Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 177133
Expte. N º 177133 - Juzgado Civil y Comercial N°6
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “CRAGNAZ, JOAQUÍN DAVID C/ TOCHI, ELENA CECILIA Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.” [c. 177133] , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 22 de marzo de 2023?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 22 de marzo de 2023 la magistrada titular del Juzgado Civil y Comercial N°6 departamental, Dra. Gabriela Judit De Sabato, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Joaquín David Cragnaz contra Elena Cecilia Tochi y Carlos Eduardo Román y condenó a estos últimos, conjuntamente con la citada en garantía Río Uruguay Coop. De Seguros Ltda., a abonar al actor $3.491.776,05 más intereses y costas.
Para así decidirlo, consideró que los accionados son responsables por los daños ocasionados como consecuencia del accidente de tránsito que se produjo el 6 de agosto de 2019 a las 17 horas en Avenida Colón y 1ro de mayo, oportunidad en la que el accionante conducía su motocicleta Honda XR250 dominio 416LBA y es embestido por el Volkswagen Bora 1.9 TDI “Trendline” dominio HQP-215, conducido por la codemandada Tochi.
Estimó acreditado que el actor circulaba con su motocicleta por Avenida Colón en dirección hacia el mar y al llegar a la intersección con la calle 1ro de mayo se encontró en su trayectoria con el Volkswagen Bora conducido por la codemandada, que circulaba por esa arteria en dirección Avenida Luro hacia Avenida Colón. Juzgó que la Sra. Tochi fue quien cometió una infracción de tránsito al no respetar la prioridad de paso que tenía el Sr. Cragnaz, interponiéndose en el trayecto de su moto. Destacó que la alegada velocidad excesiva del actor no fue demostrada.
En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes rubros: (a) $2.908.448,05 en concepto de incapacidad sobreviniente; (b) $500.000 de daño moral; (c) $68.328 de gastos psicológicos; (d) $15.000 de gastos médicos y de movilidad y (e) una suma a determinar en etapa ejecutoria en concepto de gastos de reparación de la motocicleta.
II.1 El recurso de los demandados
Los accionados apelaron el fallo el 28 de marzo de 2023 y fundaron su recurso el 8 de mayo de 2023.
Cuestionan la tasa bancaria establecida en la sentencia para liquidar los intereses moratorios. Invocan y reclaman la aplicación de la doctrina legal de la Suprema Corte bonaerense.
La firma Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda. Apeló el 29 de marzo de 2023 y presentó su memorial el 9 de mayo de 2023. Sus críticas pueden sintetizarse del siguiente modo:
(a) Cuestiona la decisión de la jueza de endilgarle absoluta responsabilidad del siniestro al demandado, cuando de las pruebas surge -en el mejor de los casos para el actor- un supuesto de culpa concurrente. Destaca que fue el Sr. Cragnaz quien embistió al demandado y en ocasión en que el vehículo conducido por Tochi ya se encontraba terminando de efectuar el cruce.
Refiere que hay que « recurrir a la lógica común, a las costumbres típicas de nuestra ciudadanía y a los cuidados insoslayables que debe tener un ciudadano al circular dentro de la dinámica urbana» . Califica como innegable que a la hora de circular una avenida como Colón en Mar del Plata es necesario agudizar los cuidados a la hora de su cruce con una arteria trasversal, ya que es probable que sucedan eventualidades dignas del andar en avenidas principales.
Considera que fue Cragnaz el que condujo con falta de atención y cuidado y que, si bien no está demostrada su velocidad, “sin duda fue lo suficientemente alta como para no permitirle el dominio de su propia moto”.
(b) Cuestiona la tasa de interés moratoria fijada en la sentencia. Invoca una violación al principio de congruencia por establecer una alícuota no solicitada por el actor en su demanda.
Subsidiariamente, invoca las razones por las que cree que la tasa utilizada por la jueza -sobre la base de un precedente de este Tribunal- no es adecuada y debe modificarse. Pide se aplique la doctrina legal de la Casación.
(c) Objeta la procedencia y cuantía de la indemnización por incapacidad sobreviniente. Dice que la pericia no justifica debidamente el porcentaje de incapacidad y que el monto reconocido “aparece como excesivo”. Dice que no está probado a qué se dedica el actor, si tenía trabajo, si lo estaba buscando, o qué actividades hacía, etcétera.
Refiere que el actor se fracturó el tobillo a sus 22 años de edad, y cuesta entender cómo ello tendría consecuencias permanentes en su vida.
Pide, en definitiva, se morigere el rubro.
(d) Alega como excesiva la cuantía del daño moral. Critica la pericia psicológica y pone en relieve que no está clara la relación causal entre el hecho y el estado de salud psíquica del accionante. Reclama el rechazo del rubro o su reducción.
(e) Considera que no está probado el nexo causal entre los hipotéticos daños psicológicos y el hecho que motiva este proceso. Pide por ello que se rechace totalmente el rubro gastos psicológicos.
(f) Estima equivocado admitir el rubro gastos de reparación de la motocicleta en tanto el accionante no acreditó ser su propietario o poseedor de buena fe. Además, reniega que la jueza no haya fijado un monto de condena, lo que frustra hipotéticos intentos de arribar a un acuerdo.
III. Solución del caso.
Por razones de orden lógico analizaré en primer lugar el agravio de la compañía de seguros referido a la responsabilidad civil derivada del accidente. Seguido a ello, me detendré en las quejas que versan sobre los rubros resarcitorios. Finalmente, daré tratamiento al tema de los intereses moratorios que motivó agravios de ambos recurrentes.
Los argumentos expuestos por la citada en garantía no logran demostrar un error de hecho o de derecho en el modo en que la jueza dirimió las responsabilidades de los involucrados en el accidente.
Ni el rol de embistente y embestido, ni el lugar donde se produjo la colisión resultan circunstancias relevantes para dirimir el caso.
Esta Sala ha dicho en reiteradas oportunidades que, a los fines de desvirtuar la presunción de responsabilidad derivada de la violación a la regla de preferencia de paso, no es relevante determinar cuál de los vehículos ingresó primero a la intersección de ambas arterias o en qué lugar se produjo la colisión.
La Suprema Corte tiene dicho que la regla de la prioridad rige independientemente de quién ingrese primero a la encrucijada (Ac. 78.370, sent. del 27/11/2002; 101605 del 11/03/2009, C 105237 del 30/06/2010; C. 108063 del 09/05/2012), interpretación que ha reiterado este Tribunal (v. causa C 105.237 “Sosa, Héctor Alfredo c/ Cortesi, Bruno y otros s/ daños y perjuicios” S. 30-6-2010; ídem causas C 108.063 S. 9-5-2012, 107.097 S. 27-6-2012).
Por otra parte, cualquier tipo de duda interpretativa queda disuelta con la expresa letra de los decretos reglamentarios de las leyes provinciales y nacionales de tránsito vigente al momento del siniestro que motiva este pleito. El art. 15 del Anexo III del Decreto Provincial 532/09 –reglamentario de la Ley Provincial 13.927– art. 41 del Anexo I del Decreto Nacional 779/95 –reglamentario de la Ley 24.449- establecen en forma concordante que « la prioridad de paso en una encrucijada rige independientemente de quien ingrese primero a la misma ».
Luego, la misma Casación también ha resuelto -durante la vigencia de la Ley 11.430- que la prioridad de paso no depende del rol de embistente o embestido del vehículo en tanto “(l)a presunción de culpa del conductor del automotor que embiste no puede prevalecer sobre la referente a la prioridad de paso en el cruce de las bocacalles (...) Más aún cuando (...) es fácil invertir el papel de embistente por el de embestido, mediante un simple recurso de un simple viraje por delante de quien tiene derecho de prioridad, o como también suele ocurrir, acelerando para interponerse en la trayectoria del otro rodado, que por artilugio de la combinación "movimiento tiempo distancia" no resultará embestido sino embistente, o aún no deliberadamente, por la no menos simple y común circunstancia que ambos rodados no necesariamente llegan al unísono y con los vértices de su parte delantera al punto de colisión ” (del voto del Dr. Roncoroni en Ac. 81.773, "Ma rtínez, Ramón Ernesto contra Nuñez, Roberto Abad. Daños y perjuicios ", S. 22-2-2006; en igual sentido autos “ Jiménez de Aguirre, Nilda y otro c/ Guglielmone, Julio G. y otro s/Daños y perjuicios ”, Ac 81623 del 08/11/2006, autos “ Pellegrino, Irma Beatriz c/ Berastegui, Esteban Miguel y otra s/Daños y perjuicios ”, C 102703 del 18/03/2009).
Más recientemente la Casación local reafirmó esta tesitura al decir que “ la circunstancia de que un rodado sea embistente no autoriza -por sí solo- a establecer la responsabilidad de su conductor, cuando fue el vehículo embestido el que, al violar la prioridad de paso, se interpuso indebidamente en la marcha de circulación del rodado, prioridad que no está condicionada al arribo simultáneo a la encrucijada ” (SCBA, 108063, autos " Palamara, Cosme y otro c/ Ferreria, Marcelo s/Daños y perjuicios ", del 09/05/2012).
