Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 166136
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el Dr. Porthé el 08.09.2021 (arts,. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado habida cuenta la forma en que se resuelve la cuestión (art. 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 166136. JUZGADO N ° 12.
"FROGON, GRACIELA ELIZABET C/ TRAMA, ERNESTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.) ".
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " FROGON, GRACIELA ELIZABET C/ TRAMA, ERNESTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.) " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte demandada el 08.09.2021, contra lo resuelto el 02.09.2021.
I. En el auto cuestionado la jueza fijó la base regulatoria en la suma de pesos $510.000. Acto seguido, impuso las costas al co-demandado (Ernesto Trama e hijos SAAGyF) en su calidad de vencido.
Explicó que al haber operado la caducidad de instancia corresponde aplicar el artículo 23 del decreto-ley 8904/77.
Agregó que, a raíz de la vigencia del art. 4 de la ley 25.561 -que modificó la redacción del art. 7 de la ley 23.928-, se reafirma la prohibición de cualquier tipo de actualización monetaria, indexación de precios, variación de costas o repotenciación de deudas.
II. Apeló el Dr. Porthé, apoderado del co-demandado Ernesto Trama e hijos SAAGyF, el 08/09/2021. Los fundamentos -a los que también adhirió el Dr. Ferrarini (apoderado de los co-demandado Ernesto José y Juan José Trama)- fueron presentados en la misma pieza recursiva y fueron respondidos por la citada en garantía el 06.10.2021.
Se quejó de que se fijó como base regulatoria el monto reclamado en la demanda sin actualización alguna y la imposición de costas a cargo de su cliente.
Respecto del primer agravio, el apelante pretende que la base refleje el valor económico actual, para lo cual propuso tres soluciones: 1) la interpretación flexible de los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928 ante la realidad económica del país, 2) la estimación de la base de acuerdo al monto por el que hubiera prosperado la demanda de haberse receptado y, 3) el monto del reclamo histórico con más los intereses a la tasa pasiva BIP del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Con relación a la imposición de costas, alegó que, dada la particularidad del caso o la forma en la que se resolvió, el juez no puede resolver costas al vencido sino que para ello deben existir verdaderas razones que lo justifiquen.
En suma, solicitó la actualización del monto reclamado inicialmente en la demanda y la imposición de costas -como mínimo- en el orden causado.
III. El recurso merece prosperar parcialmente.
1. La actualización del pie arancelario conforme las razones por el apelante individualizadas en el punto anterior como "1" y "2" no sirven como fundamento para incrementar la base fijada en la instancia de origen.
1.1. Respecto a la interpretación flexible de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928, la SCBA continúa adoptado como doctrina legal el criterio nominalista en materia monetaria con la consecuente prohibición de actualizar los créditos por considerar con plena vigencia los artículos aludidos.
En varios fallos recientes hizo mención que "aun cuando es de público y notorio que se ha producido una acentuada depreciación de nuestra moneda, el acogimiento de la pretensión de actualización de los montos reclamados por los actores, además de ser contrario a los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928 -que justamente fueron dictadas con la finalidad de evitar el envilecimiento del signo monetario- no haría más que contribuir a ese proceso" (Ac. 65.033 del 27/05/2021, ac. 63.745 del 29/12/2020, ac. 64.857 del 25/11/2020, ac. 75.519 del 14/09/2020, entre muchas otras).
En esas oportunidades también destacó que su doctrina se ha mantenido uniforme todo este tiempo desde las causas "Fabiano" (Ac. 43.913 del 02.10.2002), "Latessa" (Ac. 88.502 del 31.08.2005), "Di Benedetto" (Ac. 64.606 del 03.09.2008), "Agostinelli" (Ac. 64.756 del 29.02.2012) y "García" (Ac. 63.799 del 15.08.2018), entre muchas otras.
En suma, en los casos de demanda rechazada -como acontece en autos- la S.C.J.B.A. ha dispuesto de manera reiterada que no corresponde actualizar la suma peticionada ni adicionar intereses a los fines de determinar el valor del crédito reclamado inicialmente, en virtud de lo dispuesto por el art. 7 y concordantes de la ley 23.928 (texto según ley 25.561).
1.2. La propuesta del apelante individualizada como "2" tampoco es de recibo.
Es cierto que es doctrina legal del Superior Tribunal Provincial, fijar como base regulatoria en los casos de demandas rechazadas el monto por el que eventualmente hubiere progresado el reclamo de la actora.
Sin embargo, ello se torna operativo en los casos en que el monto consignado en el escrito liminar como indemnización resultaba extremadamente excesivo o desmesurado con relación a la realidad jurídica en juego, y el planteo era realizado por el demandado ganancioso -en virtud de la solidaridad prevista por el art. 58 del decreto ley 8.904-, a fin de que no le resultara perjudicial el monto consignado en la demanda.
Es decir, el fundamento recaía en que al demandado le hubiera convenido perder el juicio por un monto razonable que ganarlo y quedar atrapado por una base exorbitante ante el monto demandado, ante lo cual se hace hincapié en que el órgano jurisdiccional no debía permanecer impasible, convirtiéndose en un mero testigo de una situación descabellada (conf. SCBA LP L. 121164 S 27/11/2019; SCBA LP C 118968 S 15/07/2015; SCBA LP C 117292 S 01/04/2015, esta Sala causa nro. 139685 RSI 455 del 16/10/2012, 157089 RSI 288 del 15/06/2016, 160919 RSI 474 del 18/10/2016, entre muchas otras).
Este panorama no se evidencia en autos, pues no se pretende reducir el monto reclamado en la demanda (pluspetición) sino elevarlo, generándose una hipótesis exactamente inversa a la prevista en los antecedentes citados.
Por este motivo, la propuesta de estimar prudencialmente a cuanto hubiera progresado la demanda -en el caso que nos ocupa- no es procedente.
2. La propuesta consignada como "3" prospera pero con otro alcance al pretendido por el recurrente.
2.1. Si bien ante casos análogos al presente, esto es, demandas que fueran promovidas con anterioridad al 21.10.2017 (entrada en vigencia de la ley 14.967) en las cuales se suscitan las incidencias en torno a la determinación de las bases regulatorias y la cuantificación de los honorarios con posterioridad a esa fecha, esta Sala interpretó que a los fines de determinar el pie arancelario debían distinguirse, por un lado, los trabajos anteriores al 21.10.2017, en cuyo caso se tomaba el monto de la demanda sin intereses y se regulaba en pesos; y por el otro, de los trabajos posteriores a esa fecha, correspondía tomar el monto de la demanda, adicionarle intereses desde la entrada en vigencia de la nueva normativa y regular en jus (causas nro. 166.677 RSI 187 del 29.04.2021, 165.797 RSI 164 del 29.04.2021, entre otras), un nuevo estudio de la cuestión nos persuade de cambiar la doctrina hasta ahora sustentada.
2.2. El Decreto 8904/77 fue suplantado por la ley 14.967 que constituye la nueva reglamentación arancelaria a partir del 21 de octubre de 2017.
En cuanto a su aplicación en el tiempo, debemos remitirnos al artículo 7 del Código Civil y Comercial, que establece dos reglas básicas: en primer lugar, la inmediata eficacia de la nueva ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; en segundo, la irretroactividad de la ley, salvo disposición en contrario del legislador y en tanto no se afecten derechos amparados por garantías constitucionales.
Las nuevas leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (art. 7 CCyC). Tal efecto consiste en que la nueva ley toma la relación o situación en el estado en que se encontraba al tiempo de ser sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto que a los cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al tiempo que se desarrollaron (esta Sala causa nro. 169.009 RSI 582 del 03.12.19).
2.3. En el caso, la ley aplicable -más allá de la distinción a realizarse a la hora de calificar la ley aplicable en función de las tareas cumplidas (conf. "Morcillo" Res. SCBA I-73016 del 08/11/2017)- resulta ser la N° 14.967, pues la incidencia en torno a la base regulatoria tuvo lugar con posterioridad a su entrada en vigencia (esta Sala causas nro. 170.420 RSI 350 del 05.11.2020 y 173.353 RSI 149 del 23.11.2021).
La diferencia entre la aplicación de una u otra normativa radica en que mientras el Decreto-ley 8904/77 preveía que en los casos de demanda rechazada correspondía fijar como base regulatoria el monto reclamado en la demanda sin intereses, la nueva normativa dispone que se tendrá como valor del pleito el total reclamado, incluyéndose los intereses si hubieran integrado la pretensión.
De las constancias de autos, observamos que lo requerido por el Dr. Porthé tiene su causa en que la estimación mecánica del monto reclamado en la demanda sin actualización alguna colisiona con su derecho a una remuneración adecuada atento el tiempo transcurrido y el trabajo realizado (art. 1 ley 14.967), circunstancia que tiene lugar luego de la entrada en vigencia de la nueva normativa y, por ello, concluimos que corresponde su aplicación inmediata, por tratarse de una consecuencia de una relación jurídica existente.
2.4. En síntesis, cuando la demanda es íntegramente rechazada, corresponde adicionar intereses a la suma reclamada inicialmente cuando la incidencia con relación a la constitución de la base regulatoria se suscite con posterioridad al 21.10.2017 (entrada en vigencia de la ley 14.967), calculándose los accesorios desde la fecha aludida hasta el día en que se determine la base regulatoria.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el demandado el 08.09.2021 y revocar la resolución de fecha 02.09.2021, en lo que fue materia de agravio, debiendo calcularse intereses sobre el monto reclamado en la demanda -$510.000- desde el 21.10.2017 y hasta el día de hoy, lo que arroja una liquidación final de $1.286.624,93 conforme la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en atención a lo solicitado por el apelante en su escrito recursivo (art. 7 CCyC, arts. 1, 10, 15, 16, 23 y ccdantes de la ley 14.967).
3. En lo atinente a las costas, estas deben imponerse en el orden causado.
3.1. De una interpretación armónica de lo normado por los arts. 68 y 69 del C.P.C. se extrae que el criterio rector a fin de imponer las costas en el marco de un incidente es preferentemente objetivo, limitándose de cierto modo la aplicación del criterio subjetivo al supuesto en que lo debatido pueda ser calificado como una cuestión dudosa de derecho (Loutayf Ranea, Roberto; "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, Bs. As., 1998, p. 276 y sstes., Gozaini, Osvaldo A.; "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires", La Ley, Bs. As., 2003, T. I, p. 178 y sstes.).
Tal concepto ha sido interpretado de manera restrictiva por la jurisprudencia, señalando como único supuesto comprendido dentro de su órbita aquel en que la cuestión jurídica involucrada en el incidente se preste a dificultades en su solución, sea por la complejidad que ofrece o por la circunstancia de mediar criterios doctrinarios o jurisprudenciales divergentes (esta Sala causa nro. 143.821 RSI 302 F° 518/20 del 23.06.2015)
En el caso, el cambio de postura descripto en el punto anterior -con relación a la ley aplicable al constituirse la base regulatoria cuando la incidencia en torno a ella tiene lugar con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.967-, evidencia de que no puede considerarse a ninguna de las partes como vencida o vencedora, pues el Dr. Meilan tenía fundamentos para sostener que debían aplicarse las pautas del Decreto-ley 8904/77.
Por este motivo, creemos que, en atención a las particularidades del caso, las costas de ambas instancias deben imponerse en el orden causado, lo que así resolvemos (arts. 69 y ccdtes. C.P.C.)
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el Dr. Porthé el 08.09.2021 (arts,. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado habida cuenta la forma en que se resuelve la cuestión (art. 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
IV. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Firmas
Funcionario Firmante: 15/02/2022 08:38:43 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2022 11:29:45 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2022 13:20:08 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 16/02/2022 08:33:22 hs. bajo el número RR-23-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia