Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 170186
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe resuelve I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía, con costas; II) Hacer lugar al recurso de la actora y, en consecuencia, modificar la sentencia de primera instancia del siguiente modo: (a) incrementar el resarcimiento por daño moral a un total de $1.300.000, readecuándose el cálculo de los intereses moratorios de conformidad con lo dicho en el considerando «III.1.» de la presente; (b) el límite de cobertura de la aseguradora será el que haya fijado la autoridad administrativa para el tipo de seguro contratado y que se encuentre vigente a la fecha del efectivo pago de la condena, comprensivo de capital e intereses, actualizado por IPC desde la fecha en que comenzó a regir la resolución en la que se lo establece y hasta la extinción de la obligación; III ) Las costas de segunda instancia se imponen a la citada en garantía, en su carácter de parte vencida (art. 68 1º párr. del CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); V)
Expte. N º 170.186 - Juzgado Civil y Comercial N°8
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “GUTIÉRREZ, HUGO EDUARDO C/ ZACCARO, MIGUEL ÁNGEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 18 de agosto de 2019?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 18 de agosto de 2019, el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 8 departamental, Dr. Hernán Félix Krzyszycha, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda promovida por Hugo Eduardo Gutiérrez y condenó a Miguel Angel Zaccaro y César Ambrosio Redondo y, en la medida del seguro contratado, a Liderar Compañía General de Seguros S.A. a pagar al actor $3.574.431,32 más intereses y costas.
Para así decidirlo, consideró que no fue controvertido que el 6 de marzo de 2009, a la vera de la ruta provincial N°11 en el tramo que une a la vecina localidad de Santa Clara y Mar del Plata, se produjo un accidente en el que intervinieron Hugo Eduardo Gutiérrez (como peatón) y el señor Miguel Angel Zaccaro, al comando de un Renault 12 dominio UER896 de propiedad de Cesar Ambrosio Redondo y asegurado por Liderar Compañía General de Seguros S.A.
Juzgó aplicable el régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo creado y destacó que los accionados no demostraron ninguna eximente. Por tal motivo, hizo lugar a la demanda.
En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes rubros: (1) $3.240.631,32 en concepto de incapacidad sobreviniente; (2) $5.000 en concepto de gastos terapéuticos y de movilidad; (3) $28.000 de costo de terapia psicológica; y (4) $300.000 de daño moral
II.1. El recurso de la actora.
La actora apeló el 23 de diciembre de 2019 y fundó su recurso el 2 de mayo de 2022. Sus agravios son los siguientes:
(a) Cuestiona la decisión del juez de condenar a la aseguradora “en la medida del seguro”, giro que -dice- es indeterminado y admite múltiples interpretaciones. Argumenta que el fallo no aclara nada sobre la actualización del límite de cobertura existente al momento en que se produjo el siniestro. Reclama que el límite sea ajustado a la normativa vigente al momento del pago de la condena considerando que es un seguro voluntario. Invoca y cita jurisprudencia de esta Sala (casos “Verdinelli”, “Rodriguez” y Bartoli”, entre otros).
Destaca, además, que la citada en garantía nunca adjuntó la póliza de seguros ni produjo pericia alguna para demostrar el límite aplicable.
(b) Critica el monto reconocido en concepto de daño moral. Destaca las lesiones físicas y psíquicas generadas por el accidente y reclama, en definitiva, el incremento de la indemnización.
II.2. El recurso de Liderar Compañía General de Seguros S.A.
La aseguradora apeló el 18 de febrero de 2020 y fundó su recurso el 2 de mayo de 2022, mereciendo la réplica de la accionante el 16 de mayo de ese mismo año.
Su único agravio hace foco en el modo en que el juez aplicó la fórmula para fijar el monto por daño patrimonial. Considera equivocado que se haya cuantificado una incapacidad del 76,68%, resultado que incluye la incapacidad física (41,68%) y la psicológica (35%). Entiende que la incapacidad psicológica no corresponde que sea computada al utilizar la fórmula y debió, en cambio, quedar reservada para la cuantificación del daño moral.
Niega la autonomía del daño psicológico y enfatiza que no hubo prueba de la supuesta pérdida económica invocada. Dice que la pericia psicológica nada dice sobre las secuelas en la actividad productiva de la demandante.
III. Tratamiento de los agravios.
Analizaré en primer lugar las quejas referidas a los rubros resarcitorios y luego me detendré en los cuestionamientos vinculados a la extensión de la responsabilidad concurrente de la citada en garantía.
El agravio de la actora es fundado.
Este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que la fijación de la reparación queda librada al criterio del juez aunque es necesario indicar las pautas objetivas que fueron evaluadas y ponderadas para arribar a la suma de condena (esta Sala, c. 169141 -“ Bravo ...”-, sent. del 07/07/2020, c. 169939 -" Rabainera ..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -" Lasa ..."- sent. del 08/10/2020).
El Código Civil y Comercial expresamente prescribe en su artículo 1741 que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas, superando de ese modo aquel criterio que sostenía que la reparación del daño extrapatrimonial importaba asignar un precio al dolor.
Se trata, en cambio, y como explica Galdós, de establecer el precio del consuelo: la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias, proporcionándole a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y permitiéndole acceder a gratificaciones viables que le brinden alguna forma de alivio (Galdós, Jorge M., en “ Código Civil y Comercial de la Nación, comentado ” dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, 1ra ed., Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, t. VIII, pág. 503).
No puedo dejar de reconocer que en épocas de aguda inflación el dinero deja de cumplir una de sus funciones más importantes: ser unidad de cuenta o mecanismo para establecer, expresar y comparar el precio de los bienes y servicios (c. 171996 -" Valenzuela Bernal, Ovidio del Carmen ..." del 02/09/2021).
Ello hace difícil no solo cuantificar un resarcimiento evaluando el valor de mercado de productos que puedan considerarse satisfacciones sustitutivas y compensatorias, sino también juzgar en instancia recursiva el acierto o error de una decisión adoptada por otro juez en un tiempo pasado. Los valores establecidos en la sentencia de primera instancia ya han sido afectados por la inflación acumulada desde su dictado hasta la resolución de los recursos en la Alzada, y los precios relativos de la economía bien pudieron haber cambiado entre una y otra decisión, complejizando aún más la tarea revisora.
Pero aun sobrellevando estas dificultades, he ponderado las mismas variables que ha tenido en cuenta el colega en su sentencia, incluyendo a las características del accidente, la intensidad del impacto, las molestias y sinsabores que un hecho de esa naturaleza y características debió producir en el Sr. Hugo Eduardo Gutiérrez.
He prestado especial atención a la gravedad de las lesiones sufridas y la entidad de los tratamientos que debió recibir para transitar su camino hacia la recuperación, lo que incluye -según narró el perito médico Guascone- un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, fractura expuesta del fémur izquierdo, fractura de tobillo derecho, pérdida de piezas dentales, herida en la lengua, pérdida de audición de un oído y limitación en la apertura bucal, todo lo cual mereció una internación de 2 meses, seguida de otros 75 días en silla de ruedas y otros 60 días más con muletas (v. fs. 344 y 345-).
Además de los dolores y padecimientos físicos sufridos, reparo también en las muy severas consecuencias psicológicas que narra con precisión la Lic. Villi en su dictamen de fs. 381/7 y que dan cuenta de un estado depresivo grave de carácter reactivo y un diagnóstico de estrés post traumático (véase, en particular, puntos de pericia n° 1, 3 y 4).
Por ello, teniendo en cuenta la totalidad de las variables reseñadas, y reparando además en que el monto reclamado en la demanda en septiembre de 2009 ($230.000) fue supeditado al resultado de la prueba producida (v. fs. 42), es que considero justo y razonable incrementar la indemnización a la suma de $1.300.000 en concepto de daño moral (art. 1741 del CCyC; art. 34, 163 y cctes. del CPCCBA).
El rubro debe considerarse cuantificado a valores actuales, por tratarse de una deuda de valor (esta Sala, c. 169939 -" Rabainera ..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -" Lasa ..."- sent. del 08/10/2020, causas 137518 -" Santecchia ..."- sent. del 14/02/2018, 161257 - " Pellizi ..."- sent. del 06/10/2016, 131.976, 131.833, 130.138 - “ Caparrós ...”- sent. del 16/03/2016, entre otras). Por ello, los intereses moratorios fijados por el juez deberán reparar en la fecha de la presente sentencia para operar el cambio de la tasa pura a la alícuota bancaria allí establecida y que no ha sido aquí motivo de agravio (SCBA, C.123.297, " Calderón, Edgardo ..." del 4-11-2020; C. 120.536, -" Vera, Juan Carlos "- 18/04/2018 y C. 121134 -" Nidera S.A ."-del 03/05/2018).
Las quejas de la compañía de seguro sobre el modo en que fue cuantificada la incapacidad sobreviniente no son fundadas.
La indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por objetivo resarcir el daño patrimonial que se deriva de la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas [la llamada capacidad productiva o laboral ] y la merma en la aptitud para realizar otras actividades económicamente valorables [usualmente denominada capacidad vital ] (art. 1746 del CCyC, c. 172711 -“ Sposetti, Mónica ...”, sent. del 28/10/2021).
En otras palabras, se resarce el valor de la capacidad total o parcialmente afectada por las lesiones físicas o psíquicas, sea que ese valor se identifique con la pérdida de ingresos laborales futuros ("actividades productivas" en los términos del art. 1746 del CCyC), o bien por el daño emergente generado por el costo de sustitución de las actividades cotidianas que realizaba la víctima y que, por la lesión sufrida, estará total o parcialmente imposibilitada de realizar con normalidad ("actividades económicamente valorables" según las denomina el artículo citado) (mi voto en causa n° 172880-" Bartoli, Cecilia Beatriz ...", sent. del 30/11/2021).
Contrariamente a la concepción del daño que propone la aseguradora, no hay motivo para restringir la incapacidad sobreviniente únicamente a aquella que deriva de lesiones físicas, excluyendo las psíquicas o considerando que estas últimas solo debieran ser evaluadas al tarifar el daño moral.
Por el contrario, lo que se resarce es el valor económico de la capacidad psicofísica perdida: o sea, el impacto patrimonial disvalioso derivado de lesiones que afectan a la salud en un sentido integral, comprensiva no solo del bienestar físico sino también psíquico o mental (tan es así que el propio artículo 1746 del Código Civil y Comercial se titula “Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica ”, aprehendiendo a una y otra forma de menoscabo en la persona). Nada tiene que ver lo dicho con indemnizar un daño psíquico y menos aún significa concebir a este último como un tercer género de daños distinto del patrimonial y el moral, como erróneamente se afirma en el memorial de la citada en garantía.
El juez aplicó correctamente la fórmula puesto que al mensurar la capacidad afectada por el hecho evaluó no solo las gravísimas lesiones físicas sufridas por el Sr. Gutiérrez, sino que además reparó en las severas consecuencias psíquicas que la perito psicóloga también consideró incapacitantes en diversos fragmentos del dictamen que no le merecieron a la recurrente reprocho o cuestionamiento alguno (v. fs. 386 punto de pericia n° 8).
Agrego a ello que, como bien señaló el magistrado en su fallo, la pericia de la Lic. Villi es sumamente clarificadora al explicar las repercusiones anímicas que tiene la patología del actor y el impacto que tiene en su vida cotidiana y en su ámbito laboral (v. puntos de pericia n° 1, y 4 a 8).
Por lo demás, tampoco cambia la solución el hecho de que la perito psicóloga, además de establecer que el estado psíquico del actor es incapacitante (fs. 386 punto 8), haya recomendado la realización de una terapia (fs. 382/vta punto 2).
A diferencia de lo que ocurre con las conclusiones de los dictámenes médicos que evalúan las lesiones físicas (campo en el que los expertos tarifan una incapacidad permanente sobre la base de saber, con seguridad, que las instancias terapéuticas ya se han agotado -tal como lo hizo el perito Guascone a fs. 346 punto 7-), las pericias que reparan en la salud psíquica de las personas rara vez son permeables a afirmaciones de esas características y con semejante grado de contundencia.
Es evidente que, cualquiera sea la consecuencia psíquica incapacitante, siempre existirá la posibilidad para la víctima de realizar una terapia que acompañe y, en la medida de lo posible, aminore los síntomas o consecuencias adversas que el hecho traumático ha generado.
El punto que me interesa destacar es que esa sola posibilidad de realizar una terapia cuyo resultado es incierto y contingente no debe llevarnos a considerar que el estado incapacitante observado por el experto deja de ser permanente, y con ello resarcible como daño patrimonial. Salvo que el perito indique lo contrario (y en este caso no ha ocurrido), los resultados de los tratamientos psicológicos son —y deben ser interpretados como— esencialmente paliativos, no restaurativos: brindan a la víctima una posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida pero no borran las secuelas incapacitantes ni permiten que la víctima recupere su estado anterior al hecho. Como dijo claramente la perito Villi a fs. 383 cuando respondió sobre las posibilidades de recuperación que le brindaría la terapia recomendada: « la afección es permanente».
De lo dicho se sigue que no es incompatible ni contradictorio reconocerle a la víctima una indemnización por incapacidad sobreviniente parcial y permanente (incluyendo en ella las gravísimas afecciones psíquicas) y, en paralelo, otorgarle una indemnización que le permita afrontar los costos de una terapia psicológica que le brinde la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
Por todo lo dicho, el agravio de la citada en garantía debe ser desestimado (art. 1068 y cctes. del CC, 1737, 1746 y cctes. del CCyC).
III.3. Sobre el límite de la garantía.
Tiene razón la actora cuando cuestiona la decisión adoptada por el juez al definir la extensión de la garantía asumida por la compañía de seguros “Liderar...”.
La condena a Liderar Compañía General de Seguros S.A. ha sido delimitada con referencia a “la medida del seguro”, pero esa aserción carece de un contenido preciso a poco que se repara en que la aseguradora nunca acompañó la póliza en la que sustentaba la defensa invocada a fs. 78/vta punto “b” (apartado “Límites del aseguramiento”). En otras palabras, no puede la aseguradora ser condenada en la medida de un contrato cuyo contenido se desconoce.
Este Tribunal ha dicho recientemente que la omisión de la aseguradora de acompañar la póliza invocada no puede redundar en una garantía sin límite dado que la delimitación de una suma asegurada es una exigencia legal del contrato asegurativo (art. 11 segundo párrafo y 61 párrafo segundo de la Ley 17.418) y no una característica incidental de un contrato particular (c. 169604 -" Demassi, Graciela Beatriz ..."- del 29/04/2022; Stiglitz, Rubén, Derecho de Seguros , Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2001, t. 1, pág. 23).
En otras palabras, aunque no haya sido probado el límite invocado por la citada en garantía (esto es, la cláusula que prevé, concretamente, el límite nominal invocado a fs. 78/vta), es de la esencia del contrato de seguro que la prestación convenida o la indemnización del daño tengan un tope, porque —por principio— el riesgo tiene que estar determinado, de lo contrario resulta imposible asumirlo (fallo cit.)
Pero cualquiera sea el valor nominal e histórico (y hoy desactualizado) que la póliza invocada por la citada en garantía hubiera tenido, este Tribunal ha aplicado y ampliado el criterio fijado por la SCBA en el caso “ Martinez, Emir c. Boito, Alfredo ” (c. 119088, del 21/02/2018) y ha resuelto que el límite de cobertura de la aseguradora debe ser aquel que fija la autoridad administrativa para el tipo de seguro de que se trate —obligatorio o, como en el caso, voluntario— vigente a la fecha del efectivo pago de la condena, comprensivo de capital e intereses (c. 167638 -“ Rodriguez ...”- del 08/10/2019).
Dicho criterio fue luego ampliado, aclarándose que el límite fijado por la Superintendencia de Seguros de la Nación debe ser actualizado por IPC desde la fecha que comenzó a regir la resolución en la que se lo establece y hasta la extinción de la obligación (Sala II, c. 167352 -" Verdinelli, Néstor O ."-, del 25/03/2021).
Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de la actora y establecer el límite de la cobertura de la compañía citada en garantía en la modalidad indicada precedentemente (art. 242 y cctes. del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía, con costas; II) Hacer lugar al recurso de la actora y, en consecuencia, modificar la sentencia de primera instancia del siguiente modo: (a) incrementar el resarcimiento por daño moral a un total de $1.300.000, readecuándose el cálculo de los intereses moratorios de conformidad con lo dicho en el considerando «III.1.» de la presente; (b) el límite de cobertura de la aseguradora será el que haya fijado la autoridad administrativa para el tipo de seguro contratado y que se encuentre vigente a la fecha del efectivo pago de la condena, comprensivo de capital e intereses, actualizado por IPC desde la fecha en que comenzó a regir la resolución en la que se lo establece y hasta la extinción de la obligación; III ) Las costas de segunda instancia se imponen a la citada en garantía, en su carácter de parte vencida (art. 68 1º párr. del CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, se resuelve I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía, con costas; II) Hacer lugar al recurso de la actora y, en consecuencia, modificar la sentencia de primera instancia del siguiente modo: (a) incrementar el resarcimiento por daño moral a un total de $1.300.000, readecuándose el cálculo de los intereses moratorios de conformidad con lo dicho en el considerando «III.1.» de la presente; (b) el límite de cobertura de la aseguradora será el que haya fijado la autoridad administrativa para el tipo de seguro contratado y que se encuentre vigente a la fecha del efectivo pago de la condena, comprensivo de capital e intereses, actualizado por IPC desde la fecha en que comenzó a regir la resolución en la que se lo establece y hasta la extinción de la obligación; III ) Las costas de segunda instancia se imponen a la citada en garantía, en su carácter de parte vencida (art. 68 1º párr. del CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los domicilios electrónicos de las partes en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA y 52 de la Ley 24.240. Oportunamente, devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2022 09:23:35 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2022 10:12:25 - LOUSTAUNAU Roberto José -
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