Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 174804
Expediente no 174.804 – Juzgado nro.12
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “MOREYRA, Marcos Alejandro c. MONTENEGRO, Gustavo Alejandro y Otra s. Daños y perjuicios”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: En la sentencia de fecha 12 de mayo de 2022, la Sra. Jueza de primera instancia rechazó la demanda promovida por Marcos Alejandro Moreyra, le impuso las costas al actor y difirió la regulación de honorarios.
Para resolver de ese modo, consideró acreditado el hecho de la víctima que interrumpió el nexo de causalidad. Tal decisión se funda en el siguiente análisis de la prueba rendida:
a) El relato “auto-incriminatorio” que surge de la declaración del actor a fs. 12 de la IPP es suficiente para tener por acreditado que invadió el carril contrario.
b) En el croquis del acta policial de fs. 1, y en el de fs.16 vta. de la IPP consta que fue el actor quien invadió el carril contrario.
c) Aunque el actor alegue que el automotor del demandado venía sin luces, y lo mismo afirmen dos testigos presenciales, lo cierto es que nada de ello dijo al declarar en el expediente penal. Las luces “de posición” deterioradas según el certificado de VTV, eran las traseras, y el vehículo fue encontrado apto para circular. Además, las ópticas delanteras se rompieron en el choque de frente con el actor.
d) Las declaraciones de las dos testigos presenciales que afirman que el demandado circulaba sin luces, e invadió el carril contrario presentan serias inconsistencias en cuanto a los sitios por los que circulaban y “parecen más propias de un testimonio tendencioso que de una declaración sincera”.
e) El actor carecía de habilitación para conducir motos y no ha demostrado su idoneidad.
Apeló el actor, y el recurso que le fue concedido libremente, ha sido fundado y respondido.
II: Los agravios de la parte actora son:
a) Considera que la declaración del actor en sede penal no permite concluir como la hace la Sra. Jueza en el sentido de que el sobre paso por la izquierda de una camioneta que frenó haya implicado haberse cruzado o invadido el carril contrario.
b) Hay dos testigos presenciales del hecho que declaran que quien invadió el carril contrario fue el demandado quien circulaba sin luces, y esos testimonios no pueden ser desechados sin más, esto es sin ninguna clase de prueba en contrario.
c) Si la Sra. Jueza entendió que no pudo probarse la invasión del carril por parte del accionado, tampoco hay prueba concluyente que demuestre que fue el actor quien lo invadió. Aun cuando la Sra. Jueza no termine de convencerse de la culpabilidad del demandado, ello no hace falta en el sistema de responsabilidad objetiva y la accionada debió demostrar la ruptura del nexo causal.
III: Le asiste parcialmente la razón al apelante.
III.1: Aunque el conocimiento del esquema de la responsabilidad objetiva se ostente en trascripciones de doctrina y jurisprudencia, se advierte con frecuencia que el razonamiento que preside nuestra decisión termina desviándose del método apropiado. Innecesaria e inadvertidamente, terminamos indagando acerca de la culpabilidad del demandado, dueño o guardián de la cosa riesgosa.
Por esa razón, es del caso recordar que probado el contacto es el demandado quien debe acreditar inequívocamente la incidencia del hecho del actor en la producción del daño, sea porque se cruzó a la mano contraria como alegó al responder (punto VI ap.14 respuesta de la citada y de la demandada) – o por cualquier otro hecho u otra negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de los deberes o reglamentos a su cargo.
Esa es la prueba que interesa y cuya apreciación debe ser severa pues “se requiere certeza de que el daño no obedece a la causa aparente que se imputa a dicho sujeto...” (Zavala de González, Matilde “El Proceso de daños” en la colección “Resarcimiento de daños” to 3 p. 213,14 Hammurabi, Bs.As.1993; esta Sala II causa no 138.041, 152.339 entre otras; Pizarro, Ramón Daniel “Responsabilidad Civil por riesgo creado y de empresa” edit. La Ley to 1 p. 276, Bs.As. 2006; SCBA acuerdo del 14.10.86 no 33.743, DJBA 132-229).
