Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173582
Expte. N º 173582- Juzgado Civil y Comercial N°11
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “VALLEJOS VICTOR DARIO Y OTRO/A C/ COBELO MARIA MARTA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 23 de septiembre 2021?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 23 de septiembre de 2021, la Sra. Jueza titular del Juzgado Civil y Comercial N°11 departamental, Dra. Patricia Noemí Juárez, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda interpuesta por Víctor Darío Vallejos y Karina Noemí Deidda contra María Marta Cobelo y condenó a esta última a pagarle a los actores $2.838.510,92 más intereses. Asimismo, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por la citada “Caja de Seguros S.A.” y rechazó la demanda incoada en su contra.
Para así decidirlo, explicó que no fue controvertido que el 24 de junio de 2011 a las 10:20 horas en la intersección de las calles Marcelo T. De Alvear y Bouchard se produjo una colisión entre una motocicleta Gilera Smash dominio 227-CXI conducida por Víctor Darío Vallejos y que tenía como acompañante a la coactora Karina Noemí Deidda, y un automotor marca Peugeot 406 dominio CKJ-644 dirigido por María Marta Cobelo. El debate entre las partes, dijo la magistrada, refiere a la mecánica del hecho y a las responsabilidades emergentes.
Explicó que Marcelo T. de Alvear tiene un único sentido de circulación en tanto que Bouchard es una calle doble mano. Dijo que el automotor -que circulaba por Bouchard- no gozaba de prioridad de paso por circular por una calle doble mano en razón de que la Ley 24.449 no reconoce esa preferencia a quienes transitan por arterias de esas características y prescinde de la noción de vías de mayor jerarquía .
Agregó que tampoco gozaba de prioridad la accionada por el hecho de circular por la derecha y que en la audiencia de vista de causa quedó en claro que el automotor contaba con la derecha. Al ser una calle doble mano, el vehículo hubiera avanzado hasta detenerse en el carril central, generando mayores riesgos e inconvenientes
Consideró que es imposible afirmar que un vehículo tenía preferencia de paso, por lo que -dijo- ambos vehículos debieron extremar la cautela antes de intentar el cruce. Refirió que debía evaluarse toda otra circunstancia con incidencia causal a la hora de establecer la contribución de cada interviniente en la producción del hecho.
Aseveró que la actora no probó que el automotor le cedió el paso a la motocicleta y los testigos que declararon ofrecieron relatos contradictorias. Restó importancia al nivel de avance de cada rodado y al rol de embistente o embestido que uno u otro pueda tener. Dijo que no se probaron los excesos de velocidad que las partes recíprocamente se imputaron.
Al no encontrarse demostradas circunstancias que permitan atribuir mayor grado de reproche a uno u otro interviniente, distribuyó la responsabilidad en un 50% para el conductor de la moto y el 50% restante a la accionada.
Seguidamente, consideró acreditado que a la fecha del accidente la prima del seguro de la demandada se encontraba impaga, extremo que la compañía de seguros notificó el 19 de julio de 2011, no encontrándose vencido el plazo de 30 días previsto en la Ley de Seguros. Por este motivo, hizo lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por “La Caja Seguros S.A.” y rechazó la demanda a su respecto, con costas a la actora.
En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes rubros: (1) Gastos médicos: $2750; (2) Gastos de indumentaria: $879; (3) Daño moral: $900.000 para el coactor Vallejos y $125.000 para la coactora Deidda; (4) Incapacidad sobreviniente: $1.809.881,92 para Vallejos.
II.1 El recurso de los actores Vallejos y Deidda
El 29 de septiembre de 2021 apelaron los accionantes y fundaron su recurso el 3 de diciembre de 2021. La réplica de la demandada fue presentada el 16 de diciembre de 2021 y el de la citada en garantía el 20 de diciembre de ese mismo año.
Plantean los siguientes puntos de crítica:
(i) Cuestionan el modo en que la jueza analizó la prueba testimonial. Entiende que el relato del testigo Alejandro Quiroz debió ser ponderado pobre sobre el relato de Raúl Daniel Quiroz dado que el primero “es un joven de 32 años de edad” y “sus recuerdos son más frescos y lúcidos” que los del otro testigo.
Pide que se le asigne entera responsabilidad del siniestro a la demandada.
(ii) Objeta la decisión adoptada en torno a la defensa de la compañía de seguros. Enfatiza que la carga de la prueba era de la citada y que la remisión de la carta documento no pudo ser verificada por el Correo Argentino, siendo insuficiente a tal fin que el Correo informe que pese a haber destruido los registros de la época por haber vencido el plazo de guarda, aclare que las etiquetas son similares a las utilizadas por la empresa.
Dice que la demandada no fue notificada fehacientemente sobre el rechazo del siniestro.
(iii) Critica la imposición de costas por la citación de la firma La Caja de Seguros S.A. Refiere que es la demandada la que brindó los datos de esa compañía y los actores no están en condiciones de saber si existía o no cobertura. Aun de admitir la defensa de aseguradora, alega, las costas deben ser soportadas por la demandada.
(iv) Afirma que son muy bajos los resarcimientos por gastos médicos, gastos de indumentaria, incapacidad sobreviniente y daño moral. Cita jurisprudencia y detalla las lesiones sufridas por Vallejos, concluyendo que “ los montos determinados resultan ser exiguos y bajos ”.
(v) Alega que ha sido injusto el rechazo de los rubros reparación de rodado, privación de uso, lucro cesante y daño psicológico. Refiere que “cae de maduro” (sic) que el hecho generó una reparación del rodado y la privación de su uso. Con las fotos de la IPP, dice, la jueza debió otorgar un resarcimiento.
En relación al daño psicológico, dice que el actor debió ser operado y lo será en el futuro y “ es ilógico que ello no conlleve a un daño que deba ser reparado y que el juez discrecionalmente podría haber fijado” .
(vi) Considera injusto que la actora deba soportar parte de las costas. Dice que fue la parte más perjudicada con los hechos que dirimieron en el proceso. Pide se le impongan a la demandada.
II.2 El recurso de la demandada Cobelo
La demandada apeló el 4 de octubre de 2021 y fundó su recurso el 7 de diciembre de 2021. La réplica de la actora fue presentada el 13 de diciembre de 2021 y el de la citada en garantía el 20 de diciembre de ese mismo año.
En prieta síntesis, cuestiona el fallo en los siguientes puntos:
(i) Considera equivocado el modo en que se dirimió la responsabilidad por el accidente. Sobre la base de la teoría del riesgo creado, alega que demostró una eximente de responsabilidad consistente en la conducta irregular de Vallejos que ha sido causa exclusiva del accidente.
Afirma que la jueza se equivoca al concluir que la demandada no tenía preferencia de paso e interpretó erróneamente el art. 41 de la Ley 24.449, creando una excepción a la regla general que no ha sido contemplada. Agrega que es también errado el criterio de la jueza puesto que lleva a la conclusión de que ninguno de los conductores tiene prioridad, generando confusión y caos en el tránsito. No pueden existir intersecciones en las que no rija la atribución de paso a alguno de los conductores.
(ii) Entiende que la conducta de Vallejos fue la única y exclusiva causa del accidente por haber violado la prioridad de paso que tiene quien circula por la derecha. Refiere que Vallejos y su acompañante relataron que al ver el automotor de la demandada intentaron disminuir la marcha al mismo tiempo en que la demandada les otorgó el paso, lo cual -refiere- constituye una violación a la regla del art. 41 de la Ley 24.449. Pone de relieve, a su vez, que es contradictorio que Vallejos alegue, por un lado, que la demandada se detuvo y le cedió el paso, y -por el otro- que cruzó a velocidad excesiva.
Reitera que no hay prueba de que Cobelo haya detenido la marcha de su vehículo, como tampoco se probó el supuesto exceso de velocidad.
(iii) Alega que la sentencia viola lo dispuesto en el art. 64 de la Ley Nacional de Tránsito en cuanto presume responsable del accidente a aquel conductor que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con su causación. Sobre esa base, afirma que la actora no ha producido prueba alguna que permitan demostrar alguna infracción de Cobelo y que pudiera liberarlo de la responsabilidad presunta que contempla la regla citada.
(iv) Objeta que la jueza haya determinado el porcentaje de responsabilidad afirmando, entre otras cosas, que no fue probado si alguno de los rodados tenía un marcado grado de avance. Refiere que la Suprema Corte ha considerado intrascendente ese extremo y el decreto reglamentario de la LNT expresamente aclara que las prioridades de paso rigen independientemente de quien ingrese primero a la encrucijada.
(v) Destaca que, sin perjuicio de la responsabilidad presunta del accionante a la luz del art. 64 de la LNT, debió la jueza reparar en que en el acta de relevamiento accidentológico se corroboró que la motocicleta carecía de frenos delanteros, no tenía verificación técnica vehicular y tenía las luces averiadas.
Entiende que es un hecho evidente y que no requiere pruebas que un funcionamiento defectuoso o parcial del sistema de frenos genera mayor dificultad para detener la motocicleta. Además, revela un incumplimiento del art. 29 de la Ley 24.449.
Cita los testigos que, a su entender, acreditan el exceso de velocidad de la motocicleta.
