Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 178869
Expte. N º 178869 - Juzgado Civil y Comercial N°12
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ILARDIA, HILDA, ESTHER C/ MARINUCCI, CRISTINA MARIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 27 de febrero de 2023?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 27 de febrero de 2023, la magistrada a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°12 departamental, Dra. Andrea Sara García Marcote, dictó sentencia definitiva en la cual hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Hilda Esther Ilardia contra Botricello S.A. Huertas del Sudeste S.A. condenando a estas últimas a abonar a la actora $15.268.000 más intereses y costas. Rechazó la demanda contra los codemandados Cristina María Marinucci, Club Atlético Racing y Martín Quispe Paco, con costas.
Asimismo, ordenó “ por medio de la autoridad del Agua y en el plazo de 15 días, la realización de un consorcio con todos los dueños de las distintas propiedades que forman la microcuenca, Dicho consorcio deberá presentar un proyecto hidráulico a fin de proceder a la realización, ejecución de la obra hidráulica que se requiera, operación y mantenimiento en beneficio común, conforme lo expuesto en el capítulo 10mo de esta sentencia ”. En este punto, impuso las costas en el orden causado.
Por otra parte, hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el Club Atlético Racing por los hechos ocurridos el 19 de octubre de 2001, con costas.
Para así decidirlo, comenzó por señalar la protección constitucional y legal que tiene el medio ambiente, tanto a nivel federal como en la legislación de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en materia de recursos hídricos. Destacó que, en este último punto, el art. 93 de la Ley 12.257 establece la necesidad de obtener un permiso o concesión para construir obras hidráulicas o que influyan sobre el agua. Esa ley, a su vez, enuncia los objetivos y principios de la política ambiental, a cuyo cumplimiento sujeta la interpretación y aplicación y de toda otra normativa sobre esa materia y sobre el daño ambiental. Agregó que otras leyes de presupuestos mínimos que integran el marco normativo aplicable son la Ley 25.688 de Gestión Ambiental de Aguas y la Ley 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental.
Seguido a ello, se refirió a aspectos vinculados a la aplicación temporal de las leyes. Indicó que los elementos constitutivos de la relación jurídica de la que nace la obligación de indemnizar se rigen por la ley vigente al momento del nacimiento de la obligación, en tanto que el daño no es una consecuencia, sino un presupuesto de esa relación. Queda claro —dijo la colega— que los ilícitos derivados de la violación al deber de no dañar a otro, teniendo en cuenta la fecha en la que aconteció el hecho, se rigen por el Código derogado (art. 7 del CCyC).
Apuntó que el canal lindante a la laguna que provocó su vaciamiento todavía existe, por lo que el daño permanece y sus efectos se prolongan y consolidan después de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Citó a Kemelmajer de Carlucci, quien opina que los daños derivados de cuestiones de vecindad o problemas de consorcio, que comienzan a producirse bajo el imperio de la ley anterior, pero se extienden temporalmente al momento de la entrada en vigencia de la nueva, quedan enmarcados en la órbita de la esta última. Refirió que la cuestión, de todos modos, es más teórica que práctica dado que no se visualizan diferencias notorias entre ambos ordenamientos.
Seguidamente, dio tratamiento a la defensa de falta de acción y falta de legitimación pasiva opuestas a fs. 442/445 por Botricello S.A. Refirió que la prueba documental da cuenta que la referida sociedad es propietaria del inmueble desde el 3 de enero de 2006, que integra la micro cuenca objeto de autos. Resulta también legitimada la firma Huertas del Sudeste S.A. dado que es la guardadora de la propiedad en los términos del art. 1113 del Código Civil.
Con fundamento en lo normado en el art. 30 de la Ley General del Ambiente, también desestimó la defensa de legitimación activa opuesta por Quispe Paco sustentada en que la actora no era propietaria del inmueble al momento de demandar, a la vez que los hechos ocurrieron entre 1997 y 2007.
Para analizar la excepción de prescripción, explicó los alcances del art. 2537 del Código Civil y Comercial y juzgó que el plazo de prescripción aplicable es el de 2 años establecido en el art 4037 del Código Civil, por aplicación de lo normado en el art. 1113 2do párrafo segunda parte.