La prueba de la ruptura o desviación de la relación causal, exige la demostración de que los efectos de una causa determinada (en el caso el choque con una cosa riesgosa), pueden ser desviados, o directamente suprimidos, por otra causa distinta y coexistente (concausa) (en el caso las infracciones atribuidas al actor) (Alterini, Atilio A “Responsabilidad civil: Límites de la reparación civil”, Abeledo-Perrot Bs.As.1979 p.140 no173 con cita de Ricardo Nuñez).
III.2: En mi opinión el demandado no ha logrado probar que el actor invadiera la mano contraria.
a) Nada hay en el relato que el actor hizo en sede penal (fs. 10 IPP) que autorice a postular que allí “admite elípticamente su responsabilidad en el hecho”, o que permita calificar esa declaración como “auto-incriminatoria”, en tanto Moreyra sólo dice que hizo una maniobra de sobre paso por la izquierda (art. 42 Ley 24.449) y de esas palabras no puede seguirse que reconozca haberse desplazado a la mano contraria.
b) La omisión de proponer como punto de pericia la probable “mecánica del hecho” puede deberse a distintas razones, alejadas del recelo con que en la sentencia se la juzga “sugestiva”, computándola a favor del demandado. La omisión puede deberse a un error, o a que esa prueba es innecesaria, entre otros motivos.
Si como repetimos en las citas más frecuentes “al actor le basta acreditar que el contacto con la cosa riesgosa fue la causa del daño, lo que normalmente sucede con el hecho mismo”, entonces requerir al perito para que nos reitere que los vehículos chocaron de frente no parece necesario, y la ausencia de esa pregunta no debería sugestionarnos en contra del accionante, ni tampoco sumar una suerte de “minipresunción” hominis a favor de la eximente.
Desconozco cuál fue el motivo para no ofrecer ese punto de pericia, pero no parece lógico inferir que la omisión es aviesa. Sospechar que lo es, y suponerla parte de la estrategia sin otro sustento que una serie de conjeturas, tampoco es una base razonable para tener por cierta la invasión del actor a la mano contraria.
c) El croquis de fs. 1 sólo describe el lugar donde quedaron los vehículos luego del accidente, y el de fs. 16 vta. también. No informa cómo se produjo el hecho. A fs. 17 el acta informa que la moto circulaba por 12 de octubre.
Tampoco es útil, “sin conocer las circunstancias en que se produjo” “advertir” que el actor se presentó a la entrevista médica con muletas y fracturado por otro accidente de tránsito. ¿Qué es lo que se advierte en ese párrafo de la sentencia, si se desconocen las circunstancias en que se produjo el accidente? ¿Qué es lo que se pretende sugerir? ¿Que el actor es descuidado o que ha tenido mala suerte?.
d) Por el contrario, la prueba testimonial es suficiente para desbaratar la eximente invocada.
He visto un par de veces el archivo video grabado con los testimonios y no comparto la calificación que la colega de primera instancia hace en la sentencia. En modo alguno encuentro que sean “tendenciosos”, y mucho menos que tal calificativo puede fundarse en el detalle con que se describieron cuáles eran los carriles por los cuales circulaban los vehículos que chocaron. Se trata de referencias ineludibles en una colisión que se produce de frente y cerca del centro de una avenida de dos manos.
Los testigos son coincidentes, describen claramente el hecho, y aun cuando se reniegue contra sus dichos respecto a que el demandado fue quien cruzó a la mano por la que venía el actor, tan cerrada negativa no puede conducir a concluir exactamente lo contrario de lo que dicen los testimonios, o al menos no es posible hacerlo sin sustento, sin prueba alguna que auxilie a refutarlos, que ponga en claro la falsía que se les atribuye , y que – eso si- obre en el expediente y no sea producto de inferencias sin apoyo concreto. Que no nos guste un testimonio no nos autoriza a descartarlo con una calificación de “tendencioso” por todo fundamento.
