Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 179299
Expte. N º 179299 - Juzgado Civil y Comercial N°5
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “COLANTUONO, MARCELA MAGDALENA Y OTRO C/ INC SA., Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 27 de noviembre de 2023?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 27 de noviembre de 2023, el magistrado titular del Juzgado Civil y Comercial N°5 departamental, Dr. Carlos Ubaldo Méndez, dictó sentencia definitiva en la cual rechazó la demanda promovida por Marcela Magdalena Colantuono, Octavio David Calderón, Eugenia Calderón, Noelia Calderón, Florencia Calderón contra la firma INC S.A. y la citada en garantía HDI Seguros Argentina S.A., con costas.
Para así decidirlo, explicó que no fue discutido el acaecimiento de un accidente en el que perdió la vida José David Calderón ocurrido el 16 de noviembre de 2015 durante la realización de tareas de desmonte de una antena ubicada en el techo del local de la empresa demandada INC S.A., en la ciudad de Balcarce. La actora le atribuye responsabilidad civil a la demandada en su carácter de dueña y guardiana de la antena, en tanto que la citada en garantía, a su turno, invocó dos motivos que eximen a su cliente de responsabilidad: el hecho de que el actor cayó como consecuencia de un problema de salud, y que, en su caso, la causa del hecho fue la negligencia e imprudente accionar de la propia víctima que no adoptó las medidas de seguridad necesarias que la labor le exigía. La demandada, por su parte, postuló defensas similares a las de su aseguradora.
Seguidamente, por la naturaleza riesgosa de la antena, encuadró el caso en la teoría del riesgo creado, evaluando la responsabilidad de la demandada y las eximentes que las partes invocaron para demostrar la ruptura del nexo causal.
Analizó la pericia de la Lic. en seguridad e higiene, Marcela Patricia Pellegrino, quien citó la Resolución N°1718/2010 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -Secretaría de Trabajo- relacionada con el Registro N°1694/2010 de la Federación de obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones y la empresa Telefónica de Argentina S.A., que consideró aplicable al caso. Enunció que las medidas de seguridad que debieron adoptarse incluían al arnés de seguridad, la correa de posicionamiento, el elemento de amarre anticaída “Y”, el salvacaída para cable de acero, el calzado de seguridad, casco protector, entre otros. Dio cuenta de la Norma Argentina IRAM 3622-1 atinente a la “Protección individual contra caídas de altura”, en la que se explica que ante el riesgo de caída es necesario considerar un sistema anticaídas que se adapten a los requisitos ergonómicos que la tarea requiere y solo deben ser utilizados cuando estén previstos medios y puntos de anclaje para que el trabajo pueda realizarse con seguridad.
Evaluó también la pericia del ingeniero electrónico Jorge Marcos Nahas, quien explicó que la torre que debió ser desmontada por el Sr. Calderón es “del tipo de las llamadas torres de comunicaciones arriostada”. Agregó que deben instalarse “retenidas temporales” durante su desmantelamiento, alineados con el centro del lado opuesto del triángulo de la base para que las retenidas queden igualmente espaciadas y correctamente alineadas.
Reseñó el experto las medidas adoptar para la tarea de desmonte de la torre, incluyendo trabajo en equipo, la sujeción de la torre a la base y las riendas que la fijan al terreno, que deben estar firmes. Indicó que un torrista de 40 años de experiencia debería haber tomado todas las precauciones necesarias para percatarse del estado general y particular de la torre en cuanto a su estado material, anclajes y tramos. La persona debe “ tomarse un tiempo prudencial y examinar cuidadosamente el estado de la torre y sus accesorios antes de comenzar cualquier trabajo de desmonte de la misma para no poner en peligro su seguridad física” .
Aseveró el perito que para desmontar torres que no se encuentran en buen estado de conservación y/o que sus anclajes no se encuentren correctamente amurados o fijados deben utilizarse andamios para prevenir la posibilidad de una fractura o quiebre en los distintos tramos de la torre.
El ingeniero Nahas agregó en sus explicaciones que transcurrió un lapso de tiempo desde que se desmontó la antena, pero aun así es posible afirmar que la base es acorde al tamaño de la antena, pero no así los anclajes “ ya que los mismos no respondían a este tipo de antenas y pudieron haber sido la consecuencia de que el torrista se confiara y produjera la posterior caída de la misma” . Aclaró también que de las fotografías surge que “ las fijaciones de los anclajes prácticamente no existen (...) el estado actual de la base se encuentra en un pésimo estado de conservación y puede haber sido que el hormigón de la misma se resecara y produjera el desprendimiento de la totalidad del cuerpo de la antena cuando el torrista estaba desmontando”.