Afirmó que debe distinguirse “el hecho denunciado el 19 de octubre de 2001, oportunidad en que el predio de la actora denuncia haber sufrido una contaminación de tipo aguda, es decir sin continuidad y proyección en el tiempo la cual se encontraría prescripta debido a que la demanda fue interpuesta el 19 de noviembre de 2009 a la 1:28 hs. De las restantes cuestiones debatidas en autos donde la acción está totalmente vigentes y los hechos son actuales” (sic)
Refirió que el plazo bienal se computa en materia de actos ilícitos desde el momento en que el hecho se produjo o desde que haya tomado conocimiento suficiente de su origen y autor. Agregó que cuando se reclama una indemnización por daños en las cosas o personas, resulta de aplicación el art. 3957 y 4037 del CC, plazo que “se contabiliza desde que se conoció la conducta que lo provoca, o el daño sufrido se hace evidente y otra, la que hace a la representación de los intereses difusos o colectivos, donde cobra relevancia una figura que por las connotaciones de perdurabilidad del daño que de ella se apareja resulta imprescriptible, cual es el ambiente”
Sobre esa base, hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por Club Atlético Racing por los hechos ocurridos el 19 de octubre de 2001.
En el apartado 5 (titulado “Escenario previo. Lo alegado por las partes y la prueba rendida en autos”), refirió que “ en 1997 aparición de animales silvestres muertos y domésticos intoxicados por pesticidas, Las condiciones de escorrentía no han variado desde el año 2007, es decir que la laguna prácticamente se ha desecado convirtiéndose en un bañado de baja profundidad” (sic)
Juzgó suficientemente acreditado que el predio de la actora ha sufrido modificaciones físicas, lo que ha aparejado consecuencias negativas en las condiciones de habitabilidad de la vida silvestres y en la calidad y tipo de servicios susceptibles de ser aprovechados económicamente. Citó el informe técnico “IARN Nro. 187”, en el cual se indica que la topografía del área circundante al predio fue modificada por movimientos de tierra realizados en los predios vecinos, que por su uso agropecuario o de otra índole fue alterando el nivel del terreno en algunos casos desde un nivel inferior anterior hasta el nivel superior en la actualidad.
Refirió que el cambio de elevación relativa modifica la orientación y las pendientes, cambiando la dirección del flujo de la escorrentía superficial. Citó el punto 4.3. de ese documento, que indica que los cambios en la topografía provocan una alteración del sentido de la pendiente y cambios en el comportamiento del agua de escorrentía, que, en vez de fluir suavemente por los drenajes del escenario previo, fluye caudalosa y violentamente hacia el terreno vecino, con tal fuerza que ha arrancado postes de alambrado de su sitio, lo que a su vez aumenta la vulnerabilidad del predio en referencia al ingreso de animales o personas. Un agravante importante en estos cambios en el ciclo hidrológico está en el hecho de que pendiente debajo de la laguna se construyó una zanja cuya profundidad supera el nivel freático. Como la zanja está demasiado cerca del borde de la propiedad, ha provocado el derrumbe de la espiga de contención de la laguna y provoca un desagüe mucho mayor al anterior y no compensado por los ingresos de agua.
Citó también el diagnóstico realizado por el Lic. Marcelo Scagliola del Laboratorio de Aguas perteneciente a la Gerencia de Calidad de OSSE, quien apuntó que los resultados de los análisis muestran como anomalía la presencia del herbicida Pendimethalin en los sedimentos de la laguna artificial estudiada. Ese herbicida es el principio activo del producto comercial Herbadox 33E (recipiente vacío encontrado durante la inspección). Los parámetros analizados en las muestras de agua no evidencian ninguna anomalía, aunque las trazas detectadas en los sedimentos hacen referencia a la presencia del herbicida en otro momento en la columna de agua.
Los resultados de la inspección —continuó la jueza citando al informe— y también de las muestras analizadas indicarían que es muy razonable relacionar el episodio de mortandad de peces con un efecto tóxico provocado por escurrimiento del herbicida Pendimethalin hacia el cuerpo de agua y desde el campo vecino, recientemente sembrado y sobre el cual se encontró un recipiente comercial del producto.
En el apartado 5 (titulado “Responsabilidad de Botricello S.A. y Huertas del Sudeste S.A.) consideró que la responsabilidad de ambas firmas surge clara.
La prueba producida permite demostrar “ que el canal de desag üe realizado en el predio ubicado al este (Botricello S.A. – Huertas del Sudeste S.A.) con una profundidad en su parte mayor de 1,5 metros, muy cercano al límite de la propiedad provocando el drenaje de la laguna a nivel subsuperficial, a través de una zanja que se ha formado por el escurrimiento hacia ese mismo canal de desagüe ” (sic). Dicho canal, agregó citando la foja 1042, no ha sido instalado o construido respetando las normas y reglamentaciones locales.