III.3: La incidencia causal de la falta de licencia habilitante debe mantenerse, aunque sólo sirva para eximir parcialmente al sindicado por la ley como responsable.
La ausencia de licencia no tiene relevancia causal en la medida en que se demuestre que el infractor poseía “idoneidad”, entendida esta como las habilidades normales para la conducción de vehículos de ese tipo. Si alguna vez estuvo habilitado, y el carnet de conducir se le venció, es posible que no tenga relevancia causal su falta, si – a la par – se demuestra su pericia normal para la conducción de motos (esta Sala II 161.169 del 18/8/2016;154.602 del 31.08.2021 entre otros).
Pero al desconocer si antes del hecho el conductor de la moto tuvo licencia (informe de fs. 141), la infracción necesariamente se relaciona adecuadamente con el hecho, pues ha puesto en movimiento una cosa riesgosa para la que no estaba autorizado, y desconocemos si tenía la idoneidad requerida para conducirla.
“Es evidente que una persona que no sepa conducir debidamente aumentará en forma notable la probabilidad de ocurrencia del siniestro” dice Barbato (“Exclusiones a la cobertura en el contrato de seguro” ED -136-562). La idoneidad es requerida con carácter de exigencia básica, aprovechando la evaluación que hace la autoridad administrativa a quien se ha delegado la habilitación (autor, ob. y p. citadas). En el caso, es requerida por la ley de tránsito, y el actor no tenía – ni antes ni en ese momento – comprobada su idoneidad para conducir motos, por lo que su infracción no es “meramente formal” sino que influye causalmente en la producción del hecho.
Es “censurable la conducta de aquél que decide sustraerse del poder de policía provincial en la asignación de permisos para circular: el agente elude la evaluación de los conocimientos mínimos de las normas de tránsito y de habilidad técnica para conducir un vehículo. Se trata de una actitud torpe y temeraria dado que el agente asume un riesgo grave para sí mismo; pero también es una actitud sustancialmente egoísta, porque unilateral e ilegítimamente pone en riesgo a terceros” (v. expte. 163.694 S. 6/9/2017 Reg. 222-S; 169.239 S. 7/5/2020 Reg. 69-S, entre otros, voto Dr. Monterisi).
De modo que el actor probó la intervención de la cosa riesgosa conducida por el accionado, y la agravación del riesgo al invadir el carril contrario en una calle de doble mano; y el demandado probó que el actor carecía de autorización para poner en movimiento la moto.
Ambos han hechos aportes determinantes para que el choque se produzca, en tanto si se suprimen hipotéticamente los aportes causales de cada uno, se advierte que tanto la invasión parcial hacia el otro carril como la falta de licencia (o de idoneidad comprobada) resultan determinantes para que el hecho suceda. En el segundo paso, y en base a la causa adecuada el sistema del “pronóstico objetivo retrospectivo”, no arroja un resultado distinto, pues los mismos hechos considerados en abstracto son aptos por si para generar esa consecuencia, y regularmente producen ese resultado.
No es posible entonces encontrar en el caso aquella “certeza de que el daño no obedece a la causa aparente que la ley le imputa al demandado” (el riesgo) o al menos no es posible encontrarla de modo de desplazar totalmente la autoría como se hizo en la decisión recurrida.
La causalidad conjunta determina una imputación a los dos conductores en la que no encuentro un mayor aporte causal de alguno de ellos, por lo que propongo modificar la sentencia apelada y atribuir a cada uno la responsabilidad por el 50% del resultado dañoso.
IV: Habiéndose admitido parcialmente la responsabilidad del demandado, corresponde tratar los daños reclamados por el actor.
a) El actor ha reclamado que se indemnicen la incapacidad sobreviniente que calificó también como daño a la salud y estimó en $ 200.000; gastos médicos y farmacéuticos por la suma de $ 10.000; gastos de movilidad por la suma de $ 20.000; daño moral que avaluó en $ 80.000; el valor de las pertenencias perdidas en el accidente (zapatillas, reloj, camisa, billetera con dinero, etc.) por $ 5.000; los gastos de mediación que dice haber solventado en $ 500; el lucro cesante en la suma de $ 36.000; los gastos de reparación de la moto en $ 13.180; la pérdida de su valor de venta en $ 3.000, y la privación de uso en la suma de $ 5.000.
b) Corresponde rechazar el rubro “gastos de mediación”.
En la demanda (fs. 28 vta. punto f) el actor dice haber pagado los gastos de mediación, pero pide que se reclame ese monto “al profesional sorteado” y en caso de negativa se intime al mediador a presentar una factura.
No se ha agregado un recibo que dé cuenta del pago mencionado, sin perjuicio de la perplejidad que genera el reclamo contra el “profesional sorteado” (entiendo que se refiere al mediador), ni se ha llevado a cabo ninguna diligencia probatoria a este fin (arts. 375 del CPC y 1744 CCyC).
c) Lo mismo sucede con el lucro cesante que requiere mayores precisiones acerca de “cómo es el daño” que las incluidas en la demanda. El actor se ha limitado a afirmar que trabajaba como “podador en lugares privados” que ni siquiera ha indicado cuáles son. En el informe pericial médico, consta que refirió trabajar en un taller de chapa y pintura. No ofreció ni produjo prueba al respecto.
El lucro cesante exige que se pruebe el ejercicio de una actividad rentable con anterioridad al accidente, la demostración de las ganancias frustradas, porque no se sustenta sólo en las lesiones.
d) En lo que hace a las pertenencias destruidas o perdidas en el accidente, la prueba es presuncional (Zavala de González, M. “Daños a la integridad psico-física” 2 a, Hammurabi, Bs.As. 2005, p.122 nro.27). Por las circunstancias del hecho en el que el actor se fracturó el omóplato, sufrió politraumatismos con escoriaciones múltiples, es probable que haya perdido el pantalón cuando fue trasladado al Hospital Interzonal, conforme surge de la foja 1 de la IPP agregada por cuerda.
El costo promedio actual de un pantalón de jean puede calcularse en $ 10.000, monto por el que progresa el rubro. Respecto al reloj entiendo que debió al menos invocar y probar cuál era el que llevaba en el momento del accidente, y acreditar también la pérdida de la billetera con dinero (art. 375 del CPC y 1744 CCyC).
e) En cuanto a los gastos médicos y farmacéuticos, ante la falta absoluta de un mínimo comprobante debe recordarse que la presunción respecto a esos gastos se limita a las pequeñas sumas por las cuales no se acostumbra a pedir recibo. No abarca los honorarios de médicos particulares que no sean probados como corresponde.
Moreyra fue atendido en un hospital público donde no tuvo que pagar honorarios médicos, y en el punto 3 de la pericia médica consta que no realizó rehabilitación, no obstante, no hay duda de que el actor ha tenido que realizar gastos en su atención médica y gastos farmacéuticos.
Por ello es que la doctrina indica que la pretensión se admite “aún en defecto de prueba directa de los desembolsos…el monto en tal caso se fija prudencialmente” (Zavala de González, M. ob.cit.p.100). De este modo estimo que el rubro debe progresar por la suma de $ 25.000 a valores a la fecha de esta sentencia.
f) Lo mismo sucede con los gastos de transporte, o traslado de la víctima quien ha debido concurrir a establecimientos asistenciales para realizarse curaciones o control médico, por la índole de las heridas no se exige prueba de los desembolsos. Esto también incluye el reclamo por “privación de uso” durante la semana que se previó para la reparación. Se estiman en $ 5.000 a la fecha de esta sentencia.