Reiteró que es imprescindible que “ antes de proceder al desmonte de cualquier tipo de antenas, el torrista debe tomarse un tiempo prudencial para verificar el estado de la estructura de la antena, es decir, la posibilidad de que la armazón de metal no esté en condiciones de colapsar debido al estado de debilidad propio del tiempo y corrosión del mismo, que los anclajes de fijación no estén fuera de la estructura propia de la antena o en condiciones de “soltarse” por fallas en la fijación de los mismos” (sic).
Luego de detallar y explicar con precisión otras medidas de seguridad, aseveró que la estructura de la antena “ se quebró desde la base (...) y eso hizo que colapsara en su totalidad” .
Seguidamente, el colega evaluó el testimonio del Sr. Miguel Angel Martín, quien fue ayudante de Calderón y testigo presencial del hecho. Dijo que la víctima tenía “arnés y casco de seguridad” y que “ subió y un tramo de la torre se salió, se rompió, Calderón cayó con torre y todo. No sé a qué altura estaba pero calculo que tenía tres metros por tramo y él estaba a la altura de tres tramos. Yo no me acuerdo si se rompió el tramo dos o el tramo tres. Recuerdo que el tramo en el que él estaba apoyado se desprendió. No recuerdo bien”. Agregó luego que un pedazo de la torre cayó y otro quedó puesto, y que el arnés estaba sujeto al tramo en el que estaba apoyado y trabajando.
Todo este material probatorio llevó al magistrado a concluir que el Sr. Calderón no adoptó las medidas de seguridad que la labor técnica encomendada le requería, considerando además la profesionalidad y experiencia que tenía en la materia. Estos descuidos, dijo el colega, configuraron un actuar culposo de la víctima con aptitud para interrumpir el nexo de causalidad y exonerar totalmente de responsabilidad a la demandada y su citada.
Los accionantes apelaron el fallo el 29 de noviembre de 2023 y fundaron su recurso el 21 de febrero de 2024. La réplica de la citada fue presentada el 1 de marzo de 2024 y la de la demandada el 4 de marzo de ese mismo año.
Los agravios de los reclamantes pueden sintetizarse del siguiente modo:
i) Consideran que el juez realizó una aplicación errónea de la normativa que regula la responsabilidad por daños y de la doctrina legal de la Suprema Corte. Destaca que la prueba producida —en particular, la pericia médica y la testimonial— permitió demostrar la falsa versión de los hechos alegada por la contraía con apoyo en una autopsia carente de fundamentos. Se acreditó, dicen, que Calderón cayó conjuntamente con la torre, atado a ella con su arnés de seguridad, y que los traumatismos provocados por la caída generaron su muerte.
Estiman que la torre, en tanto cosa riesgosa, tuvo una participación activa en el hecho. Además, era viciosa, por los defectos en los anclajes de las retenidas. Alegan que eran la demanda o su citada quienes debían acreditar de modo contundente la existencia de hechos del damnificado que provoquen un quiebre total o parcial del nexo causal.
ii) Objetan que el juez receptó como eximentes a hechos que no tienen la aptitud para obrar como tales y que no fueron alegados ni por la demandada ni por la aseguradora, violando de ese modo el principio de congruencia.
Reparan en la poca voluntad de colaborar que tuvo el único testigo del hecho: el Sr. Martín, quien fue llevado a declarar con auxilio de la fuerza pública y nada de lo que dijo puede demostrar en forma contundente un hecho de la víctima en los términos del art. 1729 del CCyC.
En particular, cuestionan su relato en lo tocante a la ubicación del arnés de seguridad en sector de la torre en la que Calderón estaba trabajando, y ello así por resultar susceptible de múltiples interpretaciones y por estar en contradicción con lo dicho de otros testigos y con las conclusiones del perito Nahas. El hecho de que no mencione otras medidas de seguridad —por fuera del arnés y el casco— no es indicativo de su existencia.
En relación a las medidas de seguridad que el magistrado consideró omitidas por la víctima, entiende que ellas: (a) no eran exigibles; (b) a todo evento, no hubieran evitado el daño y (c) no fueron invocadas por la demandada o su aseguradora, violando con ello el principio de congruencia.
iii) Argumentan sobre cada una de las medidas de seguridad cuya omisión fue destacada por el juez para tener por acreditado el quiebre del nexo causal. En cuanto a la “instalación de la pértiga de vida”, consideran —citando fragmentos de la pericia del ingeniero Nahas— que no hubiera impedido la caída de toda la estructura. Así lo corrobora el experto cuando refiere que, en un caso de colapso total, la “pértiga de vida” se desploma en junto con la antena.
