Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 178443
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Juan Pablo Salate, sin costas atento a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA);
II. Rechazar el recurso de apelación de Boston Compañía Argentina de Seguros S.A., con costas (art. 68 del CPCCBA);
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV)
Expte. N º 178443 - Juzgado Civil y Comercial N°12
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “CASTRO YASMIN C/ SALATE JUAN PABLO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el demandado en su presentación del 13 de diciembre de 2022?
2 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 6 de diciembre de 2022?
3 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Contra la sentencia definitiva dictada el 6 de diciembre de 2022, la entonces apoderada común de la citada y del demandado presentó un recurso de apelación el 13 de diciembre de 2022.
La Dra. Di Iulio renunció al poder que le fuera otorgado por el demandado, quien luego no se presentó en el expediente y fue declarado rebelde (v. providencia del 13/07/2023).
El 24 de octubre de 2023 este Tribunal llamó a expresar agravios al Sr. Juan Pablo Salate por el plazo de cinco días, providencia que quedó notificada en los términos del art. 59 del CPCCBA y 11 inciso “a” del Ac. 4039/21 de la SCBA.
El apelante nunca cumplió la carga de fundar su recurso, encontrándose a la fecha holgadamente vencido el término para hacerlo (art. 124 del CPCC). Por esta razón, y de conformidad con lo normado en el art. 261 del Código de Procedimientos, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto.
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 6 de diciembre de 2023, la magistrada a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°12 departamental, Dra. Andrea Sara García Marcote, dictó sentencia definitiva en la cual hizo lugar a la demanda promovida por Yasmín Castro contra Juan Pablo Salate y condenó a este último -y a su citada en garantía Boston Compañía Argentina de Seguros S.A.- a abonarle a la actora $10.168.480,10, más intereses y costas.
Para así decidirlo, consideró al accionado civilmente responsable por los daños ocasionados en el accidente de tránsito ocurrido el 25 de febrero de 2019 en la intersección de la Avenida Libertad y calle México de esta ciudad. Según juzgó acreditado, el impacto se produjo cuando el Renault Clío al mando de Salate colisionó contra la bicicleta conducida por Yasmín Castro, quien sufrió lesiones de diversa índole.
En cuanto a los rubros resarcitorios, la colega admitió los siguientes: 1) Daño material: $112.652; 2) Incapacidad sobreviniente: $8.917.828,10; 3) Daño moral: $1.000.000; 4) Costos de terapia psicológica: $138.000.
Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. apeló el fallo el 13 de diciembre de 2022 y fundó su recurso el 6 de noviembre de 2023. La réplica de la actora fue presentada el 11 de noviembre de ese mismo año.
Los agravios de la citada en garantía pueden sintetizarse del siguiente modo:
(a) Objeta la solución adoptada por la jueza en torno al límite de la cobertura y la suma asegurada en la póliza. Cita precedentes de la Corte Suprema de la Nación en los que se resolvió que el asegurador se obliga a mantener indemne el patrimonio del asegurado o del conductor autorizado en la medida del seguro.
Argumenta que la actualización del límite pactado ignora la normativa aplicable a la actividad asegurativa y se aleja de las limitaciones contractuales que respetan el vínculo entre el premio pagado, los riesgos asegurados y la extensión de la cobertura.
(b) Cuestiona por exorbitante el monto otorgado por incapacidad sobreviniente. Dice que es ajeno a la equidad considerar que las lesiones de la actora justifican un resarcimiento de $8.917.828,10.-, todo lo cual -alega- produce un beneficio económico y desproporcionado. Se queja de que no se mencione qué actividades laborales antes podía hacer la accionante y ahora ya no puede, o de qué manera se vio afectada su vida para justificar el monto excesivo otorgado. Invoca doctrina y jurisprudencia en la que se destaca la prudencia y la razonabilidad como pautas para determinar el rubro.
Alega que el parcial no puede ceñirse a cálculos "matemáticos, rígidos, cerrados y herméticos" y que debe quedar sujeto al prudente arbitrio judicial.
(c) Entiende elevada la suma reconocida por daño moral, considerando las lesiones sufridas por la actora. Argumenta que el libre arbitrio que tienen los jueces para fijar el daño moral no consiste en una potestad absoluta y carente de límites. Estima exorbitante la suma determinada en el fallo y pide su reducción.
III. Tratamiento de los agravios.
Adelanto que el recurso no prospera.
Las quejas que la recurrente postula sobre la extensión de la garantía no son fundadas.
Este tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que la denominada “medida del seguro” contemplada en el art. 118 de la LS no debe entenderse en un sentido estrictamente nominal, reparando únicamente en la cantidad de unidades monetarias volcadas en una póliza celebrada hace ya muchos años, sino en un sentido valorista, haciendo foco en el valor real -esto es, en el poder adquisitivo- de los montos originalmente contemplados en el instrumento, de modo de mantener la ecuación económica original y que la entidad patrimonial de la garantía patrimonial se mantenga a lo largo del tiempo que insume el proceso (v. 176408 –“ Galván, Solange ...”- del 14/07/2023).