g) El daño moral requiere valorar la entidad objetiva del menoscabo conforme las circunstancias del hecho y de la propia víctima. Debe fijarse ponderando las satisfacciones compensatorias y sustitutivas que puedan procurar las sumas reconocidas (art. 1741 CCyC). Los daños morales son perceptibles por el Juez, como enseña Matilde Zavala de González, (Resarcimiento de daños, edit. Hammurabi, Bs.As.2005, tomo 5 a “¿Cuánto por daño moral?” p.106 y siguientes) pues “el juzgador como hombre común, debe subrogarse mentalmente en la situación de la víctima para determinar con equidad si el, colocado en un caso análogo, hubiese padecido con intensidad suficiente como para reclamar una reparación” (autora y obra citada p.107).
Sobre esa base propongo que el rubro progrese por la suma de $ 250.000.
h) Los gastos de reparación de la moto han sido determinados por el Sr. Perito Ingeniero en la suma de $ 79.500 y los de pérdida del valor venal en la suma de $ 21.000, ambos al tiempo de la pericia (27.11.2020), y por esas mismas cantidades deben progresar estos rubros.
i) La incapacidad parcial y permanente fue estimada por el perito traumatólogo en un 15 % (punto de pericia 5).
El actor adujo que trabajaba como podador al reclamar el lucro cesante (fs. 28 vta., apartado g), y las testigos que declararon para el beneficio de litigar sin gastos coincidieron en que hacía changas de jardinería (declaraciones de Nélida Iriart, Silvia Moreyra y Lucía Moreyra agregadas con el escrito de fecha 30.8.2021), razón por la cual considero que debe utilizarse como variable de ingreso un parámetro económico genérico, como es el SMVyM, que representa el umbral mínimo de retribución de un trabajador” (esta Sala, voto del Dr. Monterisi al que adherí, en causa n° 168.803, “Mangiaruga Matías c. Durand Ricardo y otros s. Daños y perjuicios”, sent. del 7.5.2020; exped. n°136.476, “Lattanzi Vicente c. Henrik Daniel y otros s. Daños y perjuicios”, sent. del 13.11.2008; exped. n°161.169, “Ruiz Díaz José Aurelio c. Kreymeyer Iván y otra s. Daños y perjuicios”, sent. del 18.8.2016; exped. n°166.572, “Alonso Pehuén c. Badalini Claudio W. y otro s. Daños y perjuicios”, sent. del 24.10.2018, R 253-S F°1031/8, entre otros).
El último importe del SMVM establecido por Resolución n°11/2022 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (www.trabajo.gob.ar), a partir del 1.9.2022 es de $ 51.200 por mes.
a) Para la cuantificación del rubro, en la Sala que integro venimos utilizando la fórmula diseñada por el Dr. Hugo Acciarri, quien ha propuesto un método superador de los preexistentes, y además ha creado una sencilla herramienta de cálculo (en planillas de Excel) que permite verificar, controlar y eventualmente impugnar la decisión adoptada (esta Cámara, Sala II, exped. n°161.169, “Ruiz Díaz José Aurelio c. Kreymeyer Iván y otra s. Daños y perjuicios”, citado; n°162.661, “Barcos Carlos Alberto c. Depaoli Andrés Hernán s. Daños y perjuicios”, sent. del 10-11-2017, R 279-S F°1412/32; . n° 165.269, “Henestrosa Etelvina c. Amendolara Alejandro F. y otro s. Daños y perjuicios”, sent. del 14.6.2018; entre otras; véase, Acciarri, Hugo, A. "Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código", publicado en: La Ley, 15/07/2015 , 1; del mismo autor, «Planilla para el cálculo del valor presente de incapacidades sobre la base de considerar ingresos futuros constantes o variables, ciertos o probables», y aplicativo Excel, ambos disponibles en el sitio web del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur: www.derechouns.com.ar -último día de visita, 26-10-2017-; en forma complementaria, seguiré en lo sucesivo
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