Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 172400
Expte. N º 172400 - Juzgado Civil y Comercial N°6
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “MENDOZA, MARTA Y OTROS C/ RENDINA, CLAUDIA E. Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 28 de mayo 2021?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 28 de mayo de 2021, la Sra. Jueza titular del Juzgado Civil y Comercial N°6 departamental, Dra. Gabriela Judit De Sábato, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda promovida por Marta Mendoza, Florentino López y Gabriela Valeria Coria (esta última por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad Jazmín Naiquen López Coria y Joaquín Leonel López Coria), contra Claudia Elsa Rendina y, en consecuencia, condenó a esta última -en forma concurrente con la citada en garantía Boston Compañía Argentina de Seguros S.A.- a abonar: (a) $1.222.943,31 a favor de Marta Mendoza; (b) $1.165.211,66 a favor de Florentino López; (c) $1.677.371,60 a favor de Gabriela Valeria Coria; (d) $1.577.734,36 a favor de Jazmín Naiquen López Coria y (e) $1.518.611,37 a favor de Joaquín Leonel López Coria, todo ello más intereses y costas. Asimismo, difirió para la etapa de ejecución la valuación del daño por tratamiento psicológico, psiquiátrico y gastos de tratamiento futuro de los menores Jazmín Naiquen y Joaquín Leonel López Coria.
Para así decidirlo, y luego de explicar que la suerte de la causa penal ninguna influencia tendrá en el pleito civil, apuntó que no fue controvertido que el 27 de julio de 2013 en la intersección de la Avenida n°23 y la calle 20 de la ciudad de Miramar se produjo un siniestro en el que estuvieron involucrados una moto marca Brava 150 CC dominio 036-IOD y un For Escort, dominio BFS-330.
La moto era conducida por Alexis David López, quien circulaba por Av. 23 en sentido noroeste a sudeste, en tanto que el For Escort era conducido por Claudia Elsa Rendina por calle 20 con sentido sudoeste a noroeste. El conflicto -señaló- radica en que los accionantes afirmaron que la Sra. Rendina se lanzó a cruzar la avenida desde una calle y con visibilidad lateral restringida, en tanto que la accionada alegó que López no respetó la regla de prioridad de paso y que fue él quien provocó el accidente.
Consideró que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito y a la doctrina legal vigente, el vehículo Ford Escort conducido por Rendina contaba con preferencia de paso en tanto lo hacía por la arteria de la derecha en relación al vehículo en el que circulaba el Sr. López, lo que no se ve alterado por el hecho de que este último circulara por una arteria de mayor jerarquía. Agregó que el Sr. Lopez, de haber obrado con pericia y cautela, pudo haber advertido la presencia de Rendina, quien emprendió el cruce luego de detener o aminorar sensiblemente su marcha.
Reprochó también la conducta de la Sra. Rendina quien no circuló con cuidado y prevención, considerando los riesgos propios de la circulación. Juzgó que emprendió el cruce sin advertir la presencia de la motocicleta, omisión que -según surge de estudios científicos evaluados en la pericia y datos brindados por la organización Luchemos por la Vida- debió estar motivada por la visibilidad acotada por el uso de polarizado en el vidrio lateral delantero izquierdo del rodado.
Sobre esa base, atribuyó el 50% de responsabilidad al conductor de la motocicleta, y el 50% restante a la Sra. Rendina, conductora del Ford Escort.
Extendió concurrentemente la responsabilidad de la accionada a la citada en garantía, considerando que el límite del seguro debe ajustarse a las normas vigentes según la cobertura de que se trate al momento del efectivo pago.
En cuanto a los daños, y considerando el porcentaje de aporte causal, hizo lugar a los siguientes rubros indemnizatorios: (a) $7.500 de gastos de sepelio; (b) gastos de terapia psicológica: $27.300 para Marta Mendoza, $27.300 para Florentino López y $18.200 para Gabriela Coria; en cuanto a los niños, difirió su cuantificación a la etapa de ejecución; (c) ayuda futura frustrada: $884.171,60 para Gabriela Coria; $130.411,66 a favor de Florentino López y $195.643,31 para Marta Mendoza; $577.734,36 para Jazmín Naiquen López Coria y $518.611,37 a favor de Joaquín Leonel López; (d) daño moral: $1.000.000 para cada uno de los progenitores del Sr. López; $775.000 para Gabriela Coria y $1.000.000 para cada uno de los hijos del Sr. López (Joaquín Leonel y Jazmín Naiquen López Coria).
II.1 El recurso de los actores Marta Mendoza, Florentino López y Gabriela Valeria Coria (por sí y en representación de sus hijos).
El 1 de junio de 2021 apelaron los accionantes (presentaciones N° 44659980 y 44660787) y fundaron su recurso el 3 de noviembre de 2021. La réplica de la contraria fue presentada el 15 de noviembre de 2021.
