Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 171455
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora, modificando la sentencia en el sentido señalado en el considerando «III.b.» del voto preopinante, confirmándola en toda otra cuestión que ha sido materia de agravio;
II. Imponer las costas en el orden causado, en atención a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA; c. 166734 -" Capparelli, Soledad "- del 06/03/2019);
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). IV)
Expte. N º 171455 - Juzgado Civil y Comercial N°15
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “ ? NUEVA MENDOZA S.R.L. C/ EL TREBOL DE MAR DEL PLATA S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 4 de febrero de 2020?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 4 de febrero de 2020, la magistrada titular del Juzgado Civil y Comercial N°6 departamental, Dra. Gabriela Judit de Sabato, dictó sentencia definitiva en la cual hizo lugar a la demanda por cumplimiento de contrato promovida por Nueva Mendoza S.R.L. contra El Trébol de Mar del Plata S.A., condenando a esta última a que en el término de 15 días proceda al levantamiento de las medidas cautelares que impiden la inscripción a nombre de la actora de una serie de camiones. Asimismo, tuvo por descontado el monto total del saldo de precio a cargo del adquirente en virtud de la aplicación de la cláusula penal convenida. Por último, rechazó la pretensión de daños y perjuicios e impuso las costas a la demandada en su carácter de parte vencida.
Para así decidirlo, explicó que la actora le reclama a la demandada el cumplimiento de un contrato de compraventa celebrado el 16 de septiembre de 2010 y modificado el 5 de noviembre de ese mismo año. Concretamente, pide que la accionada obtenga el levantamiento de las medidas cautelares trabadas por la AFIP que impiden la inscripción a su favor de los vehículos adquiridos más el pago de una cláusula penal. También reclamó el resarcimiento de la pérdida de chance que dice haber sufrido a consecuencia del incumplimiento de la firma demandada.
Señaló que, más allá de la rebeldía de la firma “El Trébol de Mar del Plata S.A.” (en adelante, El Trébol ), ha sido acreditada la relación contractual emergente del boleto de compraventa y su posterior modificación. Indicó que la vendedora se encontraba por entonces concursada y el contrato celebrado el 16/09/2010 fue autorizado por el juez del concurso en los términos de los arts. 16, 17, 52 y 53 de la Ley 24.522.
Refirió que el segundo instrumento, que documenta la modificación del contrato primigenio, en cambio, no fue autorizado por el magistrado a cargo del proceso concursal, motivo por el cual lo declaró ineficaz de pleno derecho frente a los acreedores no obstante tener validez entre las partes otorgantes.
Sobre esa base, consideró demostrado el incumplimiento —habida cuenta las múltiples inhibiciones que pesan sobre la firma accionada— y aplicó la cláusula penal pactada en un descuento de “$2000 de la operación a favor del comprador por cada día de retardo”. Atento al tiempo transcurrido desde la mora del vendedor y el monto diario de la pena, concluyó que la obligación a su cargo se encuentra saldada.
Juzgó improcedente la pretensión de la actora tendiente a percibir la multa más allá del saldo de precio señalado, dado que no fue eso lo que se pactó en el negocio.
Desestimó, por último, el reclamo de pérdida de chance. Dijo que la pena suple a la indemnización de los daños y perjuicios y, a todo evento, la chance que se dice perdida no fue acreditada.
La firma “Nueva Mendoza S.R.L.” apeló el 10 de febrero de 2020 y fundó su recurso el 20 de octubre de 2023. Sus agravios son los siguientes:
i) Cuestiona la decisión de la jueza de declarar que el segundo contrato ha sido celebrado en violación a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 24.522 y, por ello, ineficaz de pleno derecho. Considera que es el juez del concurso -y no la magistrada en este pleito- quien tiene competencia para ello. Destaca que nadie pidió que así se lo declare.
Argumenta que la autorización tampoco era necesaria, siendo suficiente la que precedió a la celebración del primer negocio, cuya concreción se intentaba asegurar.
ii) Considera equivocada la interpretación que se hizo de la cláusula penal. Refiere que es absurdo que el deudor quede liberado de la pena por el solo hecho de agotarse el monto establecido como deuda en su favor, porque la pena precisamente se aplica ante la mora o incumplimiento. Si el saldo se agotó, dice, fue por la falta de cumplimiento y ello no puede beneficiar al deudor estableciendo su liberación.
Manifiesta que la liberación del deudor debe ser interpretada y aplicada en forma restrictiva, sin premiar el incumplimiento por el solo hecho de sostener que el contrato decía “descontar” del saldo el monto diario hasta el cumplimiento, en lugar de “abonar”.
Señala que la intención de las partes no era otra que asegurarse el cumplimiento de la obligación asumida, la cual no era imposible de solucionar y lo único que tenía que hacer el deudor era obtener el levantamiento de las inhibiciones posconcursales, cosa que no hizo. Nunca se pretendió limitar la sanción, como lo propone la interpretación de la jueza, dado que nunca pensaron que el incumplimiento sería tan extenso.
Pide, en definitiva, se devengue la pena de $2.000 por día hasta que se cumpla la obligación. Enfatiza las consecuencias que se siguen de confirmar el criterio sostenido en el fallo apelado.
iii) Se agravia, finalmente, del rechazo del reclamo indemnizatorio. Dice que la cláusula penal, interpretada como lo propone la jueza, ha quedado reducida “a la nada misma” y no tiene aptitud para sustituir ningún daño.
También considera errado afirmar que no se probó su actividad comercial ni la imposibilidad de utilizar los camiones. Dice que es indudable, por las características de la operación, que la compra fue realizada o bien para enajenarlos a terceros o bien para uso propio. El tipo de rodado, alega, no puede sino ser utilizado para transportar mercadería en beneficio propio o de terceros. Considera que hay allí un daño in re ipsa dado que no es posible circular con los camiones sin la documentación en regla.
III. Tratamiento de los agravios.
a. Las quejas relativas a la cláusula penal no son fundadas.
Según se desprende del apartado 8 del instrumento titulado « Modificación boleto de compraventa» fechado el 5 de noviembre de 2010, las partes acordaron que de no liberarse las unidades dentro del plazo establecido en la cláusula 7 (treinta días a contar desde la firma del documento) « la vendedora deberá descontar $2.000 de la operación a favor del comprador por cada día de retardo ».
Se trata de una cláusula penal moratoria que ha sido prevista para el supuesto de incumplimiento relativo de la prestación (arts. 790, 792 y 794 del CCyC).
Contrariamente a lo manifestado por la recurrente, la multa no ha sido pactada como un crédito a devengarse ilimitadamente a favor del acreedor por cada día que dure el retardo de la deudora, sino que fue explícitamente limitada mediante un sistema de descuento: la sanción para la vendedora de los camiones genera una progresiva reducción del monto nominal que la adquirente le adeuda como saldo total de la operación.
Al acordar esta modalidad, no me caben dudas —y tampoco podían caberles a los contratantes, obrando con cuidado y previsión— que la pena ha sido explícitamente limitada a un monto total máximo equivalente a la suma de dinero sobre la que se efectuaría el descuento. Esto es, la penalidad, en su totalidad, no podría nunca superar el valor nominal debido por la adquirente de los vehículos, pues allí estaba el techo o tope sobre el cual acordaron deducir el importe diario (art. 1198 del CC).
La Corte Federal tiene dicho que « [e]l primer criterio para desentrañar la voluntad del disponente es estar a sus palabras cuando son suficientemente claras » (CSJN, Fallos: 319:378, 325:2935).
El entonces vigente art. 217 del Código de Comercio establecía que « [l]as palabras de los contratos y convenciones deben entenderse en el sentido que les da el uso general » y no se da en este caso un supuesto de « ambig üedad de palabras » (art. 218 inciso 1°), ni de « cláusulas equívocas o ambiguas » (art. 218 inciso 2°) que pudiere motivar un ejercicio interpretativo como el que pretende la recurrente, en el que se prescinde de los términos y vocablos utilizados por los contratantes so pretexto de lo que en verdad era —según dice ahora— la real intención de las partes.
