Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 176408
Expte. Nº 176408 - Juzgado Civil y Comercial N°10
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “G. S. L. D. C/ ENSEÑANZA INTEGRAL S.R.L. Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” [c. 175889] , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi, Roberto J. Loustaunau y Alfredo E. Méndez:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 23 de noviembre de 2022?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 23 de noviembre de 2022, la magistrada titular del Juzgado Civil y Comercial N°10 departamental, Dra. Mariana Lucía Tonto de Bessone, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por S. L. D. G. contra Enseñanza Integral SRL y condenó a esta última -en forma concurrente con la citada en garantía “La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales”- a abonar a la actora $1.604.787 más intereses y costas.
Para así decidirlo, explicó que no fue controvertido que la actora fue alumna del colegio G. G. entre los años 2016 y 2019. La controversia se ciñe a que, al decir de la reclamante, al cursar cuarto año del colegio (año 2017) sufrió reiterados y sistemáticos episodios de acoso escolar o bullying , por parte de distintos compañeros de curso que fueron desde agresiones, insultos, intimidaciones y hasta violencia física traducida en empujones en los recreos, humillaciones dentro y fuera de clases. Alegó que la angustia que todo ello le generó derivó en convulsiones y ataques de epilepsia.
La demandada, a su turno, negó los hechos en los que se sustenta la pretensión y afirmó que la angustia de la actora, llegado el caso, se debió a la situación familiar que vivía y que las convulsiones no tienen origen emocional genético.
La citada en garantía invocó defensa de no seguro, por encontrarse los hechos denunciados como riesgos expresamente excluidos de la garantía.
Sobre este esquema de controversia, la magistrada realizó una serie de reflexiones sobre el fenómeno del bullying y el modo en que ha sido aprehendido en la normativa internacional y doméstica, la cual impone diversas obligaciones a los establecimientos educativos tendientes a prevenir, detectar y en su caso, superar la conflictividad social en las actividades educativas.
Seguidamente, señaló que el art. 1767 del Código Civil y Comercial impone una responsabilidad agravada del establecimiento educativo que solo admite como eximente al caso fortuito. A la luz de ese enfoque, indicó en el considerando IV del fallo, lo relevante es analizar si se configuró un supuesto de discriminación o acoso escolar y, en caso afirmativo, si el establecimiento educativo es responsable por acción u omisión.
Expuso que la prueba producida permite corroborar la situación de vulnerabilidad y discriminación sufrida por la actora dentro del ámbito escolar y también la falta de medidas conducentes por parte de las autoridades o directivos del establecimiento para restablecer la armonía e interacción dentro del grupo de estudiantes en el que se hallaba integrada S.. Aclaró expresamente que evaluó el caso con perspectiva de género y vulnerabilidad, habida cuenta la condición de mujer y menor de edad de L. al momento en que sucedieron los hechos.
Al evaluar los libros de actas de la demandada, advirtió que las actas labradas desde el 11 de marzo al 17 de agosto de 2016 obran en un cuaderno de hojas móviles y que no hay correlación entre la última de las actas labradas en ese cuaderno y la siguiente, dado que corresponde al 30 de octubre de 2017 y aparece en un libro de actas con hojas fijas.
Destacó que en dicha acta se dejó constancia de la comparecencia del padre de S. informando la internación de la hija en el hospital debido a un pico de stress ocasionado por la mala relación que tiene con sus compañeros de curso. Allí el director dijo desconocer problemas anteriores, aserción que es confrontada por el padre al decir que es su obligación saber lo que sucede en la escuela. En ese mismo acto, Mariela -preceptora- detalló otros problemas que tuvo con el grupo.
La magistrada puso en relieve el hecho de que el director dijo desconocer problemas anteriores al tiempo que la preceptora reconoció conflictos con el grupo. El resto de las actas -dijo la jueza- solo dan cuenta de la ausencia de la reclamante motivadas por problemas de salud y la reestructuración del régimen de asistencia y enseñanza a distancia de la menor.
Manifestó que la institución minimizó la situación vivida por la alumna dentro de la escuela y le propuso postergar la lectura de una carta que la actora había redactado para sus compañeras. La solución propuesta por la institución fue “mandarla a hacer una terapia”, proponiéndole acelerar el trámite mediante un informe previo.
Destacó la jueza que no se le ofreció contención psicológica en el gabinete de la escuela, ni se puso en práctica el Acuerdo de Convivencia como lo establece la normativa vigente (incluyendo la generación de espacios denominados “Asambleas de Aulas” o reflexiones intergrupales).
Apuntó que el propio colegio anticipó el accionar discriminatorio por parte de algunos integrantes del curso ante el deseo de S. de leer una carta que, además, no tenía el contenido que se consignó en el acta. Lejos de justificar el accionar de sus compañeros, la misiva refleja la angustia de la reclamante por ser dejada de lado o ser blanco de risas y broncas por parte de algunos de ellos. El deseo de la alumna -dijo la jueza- para recomponer la relación previo a realizar el viaje o la fiesta de egresados quedó trunco ante la sugerencia de los directivos de no leerla ni generar un espacio de reflexión o interacción al respecto.
Seguidamente, hizo foco en el testimonio del Dr. Bruno Sartori, médico neurólogo de la actora, quien explicó que atendió a S. por diversos eventos epilépticos. Explicó el profesional que no obstante la causa de la mayoría de las epilepsias es desconocida, la situación emocional o de estrés que la actora le narraba tenía mucho que ver con el desencadenante de las crisis. Su situación familiar -dijo- era aceptablemente buena pero su situación social o escolar era “bastante problemática”, la ponía mal y la reacción de estrés o de angustia que tenía influía en el desarrollo de su enfermedad.
Al ser preguntado por la situación escolar, reseñó que le narró situaciones de abuso psicológico en el ámbito escolar, por parte de compañeros. El médico dijo que no sabía si tenía la contención escolar adecuada, aunque estimaba que no. Ese fue el motivo por el cual le recomendó alejarse de las fuentes de estrés o evitarlas a toda costa, incluyendo a la escuela. Agregó el galeno que no sabe si las situaciones de estrés de la actora estaban exclusivamente relacionadas con el colegio, pero sí en gran parte.
El testigo F. R., amigo de S., manifestó conocer las situaciones de angustia que abrían sido provocadas por los maltratos psicológicos infringidos por los compañeros de curso. Narró que la calificaban como “tragalibros”, “la estudiosa”, recriminándola que por su culpa los iban a mandar al frente a todos. Explicó que la miraban mal, le decían que sus ideas eran muy malas, la discriminaban, la dejaban afuera de los grupos de WhatsApp, y que si iban a hablarle a algún directivo del colegio hacían “oídos sordos”. Refirió desconocer que tuviera problemas con los padres, a quienes calificó como “muy buena gente”.
La testigo M. G., vecina de la reclamante, califica a su familia como normal y dijo que el día anterior a la crisis epiléptica de S. -que presenció en el almacén familiar- le había comentado que los compañeros “le hacían el vacío y la preceptora no le hacía caso a lo que ella le decía”; le narró además que no iba a la escuela porque se sentía mal, sufría angustia y negó una mala relación entre S. y su familia. En esto último también coincidió el testigo J. A. O., también vecino, que dijo saber que en el colegio “la dejaban de lado”.
En relación a la declaración de la testigo R. G. L., preceptora de S. en quinto y sexto año (2018 y 2019), dijo que no revestía relevancia dado que se ejercía sus labores en el turno tarde al que la actora se cambió por sugerencia de sus directivos. Así todo, destacó que la preceptora dijo que el colegio frente a un caso de bullying lo trabajan dentro de la ley de educación sexual, desconociendo la existencia de algún protocolo para estos casos. Agregó que no hay equipo de contención psicológica salvo una trabajadora social y una asistente psicóloga que había en aquel momento.
La jueza concluyó que fue acreditado el daño y su relación causal con la omisión por parte de las autoridades del colegio demandado en tomar medidas conducentes para evitarlo. En el considerando «V», evaluó la admisibilidad de la eximente invocada por la demandada, incluyendo la causa ajena consistente en situaciones violentas ocurridas en su hogar, la preexistencia de su enfermedad de base, entre otras.
Apuntó que, a la luz de la responsabilidad regulada en el art. 1767 del CCyC, los malos tratos o discriminaciones generados por otros alumnos o profesores no pueden ser entendidos como caso fortuito, por tratarse de hechos objetivamente previsibles y evitables.
Por ello, destacó que la pericia psicológica da cuenta de que los eventos vividos por la actora fueron perturbadores dada sus características de personalidad de base, generando un trastorno psicológico denominado “trastorno de conversión con convulsiones”, con manifestaciones también físicas. Las conclusiones de la Lic. Laura Ivanna Racca, dijo la jueza, resultan concordantes con las del médico neurólogo Sartori -tratante de la accionante- quien explicó que las situaciones emocionales y de estrés eran desencadenantes de las crisis epilépticas. Esto último, a su vez, es conteste con lo que dijo el perito médico neurólogo Leandro Sousa en cuanto a que el estrés postraumático opera como gatillo de las crisis epilépticas en personas con epilepsia.
Por todo ello, la magistrada consideró acreditado que las situaciones de estrés o angustia vivenciadas por la actora en la escuela han obrado como concausa de su cuadro epiléptico y personalidad de base, por lo que estimó que en un 50% el porcentaje de responsabilidad de la demandada por los daños ocasionados.
En cuanto a los daños, tarifados en el apartado «VI» del fallo recurrido, hizo lugar a los siguientes rubros: (a) Incapacidad sobreviniente por un total de $1.032.787; (b) $500.000 de daño moral y (c) $72.000 de costo de terapia psicológicos.
Finalmente, rechazó la defensa de la compañía de seguros por considerarla improcedente a la luz de lo normado en el art. 1767 del CCyC. Dicha norma prescribe, en lo pertinente, que el establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil, de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad competente en materia aseguradora, por lo que el asegurado razonablemente pudo haber creído que se encontraba amparado por la cobertura en casos como los que se ventilan en este proceso.
Concluyó que la aseguradora no puede otorgar la cobertura que manda la norma citada con reparos de no responder en supuestos de discriminación, bullying o agresión de los alumnos cuando es eso justamente lo que la ley intenta resguardar. Agregó que toda cláusula que la excluya es abusiva por desnaturalizar las obligaciones de la aseguradora y limitar su responsabilidad por daños (art. 37 de la Ley 24.240).
La accionante apeló el 1 de diciembre de 2022 y fundó su recurso el 9 de febrero de 2023, mereciendo la réplica de la citada y de la demandada el 23 de febrero de ese mismo año.
Los agravios de la Srta. S. G. pueden sintetizarse de la siguiente manera:
(i) Cuestiona el modo en que se juzgó la existencia de una concausalidad en el caso. Considera que la responsabilidad de la demandada es plena, siendo que los inmerecidos episodios de acoso escolar sufridos en el colegio son los que derivaron en una serie de ataques de epilepsia que generaron un padecimiento de salud que bien podría nunca haberse manifestado de haber transitado la escuela secundaria en paz y sin violencia.
Destaca la proximidad temporal entre la época en la que comenzaron los primeros episodios epilépticos y aquella en la que se desarrolló el bullying (desde 2017 en adelante), considerando además que antes de ese tiempo nada en la infancia y adolescencia de S. indicó que tuviera la enfermedad.
Con cita de precedentes jurisprudenciales que estima análogos a la materia controvertida, apunta que la existencia de una patología latente o una mera predisposición a tener una cierta enfermedad no implica que la persona vaya a desarrollarla en forma efectiva. En estos casos se requiere de hechos o circunstancias concretas que la desencadenan o activan, y que, por su proximidad temporal con los episodios de crisis o urgencias médicas, permiten vincularlas causalmente. De ello se puede inferir -alega- que de no haberse producido los primeros (los hechos desencadenantes) no se hubiera sufrido la segunda (la patología).
(ii) En un segundo punto de disconformidad, expuesto de modo subsidiario, cuestiona que la mencionada concausalidad mermó la responsabilidad de la demandada en todos los rubros reclamados, cuando no debió repercutir en aquellos que no se relacionan directamente con la enfermedad padecida (daño moral y costos de tratamiento psicológico).
(iii) Vinculado a lo anterior, cuestiona por escasa la cuantía del daño moral. Entiende equivocado vincular el padecimiento espiritual únicamente con la enfermedad epiléptica cuando ello no ha sido así: el daño moral -argumenta- fue causado por todo lo que sufrió en la escuela de la demandada gracias a los acosos, maltratos y discriminaciones efectuadas por parte de otros alumnos de la misma institución.
Luego de citar diversos apartados de la pericia psicológica, reclama que se determine la extensión del daño moral con un monto superador al de la sentencia de primera instancia y que se corresponda con la magnitud del sufrimiento que S. ha de cargar injustamente a causa del destrato de sus compañeros y la pasividad de quienes debían controlarlos.
(iv) En el último agravio (punto II.d. del memorial), la actora cuestiona el modo en que se determinó el resarcimiento por incapacidad sobreviniente.
Objeta que la jueza, de todas las fórmulas posibles que se utilizan en la jurisprudencia, haya escogido aquella que peor resultado le ofrece a la víctima. Y tal decisión no es acompañada de un fundamento que la justifique.
Se queja de que no se haya evaluado la situación personal de S., incluyendo su óptimo rendimiento escolar y desempeño académico, lo que refleja una persona abocada al estudio, responsable y con objetivos tendientes al progreso personal, tanto económico, académico como profesional.
Reclama, en definitiva, una mayor indemnización que repare en las variables reseñadas.
II.2. El recurso de Enseñanza Integral S.R.L.
La demandada apeló el 28 de noviembre de 2022 y fundó su recurso el 13 de febrero de 2023, mereciendo la réplica de la actora el 27 de febrero del mismo año.
Los agravios de la firma demandada pueden resumirse del siguiente modo:
(i) Cuestiona en primer lugar el modo en que ha sido valorada la prueba producida. Alega que el hecho de que “este tipo de demandas con gran orfandad probatoria” (sic) prospere pone en riesgo la subsistencia del colegio y los setenta puestos de trabajo. El Poder Judicial -alega- no puede permitir el enriquecimiento sin causa.
Afirma que la jueza pasó por alto que la epilepsia era preexistente a los hechos en los que se sustenta la demanda y que de la historia clínica surge que S. ya había tenido convulsiones. Su neurólogo, Dr. Sartori, manifestó que ya la trataba uno o dos años antes del episodio de octubre de 2017.
Pide que se revoque la totalidad de los rubros relativos al daño a la salud y/o incapacidad estimados sobre la enfermedad de epilepsia que presenta la actora desde fecha anterior a su ingreso en el Instituto Educativo.
(ii) Objeta las consideraciones que la jueza hizo sobre las actas agregadas como prueba documental. Refiere que el cuaderno de hojas móviles, en realidad, es un cuaderno espiralado en el que es difícil mover sus hojas para el caso de pretenderlo. Las actas plasmadas allí tienen consignada la fecha y se puede verificar que son correlativas.
Controvierte que la magistrada deslice que se modificó u ocultó algún acta por el hecho de que fueron fotocopiadas en un momento posterior a la diligencia preliminar.
Enfatiza que de las actas anteriores y posteriores a la del día 30/10/2017 se hace referencia ausencia de la actora por problemas de salud y otros hechos igualmente relevantes de los que se infieren problemas emocionales. Enuncia que en el acta del 6/05/2016 la joven narró dificultades en la vinculación con su padre y diferencias con su hermana (las cuales desencadenaron una denuncia de violencia en el fuero de familia). En el acta del 11/05/2016 se realizó una entrevista individual con la alumna por una situación personal; en la del 18/05/2016 se la vuelve a entrevistar por encontrarse muy angustiada; en la del 21/06/2016 nuevamente se la entrevista y allí dijo que su mamá la golpeó; en la del 22/06/2016 nuevamente se la entrevista con motivo de su seguimiento individual; en la del 17/08/2016 se la entrevista otra vez por pedido de la alumna al encontrarse angustiada porque sus padres estaban citados para una reunión.
De todo ello concluye que es equivocado que la jueza omita considerar que la actora tenía problemas emocionales desde por lo menos el año 2016 por motivos familiares, y no por vivencias ocurridas con sus compañeras de curso.
Alega que el acta del 30 de octubre de 2017 es la primera oportunidad en la que la institución se anoticia de que S. tenía una mala relación con sus compañeros. Resulta llamativo -dice- que si hubiera ocurrido algo la actora lo hubiera denunciado dado que era activa en el pedido de entrevistas o consultas.
La propuesta de pasarla al turno tarde estuvo motivada en el hecho de que es más tranquilo por la menor cantidad de alumnos, sin que haya allí una intención de aislarla.
Alega que en el acta del 6/11/2017 se mantuvo entrevista con los padres y la actora donde manifestaron que S. continuaba en tratamiento por convulsiones o ACV juvenil y se le garantizó la continuidad pedagógica, en prueba de que la institución siempre hizo todo lo posible para ayudarla, sin asumir una postura indiferente u omisiva.
Estima también equivocada la interpretación que la magistrada hizo del contenido del acta del 12 de abril de 2018 y la solución que se arribó al deseo de la alumna de leer la carta frente a sus compañeros. Cuestiona las inferencias que se efectuaron en contra del colegio, tanto las vinculadas a la recomendación de iniciar terapia, como a las referidas al cambio de turno.
Concluye que no hay prueba fehaciente de la situación de bullying en la que se sustenta la demanda. Refiere que “ de no estar acreditados dichos elementos la conclusión a la que se debe arribar es que no hubo Bullying y si nunca se anotició a los directivos del establecimiento de alguna agresión o situación de violencia vivida dentro del establecimiento, tampoco puede condenar por una actitud omisiva por no haber conducta antijurídica por parte de la demandada”.
Sintetiza el agravio afirmando que en el 2017 no hubo denuncia alguna de la alumna o de sus padres respecto de haber sufrido alguna agresión o situación violenta y ello surge de la prueba: no hay evidencia -dice- con la q
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