En otras palabras, la calidad de embistente que pudiera adjudicársele al vehículo de la actora constituye una circunstancia que -en este particular contexto, y ausentes otros elementos de convicción que demuestren una conducta antirreglamentaria del Sr. Cragnaz- no logran desvirtuar la presunción de responsabilidad que la magistrada hizo recaer sobre la Sra. Tochi, quien efectuó un cruce sin respetar la prioridad de paso que gozaba el rodado que circulaba por su derecha (arts. 39 y 41 de la LNT, 41 “e” del Dec. Nac. 779/95, 1 de la Ley 13.927 y 15 inc. “e” del Dec. Prov. 532/09).
Por lo demás, ignoro cuál es el alcance que el apelante pretende darles a las “costumbres típicas de nuestra ciudadanía” y no podría de ello derivarse, como parece querer la aseguradora, una suerte comportamiento indebido del actor al no anticipar maniobras como las que efectuó la codemandada (arg. art. 1 in fine del CCyC).
La imprecisión técnica de este planteo deja traslucir un intento de exponer que el Sr. Cragnaz fue total o parcialmente responsable por el accidente al no haber advertido que la Sra. Tochi estaba cruzando indebidamente una de las avenidas más importantes de nuestra ciudad sin respetar las normas de tránsito que la colega de primera instancia juzgó aplicables (reproche que no puede verse alterado por cualesquiera sean las costumbres típicas -sic- a las que intenta referirse la apelante y que darían cuenta que lo ocurrido es una “eventualidad digna del andar en avenidas principales” -sic-)
El planteo, cualquiera sea su alcance, no puede ser admitido (art. 375 del CPCCBA).
Por lo dicho, el recurso -en cuanto a este tópico refiere- debe ser desestimado (art. 242 y 375 del CPCCBA).
Los argumentos que postula la recurrente sobre este rubro son infundados.
En primer lugar, es incorrecto afirmar que el perito no justificó el porcentaje de incapacidad. Por el contrario, el experto indicó concretamente cuál es el baremo que utilizó y explicó en detalle cómo calculó ese valor.
No solo hay allí fundamentos suficientes para que el dictamen tenga el rigor técnico que le es exigible, sino que el apelante no indica -más allá de su superficial protesta- en qué consistiría el déficit técnico le endilga al informe. En su caso, tampoco pasa desapercibida la omisión de la recurrente de solicitar aclaraciones, explicaciones o mayores precisiones al experto en la etapa procesal pertinente, lo que torna extemporáneo a su planteo en instancia recursiva.
Por otra parte, la jueza explicó en detalle cómo arribó a la suma final que otorgó en concepto de indemnización, por lo que decir que “ por una fractura de tobillo (...) aparece como excesiva ” es una aserción extremadamente genérica e imprecisa que no supera el estándar argumental regulado en el art. 260 del CPCCBA
Idéntico déficit técnico advierto en el apartado en el que la recurrente dice que el actor tiene 22 años de edad y le “ cuesta entender cómo [la lesión] tiene consecuencias permanentes ”. El dictamen pericial explica con claridad y detalle por qué ese tipo de lesiones genera una merma parcial y permanente en la integridad física del actor, siendo ese el hecho central que define la procedencia del rubro a la luz de lo normado en el art. 1746 del CCyC.
Reitero además que el perito indicó expresamente el baremo que utilizó y que, adviértase, ha sido diseñado por una asociación que engloba compañías del mismo rubro que la apelante. Quiero decir con ello que era sumamente sencillo para esta última verificar el contenido del parámetro técnico utilizado por el perito médico y verificar la relación entre la fractura sufrida por el Sr. Cragnaz y la magnitud de la incapacidad tarifada por sus propias colegas aseguradoras en dicho baremo.
En suma, por no constituir verdaderas críticas concretas y razonadas de la parcela del fallo que ha sido impugnada, este tipo de aserciones deben ser consideradas inadmisibles como agravio (art. 260 del CPCCBA).
Tampoco tiene razón la aseguradora cuando cuestiona la falta de prueba de las circunstancias vitales del actor (su trabajo, su vida, su ocupación, etc.).
La indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por objetivo resarcir el daño patrimonial que se deriva de la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas [la llamada capacidad productiva o laboral ] y la merma en la aptitud para realizar otras actividades económicamente valorables [usualmente denominada capacidad vital ] (art. 1746 del CCyC, c. 172711 -“ Sposetti, Mónica ...”, sent. del 28/10/2021, c. 172880 -" Bartoli, Cecilia ..."- sent. del 30/11/2021).
En otras palabras, se resarce el valor de la capacidad total o parcialmente afectada por las lesiones, sea que ese valor se identifique con la pérdida de ingresos laborales futuros ("actividades productivas" en los términos del art. 1746 del CCyC), o bien por el daño emergente generado por el costo de sustitución de las actividades cotidianas que realizaba la víctima y que, por la lesión sufrida, estará total o parcialmente imposibilitada de realizar con normalidad ("actividades económicamente valorables" según las denomina el artículo citado).
