Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173234
Advirtiendo que en el día de la fecha se ha dictado la resolución omitiéndose una de las firmas por un error de carácter material luego de celebrado el Acuerdo, se la da por reproducida en este acto (art. 14 Ac. 4013 SCBA)
Expte. N º 173234- Juzgado Civil y Comercial N°9
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “SUCESORES DE PARDO, GRACIELA HAYDEE Y OT. C/ BOSTON CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 24 de agosto de 2021?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 24 de agosto de 2021, el Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°9 departamental, Dr. Félix Adrián Ferrán, dictó sentencia definitiva en la que rechazó la demanda promovida por los Sres. Juan Manuel Cura, Roberto José Cura y Graciela Haydeé Pardo (hoy, sus sucesores), contra los Sres. Juan Manuel Barros, Ana María Ortiz y la citada en garantía Boston Compañía Argentina de Seguros S.A., con costas.
Para así decidirlo, reparó en que -según lo relató la actora- el 23 de febrero de 2014 a las 0:50hs Juan Manuel Cura circulaba en un Corsa Classic dominio FBL074 por calle Lijo López de esta ciudad y al momento de estar terminando el cruce de la segunda mano de la Av. Carlos Tejedor fue embestido por una Ford Eco Sport dominio GVU 224 conducido por el codemandado Barros.
Agregó que el artículo 41 de la Ley 24440 no incluye como excepción a la prioridad de paso a quien circula en una vía de mayor jerarquía. El demandado -refirió- no contaba con prioridad de paso por transitar por una avenida sino por el hecho de provenir su trayectoria desde la derecha del actor.
Finalmente, expuso que no se acreditó que el cruce del actor estuviese finalizado y que el demandado haya incurrido en un exceso de velocidad o que sus luces estuviesen dañadas al momento del impacto, como argumentó el actor en su demanda.
Los accionantes apelaron el 1 de septiembre de 2021 y fundaron su recurso el 1 de noviembre de 2021. La réplica de la demandada fue presentada el 11 de noviembre de 2021.
Los puntos de crítica de los actores son los siguientes:
i) Objeta la interpretación que el juez hizo de la ley de tránsito. Refiere que el art. 64 de la Ley 24.449 presume responsable al que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con su causación. Entiende que el fallo hizo foco en la prioridad de paso pero omitió considerar la segunda causal contemplada en la norma transcripta.
Entiende acreditado que el demandado circulaba a velocidad excesiva y a la hora de valorar la pericia -en cuanto juzgó acreditada una velocidad de entre 55 y 75 kilómetros por hora- optó por la opción más favorable al accionado. Considera insuficiente afirmar que el perito “no fue categórico” y que debieron ponderarse los daños materiales. Un siniestro a velocidad reglamentaria -argumenta- jamás hubiera generado los daños materiales que finalmente se produjeron.
ii) Manifiesta que el demandado violó la norma de tránsito que impone reducir la velocidad en encrucijadas, y que tratándose de cruces urbanos sin semáforo, era de 30 kilómetros por hora. El rango de velocidad establecido por el perito mecánico permite afirmar que el accionado violó es límite legal.
iii) Reitera lo afirmado en su demanda: el demandado circulaba con una sola luz en su frente. Así lo declaró en la causa penal y debió ser considerado acreditado por la ausencia injustificada del accionado al momento de absolver posiciones. Dice, además, que ese extremo ya había sido demostrado en la pericia mecánica efectuada en la investigación penal preparatoria.
iv) Afirma que aun contando con prioridad de paso, el demandado carecía de un derecho absoluto a arrasar con todo lo que se encuentre a su paso, menos aún para infringir otras normas de circulación. Refiere que si el demandado hubiera circulado con prudencia y a velocidad reglamentaria, el hecho no hubiera ocurrido.
La demandada ha logrado exponer razones fundadas que me llevan al convencimiento de que el fallo debe ser revocado. La pretensión resarcitoria formulada por los Sres. Juan Manuel Cura, Roberto José Cura y quien en vida fuera Graciela Haydee Pardo debe prosperar parcialmente, aunque únicamente respecto del codemandado Juan Manuel Barros y su compañía aseguradora citada en garantía.
Seguidamente explicaré los motivos de mi decisión y el alcance con el que será admitido el reclamo.
I. Sobre la responsabilidad y la legitimación pasiva.
a. Esta Sala ya se ha expedido sobre el modo en que deben interpretarse y compatibilizarse las reglas que conforman el sistema de responsabilidad civil por daños generados por el riesgo de las cosas y las normas de responsabilidad que prevé la normativa nacional de tránsito.
En la causa “ Sosa, Ana c/ Rivas, Héctor J .” (Sala II, c. 162612, sent. del 18/05/2017) el Dr. Loustaunau señaló -en un voto al cual adherí- que el artículo 64 de la Ley Nacional de Tránsito establece una presunción de responsabilidad por parte de quien viola la prioridad de paso (prioridad “absoluta” conforme art. 41 con sus excepciones), que solo puede ser desvirtuada probando que quien tenía la prioridad pudo haber evitado el accidente y no lo hizo, o cometió una infracción relacionada con el siniestro.
La aludida presunción de responsabilidad se encuentra incluida en una norma que resulta especial (Ley 24.449 para la circulación de vehículos), frente al sistema general previsto por el art. 1113 del Código Civil vigente al momento del hecho, para las cosas riesgosas (ley 340 modificada por ley 17.711). La ley 24.449 es además una ley posterior a la 17.711 que introdujo el riesgo creado como factor de atribución luego aplicada a los automotores.
Esto significa que los daños causados por la circulación de vehículos se han de regir -como hasta ahora- por las normas referidas a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas riesgosas, con sus respectivos eximentes (caso fortuito o fuerza mayor, ahora comprensivo del hecho de un tercero ajeno, hecho, culpa o dolo de la víctima, o utilización de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián).
Pero cuando el debate afecta la atribución de responsabilidad por supuesta (o real) violación de la prioridad de paso en una encrucijada, corresponde aplicar la norma especial que presume la responsabilidad de quien no tenía la prioridad, presunción que quedará desvirtuada si quien no tenía la preferencia demuestra: i) que el caso encuadra en una de las excepciones a la prioridad de quien circula por la derecha; ii) que quien gozaba de la prioridad, pudo evitar el accidente y no lo hizo, o (iii) cometió un infracción relacionada con la causa del siniestro (c. 162612, cit.).
b. No viene controvertido en esta instancia que el accidente que motiva este pleito ocurrió el 23 de febrero de 2014, poco después de la medianoche. El coactor Juan Manuel Cura circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa Classic (FBL074) por Lijo López y al cruzar por Carlos Tejedor colisionó con una Ford Eco Sport (GVU224) conducida por el codemandado Juan Manuel Barros. El impacto se produjo cuando el accionante se disponía a cruzar el segundo carril de Tejedor y en el que el tránsito vehicular provenía desde su derecha, motivo por el cual carecía -al momento del impacto- de preferencia de paso.
Sin embargo, y contrariamente a lo señalado en la sentencia apelada, la prueba producida es más que suficiente para demostrar que la presunción de responsabilidad regulada en el art. 64 de la Ley Nacional de Tránsito ha quedado parcialmente desvirtuada por la irregular conducta del demandado. Barros, si bien gozaba de prioridad de paso, incurrió en infracciones de tránsito que constituyeron un aporte causal decisivo para que el accidente ocurra (y para que tenga los resultados lesivos sumamente graves que finalmente tuvo).
Según se desprende de la evidencia colectada, el demandado circulaba a una velocidad probable que -en el mejor escenario posible para su defensa- duplicaba el límite legal máximo previsto para encrucijadas urbanas no semaforizadas (violando art. 51.e.1 de la LNT; v. punto 4 de la pericia del Ing. Petcoff). Además, lo hacía sin uno de los faros delanteros (incumpliendo art. 31.a de la LNT; fs. 33/vta de la causa penal; v. absolución de posiciones -art. 415 CPCCBA-), de lo que se infiere que no estaba en condiciones de seguridad adecuadas para circular (inobservando el art. 39 de la LNT) y lo hacía sin cumplir las exigencias lumínicas para el tránsito nocturno (violando el art. 47 de la LNT).
Todo ello revela, en paralelo, una violación flagrante a la regla genérica del art. 39 inc. 2 de la LNT, conforme la cual el Sr. Barros debió circular con cuidado y prevención, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.
El accionado conducía en horas de la madrugada, circunstancia en la que naturalmente la visibilidad es menor y exige una mayor prudencia en el manejo (art. 39 de la LNT). Al circular de noche con uno de los dos faroles delanteros sin funcionar, generó un doble efecto nocivo para la seguridad vial: él mismo -conductor del vehículo averiado- tenía menos capacidad de advertir obstáculos en el frente de su marcha y, en paralelo, los demás vehículos (incluyendo el de Cura) tuvieron menos chance de advertir su presencia o calcular adecuadamente la distancia a la que se encontraba. No existiendo semáforo, la prioridad de paso es una regla que se pone en juego cuando el conductor advierte la presencia de aquel a quien debe concederle esa preferencia. Las luces frontales de un vehículo cumplen un rol central en esa doble perspectiva: ver y ser visto.
Estudios realizados por el Insurance Institute for Highway Safety (organización científica independiente de Estados Unidos dedicada al estudio y promoción de medidas de seguridad vial -www.iihs.org-) demuestran que los vehículos que poseen sistemas de luces delanteras que cumplen con los estándares adecuados de seguridad reportan hasta un 20% menos de accidentes nocturnos (el estudio, en detalle, puede leerse en https://www.iihs.org/news/detail/good-iihs-headlight-ratings-linked-to-lower-crash-rates -último día de visita 15/12/21). De ello se infiere que la probabilidad de accidentes en la conducción nocturna con sistemas lumínicos de baja calidad [o, peor aún y como ocurre aquí, sistemas averiados con solo una de las dos luces funcionales] se incrementa considerablemente.
En este particular contexto que conjuga riesgos propios del tránsito (la noche y la menor visibilidad) y riesgos propios derivados de la irregularidad de la Ford Eco Sport (luces delanteras averiadas), el Sr. Barros incorpora un factor adicional que resulta determinante: conducir al doble [o más del doble] de la velocidad permitida al llegar a una encrucijada.
Ya los informes preliminares de la causa penal realizados a minutos del accidente por personal policial (y que verificaron el estado final de los rodados colisionados) dejaron constancia de “ posible exceso de velocidad ” de la Eco Sport (v. planilla de relevamiento accidentológico de fs. 30 de la IPP), percepción que fue científicamente corroborada en este proceso por el perito Petcoff, quien dictaminó que la velocidad del demandado debió rondar entre los 55,5 y los 76 kilómetros por hora (v. pericia del 27/7/2018).
Sobre esta última parte de la pericia, el juez dijo que ese rango impide considerar acreditado el exceso de velocidad, lo cual -a mi modo de ver- es un error: como dije, el menor de los valores calculado por el experto ya representa casi el doble del máximo permitido para encrucijadas urbanas no semaforizadas previsto en el artículo 51.e.1 de la LNT (y reitero, el exceso de velocidad se verificó en plena madrugada y con la visibilidad reducida por la rotura de uno de los faroles delanteros).
A ello agrego que esta Sala ha dicho que « las velocidades máximas establecidas por las leyes de tránsito y anunciadas en la cartelería vial no son sino límites aplicables a condiciones óptimas de visibilidad. En forma alguna puede interpretarse que ese límite es un valor de referencia aplicable a cualquier circunstancia o que no merezca –insisto: por parte del conductor precavido y atento- una reducción razonable que se ajuste a las condiciones que se le presenten (v.gr., falta de luz, inclemencias climáticas, mal estado del camino, etcétera.) » (c. 137518 -" Santecchia ..."- del 14/02/2018).
En forma concordante, el artículo 50 de la Ley Nacional de Tránsito prescribe expresamente una regla que modula aún más los límites rígidos que prevén las velocidades máximas. El legislador obliga a que el conductor circule siempre a una velocidad que permita tener el dominio del rodado, teniendo en consideración " el estado del vehículo y la visibilidad".
En otras palabras: el exceso de velocidad de Barros no solo debe juzgarse con relación al límite máximo previsto en el artículo 51.e.1 de la LNT (30 km/h), sino también con relación al límite (aun menor) que le imponían las circunstancias en las que conducía, incluyendo la visibilidad reducida tanto por factores naturales (la escasa luz por ser de madrugada) como por el estado deficitario del sistema de luces delanteras de su propio vehículo (art. 50 de la LNT).
El croquis confeccionado por la Sargento María Cecilia Lazzatti (fs. 32 de la IPP) en el que se detalla el lugar del impacto y la trayectoria final de los rodados no deja margen para la duda: el impacto fue sumamente violento y ello permite inferir que la velocidad excesiva de Barros ha tenido un rol causal preponderante, no solo en el acaecimiento del accidente, sino también en la entidad de los daños generados. A la inversa, si hubiera conducido con un vehículo en condiciones adecuadas de seguridad y a una velocidad reglamentaria, el accidente muy probablemente no hubiera ocurrido o hubiera tenido consecuencias dañosas mucho menores.
La Casación Bonaerense ha dicho en numerosas ocasiones -e interpretando cada una de las legislaciones de tránsito que rigió en nuestra provincia- que la regla de la prioridad de paso no representa ningún " bill de indemnidad " que autorice al que aparece por la derecha de otro vehículo a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda. Tal prioridad que -en principio- es absoluta, no puede ser evaluada en forma autónoma sino, por el contrario, imbricada en el contexto general de las normas de tránsito, analizando su vigencia en correspondencia con la simultánea existencia de otras infracciones y en correlación, también, con los preceptos del Código Civil que disciplinan la responsabilidad por daños (SCBA, C. 101.402, "González", sent. de 11/08/2010; C. 104.558 -"Ríos"- sent. de 11/05/2011, C. 105.237 -"Sosa"- sent. de 30/06/2010).
