedad es clínico y hay que conocer determinados factores para que se interprete un número, como el peso del individuo, cómo fue la ingesta, qué tipo de bebida, cuánto tiempo pasó desde el consumo hasta la determinación del laboratorio, entre otros factores, todo lo cual permite inferir que la profesional no pudo brindar precisión que la ingesta de Campos hubiera generado un impacto tal que invariablemente perturbara su actuar al momento de producirse el accidente.
Concluyó por ello que la defensa de la compañía de seguros debía ser desestimada, con costas.
ii. Frente a este sólido esquema argumental, la recurrente se limita a afirmar que la exigencia probatoria reseñada por el juez “resulta casi una prueba diabólica y de imposible acreditación ”, pues “ en un 90% de los accidentes de tránsito son considerados delitos culposos y en un escaso porcentaje han sido declarados a nivel penal con dolo eventual” .
El párrafo, así expuesto y sin ninguna motivación complementaria, no logra constituirse como una crítica seria y fundada de la parcela del fallo que ha pretendido impugnar (art. 260 del CPCCBA).
El apelante no cuestiona ninguna de las premisas normativas e interpretativas de la decisión que le agravia, sino que se limita a invocar la supuesta imposibilidad de cumplir la exigencia probatoria que el magistrado consideró dirimente en el caso.
Pero, si tal era su punto de crítica —es decir, si de todo lo que el juez afirmó, solo ese punto es el que entiende que torna injusta la decisión— debió haberle explicado a este Tribunal, concretamente, por qué entiende que esa prueba es difícil o imposible y de qué modo ello demostraría un error en la interpretación que el fallo propone.
El problema es que en el lacónico apartado que aborda este punto no se explica siquiera tangencialmente por qué aquella exigencia probatoria sería “casi una prueba diabólica” (concepto que, por otra parte, no resultaría aplicable al caso) o por qué sería “imposible”, cualquiera sea la extensión que se le dé a este último término. Y no entiendo qué relevancia tendría —a los fines de explicar esa supuesta dificultad— el encuadre que los accidentes suelen merecer en el ámbito penal, como se señala en el apartado referenciado.
Y afirmo que el pretenso agravio se sostiene en un único párrafo puesto que el resto del desarrollo del punto de crítica se integra con siete carillas que contienen una transcripción literal y completa de un trabajo de doctrina que no se cita (Elizalde, Martín Francisco, “ La alcoholemia como causal de eximente de cobertura en el derecho de seguros ”; en La Ley, RCyS 2003, 187).
El apelante nada dice ni agrega sobre cuál o cuáles de los argumentos contenidos en ese trabajo académico serían aplicables al pleito (y, en su caso, por qué), o de qué modo todo o parte de lo que allí se dice constituiría una crítica de la sentencia de primera instancia.
De hecho, el mismo trabajo ya había sido transcripto (también completo y sin cita) al momento de oponer la defensa cuyo rechazo se cuestiona (v. fs. 312/vta, página 2 del responde a la citación en garantía), contexto en el cual el recurso se presenta en este punto como una reiteración de una exposición ya realizada en etapas procesales anteriores.
Esta Sala ha dicho que no cumple la exigencia del art. 260 del CPCCBA aquel memorial de agravios que se presenta como una copia calcada del escrito de oposición de excepciones (c. 169.301 -“ Tambascio, Claudio F .”-, del 16/04/2020).
En efecto, era carga del recurrente abocar sus esfuerzos argumentales a demostrar el error o el desacierto del fallo apelado que, evidentemente, no se hizo eco de la posición sostenida al momento de resistir la citación en garantía que le fuera cursada (y en la que tampoco se admitieron los argumentos contenidos en el trabajo transcripto, si es que alguno de ellos —no sabemos cuál— ha sido considerado al momento de resolver el mérito de la causa).
La Sala Segunda de la Cámara Primera de La Plata señala con acierto que la razón por la que las reiteraciones y argumentaciones expuestas en presentaciones anteriores no son configurativas de fundamentaciones adecuadas responde a una lógica fácilmente comprensible: si el interesado ha ya planteado el tema y ha sido considerado o resuelto por el magistrado sentenciador de manera diversa a lo postulado, lo que debe hacerse no es repetir los mismos argumentos, sino encarar la crítica de los que expusiera el juez de primera instancia para, de esta manera, brindar a la Cámara la oportunidad de verificar la injusticia o irrazonabilidad de esos motivos (Cám.1ra Civ.Com. de La Plata, Sala Segunda, autos "Fisco de la Provincia v. DESTEC s/cobro ordinario", del 30/3/1999; mi voto en causa n° 143781 -“ Patalagoyti ...”- del 11/10/2018, n° 162163 -“ Pereira ...” del 22/09/2016, entre otros).
El desarrollo de los agravios a la luz del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, supone, como carga procesal, una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencia su injusticia. Requiere así una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto y una demostración de los motivos para considera que ella es errónea, injusta o contraria a derecho. La Cámara no puede – motus propio - superar la barrera de admisibilidad que impone el artículo 260 del Código adjetivo” (SCBA, Ac. 53320 S del 19-12-1995 en autos “Seel, Juan Francisco c/ Rodríguez, Ireneo s/ Acción por simulación”; Ac. 71468 S del 16-7-2003 en autos “Giménez Hugo Antonio c/ Banco Comercial del Tandil SA s/ Daños y Perjuicios”; entre otros; esta Sala, c. 169.301 cit.).
En suma, frente a la notoria carencia de crítica, ha de tenerse por no fundado esa parte del recurso, debiendo la citada en garantía soportar las consecuencias previstas en el art. 261 del CPCCBA.
IV.2. Sobre la suma asegurada.
i. El recurso en este punto revela deficiencias técnicas análogas a las mencionadas en el apartado anterior, lo que también ha de definir su inadmisibilidad a la luz de lo normado en el art. 260 del CPCCBA.
La recurrente no brinda razones para justificar el error o la injusticia de lo resuelto por el juez de primera instancia, el acierto o la pertinencia de los precedentes jurisprudenciales que dan soporte a la decisión, así como tampoco analiza o critica los motivos de hecho y de derecho que llevaron al juez a decidir como lo hizo.
El agravio que pretende cuestionar lo resuelto por el juez en materia de actualización de la suma asegurada se reduce única y exclusivamente a la invocación y transcripción (no literal, sino en paráfrasis) de un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Considera la aseguradora que ese precedente “zanja cualquier discusión estéril” (sic).
El agravio es inadmisible por dos motivos.
Primero, por la impertinencia del precedente citado por la recurrente: lo que la CSJN evaluó en “Flores” (CSJN, Fallos: 340:765) es la oponibilidad frente al damnificado de las cláusulas contempladas en la póliza de seguros que vincula al asegurador y al asegurado.
En la sentencia apelada, el magistrado no puso siquiera en debate si una cláusula negocial produce o no efectos frente al titular del crédito resarcitorio que altera la indemnidad patrimonial del asegurado, sino que se limitó a explicar por qué debía repotenciarse la suma asegurada prevista en la póliza de modo de que, al momento del pago, pueda conservar el contenido o significancia económica que tenía al momento de contratar el seguro.
En segundo lugar, aunque íntimamente vinculado a lo anterior, la argumentación del juez asume explícitamente la premisa en la que insiste la aseguradora (que las cláusulas del contrato de seguro son oponibles a la víctima) y lo hizo con fundamentos jurisprudenciales
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.