Por ello, sobre la base del criterio fijado por la Suprema Corte provincial en el caso “Martinez” (C. 119.088, del 21/02/2018), esta Sala ha considerado que la solución más justa en materia de seguros voluntarios de responsabilidad civil consiste en aplicar el límite de cobertura fijado por la autoridad administrativa para el tipo de seguro de que se trate -obligatorio o voluntario- vigente a la fecha del efectivo pago de la condena, comprensivo de capital e intereses (c. 167638 -“ Rodriguez ...”- del 08/10/2019), agregando luego que ese límite fijado por la Superintendencia de Seguros de la Nación debe ser actualizado por IPC desde la fecha que comenzó a regir la resolución en la que se lo establece y hasta la extinción de la obligación (Sala II, c. 167352 -" Verdinelli , Néstor O."-, del 25/03/2021; en igual sentido, c. 172880 -" Bartoli, Cecilia B. "- sent. del 31/11/2021).
Si bien en una extensión distinta a la descripta, la solución adoptada por la magistrada es concordante con las premisas que dan soporte al criterio de este Tribunal, por lo que propondré al acuerdo que la decisión sea confirmada.
Considerar que el límite de cobertura constituye un valor nominal fijo e invariable, como pretende la apelante, resulta absurdo y genera resultados por completo inaceptables en coyunturas inflacionarias: significaría asignarle a la aseguradora un generoso premio derivado de su propia mora, con un indisimulable beneficio derivado de litigar para demorar el pago de lo debido, financiándose con el litigio judicial y la dilación abusiva del proceso (v. mi voto en causas 162.615 -“ Curry ...”- del 27/04/2017 y 179120 –“ Acosta Cortez ...”- del 22/02/2024).
Detrás de la pretensión de la aseguradora de atenerse a los contornos nominales de la suma asegurada en la póliza se vislumbra un objetivo indisimulable: lejos de resguardar un supuesto equilibrio negocial, lo que se busca es licuar su propia deuda beneficiándose con la inflación acumulada durante el tiempo que insumió un juicio que ella misma motivó y en el que resultó vencida.
Por lo demás, más allá de citar fallos de la Corte Suprema (que, por cierto, refieren a temas que no constituyen cuestión federal y que versan sobre la interpretación y aplicación de normas de derecho común), la demandada no cuestiona -ni menciona siquiera- la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que da soporte a la decisión que le ha sido adversa.
Esta omisión deja al recurso en un abismo argumental puesto que es la interpretación de la Casación bonaerense -y no la de la Corte Federal- la que la magistrada citó expresamente en su sentencia y constituye el argumento central de la solución adoptada.
Por todo lo dicho, considero que el agravio en estudio debe ser desestimado (art. 242 y cctes. del CPCCBA).
III.2. Sobre la incapacidad sobreviniente .
El agravio no correrá mejor suerte que el anterior.
Al evaluar el rubro, la jueza ha explicitado el mecanismo de cálculo para definir la indemnización (fórmula “Méndez” creada por la Sala III de la CNAT, fallo homónimo del 28/04/2008) y cada una de las variables utilizadas: edad, ingresos mensuales presuntos y edad límite de cálculo (considerando «4.b.»).
En la causa "Santecchia" (c. 137518 del 14/2/18), esta Sala afirmó que "[l]a virtud de los sistemas de cálculos que utilizan fórmulas es que el juzgador se ve en la necesidad de explicar todos y cada uno de los parámetros (variables) que utilizó para arribar a la suma final (...). Esta labor argumental desplegada por el magistrado al explicitar las variables y la forma de relacionarlas para cuantificar el daño trae consigo una carga complementaria para los litigantes que se agravian de esa decisión. Esto es, deben [o digo mejor: tienen la carga de ] explicar con claridad y mediante argumentos convincentes por qué tal o cual variable fue incorrectamente estimada."
No encuentro que esta exigencia técnica del recurso se vea abastecida en el caso, puesto que más allá de la crítica referida a las actividades que la víctima se supone que no puede realizar (punto que abordaré seguidamente), el cuestionamiento de la aseguradora no pasa de ser una objeción general al uso de las fórmulas y loas genéricas al método de la prudencia y la razonabilidad.
Esta argumentación resulta sumamente débil por tres motivos.
Primero, porque no repara en que el uso de fórmulas de valor presente de rentas futuras es hoy una exigencia legal imperativa, y no una mera opción metodológica elegida por la magistrada (art. 1746 del CCyC). Segundo, porque la jurisprudencia que la recurrente cita en apoyo de su posición es de antigua data y refleja interpretaciones de un derecho civil que hoy no está vigente. Y tercero, porque -a todo evento- la propia recurrente siquiera explica cómo los criterios cuya aplicación reclama -la prudencia y la razonabilidad- permitirían arribar a una suma distinta a la que fue fijada en la sentencia.
Resulta intrascendente la mención de las actividades laborales que la víctima puede o no puede realizar en virtud de las lesiones permanentes en su integridad física, como reclama la apelante en su memorial.
El médico puede detallar las limitaciones físicas concretas en la actora (como lo hizo el perito Manes al mencionar el callo óseo calcificado, la limitación de 10 grados en la movilidad del hombro, etc.), pero no es su tarea indicar qué tipo de labores (trabajos, oficios, etc.) podrá o no podrá hacer en un futuro una persona con esos padecimientos físicos. El impacto de la lesión en su capacidad total obrera está predeterminada por los baremos utilizados. Y si bien hay allí una referencia a la cual los jueces no tienen por qué sujetarse (esta Sala, causa n° 166636 -"Ogas, Ramona..."- sent. del 20/12/2018), lo cierto es que en el caso no hay motivos para apartarse de ese parámetro, al menos en lo que respecta a la naturaleza incapacitante de las lesiones.
Cabe recordar que, en principio, es el baremo -y no el perito médico- el que presupone que una lesión como la de la actora tiene una entidad suficiente como para generar un impacto negativo permanente en su capacidad genérica para realizar actividades remuneradas. El baremo no solo sirve para estandarizar escalas que miden la magnitud del impacto de la lesión en la aptitud total obrera de una persona, sino que también permiten prefijar la dimensión incapacitante de ese tipo de lesiones. Y he aquí un dato no menor: el baremo utilizado por el perito Manes ha sido creado por una asociación de empresas del mismo rubro que la recurrente.
En suma, al no haber demostrado un error en ninguna de las premisas que componen la decisión adoptada, propondré al acuerdo que el recurso de la aseguradora -en cuanto a este rubro refiere- sea desestimado (art. 1746 del CCyC).
Las quejas referidas a la cuantificación del daño extrapatrimonial tampoco son fundadas (art. 242 del CPCCBA y 1741 del CCyC).
Este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que la fijación de la reparación queda librada al criterio del juez aunque es necesario indicar las pautas objetivas que fueron evaluadas y ponderadas para arribar a la suma de condena (esta Sala, c. 169141 -“ Bravo ...”-, sent. del 07/07/2020, c. 169939 -" Rabainera ..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -" Lasa ..."- sent. del 08/10/2020).
El Código Civil y Comercial expresamente prescribe en su artículo 1741 que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas , superando de ese modo aquel criterio que sostenía que la reparación del daño extrapatrimonial importaba asignar un precio al dolor. Se trata, en cambio, y como explica Galdós, de establecer el precio del consuelo : la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias, proporcionándole a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y permitiéndole acceder a gratificaciones viables que le brinden alguna forma de alivio (Galdós, Jorge M., en “ Código Civil y Comercial de la Nación, comentado ” dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, 1ra ed., Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, t. VIII, pág. 503).
He ponderado las mismas variables que ha tenido en cuenta la colega en su sentencia, incluyendo a las características del accidente, la intensidad del impacto, las molestias y sinsabores que un hecho de esa naturaleza y características debió producir en la Srta. Castro.
He prestado especial atención a las lesiones sufridas y los tratamientos quirúrgicos que debió realizar luego de sus primeras curaciones, según los describe el perito médico Federico Pascual Manes en su dictamen del 03 de septiembre de 2021 y sus explicaciones del 1 de noviembre de 2021, así como también las secuelas resultantes de ese estado lesivo (en particular, la limitación en la rotación interna del hombro).
En suma, al considerar la naturaleza de la colisión, la entidad de las lesiones y las consecuencias incapacitantes que estas últimas generaron, entiendo que hay elementos más que suficientes para considerar que el rubro ha sido correctamente admitido y que la suma reconocida es razonable y adecuada, sin que tenga la exorbitancia que el apelante le endilga. Propondré al acuerdo confirmar esta parcela del fallo y desestimar el recurso (art. 1741 del CCyC, 242 y cctes. del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la tercera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde : I) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Juan Pablo Salate, sin costas atento a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA); II) Rechazar el recurso de apelación de Boston Compañía Argentina de Seguros S.A., con costas (art. 68 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967);
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Juan Pablo Salate, sin costas atento a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA); II) Rechazar el recurso de apelación de Boston Compañía Argentina de Seguros S.A., con costas (art. 68 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE a las partes en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 14/03/2024 13:28:39 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2024 13:38:46 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2024 13:49:34 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 15/03/2024 09:07:00 hs. bajo el número RS-52-2024 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia