Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 179795
Expte. 179795 – Juzgado Civil y Comercial n°10
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “LOPIZZO, GABRIELA TAMARA C/ TARTAMIH S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva única dictada el 23 de febrero de 2024?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 23 de febrero de 2024 la magistrada titular del Juzgado Civil y Comercial N°10 departamental, Dra. Mariana Lucia Tonto, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda promovida por Gabriela Tamara Lopizzo contra Tartamih S.A. y condenó a esta última a abonarle a la actora $112.361,60 más intereses y costas.
Para así decidirlo, explicó que las partes reconocieron que entre ellas hubo una relación comercial que se desarrolló entre 2007 y 2010 y cuyo objeto era la explotación comercial de un negocio de venta de productos alimenticios ubicado en la calle Alem de esta ciudad. Coincidieron también en que esa relación finalizó en octubre de 2010.
El punto de controversia radica en el tipo de contrato que una y otra parte considera que los vinculó: la actora alega que fue una franquicia en tanto que la demandada lo calificó como una relación comercial de compra venta de productos propios, con un permiso de uso de la marca en la medida en que hubiera exclusividad en la venta de tartas. La colega explicó que, además, las partes disienten en cuanto a la responsabilidad derivada de la ruptura de la relación comercial.
Seguidamente, y luego de detallar las características principales del contrato de franquicia, la magistrada juzgó acreditado que tal era el tipo negocial que medió entre las partes.
Evaluó la prueba testimonial y reparó en lo dicho por la Srta. Alterats, que trabajó en el local de la actora, y narró que existían requisitos a cumplir como el packaging, bolsas y papel y que todo ello los determinaba “La Tartería”. Agregó que una vez el Sr. Franco Michelli le dio indicaciones sobre la limpieza del baño y hacía sugerencias sobre la atención al público. El testigo González, a su turno, también trabajó en el local y concurrió como cliente, y dijo que en el sistema de franquicias hay formas prestablecidas de trabajo, incluyendo packaging, uniforme de empleados, estética del local y todo ello era determinado por Franco, dueño de la marca. Narró inspecciones y entregas mediante la camioneta de “La Tartería”. Similar relato ofreció el testigo Di Caprio.
Dijo que fue probado que la actora tenía el cartel de “La Tartería”, extremo que el propio presidente de la firma demandada reconoció en la absolución de posiciones y surge también de la carta documento que esta última le envió a la actora.
Concluyó que fue debidamente acreditado que entre las partes existió un contrato comercial de franquicia, mediante el cual la demandada vendía a la actora productos de su fabricación, con exclusividad en la provisión de mercadería, con autorización del uso de marca, tanto en cartelería, packaging de productos, recibos y papelería y que era la demandada la que controlaba las condiciones del comercio (estado del baño, cocción de productos, uniforme personal, etc.).
Desestimó la defensa de la demandada en cuanto a que no existió franquicia en razón de que no había pago de derecho o canon de explotación.
Seguidamente, evaluó conjuntamente la fundabilidad de la demanda de la actora y de la reconvención de la contraria.
Apuntó que del análisis del intercambio epistolar surge que el 22 de octubre de 2010 Tartamih S.A. revocó la autorización para el uso de la marca e intimó a Lopizzo para que cese con el uso de la marca “La Tartería”, desmonte, elimine u oculte de manera definitiva la cartelera exterior e interior del local de calle Alem. Invocó haber constatado mediante dos actas notariales que en el local se vendían productos no fabricados por Tartamih S.A.
La accionada, dijo la jueza, no probó la conducta que le imputó a la actora, en tanto que esta última demostró los hechos que le endilgó a la demandada. Estimó que las actas notariales a las que refiere Tartamih S.A. solo dan cuenta de expresiones unilaterales del propio requirente, por lo que carecen de valor probatorio. Los testigos ofrecidos por la accionada tampoco dieron cuenta del hecho que funda la reconvención: Romina Yoguel y Gerardo Guillermo Keller no sabían por qué la demandada dejó de tener relación comercial con Lopizzo.
La actora, en cambio, demostró el cese en el suministro de mercadería, lo cual fue reconocido por el presidente del directorio de la demandada en el texto de su propia carta documento. Destacó que no hubo intimaciones a cumplir las obligaciones supuestamente incumplidas previo al cese del suministro, a la vez que la supuesta deuda reclamada data del 22 de octubre de 2010, posterior a la fecha del cese. La certificación contable, dijo, es insuficiente para demostrar el crédito alegado, por sustentarse en base al libro IVA que no está incluido dentro de los que regula el art. 44 del Código de Comercio y no tiene eficacia probatoria en juicio entre comerciantes.
El perito contador dijo que no tuvo acceso a los libros contables de la demandada y se vio imposibilitado de dictaminar sobre la existencia y cuantía de ese supuesto pasivo.
De todo lo anterior, concluyó la colega que Tartamih S.A. dejó de cumplir las obligaciones a su cargo sin mediar intimación previa a la contraria y luego resolvió de modo intempestivo el contrato de franquicia, sin que haya probado el incumplimiento que invoca en su contra demanda, tornando ilegítima esa ruptura unilateral del contrato celebrado.
Por ello, desestimó la reconvención de la demandada e hizo lugar al reclamo de la actora por un total de $112.361 en concepto de daño emergente.
II. Los recursos.
La Sra. Gabriela Tamara Lopizzo apeló el 29 de febrero de 2024 y fundó su recurso el 15 de abril de 2024. La contraria lo respondió el 6 de mayo de 2024.
La actora postuló un único agravio referido al daño moral, el cual —dice— fue injusta e indebidamente rechazado. Alega que, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, con la vigencia del postulado de la reparación integral, no debe adoptarse una mirada restrictiva con relación al daño moral en materia contractual. Reitera y enfatiza los padecimientos extrapatrimoniales sufridos como consecuencia del incumplimiento de la demandada y reclama su resarcimiento.
II. 2. El recurso de la parte demandada
La firma Tartamih S.A. apeló el 1 de marzo de 2024 y fundó su recurso el 23 de abril de 2024. Sus tres agravios pueden sintetizarse del siguiente modo:
i) Cuestiona el valor probatorio que se le dio a los testigos propuestos por la actora, los que considera tendenciosos, preparados y uno de ellos pariente político de la actora.
Objeta que la jueza haya dicho que no se probó una intimación previa a cumplir las obligaciones a cargo de Lopizzo, dado que “ parte de la premisa que mi parte sabía de la existencia de un contrato de franquicia que jamás existió”. Dice que no había por qué intimar pues “ no había contrato que los uniera ” (sic).
ii) Argumenta que se trató de un contrato de venta de mercadería elaborada por la misma demandada, en cuyo marco se ultrajó la confianza de vendedor comprando productos en la competencia y aprovechando de mala fe el nombre de La Tartería y especulando con un beneficio. Pide que la justicia castigue la mala fe, sin amparar a quien utiliza ardides y se aprovecha de la debilidad y grises en la comercialización (sic).
Seguidamente considera contradictorias dos frases de la jueza que refieren a la suficiencia de la certificación contable para acreditar la deuda de Lopizzo frente a la demandada y cuestiona la falta de valor probatorio del Libro Iva Ventas
iii) En su tercer punto de disconformidad, se queja de la recepción del rubro lucro cesante (sic). Dice que la jueza no citó la prueba anticipada consistente en un mandamiento de constatación en el que surge que la actora vendió el fondo de comercio a Todo Tartas, empresa que le proveía cuando usaba la marca La Tartería.
III. Tratamiento de los agravios.
Analizaré el recurso de la parte demandada y luego me abocaré al de la parte actora.
III.1.a. En numerosas oportunidades esta Sala ha dicho que la expresión de agravios debe contener un mínimo de técnica recursiva por debajo de la cual las simples consideraciones o quejas carecen de entidad jurídica como agravios, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez, sin hacerse cargo de los fundamentos de la resolución apelada (mi voto en causas n° 162163 -“ Pereira ...” del 22/09/2016, n° 162083 -“ HSBC Bank Argentina S.A ...” del 22/12/2016, n° 162403 -“ Etcheverry ...”- del 07/02/2017, n° 162247 -“ Di Sabatto ...”- del 06/04/2017, n° 162837 -“ Musoni ...”- del 15/05/2017, n°162854 -“ Argaña ...”- del 22/06/2017, n° 163775 -“ Reyes ...”- del 09/08/2017, entre otros).
Fundar un recurso significa consignar razonadamente los errores de hecho y de derecho incurridos por el inferior, hacer un análisis razonado y serio del fallo y aportar la demostración de que es erróneo, injusto o contrario a derecho (esta Sala. causa 18.014, RSD 484-68 del 25/11/68).
De allí que no pueda juzgarse debidamente fundamentado un recurso cuando la parte solo formula alegaciones que dan cuenta de una disconformidad con la solución pero sin analizar de manera puntual y concreta los argumentos, las razones de hecho y de derecho que cimientan la decisión que le es adversa.
b. Tal es el defecto técnico que advierto en el recurso de la firma Tartamih S.A.
Un simple cotejo de las manifestaciones formuladas por la accionada en lo que debió ser la expresión de agravios, contrastándolos con la argumentación contenida en la sentencia cuestionada, revela que esta última ha quedado firme por falta de impugnación idónea (art. 260 y 261 del CPCCBA).
En efecto, la jueza de primera instancia explicó que la prueba producida fue suficiente para considerar acreditado un contrato comercial, no formalizado por escrito, mediante el cual la demandada vendía a la actora productos de su fabricación, con exclusividad en el suministro, autorización de uso de marca y utilización de packaging y papelería comercial. También había control en las condiciones del comercio, incluyendo estado del baño, tiempo de cocción de los productos y uniforme del personal. Señaló que tal es la conclusión a la que se arriba al evaluar no solo la prueba testimonial, sino lo afirmado por el propio presidente del directorio de la firma Tartamih S.A., Sr. Francisco Julio Micheli, y el texto de la carta documento que la accionada remitió a la actora. Agregó a ello otros aspectos de hecho en los que no medió controversia, incluyendo la autorización del uso de marca en tanto hubiera exclusividad en el rubro tartas (v. págs. 10 y 11 de la sentencia de primera instancia).
Ahora bien, frente este sólido esquema argumental, la recurrente se ha limitado a cuestionar única y exclusivamente la credibilidad de los testigos propuestos por la actora. Pero por fuera de esta referencia a la prueba testimonial, la demandada no ha reparado en los demás elementos de convicción que dan sustento a la decisión de la colega de considerar que entre las partes medió un contrato de franquicia. Me refiero a la declaración del propio presidente de la firma accionada (fs. 1623) y al contenido de su carta documento en la que reconoce que, además del incontrovertido suministro de mercadería, existía una autorización de uso de marca, colocación de cartelería, uso de « envases, envoltorios, facturas, recibos y elementos de packaging que poseen impresa la marca “La Tartería”» y —una tampoco discutida— exclusividad en la venta de productos (v. fs. 602).
En otras palabras, no ha sido solo la prueba testimonial la que motivó el encuadre jurídico del caso y la decisión de la juzgadora de considerar acreditado un contrato de franquicia. Había un importante conjunto de elementos de convicción que motivaron esa decisión y que la recurrente omite mencionar en su recurso.
De hecho, la cuestionada credibilidad del relato de los testigos no puede juzgarse de modo aislado, sino que se define —o, en su caso, se refuerza—por la coherencia que su narrativa tiene con otros aspectos de hecho que, o bien no fueron controvertidos (e.g. el suministro, la exclusividad), o bien fueron reconocidos por la propia demandada (uso de marca, colocación de cartelería, papelería, packaging, envases, etc.). El recurso deviene inadmisible en la medida en que únicamente repara en lo primero sin siquiera evaluar lo segundo (art. 260 del CPCCBA).
Esta Sala ha dicho en numerosas oportunidades que la «crítica concreta y razonada» que regula el artículo 260 del Código de Procedimientos “presupone un ataque a los pilares sobre los que el juez de grado edificó su decisión, y si alguno de los que sostienen -en forma independiente- la construcción del juzgador no fuera socavado, no hay posibilidad alguna de conseguir la revocación de la resolución apelada; por ello, no cumple con la obligación legal el apelante que deja incólume por falta de crítica un aspecto de la resolución que tiene andamiento suficiente para constituirse en su soporte jurídico o lógico” (causa n° 114.866, en autos “ Consorcio Edificio Maral 22 c/ Santos Alicia María y otro s/ Ejecución de expensas ”, del 4-5-2001; más recientemente, c.122680 " Conti, Ana María c/Pacheco, Walter s/Daños y Perjuicios ...", del 17/08/2010 y c.165539 " Ag üero, Marta Beatriz y ot. c/ Transportes 25 de Mayo S.R.L. s/ Daños y Perjuicios ", del 4/09/2018).
c. Tampoco abastece las exigencias del art. 260 del CPC la porción del memorial en el que la apelante alega que "no hubo contrato" y que, por tal motivo, no había necesidad de realizar ninguna intimación previa.
El argumento es solo aparente: en primer lugar, porque a renglón seguido de negar la existencia de un contrato la demandada dice —en su segundo agravio— que hubo un contrato, pero que era de compraventa de mercadería. Esta contradicción interna en la narrativa de la litigante dificulta comprender la naturaleza y el alcance de su queja. Pero, además, y aun aceptando por hipótesis que no se trataba de un contrato de franquicia, sino uno de "compra venta de mercaderías" (como afirma en el segundo agravio), lo cierto es que no hay allí razón suficiente para desvirtuar la decisión de la jueza.
La colega consideró exigible la intimación previa a cumplir las obligaciones no sobre la base de las reglas que rigen el tipo negocial aplicable (la franquicia), sino con fundamento en el postulado general de la buena fe negocial (art. 1198 del CC, v. pág. 15 de la sentencia de primera instancia). Quiero decir con ello que la premisa que la apelante intenta objetar no se sustenta en el tipo de contrato que mediaba entre las partes, sino en un principio general del cual extrajo una exigencia que estimó incumplida: requerir el cumplimiento de las obligaciones supuestamente incumplidas como paso previo a dar por resuelto un contrato de tiempo indeterminado, no importa si era de suministro o de franquicia (arg. art. 1183 del CCyC).
Este tribunal ha enfatizado que no puede existir una crítica concreta y razonada de la sentencia en la argumentación que desconoce los fundamentos del fallo atribuyéndole decir lo que no dice u omitir íntegramente la consideración de lo que efectivamente dice (c. 167557 -" Ventura, Víctor G ."- del 16/07/2019).
d. El segundo agravio debe correr igual suerte que los anteriores.
La breve exposición que revela el memorial en este punto se sustenta —y da por cierto— un hecho que la jueza expresamente dijo que no fue acreditado: la supuesta compra de productos en la competencia por parte de la Sra. Lopizzo. Y así lo hizo sobre la base de una evaluación minuciosa de las pruebas que aportó la demandada para demostrar la violación a la exclusividad en el suministro (en particular, las actas notariales).
Sobre esto último el apelante nada dice y se limita a afirmar —e insistir— en que la actora ultrajó la confianza de la demandada comprando productos en la competencia.
Es estéril el esfuerzo de la apelante de reiterar el hecho en el que sustentó su defensa si paralelamente no evalúa en clave crítica —ni cuestiona debidamente— las razones por las que la juzgadora consideró insuficiente la prueba que produjo para demostrarlo. Era carga del apelante explicar por qué la jueza se equivocó al adoptar esta última decisión , en lugar de machacar en que la reclamante adquirió productos en otra proveedora (art. 375 y 384 del CPCCBA).
Insisto en lo dicho en párrafos precedentes: el agravio no puede quedar reducido a la mera reiteración de una premisa o de un argumento si no se cuestionan debidamente los motivos que fundaron su rechazo en primera instancia. El esfuerzo del apelante debe estar siempre orientado no a insistir en un planteo, sino en explicarle a la Alzada por qué su rechazo debe ser considerado equivocado o de algún modo injusto (art. 260 del CPCCBA).
d. Por último, idéntico déficit técnico hallo en el tercero y último agravio que refiere al “lucro cesante” (aunque, infiero, la recurrente quiso referirse al daño emergente ). La demandada señala que en el mandamiento de constatación de fs. 628/9 corrobora que la actora vendió el fondo de comercio a “Todo Tartas”.
La atenta lectura de la sentencia apelada evidencia que la colega analizó expresamente esta circunstancia, evaluó puntual y explícitamente el contenido del mandamiento que cita la accionada, y detalló por qué razones el estado de cosas allí constatado por el Oficial de Justicia no afecta la procedencia del reclamo de la Sra. Lopizzo. Puntualmente, la jueza señaló que en esa diligencia se verificó que la propiedad fue alquilada en diciembre de 2010 a Marcela Medina, pero no hay elementos de convicción que prueben que Lopizzo recibió contraprestación alguna por la venta del fondo de comercio del local.
Nuevamente, e incurriendo en el mismo defecto técnico que portan las restantes alegaciones del memorial, el apelante se desentiende por completo de la argumentación que sostiene a la decisión que le ha sido adversa, limitándose a mencionar el mandamiento de constatación y afirmar que “ denota claramente que la mencionada accionante vendió el fondo de comercio a «Todo Tartas» ”. Es decir, insiste en afirmar unilateralmente la misma premisa que la sentencia ya consideró carente de aptitud para enervar el reclamo actoral.
La Suprema Corte bonaerense ha resuelto que “[l]as exigencias que impone el art. 260 del Código adjetivo local, respecto de la crítica "concreta" se debe a que la misma tiene que referirse específicamente al error de la resolución por el cual se reclama ante la alzada -obviamente que haga al eje de la decisión-, debiendo contener una indicación de los supuestos errores u omisiones que se atribuyen al pronunciamiento. Y que sea "razonada" significa que debe presentar fundamentos y explicación lógica de por qué el juez ha errado en su decisión” (SCBA, C.116953, in re " Perazo Construcciones S.A. ..", del 14/08/2013).
Por ello —agregó la Casación— «[n]o cumple acabadamente con la exigencia contenida en el art. 260 del Código adjetivo, que alude a una "crítica concreta y razonada" de las partes del fallo que el apelante estime equivocadas, la impugnación que soslaya hacer alusión al fundamento principal de l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.