En lo que refiere a la colocación de “retenidas temporales”, respecto de las cuales el perito Nahas aseveró que las torres deben estar correctamente ancladas con ellas, y que “ es posible que se deban colocar retenidas temporales durante su instalación y/o desmantelamiento” . Cuestionan que el experto no dice en qué casos sería “posible” (sin calificarlo como necesario u obligatorio) y tampoco se afirma que Calderón debió haber utilizado retenidas temporales. Es un error del juez concluir que la víctima estaba obligada a hacerlo.
Agregan que el perito señaló que es posible que en el caso Calderón, pese a haber cumplido con la diligencia en la revisión previa de la torre, pudo igualmente sufrir el siniestro. Destacan que en las explicaciones Nahas dijo que puede ocurrir que el grado de deterioro de la estructura, bases y anclajes haga que al agitar la estructura se tornen frágiles por el tiempo y ello incida en la rotura, cosa que el torrero puede no percibir el eventual quiebre de sus partes. Juzgan que debe considerarse que la víctima efectuó la revisión previa y su resultado, con base en su experiencia, fue que era seguro subir a la torre y desmantelarla. Por ello, las medidas de seguridad adicionales (como las retenidas temporales) no lucían como un recaudo a adoptar razonablemente conforme el criterio y la experiencia del torrero.
En lo tocante a la utilización de andamios, enfatizan que el perito —contrariamente a lo interpretado por el juez— dice que deben utilizarse en torres en mal estado de conservación para prevenir la posibilidad de una fractura o quiebre en los distintos tramos. El estado de cosas que hace exigible esa medida (el mal estado de la torre) debe ser detectable en la revisión previa que hace el torrero; si ello no es apreciable por el operario, la medida no es exigible.
Dicen que no hay prueba que de cuenta de que, al momento de ser desmantelada, la torre estuviera en mal estado de conservación y/o que éste fuera detectable por el torrero. Tampoco se probó que no se realizara una inspección previa o que pudo Calderón detectar una situación anómala y no lo hizo (o que, frente a ello, no tomó las prevenciones necesarias).
iv) En un segundo agravio (punto «II.III») invocan la violación de criterios vigentes en materia de responsabilidad por daños y respecto de la función social de la responsabilidad objetiva.
Desarrollan los fundamentos y propósitos sociales que subyacen a las normas que regulan el factor de atribución de responsabilidad objetivo por el riesgo creado, destacando en especial la protección a la víctima como objetivo primordial. Citan doctrina y jurisprudencia sobre la temática.
v) En el tercer y último agravio (punto «II.IV») invocan la violación al paradigma constitucional de defensa del vulnerable y la omisión de considerar adecuadamente las asimetrías existentes entre las partes. Argumentan que la sentencia hace recaer todas las obligaciones sobre el Sr. Calderón, en tanto omite toda consideración sobre las obligaciones de la demandada, cuya omisión tuvo incidencia en la producción del siniestro y su fatal resultado.
Reparan en la disparidad de situaciones en las que se encuentran el Sr. Calderón y la demandada. Dicen que, pese a no haber una relación laboral, existía una asimetría evidente entre una sociedad anónima de gran envergadura y un trabajador que ha sido contratado para un trabajo puntual, mereciendo este última una protección especial merced al carácter vulnerable que ostenta. Refieren que así lo imponen razones de justicia y equidad.
Cuestionan que la demandada no haya probado la mecánica del accidente, limitándose a sostener una hipótesis basada en la autopsia y sin hacer declarar al gerente del hipermercado ni otros empleados que estuvieron en el lugar y que bien podrían conocer el estado de la torre, la revisión de ella por la víctima o las medidas de seguridad que ésta adoptó, entre otras medidas de prueba omitidas.
Piden se dicte una nueva sentencia haciendo lugar a la demanda.
Por razones de orden lógico analizaré en primer lugar el agravio de los actores vinculado a la violación al principio de congruencia. Seguido a ello, evaluaré el mérito de las quejas relacionadas con la admisión de la eximente de responsabilidad fundada en la culpa de la víctima. Sobre el final, daré tratamiento a los restantes argumentos a través de los cuales reclaman la revocación del fallo apelado.
Adelanto que, a mi modo de ver, el recurso no debe prosperar.
No es tal el defecto de congruencia que la recurrente le endilga al fallo atacado con fundamento en la ausencia de un planteo expreso de una eximente basada en la culpa de la víctima.
La firma HDI Seguros S.A. respondió la citación en garantía planteando dos hipótesis de defensa. La primera, desarrollada en el punto «V.a.1.» del escrito de fecha 17/09/2018 y sustentada en el informe de autopsia realizado en la investigación penal preparatoria, consistió en alegar que Calderón sufrió un tromboembolismo pulmonar masivo mientras se encontraba en la torre, provocándole la caída. La segunda, detallada en el apartado «V.b» de la misma pieza (y que se titula “ Culpa de la víctima ”), consistió en alegar que, aun de aceptar la hipótesis fáctica de la actora —esto es, admitiendo por cierto que los hechos ocurrieron como se narraron en el escrito de demanda—, los daños « fueron producto de su negligente accionar » (sic). Luego de plantear diversos escenarios posibles sobre lo que hizo o dejó de hacer el Sr. Calderón, la aseguradora agregó que « no hay duda que “lamentablemente” (por lo sucedido) ha existido negligencia y/o impericia del Sr. Calderón en la realización de su actividad, resultando su caída, una clara y lógica consecuencia de ello».
A los fines de demostrar esta última defensa, ofreció prueba pericial en higiene y seguridad para que responda múltiples puntos de pericia que tuvieron por propósito conocer cuáles eran las medidas de seguridad que exigía la naturaleza de la labor técnica encomendada al Sr. Calderón (v. punto «VIII.8» del escrito de contestación de citación de garantía). Fue la citada la que ofreció (v. punto citado) y luego instó (v. escrito del 02/09/2019) la producción de la pericia en ingeniería, para complementar los puntos que la Lic. en higiene y seguridad no pudo responder por resultar ajenos a su incumbencia profesional.
En este contexto, considero que el planteo de la citada en garantía fue lo suficientemente claro y explícito como para considerar que el actuar culposo del Sr. Calderón (y su impacto en la estructura causal del lamentable suceso) formó parte de la materia debatida y podía ser objeto de prueba y decisión. Se infiere de ello que el juez, al desestimar la demanda con fundamento en el actuar culposo de la víctima, no se apartó de los límites cognitivos establecidos por las partes en sus respectivos escritos postulatorios.
El agravio, en cuanto a este tópico refiere, debe ser desestimado (arts. 34.4 y 163.6 del CPCCBA)
III.b. Sobre la culpa de la víctima y las medidas de seguridad.
III.b.1. Si bien por otros fundamentos, concuerdo con la decisión del magistrado de rechazar la demanda.
Según se desprende de las circunstancias que llegan incontrovertidas a esta instancia, el accidente que le costó la vida al Sr. José David Calderón se produjo el 16 de noviembre de 2015 en el techo de un inmueble propiedad de la demandada, ubicado en la localidad de Balcarce.
La firma INC S.A. contrató al Sr. Calderón, torrista de vasta experiencia en la materia, para desmontar una torre de altura ubicada en la parte superior del local en el que funciona un supermercado. La muerte de Calderón se produjo por las lesiones sufridas al caer desde el tercer tramo de la torre, a una altura de aproximadamente 10 metros.
El daño sufrido por Calderón se produjo en el marco de la ejecución de un contrato de obra en el que el desmonte del artefacto era el resultado técnico —el opus — que INC. S.A. (comitente) le encomendó al Sr. Calderón (contratista) (art. 1252 primer párrafo del CCyC). Y destaco el contexto negocial en el cual tuvo lugar el lamentable suceso dado que la responsabilidad del comitente por el daño sufrido por el contratista, haya o no intervención de cosas riesgosas o viciosas, debe regirse, en primer lugar, por las reglas propias del tipo negocial y luego, residualmente, por las normas generales de la responsabilidad (incluyendo la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicios de las cosas o cualquier otra que pudiere juzgarse aplicable).
Galdós explica con claridad este punto al estudiar la teoría del riesgo y vicio de las cosas y su aplicación en daños contractuales. Dice el autor que, en casos de daños sufridos en la órbita contractual, corresponde aplicar en primer lugar las disposiciones de cada contrato en particular (en el caso, el contrato de obra; arts. 1251 y sig. del CCyC); luego, las disposiciones del capítulo de los contratos (arts. 957 y sig. del C
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