(vi) Critica la decisión adoptada por la jueza al hacer lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía. Afirma -como lo hizo al responder la excepción- que nunca recibieron la misiva de La Caja Seguros en la que le habrían comunicado la declinación en la cobertura por falta de pago. Por ello, considera que debió considerarse vencido el plazo legal para expedirse y, en consecuencia, aceptado el siniestro y la indemnización.
Señala que el informe de fs. 309 no acredita la autenticidad y la recepción de la carta documento y solo se indica que no puede responderse el pedido por haber descartado el registro del archivo.
En subsidio, considera aplicable la Ley 24.240 y cualquier tipo de duda debe ser resuelto a favor de la demandada Cobelo, como consumidora del producto asegurativo ofrecido por la citada.
Es equivocado -alega- afirmar que en supuestos de no seguro la comunicación del art. 56 de la Ley de Seguros no sería exigible. Cita doctrina legal de la Suprema Corte.
(vii) Entiende injustificado y elevado el resarcimiento por daño moral, teniendo en cuenta la falta de prueba que brinde fundamento a los montos reconocidos.
Analizaré en primer lugar los agravios que refieren a falta de legitimación pasiva de la citada en garantías y a la imposición de las costas generada por la intervención de La Caja de Seguros S.A. Luego, abordaré las quejas que versan sobre la admisibilidad de la eximente de responsabilidad invocada por la demandada (art. 34.4 y 163.6 del CPCCBA).
III.1. Sobre la falta de legitimación pasiva de la citada en garantía
i. Como señalé en apartados precedentes, la jueza hizo lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva invocada por la firma La Caja Seguros S.A. dado que entendió acreditado que al momento del siniestro la prima del seguro contratado por Cobelo se encontraba impaga. Dijo que se demostró la autenticidad de la comunicación del art. 56 de la Ley 17.418 (negando, con ello, la posibilidad de que haya habido una aceptación tácita) y que, a todo evento, esa carga no era exigible por ser una causal de suspensión de la garantía.
Finalmente, impuso las costas a la actora por haber citado a la aseguradora y resistido la defensa opuesta.
ii . Solo dos aspectos de esa decisión vienen controvertidos en los recursos de una y otra parte: la aceptación tácita del siniestro (y, consecuencia de ello, la admisibilidad de la defensa) y el modo en que se impusieron las costas.
En lo que al primer tópico refiere, la decisión de la magistrada es correcta y debe ser confirmada.
Al no haber sido controvertido que al momento del siniestro la prima del seguro no había sido abonada en tiempo y forma, no resulta trascendente dirimir la autenticidad y recepción de la misiva en la que La Caja de Seguros S.A. le habría informado la posición adoptada frente al caso a la Sra. Cobelo. No cabe entonces juzgar si en el caso hubo o no una aceptación táctica en los términos del art. 56 de la Ley de Seguros
Es doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que «la obligación que el art. 56 de la llamada ley 17.418 establece a cargo del asegurador a fin de que se pronuncie acerca del derecho del asegurado, supone la vigencia de la cobertura por lo que no es invocable el eventual incumplimiento de esa obligación cuando la mora en el pago de la prima originó la suspensión de la garantía (arts. 31 y 56, ley 17.418)» (C. 120517 -" Acuña de Díaz " sent. del 07/062017; C. 92790 -" Lopez ...", sent. del 18/05/2011, C. 103615 -“ Brusa ...”-, sent. del 28/12/2010). Tal es, además, la posición que ha sostenido este Tribunal en casos análogos (entre otros, causa n°153164 -“ Basso, Pedro ...”- del 02/07/2013).
El precedente "Villarruel" que la demandada cita en su memorial no resulta de aplicación al caso pues allí la Casación analizó la carga regulada en el art. 56 de la Ley de Seguros en supuestos en los que el motivo de la negativa de la aseguradora se funda en una causal de exclusión de cobertura .
No es el escenario que se verifica en este pleito, donde se trata de una suspensión de la garantía por falta de pago de la prima. De hecho, esta diferencia no pasó desapercibida para el Ministro Soria, quien en su voto hizo expresa aclaración de esa circunstancia de modo de no confundir la aplicación de una u otra doctrina legal a cada tipo de escenario (C. 116814, sent. del 11/06/2014, voto del Ministro Soria).
En lo que respecta a las costas, creo que tiene razón la actora en cuanto a que no hay motivo para imponerle las costas por de la incidencia que motivó la defensa.
La intervención de La Caja de Seguros en este pleito ha estado motivada por la información y los datos que le ha brindado la demandada. De hecho, Cobelo también pidió que se la cite (fs. 201/vta) y hasta el momento de absolver posiciones continuó negando los hechos en los que se sustentó la defensa (v. segunda posición en la confesional ofrecida por la citada).
Considero por ello que las costas por la citación deben ser impuestas a la accionada asegurada que promovió una intervención procesal de una compañía respecto de la cual sabía -o debió saber- que no existía una garantía vigente al momento del hecho (art. 68 última parte del CPCCBA).
Por lo expuesto, corresponde rechazar los agravios de la demandada que a este tópico refieren y hacer lugar al recurso de los actores, modificando la imposición de costas con los alcances señalados (art. 56, 118 y cctes. de la Ley de Seguros).
III.2. Sobre la responsabilidad por el hecho y la procedencia de la demanda.
Disiento con la solución adoptada por la colega de primera instancia: la demanda, a mi modo de ver, debió ser íntegramente desestimada. El recurso de la Sra. Cobelo prospera y, por iguales razones, el de los actores debe ser rechazado.
i. Son numerosos los precedentes en los que esta Sala evaluó la aplicabilidad de la regla de la prioridad de paso regulada en el art. 41 de la Ley Nacional de Tránsito cuando quien circula por la derecha cruza una avenida o arteria de doble sentido de circulación no semaforizada (causas Nº 155.534 -" Olivera, Paula Esther ..."- sent. del 12/8/2014; 163.055 -" Barrios, Miguel A. "- sent. del 13/7/2017; 165.148 -" Brandan, Ricardo H. "- sent. del 8/3/2018; 166.729 -" Ali, Pablo Daniel ..."- sent. del 28/2/2019, entre otras).
Sostuvimos allí que si bien la Ley Nacional de Tránsito -a la cual la provincia adhirió por medio de la Ley 13.927- regula las prioridades de paso sin distinguir vías de circulación y jerarquía (a excepción del caso de la semi autopista, el acceso a una vía pavimentada desde una de tierra, o cuando se circula al costado de la vía de tren, respecto del que sale del paso a nivel), el supuesto de las encrucijadas en las que una de las arterias posee doble sentido de circulación no puede ser aprehendido por la regla general del citado art. 41.
Destacamos en las causas indicadas (con voto de mi distinguido colega Dr. Loustaunau) que el legislador, en el sintagma utilizado, no parece haber comprendido al caso que aquí nos ocupa. El conductor encuentra en la ley una pauta que guía su conducta cuando está frente a un vehículo “que cruza desde su derecha”, pero no parece que la norma explique adecuadamente -ni regule deónticamente- qué debe hacer cuando en un mismo momento y en una misma encrucijada tiene frente a sí vehículos que cruzan “desde su derecha” pero también “desde su izquierda”, como ocurre al cruzar perpendicularmente una vía de doble mano.
Dicho de otra forma: si hay dos manos en una de las arterias que conforman la encrucijada, habrá tantos criterios de prioridad como puntos de referencia se tomen (vehículo que circula por la calle perpendicular, vehículo que circula por una de las manos de la avenida, y vehículo que circula por la otra mano de la avenida). El conductor que desea cruzar una vía de doble mano tiene a su izquierda un vehículo frente a quien tendría prioridad de paso, pero avanzando unos pocos metros se encuentra a su derecha con un vehículo a quien le debe ceder el paso. A su turno, los conductores que circulen por la vía de doble mano enfrentan una incertidumbre semejante, debiendo analizar -cada uno en forma individual- a quién le debe o le es debida la preferencia de paso.
En suma, pesaría sobre cada conductor una doble incertidumbre: la suya propia sobre a quién debe y le es debido el paso, y lo que considera que harán los restantes automovilistas (cuya conducta no puede anticipar adecuadamente, como aconseja hacer el manejo prudente y preventivo).
Tanto la ley como la interpretación que la jurisprudencia hace de ella, configuran pautas de conducta de los ciudadanos y es tarea del magistrado evaluar y considerar en cada caso cuáles son las consecuencias prácticas que se derivan de sus opiniones sobre lo que la ley dice, sobre lo que ella manda a hacer, lo que permite o lo que prohíbe.
La Corte Suprema ha resuelto en forma reiterada que “uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias y que tales reglas tienen como presupuesto una adecuada ponderación de las circunstancias tomadas en cuenta para sancionar la ley y, además, la verificación de los resultados a que su exégesis conduzca en el caso concreto” (CSJN, in re "Baliarda, José L. y otros", Fallos: 301: 917, del 2/7/81; con cita de precedentes en Fallos 234:482, 295:1001, 299:167, entre otros; más recientemente en Fallos 305:1254, 332:2307).
La interpretación que propone el fallo apelado acarrea consecuencias sumamente desfavorables, ya descriptas por el Máximo Tribunal Provincial -con voto del Dr. Roncoroni- en el Acuerdo 79.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.