Por todo lo expuesto, reitero, es correcto afirmar que el demandado tenía prioridad de paso, pero -como bien se argumenta en el recurso- se ha demostrado que Barros cometió infracciones “relacionadas con la causa del accidente ” en los términos del art. 64 de la Ley 24.449.
Teniendo en cuenta la mecánica general del siniestro, la violencia del impacto reflejada en el ubicación y estado final de los vehículos y la naturaleza y entidad de las infracciones cometidas por el codemandada (conducir de noche al doble -o más del doble- de la velocidad permitida y sin una de las luces delanteras), considero justo atribuirle al conductor de la Ford Eco Sport el 70% del aporte causal, haciendo lugar parcialmente al recurso de los actores y admitiendo por ello la demanda incoada en la proporción antedicha (art. 1113 segundo párrafo del CC y 64 de la LNT).
c. Previo a evaluar los distintos capítulos resarcitorios, debo aclarar que la demanda prospera únicamente respecto del Sr. Juan Manuel Barros y su aseguradora.
El actor dirigió su reclamo contra el Sr. Juan Manuel Barros y contra la Sra. Ana María Ortiz. El primero, por ser propietario y conductor del rodado siniestrado; la segunda, como “titular del seguro” (fs. 160, punto «II»).
La apoderada común de los demandados y de la citada en garantía nunca acompañó el texto de la póliza N° 982175 y resulta por ello imposible comprender acabadamente cuál es la estructura subjetiva del negocio asegurativo supuestamente contratado por Ortiz.
La letrada -actuando como apoderada de los accionados- afirmó a fs. 224/vta que “ los Sres. Ana María Ortiz y Juan Manuel Barros tenían contratada con Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. una póliza de seguros que cubría el riesgo de responsabilidad civil (...) ”, pero ello -en principio- no guarda coherencia con la documentación obrante en la causa penal dado que en la tarjeta del seguro que se fotocopió a fs. 4 de ese legajo se indica que la “aseg:” (debo interpretar: asegurada ) era únicamente la Sra. Ortiz.
Ello, a su vez, tampoco es compatible con la afirmación que la misma abogada -ahora como apoderada de la aseguradora- formuló a fs. 201/vta donde dijo que su asegurado -en singular- es el Sr. Barros y no Ortiz.
El poder acompañado por la Dra. Virginia Belén Di Iulio a fs. 223 me permite saber que Ortiz es la madre del codemandado, pero por fuera de ello, ningún elemento más tengo para comprender qué relación hay entre uno y otro en el marco del contrato asegurativo invocado por la aseguradora. Esto dificulta comprender cuál es el rol de la Sra. Ortiz: si ha sido tomadora y titular del interés asegurado, si solo fue la estipulante que contrató un seguro que tiene a un tercero (a su hijo) como beneficiario o, como hipótesis más probable, si contrató un seguro que la tiene a ella misma - autorizada a conducir- y a su hijo -propietario- como titulares del interés asegurado con derecho a la indemnización.
En cualquier caso, está acreditada -y no controvertida- la propiedad del rodado en cabeza de Barros (v. cédula a fs. 6 de la causa penal) por lo que corresponde considerarlo únicamente a él como civilmente responsable -en la proporción antes señalada- en su calidad de conductor que incurrió en infracciones [con]causantes del accidente (art. 64 de la LNT) y su doble rol de dueño y guardián del vehículo dominio GVU224 (art. 1113 del CC).
No habiéndose acreditado ninguna relación de guarda o propiedad sobre el vehículo siniestrado, no hay motivo alguno para condenar a la Sra. Ana María Ortiz. Corresponde, a su respecto, desestimar a la demanda incoada (SCBA, Ac. 75.492 -" Gamarra, Eva F ."-, sent. de 3/11/2004, entre otros).
Respecto de la condena que Barros deba afrontar frente a los acreedores de los resarcimientos que más abajo se detallarán, la citada en garantía deberá responder en forma concurrente (art. 118 de la Ley de Seguros). La apoderada de Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. invocó un límite asegurativo de $4.000.000, pero lo cierto es que esa defensa, debo suponer, se sostiene en alguna cláusula de la póliza de seguros que en este expediente nunca se acompañó, motivo por el cual el planteo debe ser rechazado por falta de prueba y la compañía responderá concurrentemente con Barros por el total de la condena (art. 375 segunda parte del CPCCBA).
II. Sobre los daños.
Definida la responsabilidad de los demandados y su citada en garantía, analizaré la procedencia de cada uno de los parciales resarcitorios reclamados en la demanda.
II.a. El reembolso de la franquicia abonada por los Sres. Roberto Jos
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.