Reparó además en una resolución de la Autoridad del Agua del 30 de marzo de 2011 que declara la clandestinidad de la obra ubicada en el predio Circ. IV, Parcela 121d 181 c del partido de General Pueyrredón, notificada a Botricello S.A., recibida por Costantino el 12 de julio de 2011.
Afirmó la magistrada que “no cabe duda que la construcción del canal de desagüe ha sido determinante en el cambio del paisaje debido a que drena sub-superficialmente el agua de la laguna”.
Citó al dictamen del perito ingeniero agrónomo que remarcó en su respuesta 4 al pedido de explicaciones que el predio perteneciente a la firma Botricello S.A. lindante al sur con el de la actora está ubicado en un terreno más elevado. Sobre el límite de ambos terrenos se observaron diferencias de altura entre 20 a 80 centímetros por donde ingresa agua al predio de la actora, posiblemente arrastrando sedimentos. El egreso del agua de la laguna es hacia el canal de desagüe profundo ubicado en el predio al este del de la actora, perteneciente a la firma Botricello S.A., donde produce Huertas del Sudeste S.A. El agua de la laguna egresa hacia el mencionado canal de desagüe de manera superficial, a través de una zanja que se ha formado por el escurrimiento y de manera subsuperficial. El vaciado de la laguna —continúa diciendo el dictamen citado por la jueza— se produciría principalmente por acción antrópica, en especial por la construcción del canal de desagüe profundo en el predio al este del de la actora donde produce Huertas del Sudeste S.A., muy cercano al límite de la propiedad de la Sra. Ilardia.
Concluyó que Huertas del Sudeste S.A. y Botricello S.A. como dueñas y guardianas de la propiedad deben ser responsables de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición.
En el considerando 6 (titulado “ existencia o no de daño ambiental con respecto a Club Racing y Marinucci, Quispe ”), afirmó que la responsabilidad de los codemandados mencionados no surge clara, citando a renglón seguido múltiples párrafos de distintos dictámenes periciales.
Refirió luego que no ha sido acreditada la responsabilidad del Club Racing. Transcribió párrafos de pericias y aclaró que el planteo de inaplicabilidad del nuevo Código Civil y Comercial resulta abstracto en atención a la admisión de la defensa de prescripción por los hechos que fueron motivo de denuncia ante la justifica federal el 14 de febrero de 1997.
En cuanto a las indemnizaciones, hizo lugar a los siguientes parciales: (i) Daño emergente: $12.768.000; (ii) Daño moral: $2.500.000. En el apartado 10 de la sentencia, estableció medidas de acción positiva y de recomposición del ambiente.
Concretamente, y al no existir en el expediente una declaración de Impacto Ambiental, ordenó por medio de la Autoridad del Agua, realizar un consorcio con todos los dueños de las distintas propiedades que forman la microcuenca y presentar un proyecto hidráulico a fin de proceder a la realización de la obra hidráulica que se requiera, operación y mantenimiento en beneficio común.
Agregó que, no obstante no haber informado a la Autoridad del Agua sobre la clandestinidad de las obras de los restantes predios de la microcuenca, a excepción de Botricello S.A., todas las partes -previa autorización ante la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas- deberán comenzar en el plazo de 15 días con la planificación, autorización y realización de las obras necesarias para recomponer la microcuenca con aplicación de los principios de política ambiental, para lo cual podrán tener en cuenta las recomendaciones obrantes a fs. 725/vta por el Licenciado en Geología Jorge Rubén Álvarez.
La Sra. Hilda Esther Ilardia apeló el 6 de marzo de 2023 y fundó su recurso el 3 de junio de 2024. Sus puntos de disconformidad son los que siguen:
i) Cuestiona la admisión de la excepción de prescripción opuesta por el Club Atlético Racing por los hechos ocurridos el 19 de octubre de 2001. Afirma que la contaminación provocada por el hecho denunciado como ocurrido en esa fecha ha generado daños que han tenido continuidad y proyección en el tiempo.
Cita el informe de Obras Sanitarias Sociedad del Estado Mar del Plata agregado a fs. 127 en el que se consignó que la inspección permitió verificar el sentido de escurrimiento del agua dentro de la laguna artificial, la presencia de líquidos afluentes al cuerpo de agua provenientes de campos vecinos, la presencia de líquidos efluentes del cuerpo de agua en observación hacia un campo vecino, entre otros puntos que destaca. De ello, dice, se infiere que los hechos denunciados el 19 de octubre de 2001 no resultan ser “puntuales” sino que constituyen lo que se denomina un daño progresivo, dado que la causa generadora actúa en forma permanente o periódica, pero sin detenerse, por lo que las consecuencias dañosas fluyen continuamente o de manera periódica.
Transcribe jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en la que se indica que el comienzo del curso de la prescripción bienal estará dado por el cese de los hechos, momento en el que se los tendrá por acaecidos. Enuncia otro precedente similar de la Suprema Corte bonaerense. Reitera que los hechos configurativos del daño denunciado el 19 de octubre de 2001 se alongaron en el tiempo y el derecho a exigir su reparación no se encontraba prescripto al tiempo en que se interpuso la acción.
Pide se modifique la sentencia.
ii) Entiende equivocada la tasación efectuada por la perito martillera Patricia Esther Schafer que fijó como valor del inmueble en U$D160.000, a la vez que reniega también de la estimación del valor con posterioridad al 2007 en un 40%, por lo que arribó a un monto de U$D64.000.
Afirma que el dictamen de la martillera no es vinculante dado que fue realizado años después cuando el inmueble se encontraba en perfectas condiciones. Refiere que la perito acertó al indicar que “el encanto, belleza y armonía de una laguna como la que existió en ese lugar haría disfrutar del inmueble con un valor agregado importantísimo y prácticamente inexistente en la zona”, y agrega que la apreciación del inmueble en esas óptimas condiciones debe ser el factor decisivo por el cual se tome como valor de mercado para determinar la disminución del valor venal. Pide se tome en cuenta la tasación acompañada junto a la demanda, suscripta por el martillero Agustín Puchulu, que estableció un valor de U$D170.000, cuyo 40% de disminución le permitió arribar a un total de U$D68.000.
También cuestiona el tipo de cambio escogido por la magistrada, el cual juzga apartado de la realidad económica del país. Cita jurisprudencia de esta Sala y pide que el monto a determinarse en concepto de disminución del valor sea fijado en dólares estadounidenses convertibles a moneda de curso legal según la cotización M.E.P. al momento del pago.
iii) Denuncia la omisión de tratar el reclamo por daño emergente formulado en la demanda. Exige que se haga lugar al reclamo por un total de $80.000 comprensivos de la pérdida de la flora y fauna, alambres y palos de alambrado.
iv) Critica la cuantía de la indemnización por daño moral. Enuncia las consecuencias espirituales que el hecho le generó y reclama el incremento del monto fijado en el fallo apelado.
v) Se queja del rechazo de la acción respecto de Marinucci, Club Atlético Racing y Quispe Paco. Realiza precisiones conceptuales sobre la causalidad adecuada y señala que “todos aquellos hechos que, eliminados, no modifican el evento dañoso, evidentemente no serán la causa adecuada del perjuicio ya que el mismo se produce de manera independiente. Por el contrario, si se suprime una condición y el daño no se genera finalmente, es claro que dicho hecho constituye la causa adecuada del menoscabo, debido a que si no hubiese existido el perjuicio no se hubiera consumado”.
En materia ambiental, refiere, es usual que se verifiquen fenómenos de concausación o pluricausalidad en los que existen diferentes condiciones que prima facie se presentan como posibles o probables causas jurídicas del hecho dañoso.
Con relación a la codemandada María Cristina Marinucci, memora que “para evitar problemas con la lluvia, hizo una zanja hasta esta laguna pequeña de mi vecino siguiendo el cauce natural del agua de lluvia (...) creando una pendiente pronunciada y la enorme cantidad de agua que viene desde allí ha generado -por la fuerza con que baja el agua- caída de árboles y alambrados ”.
En lo que respecta al club, reitera que en su demanda expuso que “la pendiente que hace desagotar las aguas que a él llegan de los otros campos en el mío, lo que agrava mi situación porque recibo entonces todos los contaminantes de los campos con agricultura intensiva que pasan por su campo ”.
Entiende que la jueza ha desconocido que se produjo un ensanchamiento en los niveles de ingreso de agua a su predio, provocando la llegada de una copiosa cantidad de efluentes de los campos que se encuentran a una altura mayor (como los del club y la Sra. Marinucci). Refiere a que se ha formado un cóctel sinérgico provocador de los daños en su propiedad, que incluye, entre otros, a dos factores: (1) los problemas existentes en el sistema de pendientes que regulan la entrada y salida de agua de la laguna ubicada en su predio; y (2) las modificaciones en la topografía del lugar, que llevaron a que los niveles de agua disminuyeran, reduciendo consecuentemente la posibilidad de mitigar los efectos de los contaminantes que desembocan en la laguna (eutrofización).
Eximir de responsabilidad a los codemandados, argumenta, importó una convalidación de la modificación de la topografía de la microcuenca que integran sus fondos en la dirección del flujo de la escorrentía superficial generada, por un lado, por la instalación de inver
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