Plantean los siguientes puntos de crítica:
(i) Cuestionan el modo en que fue decidida la distribución de responsabilidad, lo que -a su entender- obedece a una indebida valoración de la prueba producida en autos (en particular, la testimonial del Sr. Antonucci y confesional de la accionada, quien reconoció que detuvo el vehículo antes de cruzar).
No comparten que el Sr. López no haya tenido preferencia de paso por circular en avenida y que una interpretación sistemática de las reglas de tránsito permitía arribar a otra conclusión. La mayoría de los conductores -dicen- circulan convencidos de que la prioridad de paso le asiste a quien circula por avenida pues es una vía de mayor jerarquía. De dicho postulado emerge la regla de que quien debe frenar antes de intentar un cruce, con independencia de quien cuenta con la prioridad derecha-izquierda-, es aquel que accede desde una calle lateral y de menor jerarquía. Indican que la diferencia en velocidades máximas es indicio que da apoyo a esta interpretación axiológica y contextual (que, a su vez, descarta la interpretación “estricta” que -dice- adoptó la jueza).
Destacan que la demandada se detuvo por completo antes de iniciar el cruce, lo cual a la luz de la regla del art. 41 inc. “g” apartado 3 importa la pérdida de la prioridad de paso. Agregan que, según el testigo Antonucci que declaró en la investigación penal, la demandada se bajó del automóvil en estado de nervios afirmando que no había visto al motociclista. Esta declaración, dicen, fue reafirmada luego por el mismo testigo al señalar que la demandada se detuvo para darle el paso al Sr. López y arrancó de nuevo, motivando el impacto. Agregó el mismo testigo que la moto venía circulando normal a 30 o 40 kilómetros por hora.
Alegaron que el hecho de no haber visto la motocicleta se condice con la disminución de la visión generada por el polarizado de los vidrios laterales del Ford Escort.
Citan jurisprudencia y doctrina en apoyo a su argumentación.
(ii) Objetan el rechazo del rubro daño patrimonial por gastos de reparación de motocicleta. Consideran, con fundamento en el art. 1772 del CCyC, que la Sra. Marta Mendoza -quien tiene un formulario 08 certificado- se encuentra legitimada para reclamar el daño. Piden se haga lugar al reclamo y se calcule considere una deuda de valor actualizada al momento de la sentencia
(iii) Critican el rechazo del rubro disminución de la integridad psicofísica. La magistrada -dicen- interpretó incorrectamente su reclamo, puesto que no fue peticionado como un daño autónomo sino como un daño patrimonial derivado de la alteración a la integridad psicofísica.
También cuestiona el modo en que se interpretó la pericia psicológica: no hay modo -alegan- de considerar que la incapacidad es parcial y transitoria cuando la experta cuantificó en un 20% la incapacidad y afirmó que la terapia tiene una función meramente paliativa y no implicaría volver al estado anterior a la pérdida experimentada. Citan la declaración del testigo Espinazo, quien da cuenta del modo en que la muerte de López alteró la vida de las víctimas. Funda en doctrina y jurisprudencia.
Cuantifican los resarcimientos de los padres del Sr. López y de su concubina.
(iv) Entienden que es baja la indemnización otorgada por el rubro valor vida, lo cual obedece a una lectura parcial de la prueba. Refieren que, además de la edad de la víctima al momento del deceso, hay que reparar en la actividad que desarrollaba, la remuneración mensual que obtenida, el resto de la vida útil y otros aspectos que inciden económicamente en su determinación (lo que la víctima destinaba a la satisfacción de sus necesidades y las del damnificado).
Dicen que el hijo de los actores tenía 24 años de edad al momento de su muerte y se desempeñaba como carpintero de obra. Coinciden con el fallo en que debe utilizarse el SMVyM como ingreso presunto, lo que en la actualidad asciende a $32.000. De ese modo, alegan, se puede calcular una indemnización medianamente justa y no como la que contempla el fallo que “apenas llega a cubrir tres sueldos actualizados” del Sr. López.
Agregan que toda la familia se ha visto afectada económicamente por la muerte del Sr. López, siendo el único que trabajaba y que era el pilar fundamental en el sostén patrimonial del hogar en el que residían todos juntos. La madre era empleada doméstica y el padre hacía changas, con lo que el perjuicio patrimonial es mayor y ello, refieren, no fue ponderado por la jueza.
Enfatizan que el monto reconocido en el fallo para cada actor es irrisorio, escaso e irrazonable, y alcanza para comprar una moto cero kilómetro de mediana cilindrada pero no basta para adquirir siquiera un rodado 0 km.
En lo que respecta a la pérdida de chance de ayuda futura, destacan los testimonios de Espinazo, Benavidez y Pérez Ramón, quienes dieron cuenta del esfuerzo de López, de su trabajo como carpintero, de la vida común que llevaba junto a su familia y cómo su deceso impactó en la economía del hogar. Entienden que el aporte económico de López a esa familia debió ser más significativo, más allá de la deducción de una parte de su salario.
Estiman en 36 años el rango temporal que resta cubrir desde el hecho hasta la vida estadística de la Sra. Mendoza, en 18 años para el Sr. López, en 54 años para la Sra. Coria, y para los menores hasta los 25 años en que concluye toda obligación alimentaria. Realizan los cálculos individuales para cada víctima.
(v) Alegan que los montos reconocidos en concepto de daño moral son bajos y deben ser incrementados. Describe los sufrimientos de las víctimas y el resultado de la prueba producida. Pide se eleven los resarcimientos a montos justos y prudenciales.
En su presentación del 24 de agosto de 2021 la Sra. Silvia E. Fernández, titular de la Asesoría de Incapaces N°1 departamental, adhirió al recurso presentado por la madre de los niños Joaquín y Jazmín, aclarando que su actuación era complementaria.
El 15 de noviembre de 2021, ya radicado el expediente en segunda instancia, formuló una presentación donde solicitó que, además de los agravios de la actora madre de los niños, se consideren los agravios que siguen:
(i) Que la jueza se equivocó al valorar los aportes causales y que debió considerar que la demandada tuvo responsabilidad total y completa en la producción del siniestro.
(ii) Que es bajo el monto del resarcimiento por el rubro valor vida y daño moral. Pide que se incrementen.
II.3. Los agravios de la demandada y su citada en garantía.
La letrada apoderada de la citada en garantía y la accionada expresó sus agravios el 8 de noviembre de 2021. Postula las siguientes líneas argumentales:
(i) Señala que la sentencia carece de fundamentación y pide la “modificación de los rubros otorgados debido a la falta de justificación en cuanto a los valores de cuantificación elevados” (sic) .
(ii) Critica por elevada la indemnización concedida por daño moral (en singular), y pide su reducción por generar un beneficio económico y desproporcionado en relación a los reales padecimientos espirituales que pudieron haber sufrido los actores.
(iii) Objeta la cuantía del resarcimiento por gastos de sepelio. Sin perjuicio de las facultades que tienen los jueces para estimar la indemnización, considera que la actora no probó las erogaciones que dijo haber realizado. Reclama que se rechace o reduzca la reparación.
(iv) Cuestiona la admisión simultánea del rubro daño patrimonial por gastos de tratamiento psicológico y daño moral, entendiendo que el primero está comprendido en el segundo. Aun si se admite el resarcimiento, pide que se morigere la suma que considera exagerada.
(v) Entiende también elevada la indemnización del rubro valor vida. Pone en relieve que no se probaron los ingresos del Sr. López, motivo por el cual la suma otorgada resulta injustificada.
Refiere que, aun de considerar procedente el parcial, “ no puede computarse la totalidad del supuesto ingreso ni la expectativa de vida del occiso ”. Agrega que se produciría un enriquecimiento desmedido dada la suma mensual que recibiría “sin consumir ninguna parte de ese capital”. Pide el rechazo o el reajuste del parcial.
(vi) Alega que es absurdo y contradictorio el razonamiento empleado para elevar el límite de cobertura. La decisión apelada “ pone en jaque el sistema del seguro, genera una vulneración notable al derecho de propiedad y libre contratación y, más aún, un escándalo jurídico de proporciones inmensas ”.
Dice que la sentencia es inconstitucional y se aparta de la doctrina legal de la Corte Suprema. Dice que corresponde dejar sin efecto la elevación del límite y mantener el de $3.000.000 previsto en la póliza.
(vii) Afirma que los intereses moratorios deben liquidarse según una tasa pasiva, pues lo contrario importaría un enriquecimiento sin causa, alícuota que -dice- incluye la retribución del capital, inflación esperada y riesgo bancario. Cita el plenario “Alaniz” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Evaluaré en primer lugar las quejas de los actores y de la asesora de incapaces con relación a la admisión parcial de la eximente de responsabilidad y la distribución del aporte causal. Luego, analizaré los agravios que refieren a cada uno de los rubros resarcitorios y, seguidamente, y los que versan sobre los intereses moratorios. Sobre el final, me detendré en la parcela del recurso de la demandada y la citada que refiere al límite económico contemplado en la póliza de seguro.
El agravio de la actora hace necesario distinguir el estudio de la causalidad en la producción del hecho en sí (esto es, a quién o quiénes corresponde considerar autores de la producción del accidente) y la determinación de los aportes causales en la producción o agravamiento de uno o varios de los daños (o sea, quién o quiénes deben considerarse autores de uno u otro perjuicio patrimonial o moral que ha sido objeto de reclamo y debate).
El motivo para hacer esta distinción es relativamente fácil de advertir: la aptitud u idoneidad de cada comportamiento que ha sido objeto de debate y prueba debe evaluarse en términos causales según haya influido en producción del hecho (el impacto entre ambos rodados), por un lado, o en las producción o agravamiento de las lesiones que derivaron en la triste muerte del Sr. López (y la producción de todos los perjuicios se gestaron a raíz de ese fatal desenlace).
Esta aclaración resulta fundamental en el caso porque casi la totalidad de las indemnizaciones reclamadas por los accionante refieren a consecuencias morales y patrimoniales derivadas de la muerte del Sr. López, en tanto que solo el daño emergente por costos de reparación de la motocicleta constituye un daño que es ajeno a ese resultado lesivo particular, y depende únicamente de la ocurrencia del siniestro y la consecuente rotura del rodado.
Adelanto que el recurso de los actores prospera únicamente en lo que respecta a la distribución del aporte causal relacionado al daño emergente por gastos de reparación, debiendo confirmarse la decisión adoptada con relación a la admisión de la eximente y su impacto en el resto de los parciales indemnizatorios controvertidos.
Explicaré en detalle esta decisión en los párrafos que siguen.
a. La causalidad y la muerte del Sr. López.
Según llega incontrovertido a esta instancia, el accidente que motiva este pleito se produjo el 27 de julio de 2013 en la encrucijada de la calle 20 y la avenida 23 de la ciudad de Miramar. Por la avenida circulaba el Sr. Alexis David López a bordo de una motocicleta Brava 150CC [dominio 036-IOD] y por la calle lo hacía la Sra. Claudia Elsa Rendina a bordo de un Ford Escort [dominio BFS-330]. Al momento del impacto, y por el sentido de circulación de uno y otro rodado, la Sra. Rendina ingresaba a la avenida desde la derecha de la línea de marcha del Sr. López.
No concuerdo con la colega de primera instancia cuando, en un escenario de estas características, asigna prioridad de paso a la Sra. Rendina por el solo hecho de circular desde la derecha de López.
Son numerosos los precedentes en los que esta Sala evaluó la aplicabilidad de la regla de la prioridad de paso regulada en el art. 41 de la Ley Nacional de Tránsito cuando quien circula por la derecha cruza una avenida o arteria de doble sentido de circulación no semaforizada (causas Nº 155.534 -" Olivera, Paula Esther ..."- sent. del 12/8/2014; 163.055 -" Barrios, Miguel A. "- sent. del 13/7/2017; 165.148 -" Brandan, Ricardo H. "- sent. del 8/3/2018; 166.729 -" Ali, Pablo Daniel ..."- sent. del 28/2/2019, entre otras).
Sostuvimos allí que si bien la Ley Nacional de Tránsito -a la cual la provincia adhirió por medio de la Ley 13.927- regula las prioridades de paso sin distinguir vías de circulación y jerarquía (a excepción del caso de la semi autopista, el acceso a una vía pavimentada desde una de tierra, o cuando se circula al costado de la vía de tren, respecto del que sale del paso a nivel), el supuesto de las encrucijadas en las que una de las arterias posee doble sentido de circulación no puede ser aprehendido por la regla general del citado art. 41.
Destacamos en las causas indicadas (con voto de mi distinguido colega Dr. Loustaunau) que el legislador, en el sintagma utilizado, no parece haber comprendido al caso que aquí nos ocupa. El conductor encuentra en la ley una pauta que guía su conducta cuando está frente a un vehículo “que cruza desde su derecha”, pero no parece que la norma explique adecuadamente -ni regule deónticamente- qué debe hacer cuando en un mismo momento y en una misma encrucijada tiene frente a sí vehículos que cruzan “desde su derecha” pero también “desde su izquierda”, como ocurre al cruzar perpendicularmente una vía de doble mano.
Dicho de otra forma: si hay dos manos en una de las arterias que conforman la encrucijada, habrá tantos criterios de prioridad como puntos de referencia se tomen (vehículo que circula por la calle perpendicular, vehículo que circula por una de las manos de la avenida, y vehículo que circula por la otra mano de la avenida). El conductor que desea cruzar una vía de doble mano tiene a su izquierda un vehículo frente a quien tendría prioridad de paso (como decidió la jueza en la sentencia apelada), pero avanzando unos pocos metros se encuentra a su derecha con un vehículo a quien le debe ceder el paso. A su turno, los conductores que circulen por la vía de doble mano enfrentan una incertidumbre semejante, debiendo analizar -cada uno en forma individual- a quién
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.