Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 169604
Expte. N º 169604 - Juzgado Civil y Comercial N°9
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “DEMASSI, GRACIELA BEATRIZ C/ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 6 de enero de 2020?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 6 de enero de 20202 la Sra. Jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°9 departamental, Dra. Patricia S. Gunsberg, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda promovida por Graciela Beatriz Demassi, Jorge Nicolás Gil, Mariela Lucrecia gil, Johanna Lilian Gil y Noelia Beatriz Gil (hermanas) contra Matías Nicolás Carrara y José Antonio García -en forma concurrente con la citada en garantía Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.- a abonarle a los actores $1.750.850 y U$D12.055 más intereses y costas.
Para así decidirlo, señaló que el codemandado Matías Nicolás Carrara fue condenado en sede penal por el delito de homicidio culposo agravado, por lo que no es posible cuestionar su responsabilidad ni surgen indicios de que exista en algún grado culpa de la víctima o de un tercero por quien el agente no deba responder. Asimismo, agregó que la rebeldía del codemandado García y su reconocimiento ficto de fs. 918 sella la suerte de la demanda y la responsabilidad de este último como propietario del rodado dañador.
Admitió los siguientes parciales resarcitorios: (a) costos de tratamiento psicológico : $105.000 para la Sra. Demassi, $70.000 para Mariela Lucrecia Gil, $35.000 para Noelia Beatriz Gil, $35.000 para Joanna Lilian Gil; (b) daño moral: $400.000 para los progenitores de la víctima y $200.000 para cada hermana; (c) Gastos funerarios : $9.000; (d) Gastos médicos, de farmacia y de traslados: $90.000; (e) Gastos de reparación de motocicleta: U$D12.055 y $6.850.-
II.1. El recurso de los actores.
La parte actora apeló la sentencia el 17 de febrero de 2020 y fundó su recurso el 1 de febrero de 2022, mereciendo la réplica de la firma Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. el 14 de febrero de ese mismo año.
Sus puntos de crítica pueden sintetizarse del siguiente modo:
(a) Cuestiona la manera en que se valoraron la totalidad de los rubros resarcitorios. Entiende que, tratándose de deudas de valor, las indemnizaciones debieron ser fijadas a valores actuales. Invoca una revictimización de los reclamantes que se traduce en un beneficio para los demandados y su compañía de seguros. Considera que este error es palmario en lo tocante al rubro daño moral, gastos de traslado al cementerio y al HIGA, daño psicológico y gastos de mano de obra de reparación de motocicleta.
Efectúa cálculos y contrastes entre los valores reclamados al momento de la demanda y los vigentes al momento de fundar su recurso. Enfatiza el efecto que la inflación tuvo en la depreciación de la moneda en la que se expresa la condena.
(b) Afirma que la reparación del daño moral es irrisoria e ínfima. Destaca el valor real del monto reclamado en la demanda y la menor valía del monto nominal reconocido en sentencia.
Evalúa el resultado de las pericias médica y psicológica y pone en relieve el modo en que el hecho impactó en la vida y salud psíquica de todo el grupo familiar. Detalla la entidad del accidente y el sufrimiento posterior durante la internación y hasta su muerte.
(c) Con idénticos fundamentos a los que dan soporte a los agravios anteriores, critica por baja la indemnización reconocida en concepto de mano de obra por reparación de motocicleta. Pide se calcule a valores actuales.
(d) Objeta también por escasa la indemnización del daño emergente por costos de terapia psicológica. Refiere que se han utilizado valores completamente desactualizados; en el caso, el costo de cada sesión de terapia que el perito tarifó en el año 2017. Pide su actualización.
(e) Idéntico planteo formula con relación a los gastos de traslado al HIGA y cementerio, calculados sobre la base de información que la firma Remicoop aportó en octubre de 2016 y mayo de 2017. Enfatiza que los traslados de la familia al hospital fueron diarios durante casi seis meses.
(f) Critica la sentencia por no expedirse sobre el límite de cobertura opuesto por la citada en garantía. Pide su inaplicabilidad con relación a las víctimas. Cita jurisprudencia y reclama se aplique el máximo permitido por la autoridad de control.
Los Sres. José Antonio García y Matías Nicolás Carrara fundaron su recurso el 28 de enero de 2022 con asistencia legal propia, distinta a la de su citada en garantía (v. intimación de este tribunal en el auto del 16/04/2020). Sus agravios, limitados a la temática del límite de suma asegurada, pueden resumirse de la siguiente manera:
(a) Afirman que la compañía “ La Mercantil... ” no acompañó prueba alguna que demuestre el límite de $3.000.000 que denunció al responder su citación. Corresponde por ello que asuma la cobertura del siniestro sin límite alguno.
(b) Alegan la póliza vigente para el vehículo mencionado y al momento del hecho tenía un límite de $10.000.000. Ese valor tenía un poder de compra a julio de 2013 (fecha de contratación) muy superior al que tiene ahora. Mantener ese valor significaría un desconocimiento y violación de la doctrina legal aplicable, a la vez que revelaría una violación a la regla de la buena fe y a la función social del seguro. Cita doctrina legal.
II.3. El recurso de la compañía de seguros.
La firma “ La Mercantil ...” apeló el 14 de febrero de 2020 y fundó su recurso el 29 de diciembre de 2021. La actora replicó sus críticas mediante la presentación del 15 de febrero de 2022.
En síntesis, plantea:
(a) Que la tarifación del daño extrapatrimonial se realizó sin considerar la prueba producida, o evaluar si los reclamantes convivían o no con el fallecido, o la existencia de un vínculo cercano, si había dependencia económica u otras circunstancias “que pueda el a quo dar un marco más o menos objetivo acerca de la real afección”. Dice, el fallo es un “ resolver al tun tun ” (sic). Cita doctrina.
(b) Que se calculó mal el resarcimiento por costos de terapia, basándose el juez en el porcentaje de incapacidad. La sentencia, dice, calcula mal el rubro y por ello debe ser revocada.
III. Tratamiento de los recursos.
Sin perjuicio del tratamiento integral que se dará a las cuestiones planteadas por las partes, me interesa aclarar que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no estamos obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos, sino tan solo los que consideremos suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Loutayf Ranea Roberto G. “ El recurso ordinario de apelación en el proceso civil ”, t. 2 págs.310/313, Astrea, 2da ed. act. y amp., Bs.As. 2009).
La doctrina judicial interamericana señala que «el deber de motivación no exige una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino una respuesta a los argumentos principales y esenciales al objeto de la controversia que permitan garantizar a las partes que han sido oídas en el marco del proceso» (v. mi voto en causas n° 169.503 -“ Gardés ...”- del 26/11/2020, n° 137518 -" Santecchia ..."- del 14/2/2018, n° 163802 -" Morales ..."- del 27/09/2017, n° 162854 -" Argaña ..."- del 22/06/2017, 162070 -" Leguizamón ..."- del 15/06/2017 y n° 163784 -“ Lagos ...”- del 9/11/2017, todos de la Sala Segunda de esta Cámara Departamental; Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90; Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 40; Caso Flor Freire vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C. No. 315, párr. 186).
Analizaré en primer lugar los agravios relacionados con la procedencia y cuantía de los rubros resarcitorios. Luego, daré tratamiento a las quejas relacionadas con el límite de la suma asegurada prevista en la póliza de seguros que vincula a los demandados y con la citada en garantía. Sobre el final, me expediré sobre el modo en que deben calcularse los intereses moratorios (arts. 34.4 y 163.6 del CPCCBA).
III.1 Sobre la cuantificación de los rubros resarcitorios.
III.1.a Tiene razón la actora en casi todos los argumentos que postula en su primer agravio al criticar el fallo por tarifar los rubros indemnizatorios a valores pretéritos y completamente desactualizados.
El daño debe ser cuantificado a la fecha de la sentencia, en tanto resulta ser el momento más cercano al que se hará efectiva la reparación (causa 161257 -in re " Pellizi ..."- del 06/10/2016, causas 131.976, 131.833 y 130.138 -autos “ Caparrós ...”- del 16/03/2016; Trigo Represas, F.A. - Cazeaux, Pedro N., "Derecho de las obligaciones. 3ra ed." La Plata, 1996, t. V, pág. 964 y sus cit., Alterini, Atilio A “ Las deudas de valor no se encuentran alcanzadas por la ley 23.928 de convertibilidad del austral ” en LL 1991-B, 1048; Cám.Civ.Com. de Azul, Sala Primera, autos " Iglesias, Graciela M., Telleria, V.A. y Telleria, B. D. c/ Marquez, Alfredo A. s/ Daños y perjuicios ", causa 1-57741-13, del 07/11/2013, Cám.Ap. de Trelew, sala A, " Morra, A. M. y otro c. Enriquez, C. y otro ", del 27/05/2009, en voto del Dr. Lopez Mesa, La Ley Online, AR/JUR/76491/2009, entre muchos otros).
La Suprema Corte bonaerense ha sido sumamente clara en este punto y ha resuelto que los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente -art. 165, C.P.C.C.-, todo a fin de lograr una mejor reparación del daño causado (véase c. 101.107 -“ Arbizu ...”- del 23/03/2010 c. 117735 -" Bi Launek "- del 24/09/2014, c. 117501 -" Martinez "- del 04/03/2015, c. 119449 -" Córdoba ..."- del 15/07/2015, c. 102963 -" Sabalete ..."- del 07/09/2016, c. 120192 -" Scandizzo de Prieto "- del 07/09/2016, entre muchos otros).
Esta modalidad parte de la premisa de que los reclamos resarcitorios versan sobre deudas de valor, por lo que aquella estimación jurisprudencial realizada en un momento posterior al hecho dañoso no implica actualizar o repotenciar obligaciones pecuniarias sino determinar el contenido monetario de una cierta utilidad o valor que es objeto de controversia. Este enfoque escapa a disquisiciones de derecho temporal, pues era aplicable tanto en épocas en las que regía el Código velezano (Ley 340) como en la actualidad, bajo la vigencia del Código Civil y Comercial (Ley 26.994).
Este Tribunal tiene dicho que no posible postular en instancia recursiva y en concepto de agravio la sola depreciación o el carácter desactualizado de alguna o todas las indemnizaciones que reconoce una sentencia, pues ese problema, de existir, obedece a una causa coyuntural (la inflación y la depreciación de la moneda de condena) y no un defecto de la decisión jurisdiccional cuestionada (c. 171131 y 171130 -“ Idoyaga ...” y “ Selva ...”, sent. del 24/02/2022).
Sin embargo, tal criterio no es aplicable en este caso dado que aquí los actores correctamente advirtieron un problema estructural en el modo de decidir y cuantificar prácticamente la totalidad de los rubros indemnizatorios que fueron objeto de reclamo: hubo un apartamiento de la doctrina legal reseñada (en cuanto prescribe tarifar daños al momento más cercano al fallo) y en la abrumadora mayoría de los parciales -en particular, el daño moral- se ha generado un resultado groseramente injusto para las víctimas del hecho: el valor real de las indemnizaciones que la jueza ha reconocido ha sido extraordinariamente escaso para la entidad de los daños que se han pretendido reparar.
Seguidamente explicaré cómo este error se vio reflejado en los distintos rubros que componen el total de condena y evaluaré también en qué medida deben prosperar los agravios que en tal sentido postularon los reclamantes.
III.1.b Sobre el daño moral.
i. La jueza reconoció en febrero de 2020 un resarcimiento por daño moral de $400.000 para cada uno de los progenitores del fallecido Nicolás Gil y $200.000 para cada una de las tres hermanas.
Este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que la fijación de la reparación por daño moral queda librada al criterio del juez aunque es necesario indicar las pautas objetivas que fueron evaluadas y ponderadas para arribar a la suma de condena (esta Sala, c. 169141 -“ Bravo ...”-, sent. del 07/07/2020, c. 169939 -" Rabainera ..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -" Lasa ..."- sent. del 08/10/2020).
El Código Civil y Comercial expresamente prescribe en su artículo 1741 que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas, superando de ese modo aquel criterio que sostenía que la reparación del daño extrapatrimonial importaba asignar un precio al dolor.
Se trata, en cambio, y como explica Galdós, de establecer el precio del consuelo: la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias, proporcionándole a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y permitiéndole acceder a gratificaciones viables que le brinden alguna forma de alivio (Galdós, Jorge M., en “ Código Civil y Comercial de la Nación, comentado ” dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, 1ra ed., Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, t. VIII, pág. 503).
No puedo dejar de reconocer que en épocas de aguda inflación el dinero deja de cumplir una de sus funciones más importantes: ser unidad de cuenta o mecanismo para establecer, expresar y comparar el precio de los bienes y servicios (c. 171996 -" Valenzuela Bernal, Ovidio del Carmen ..." del 02/09/2021).
Ello hace difícil no solo cuantificar un resarcimiento evaluando el valor de mercado de productos que puedan considerarse satisfacciones sustitutivas y compensatorias, sino también juzgar en instancia recursiva el acierto o error de una decisión adoptada por otro juez en un tiempo pasado. Los valores establecidos en la sentencia de primera instancia ya han sido afectados por la inflación acumulada desde su dictado hasta la resolución de los recursos en la Alzada, y los precios relativos de la economía bien pudieron haber cambiado entre una y otra decisión, complejizando aún más la tarea revisora.
Pero aun sobrellevando estas dificultades, la cuantificación actualizada de una deuda de valor en épocas de inflación debe, de mínima, evitar resultados irrisorios o reñidos con un parámetro de razonabilidad que debe subyacer a toda decisión jurisdiccional.
La tarifación del perjuicio en la sentencia apelada, aun cuando haya pretendido ser “actualizada” (pues, advierto, el monto nominal ha sido un poco más elevado que el peticionado en la demanda en agosto de 2014), ha generado un resultado absurdo e insultante para un padre y una madre que han perdido a su hijo.
Según he puesto de relieve en anteriores pronunciamientos de este Tribunal, la más calificada doctrina autoral en la materia, refiriéndose a la pérdida de un hijo, expresa que “ desde un punto de vista sustancial, resulta inimaginable procurar la explicación de un padecimiento semejante – quizás el más duro que pueda enfrentarse-, porque no hay palabras que sugieran siquiera la medida de ese dolor ” (Zavala de González Matilde, “ Daños a las personas, Pérdida de la vida humana ”, Buenos Aires: Hammurabi, 1990, t. 2-b, pág. 275; mi voto en causa n°165710 " Paschero, Liliana Raquel.. ." sent. del 28/08/2018).
Cuatrocientos mil pesos -monto establecido en la sentencia apelada en febrero de 2020- equivalen hoy a poco más de $870.000, suma que apenas alcanza para comprar tres heladeras de mediana calidad y marca reconocida.
No digo que la colega haya reparado en esos bienes para cuantificar el parcial en estudio; por el contrario: utilizo esa referencia -que, por supuesto, es antojadiza y objetable- como mecanismo para evaluar la extensión patrimonial y advertir lo irrazonable y exiguo del resarcimiento que el fallo otorga a las víctimas en contraste con la entidad de la lesión espiritual que han sufrido.
Lo mismo cabe decir del monto reconocido a las Srtas. Gil, a quienes les fue otorgado un crédito de solo $200.000 por el daño sufrido al haber perdido a su hermano. Esa suma de dinero -equivalentes hoy a poco más de $380.000- no alcanza siquiera para comprar dos computadoras portátiles de calidad media.
Por supuesto que no hay consuelo posible que el derecho pueda proporcionar a una familia que ha tenido que vivir la imprevista partida de un ser querido. Es imposible imaginar que exista alguna suma de dinero que pueda lograr algún propósito paliativo ante la profunda angustia y dolor que importa para un padre o una madre perder a un hijo, o el sufrimiento que supone para una persona la súbita pérdida de un hermano.
Pero la dificultad que pudiera tener el juzgador para saber cuál es el monto adecuado no significa que sea demasiado complejo saber cuándo un monto es extraordinariamente bajo, como ocurre con la decisión que es objeto de recurso .
La respuesta que le brinda un Tribunal de Justicia a un los actores que llevaba cinco años en juicio reclamando la reparación de un daño por la trágica muerte de un miembro de la familia no puede consistir en reconocer una indemnización que a duras penas alcanza para adquirir un par de electrodomésticos. La cuantificación del perjuicio extrapatrimonial en la sentencia dictada por la jueza de primera instancia ha sido sumamente desafortunada; el carácter irrisorio e injuriante de los resarcimientos otorgados revela una llamativa falta de empatía y de sensibilidad a la hora de dimensionar las consecuencias espirituales y anímicas que genera la pérdida de un hijo o de un hermano.
Comparto por ello las reflexiones de los accionantes cuando señalan que las sumas reconocidas en la sentencia apelada deben ser incrementadas considerando el resultado lesivo y la entidad de la tragedia que ha vivido todo el grupo familiar.
En este punto tengo presente la invariable doctrina legal de la Casación conforme la cual «no media infracción legal aun cuando la sentencia otorgue una indemnización mayor a la reclamada en la demanda si en ésta quedó aquélla librada a lo que, "en más o en menos", resulte de la prueba » (art. 163 inc. 6, C.P.C.)." (Ac. 42935, " Gómez ..." del 04/06/1991, Ac. 53743 " González de Vernini ..." del 05/12/1995, Ac. 65214 -" Rodríguez Torres..." de
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