Esta Sala tiene dicho que, aún en el supuesto en el que el juzgador no tenga certeza sobre una disminución en los ingresos de la víctima o incluso sabiendo efectivamente que el damnificado no sufrió esa merma, el resarcimiento igualmente es procedente en la medida en que se haya demostrado una incapacidad psicofísica permanente, sea total o parcial. En tal caso, en lugar de analizar el valor potencial de la actividad futura como daño cierto (lucro cesante) podrá justipreciarse como una frustración de una chance. Esto es, admitir el resarcimiento no como un lucro cesante concreto sino sobre la base de la mutilación de la oportunidad o probabilidad de obtención o aumento de ganancias (entre otros, c. 171996 - “Valenzuela Bernal, Ovidio del Carmen ”- del 02/09/2021; c. 168.803, -“ Mangiaruga, Matías Damián ...”-, sentencia del 07/05/2020; c. 167.312 -“ Bertocchini, Dora del Carmen ...”- sentencia del 10/05/2019, c. 166.500 - Del Hoyo, Andrés ...”, sentencia del 27/11/2018).
De allí que, aun cuando la víctima no tenga -o no haya probado tener- ingresos laborales, tiene igualmente derecho a ser resarcida por la frustración a una posibilidad de realizar algún tipo de actividad lucrativa futura. Esa posibilidad total o parcialmente frustrada de obtener ingresos económicos futuro constituye, a criterio de este Tribunal, un daño patrimonial indemnizable (fallos cit.).
En segundo lugar, y contrariamente a la concepción del daño que propone el apelante, no hay motivo para restringir la incapacidad sobreviniente únicamente a la faz productiva o laborativa, a espaldas de otras dimensiones de la capacidad que el art. 1746 del CCyC expresamente contempla, como ocurre con la ya referida capacidad vital vinculada a actividades no laborales, pero sí económicamente valorables.
De lo dicho hasta aquí se sigue que las lesiones susceptibles de generar un perjuicio patrimonial han sido debidamente acreditadas y correctamente receptadas en el fallo: tanto la merma en la capacidad psicofísica que altera la potencialidad de la víctima para realizar actividades laborales (sea las que hace actualmente u otras que quisiera realizar en un futuro), como la merma en su capacidad vital para realizar libremente y sin dificultades tareas hogareñas y cotidianas (véase respuestas a los punto de pericia n°1 y 2 del dictamen del médico Enrique Sebastián Valdez, también citados por la colega en su sentencia).
Los agravios referidos a este tópico deben ser desestimados (art. 1746 del CCyC).
Las quejas referidas a la cuantificación del daño extrapatrimonial no son fundadas (art. 242 del CPCCBA y 1741 del CCyC).
Este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que la fijación de la reparación queda librada al criterio del juez aunque es necesario indicar las pautas objetivas que fueron evaluadas y ponderadas para arribar a la suma de condena (esta Sala, c. 169141 -“ Bravo ...”-, sent. del 07/07/2020, c. 169939 -" Rabainera ..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -" Lasa ..."- sent. del 08/10/2020).
El Código Civil y Comercial expresamente prescribe en su artículo 1741 que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas , superando de ese modo aquel criterio que sostenía que la reparación del daño extrapatrimonial importaba asignar un precio al dolor. Se trata, en cambio, y como explica Galdós, de establecer el precio del consuelo : la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias, proporcionándole a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y permitiéndole acceder a gratificaciones viables que le brinden alguna forma de alivio (Galdós, Jorge M., en “ Código Civil y Comercial de la Nación, comentado ” dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, 1ra ed., Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, t. VIII, pág. 503).
He ponderado las mismas variables que ha tenido en cuenta la colega en su sentencia, incluyendo a las características del accidente, la intensidad del impacto, las molestias y sinsabores que un hecho de esa naturaleza y características debió producir en el Sr. Cragnaz.
He prestado especial atención a las lesiones sufridas y los tratamientos que debió realizar luego de sus primeras curaciones, según los describe el perito médico Enrique Sebastián Valdez en su dictamen del 18 de abril de 2022, así como también las secuelas resultantes de ese estado lesivo inicial (en particular, la lesión en su pie y tobillo izquierdo que produjo “ una luxación peri astragalina medial de pie izquierdo con fractura no desplazada de peroné y calcáneo ” -punto III-).
En suma, al considerar la naturaleza de la colisión, la entidad de las lesiones y las consecuencias incapacitantes que estas últimas generaron, entiendo que hay elementos más que suficientes para considerar que el rubro ha sido correctamente admitido y que la suma reconocida es
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.