Aceptando por hipótesis que la cláusula fuera dudosa o ambigua (y, reitero, no creo que lo sea), el inciso 7° del artículo 218 del Código Mercantil prescribía que « las cláusulas ambiguas deben interpretarse siempre en favor del deudor, o sea, en el sentido de liberación», solución que es plenamente concordante con la lectura restrictiva que merece toda cláusula penal, postulado conforme el cual « si lo controvertido es su mayor o menor extensión, habrá que estar siempre a la menor» (Pizarro, D. – Vallespinos, Carlos G., Tratado de Obligaciones, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2017, t. II, pág. 551). En idéntico sentido, el Código Civil y Comercial prescribe que en aquellos casos en los que se exige una interpretación restrictiva, los jueces debemos interpretar los contratos de conformidad con « la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad » (art. 1062 CCyC).
La actora criticó la decisión apelada por premiar el incumplimiento de la parte deudora. Pero el agravio no es fundado puesto que ni la jueza de primera instancia ni este Tribunal son los artífices de las consecuencias que tan enfáticamente subraya en su recurso.
Si la cláusula contractual es suficientemente clara, como ocurre en este caso, los efectos disvaliosos que el apelante enuncia son los que genera el contrato que voluntariamente celebró, y no la interpretación que de él hacen los jueces. Los resultados económicos indeseados de un pacto de esa naturaleza en el marco de un contrato paritario no pueden ser invocados como razones para apartarse de la letra clara de la convención o para darle a las palabras escogidas por los contratantes un sentido distinto al que tienen, alejado por completo de lo que esos vocablos enuncian y comprometiendo la responsabilidad del deudor en una dimensión mucho más amplia a la que surge del texto expreso del contrato (arts. 217, 218 del CCom, 7, 1061, 1062 y cctes. del CCyC).
Vinculado a lo anterior, considero que también es correcta la decisión de la jueza de desestimar el reclamo de daños y perjuicios formulado por la actora.
Tanto en el Código de Vélez vigente a la fecha de celebración del acuerdo (art. 655 del CC) como en el Código Civil y Comercial actual (art. 793 CCyC) se prescribe que el acreedor de la cláusula penal moratoria no tiene derecho a otra indemnización, aun cuando probase que la pena no es reparación suficiente.
Es por todo lo dicho que los agravios que versan sobre la cláusula penal deben ser desestimados (arts. cit.).
b. Tiene razón la apelante en lo que respecta a la decisión de la jueza de declarar la ineficacia del segundo acuerdo, modificativo del boleto primigenio, y que no fue precedido de la autorización del juez del concurso de la firma vendedora (arts. 16 y 17 de la LCQ).
A los fines de definir la exigibilidad de las obligaciones emergentes de los contratos celebrados entre las partes, y con ello, determinar la procedencia de la demanda promovida por Nueva Mendoza S.R.L., lo único relevante era —y sigue siendo— evaluar la eficacia entre partes de tales negocios, sin que sea necesario ni relevante declarar su inoponibilidad frente a los acreedores concursales cuyos intereses no son aquí objeto de debate o tutela. Por este motivo, y por no ser la jueza de este proceso la que entiende en el concurso preventivo de la firma demandada, corresponde revocar la parcela de la sentencia que ha sido motivo de agravio (arts. 16 y 17 de la LCQ, 34.4 y 163 del CPCCBA).
Dicho ello, también debo advertir que esta declaración de ineficacia no ha tenido ninguna gravitación a la hora de definir el mérito de la demanda y el alcance con el que fueron receptadas las pretensiones de la actora. Se sigue de ello que el éxito parcial del recurso en lo que a este tópico respecta no ha de cambiar la suerte adversa que deben correr los restantes agravios (art. 242 del CPCCBA).
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde : I) Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora, modificando la sentencia en el sentido señalado en el considerando «III.b.» del voto preopinante, confirmándola en toda otra cuestión que ha sido materia de agravio; II) Imponer las costas en el orden causado, en atención a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA; c. 166734 -" Capparelli, Soledad "- del 06/03/2019); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora, modificando la sentencia en el sentido señalado en el considerando «III.b.» del voto preopinante, confirmándola en toda otra cuestión que ha sido materia de agravio; II) Imponer las costas en el orden causado, en atención a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA; c. 166734 -" Capparelli, Soledad "- del 06/03/2019); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). IV) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE a las partes en los términos del art. 10 y 11 inciso "a" del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 02/02/2024 11:29:01 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/02/2024 12:33:08 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/02/2024 21:49:14 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 05/02/2024 10:21:20 hs. bajo el número RS-6-2024 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia