Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 171462
Expte. N º 171462- Juzgado Civil y Comercial N°9
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “LAMOGLIA, SILVIA NORMA c/ CONTRERAS, MARCOS ADRIÁN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 30 de agosto de 2021?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 30 de agosto de 2021, el Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°9 departamental, Dr. Félix Adrián Ferrán, dictó sentencia definitiva en la que rechazó la demanda promovida por Silvia Norma Lamoglia contra Marcos Contreras y Oscar Sequeira, desestimando además la citación en garantía de Paraná Seguros S.A.
Para así decidirlo, afirmó que la actora no acreditó ninguno de los perjuicios que dijo haber padecido.
La Sra. Lamoglia apeló el 2 de septiembre de 2021 y fundó su recurso el 31 de octubre de 2021. La réplica de la citada en garantía y de los demandados fue presentada el 10 de noviembre del mismo año.
Los puntos de crítica de la actora son los siguientes:
i) Cuestiona que el juez haya rechazado el rubro de daño emergente por privación de uso del rodado. Afirma que para determinar la procedencia del daño hay que preguntarse si la reclamante estuvo privada del uso de su auto por algún período como consecuencia del daño que el demandado le ocasionó. Dice que el auto quedó destruido y no tenía dinero para comprar uno igual el mismo día del accidente, motivo por el cual tuvo que esperar la percepción del seguro y la realización de la gestión de compra de un reemplazo. Pone en relieve que en la demanda reclamó los gastos generados durante el tiempo en el cual no pudo usar el rodado y hasta el momento en que estuvo en condiciones de adquirir uno nuevo. Alega haber probado los costos de los remises contratados en los meses de agosto a diciembre de 2012, época en la que -dice- estuvo sin el vehículo.
ii) Objeta el rechazo del rubro daño psicológico, poniendo énfasis en la pericia en la que se indica que el hecho acentuó el malestar anímico propio del cuadro psicopatológico que presenta. Entiende irrelevante que ya contase con una afección psicológica previa pues su empeoramiento constituye base suficiente para el resarcimiento pretendido. Dice que el juez omitió analizar los certificados médicos en los que se corrobora un “empeoramiento de su cuadro de estrés a partir del choque de su vehículo”, lo que requirió apoyo terapéutico con su correspondiente costo.
iii) Critica que se haya desestimado el rubro de daño moral, el cual considera procedente y fundado. Entiende injusto que se afirme que si no hay lesiones a las personas, el resarcimiento por un accidente de automotores se agota en los daños materiales.
iv) Alega que es equivocado reparar en que la compañía de seguros le abonó la destrucción total de la unidad, dado que no le pagó ninguno de los rubros que son objeto de reclamo en este pleito. Dice tener derecho a una reparación integral de los perjuicios sufridos.
III. Tratamiento de los agravios.
El recurso prospera.
No fue controvertido por las partes -o, en su caso, quedó acreditado- que el 9 de agosto de 2012 en horas de la mañana ocurrió un accidente de tránsito en el que una camioneta Ford F-100 perdió el control y destruyó totalmente el Peugeot 206 dominio GWD761 de la actora que estaba estacionado en la calla A e/ Av. Del Valle y calle 15 de Balcarce (v. fs. 83/vta, 136/vta y 156/vta).
Si bien los demandados y su aseguradora negaron su intervención en el hecho y hasta la propiedad y guarda del rodado, lo cierto es que: i) al día siguiente del hecho, la Sra. Lamoglia efectuó la denuncia del siniestro en su compañía de seguros en la que consignó con precisión los datos del Sr. Contreras (v. fs. 372/3) incluyendo el modelo de la camioneta que conducía (coincidente con el observado por la testigo Diez de Ulzurrún) y el dominio (coincidente con el asegurado ante Paraná según la póliza de fs. 121 y sig.); ii) está acreditado que Paraná Seguros tiene como cliente asegurado al Sr. Matías Oscar Sequeira por la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por una Ford F-100 dominio WUP822 (fs. 121 y sig.); iii) los demandados fueron identificados junto con una camioneta tipo F-100 por una de las testigos que se apersonaron minutos después de la colisión (v. fs. 361/vta, respuesta sexta).
Agrego a ello que la citada en garantía ciñó su estrategia a una negativa general de todo cuando afirmó la actora en su demanda, pero tales premisas no resultan compatibles con otras partes del mismo escrito postulatoria, lo que debilita el fundamento de su defensa.
Por caso, Paraná negó que el vehículo de la actora haya sufrido un daño (fs. 134), cuando párrafos después reconoció el accidente (fs. 136/vta) y reconoció también los daños al rodado de Lamoglia, haciendo foco en que merecieron una indemnización por parte de su compañía de seguros. No solo debo interpretar que, si reconoció el accidente, es porque algún conocimiento previo tuvo de él (es decir, por algún motivo -que la parte omite exteriorizar- la asegurada tomó conocimiento del hecho que motiva este pleito ) , sino que además Paraná negó que el rodado que la actora identificó como embistente (la Ford F-100 dominio WUP822 -fs. 372/3-) sea propiedad del Sr. Sequeira. Sin embargo, sin mayores explicaciones y guardando un sugestivo silencio, la misma aseguradora adjuntó una póliza donde surge que Sequeira fue tomador de un seguro por responsabilidad civil sobre el mismo vehículo: la Ford F-100 Lamoglia identificó como el generador del perjuicio en su denuncia de siniestro ante San Cristobal y que es además idéntico modelo al que vieron los testigos que se apersonaron en el lugar instantes después del impacto (v. fs. 361/vta).
Encuentro en este material probatorio elementos de convicción suficientes para concluir que los hechos ocurrieron como lo ha narrado la actora en su escrito de inicio, motivo por el cual los Sres. Marcos Adrián Contreras y Matías Oscar Sequeira deben ser considerados civilmente responsables por los perjuicios ocasionados en sus respectivos roles de dueño y guardián del rodado que provocó la destrucción del vehículo de la accionante (art. 1113 segundo párrafo, segunda parte del Código Civil -Ley 340-; una solución análoga, v. causa n° 155259 -" Salas, Mauro O ."- sent. del 11/03/2014).
Definida la responsabilidad de los accionados -y la responsabilidad concurrente de su aseguradora- evaluaré los agravios que de la parte actora en cuanto critican la improcedencia de los rubros resarcitorios. Dejo aclarado aquí que todos los rubros han motivado objeciones de la actora, con la única excepción del parcial reclamado como daño material en el punto «5.A» de la demanda (fs. 85/vta de la demanda y fs. 96/vta de la ampliación). El rechazo de este último rubro llega firme a esta instancia (art. 34 y 163 del CPCCBA).
III. a. Sobre la privación de uso .
El juez rechazó el rubro con fundamento en el previo rechazo del reclamo por daño material representado por la diferencia entre la indemnización recibida de su aseguradora y el precio del rodado de reemplazo.
El argumento del juez resulta difícil de comprender, pero creo entender que lo que le imputa a la actora es la demora en adquirir un vehículo “ que pudo ser comprado muy pronto ” y como la indemnización que recibió era supuestamente mayor al precio del nuevo rodado, juzgó que “ no corresponde achacar a la parte demandada tardanza alguna en pagar lo que no debía ”.
No comparto la decisión.
En anteriores oportunidades he dicho que, acreditada la indisponibilidad del vehículo, ello es suficiente para hacer lugar a la reparación por privación de uso en tanto daño emergente, ante la ausencia de prueba en contra que debió aportar a tal fin la parte demandada (esta Sala, c. 161257 " Pellizzi, Christian M... ", sent. del 06/10/2016).
En el mismo sentido, una antigua doctrina de esta Sala -que entiendo correcta- señaló que los daños emergentes por privación del uso del vehículo deben ser indemnizados con independencia de que no se acredite el perjuicio, pues se presume -en principio- que quien tiene un automotor lo usa para llenar una necesidad de su vida, contribuyendo al desarrollo de sus actividades en general, tanto laborativas, como de comunicación, comodidad y esparcimiento (causa nro. 45.679, del 28-6-1979, Reg. Nro. 164 (S) folio 631-634).
Como bien dice Zavala de González, “[n]o puede exigirse a la víctima la paralización o limitación de su actividad a raíz de la privación del automotor derivada del hecho. Por el contrario, es ajustado a pautas de razonabilidad que, en tanto sea posible, recurra a resortes sustitutivos que permitan la continuidad cotidiana de la vida. Dado que el obligado se encuentra constreñido a colocar al damnificado en situación económica equivalente a aquella en que se encontraría de no haber sucedido el hecho (arg. art.1083 del Código Civil), es evidente que los gastos de reemplazo del automotor integran el contenido del deber resarcitorio”, explicando más adelante que “dichos gastos son regulares, verosímiles y ordinarios, es decir, objetivamente previsibles y acordes con el sistema de causalidad adecuada” (Zavala de González, Matilde “ Daños a los automotores ”, Buenos Aires: Hammurabi, 1989, t. 1, página 129).
Dicho de otro modo, probado el plazo durante el cual se ha privado a la actora del uso del vehículo, tal indisponibilidad implica un daño, salvo que el accionado pruebe que la demandante no usa el vehículo para trasladarse, o realizar actividades de esparcimiento, o transportar a su familia, acreditando el hecho positivo contrario, como verbigracia, que tiene otro auto (c. 141.322, -“ Macchiarola ...”, sent. del 10-07-2008).
Pese a que la accionante percibió una indemnización de su compañía de seguros, tiene igualmente un derecho a que le sean resarcidos los gastos de transporte sustitutivos en los que incurrió mientras gestionaba la compra de un vehículo de reemplazo.
No hay ningún elemento que permita imputarle a la actora una demora exagerada o indebida en la compra del rodado luego de haber percibido la indemnización de San Cristobal.
De hecho, aun si Lamoglia hubiere tardado demasiado en comprar un nuevo automóvil (escenario que no se verificó, pero que asumiré solo como hipótesis), no dejaría de tener derecho a ser indemnizada por el tiempo en que razonablemente debió haber adquirido un nuevo rodado, excluyendo aquel fragmento temporal que revelaría una tardanza indebida (donde su actitud pasaría a ser la verdadera causa adecuada del perjuicio).
No hay tal cosa como una compra “muy pronta” de un vehículo cuando el propio ha sido íntegramente destruido, como afirma el colega en su sentencia al fundar el rechazo íntegro el reclamo. Frente a la destrucción total de una unidad, su propietario tiene que denunciar un siniestro, esperar que se expida la compañía de seguros, recibir la comunicación formal con la liquidación y las opciones de pago, cobrar la indemnización, tramitar la baja del vehículo averiado en los registros correspondientes, averiguar por un reemplazo, pagarlo, patentarlo y recibirlo en la concesionaria.
Todas estas gestiones insumen tiempo (a veces mucho) y tienen que ser compatibilizadas con los compromisos laborales y familiares que toda persona tiene en su vida cotidiana. No es algo que se pueda hacer de un día o de una semana a la otra.
No solo no veo de qué modo Lamoglia podrían haber adquirido “prontamente” un nuevo vehículo, sino que tampoco comprendo cuál ha sido el parámetro temporal que utiliza el magistrado para considerar que los tiempos que le llevó a la accionante fueron excesivos (o por qué, si así fue, rechazó totalmente el rubro y no parcialmente en la medida de la supuesta tardanza indebida).
El accidente ocurrió el 9 de agosto de 2012 y al día siguiente ya estaba hecha la denuncia (fs. 64). San Cristobal admitió el reclamo y brindó las opciones de pago por carta documento recién el 28 de septiembre de 2012, más de un mes y medio después del siniestro (v. fs. 66). La actora no es clara en su demanda sobre qué vehículo adquirió y en qué fecha exacta, pero debo suponer que fue en noviembre de 2012 que se hizo de un reemplazo, habida cuenta el informe de fs. 190 (donde se indica que desde el 20 de noviembre de 2012 es propietaria de un Ford Ka Sedan 3 puertas modelo 2012).
No surgiendo de esta línea temporal una demora imputable a la Sra. Lamoglia, y resultando razonable el tiempo que le insumió la totalidad de la gestión, considero que tiene derecho a ser indemnizada por los gastos de transporte sustitutivo que abonó desde el día del hecho y hasta el día inmediato anterior a la fecha del alta del nuevo rodado que figura en el precitado informe de fs. 190.
Los datos aportados por la testigo Retes sobre la actividad laboral de Lamoglia y la distancia física entre su hogar y su lugar de trabajo me persuaden -más allá de cualquier presunción- sobre la necesidad y efectiva realización de tales transportes.
Teniendo en cuenta el marco temporal reseñado, la prueba producida (fs. 57 a 60; fs. 307), entiendo prudente receptar el reclamo por la suma de $3.000 (art. 1068 y cctes. del CC).
III. b. Sobre el daño psicológico
El reclamo prospera con el alcance que seguidamente se detallará.
i. El derecho argentino reconoce dos tipos de daños: el daño patrimonial, que es aquel que contempla las formas de detrimento patrimonial del lesionado (lucro cesante, rubro emergente y pérdida de una chance concreta) y el daño moral , que se manifiesta en la esfera extrapatrimonial de la persona (su modo de sentir, su espiritualidad, su honor, su ánimo, su forma de ser, etcétera).
Dicen Pizarro y Vallespinos que en nuestro sistema el daño sólo puede ser patrimonial o moral. Deben descartarse, por carecer de bases normativas, pretendidas nuevas categorías de daños cuya formulación (y utilidad) con visos de autonomía solo puede ser concebida a partir de serios desenfoques del concepto de daño patrimonial y moral (Pizarro, D. – Vallespinos, C. Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones . Ed. Hammurabi, t. III, p. 290; en igual sentido, y refiriéndose al nuevo Código Civil y Comercial, Pizarro, Daniel R., El concepto normativo de daño en el Código Civil y Comercial , Publicado en: RCyS 2020-IX, 3).
Tal es el criterio que sostiene desde hace años esta Sala y es el motivo principal por el cual hemos considerado inadmisible la reparación autónoma de la lesión psíquica.
En efecto, hemos resuelto en reiteradas oportunidades que «[e]l daño psicológico no se trata de una categoría autónoma o sui generis de daño, sino que estrictamente, es una lesión con aptitud productora de perjuicios. Puede tener sus proyecciones en el daño moral, como factor de agravamiento o pauta valorativa, como en el daño emergente, consistente en los gastos que demandará el tratamiento en caso de ser necesario» (voto del Dr. Loustaunau -al cual adherí- en c. 166474 -"Arroyo, Virginia..." del 28/03/2019; en igual sentido, c. 161454 -"Angladette, Jorge..." del 03/11/2016).
ii. El juez de primera instancia rechazó el rubro porque entendió que "las consecuencias psicológicas que el hecho pudo haber producido en la psiquis de la accionante no guardan relación causal adecuada con el siniestro sino con su afección antecedente”.
No comparto su decisión.
La perito psicóloga Sandra I. Palomar explicó que la accionante ya transitaba una etapa de angustia y sufrimiento motivada por problemas personales -en particular, relacionados con su madre- pero que el hecho “ acentuó su malestar anímico propio del cuadro psicopatológico que presenta” (fs. 356).
Entiendo entonces que el estado anímico disvalioso que constituye el hecho motivante de la necesidad de una terapia rentada reconoce dos concausas: una, vinculada a la patología preexistente en la Sra. Lamoglia; la otra, imputable a los demandados, y que se relaciona con las complicaciones y sinsabores propios de la pérdida súbita de su medio de transporte.
En otras palabras, no le es imputable a los accionados el aporte causal de la primera de las concausas mencionadas (el trastorno del estado de ánimo a que refiere la perito a fs. 355/vta y que existía antes del accidente) pero sí les es imputable el resultado lesivo consistente en el agravamiento de ese malestar patológico luego de producido el hecho (v. fs. 356 primer párrafo).
Justo es por ello que los accionados sean obligados a resarcir solo una parte del daño patrimonial generado por la necesidad de realizar terapia psicológica por un año con frecuencia semanal. Esa parte debe circunscribirse a su aporte causal, el cual -teniendo en cuenta la gravedad de la situación emocional preexistente- estimaré en el 20%.
Teniendo en cuenta la indicación formulada por la perito psicóloga a fs. 324 punto 5, y el valor actualizado de 52 sesiones semanales (tarifadas en $500 en diciembre de 2016 y que representan aproximadamente $1300 actuales), estimaré un total de $67.600 de los cuales los accionados deberán cubrir la precitada proporción, arribando a la suma de $13.250 a valores actuales (art. 1068 y cctes del CC y 165 del CPCCBA).
III. c. Sobre el daño moral .
El fallo rechaza el daño moral con fundamento en que la actora no sufrió daños físicos y solo tiene derecho a ser resarcida de los daños materiales.
Disiento con la solución adoptada en la sentencia.
Desde hace ya una década abandoné la posición sostenida por el colega, conforme la cual no corresponde inferir un agravio espiritual cuando en un accidente solo se reportan daños materiales y no lesiones físicas.
En mi voto en causa n°153715 ( in re " Acevedo, Marcelo J ."- del 05/09/2013) adherí a la posición sostenida por mi colega de Sala, quien expuso que la destrucción de un vehículo -aun sin consecuencias físicas para la reclamante- exige solicitar presupuestos, comprar repuestos, diligenciar el arreglo y contratar transportes alternativos durante el tiempo en que demora las reparaciones.
Se dijo que “ estas circunstancias, que si bien pueden resultar consecuencia natural de un accidente de tránsito, constituyen una consecuencia inmediata y necesaria del choque, y que como derivación previsible en abstracto, pueden contarse entre otros perjuicios indemnizables en la medida en que se trata de daños ciertos, personales de quien los sufre y que afectan intereses legítimos, o al menos intereses simples no contrarios a derecho. Y aun cuando pudiera constituir una consecuencia normal y habitual de un accidente de tránsito al que todos los que formamos parte de la sociedad estamos sujetos, no deja de generar en quien resulta su víctima disgustos derivados de ese daño injustamente sufrido, que conforman un modo de estar diferente, anímicamente perjudicial y disvalioso en relación a como se encontraba esa misma víctima minutos antes de ser chocada, de resultar injustamente dañada ” (fallo cit.).
Agregué que con relativa frecuencia, “ el atentado a intereses económicos agrede simultáneamente otros espirituales, ligados al goce de determinados objetos o servicios materiales, produciendo así daños morales indirectos ” (Zavala de González, “Cuánto por daño moral”, edit. Hammurabi, tº 5 a, p.139, Bs.As., 2005).
Dicho de otro modo, no porque se trate de consecuencias frecuentes o habituales de la vida en sociedad, dejan de constituir lesiones al patrimonio que provocan un empeoramiento objetivo de las
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.