Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 180954
Expte. Nº 180954 - Juzgado Civil y Comercial N°08
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “ESMORIS, LEANDRO EZEQUIEL C/ EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE SRL Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi, Roberto J. Loustaunau y Rodrigo H. Cataldo:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 11 de abril 2024?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 11 de abril de 2024, el juez titular Juzgado Civil y Comercial N°08 departamental, Dr. Hernán Félix Krzyszycha, dictó sentencia definitiva en la cual hizo lugar a la demanda promovida por Leandro Ezequiel Esmoris y condenó a Empresa de Transporte 12 de octubre SRL y Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros a que abonen al accionante en forma concurrente $5.576.684, más intereses y costas.
Para así decidirlo, explicó que fue acreditado que el 14 de mayo de 2013 a las 18:10 horas el actor, circulando en un Peugeot Partner dominio DLD319 por calle Roca en dirección a avenida Independencia llegó a la intersección de la calle Santa Fe y, mientras transitaba su cruce, fue embestido por un micro de Empresa de Transportes 12 de octubre SRL dominio KYC965 que circulaba por esta última arteria.
Evaluó que la demandada no invocó ni acreditó alguna de las eximentes previstas, por lo que consideró que es responsable civil de los daños ocasionados.
En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes parciales resarcitorios: (i) $672.998 en concepto de gastos médicos; (ii) $4.506.684 en concepto de gastos por reparación del vehículo averiado, (iii) $70.000 por privación de uso y (iv) $1.000.000 de daño moral.
II.1. El recurso de la parte actora.
El accionante apeló el 16 de abril de 2024 y fundó su recurso el 12 de agosto de 2024, mereciendo la réplica de la empresa codemandada (25/08/2024) y de la citada en garantía (26/08/2024).
Postula un único agravio que se orienta a cuestionar la tasa de interés aplicable para el cálculo de los accesorios por mora. Argumenta que la tasa pasiva genera una desprotección mayor en el acreedor que tiene que ver cómo su crédito pierde poder adquisitivo sin posibilidad de disponer de su indemnización hasta el efectivo pago. Invoca conclusiones académicas y fallos de esta Sala (in re “Zibecchi, Pablo”, del 21/06/2007) en el que se postuló el uso de una tasa activa para evitar que el acreedor reciba una cantidad nominal depreciada.
Entiende que existe “una concepción objetable del daño por mora sobre la base de una idea-ficción que es incompatible con la situación económica que atraviesa nuestro país y con las posibilidades económicas de la amplia mayoría de litigantes que reclaman el reconocimiento de un derecho de naturaleza patrimonial (tarifando el daño como un lucro cesante que sufre un acreedor que puede disponer de un capital para invertirlo en una operación bancaria de bajo riesgo en lugar de concebirlo como un daño emergente que se identifica con el costo de sustitución de un capital destinado al consumo de bienes y servicios)
Detalla las consecuencias negativas que genera el uso de la tasa pasiva más alta de depósitos a 30 días que se utiliza en las liquidaciones judiciales.
Pide luego que “a los fines de garantizar el derecho constitucional de la reparación integral, ya que no es posible que el daño moratorio derivado de la falta de reparación en término sea absorbido por la propia víctima”, se aplique el fallo “Barrios” de la Suprema Corte provincial, para expresar la cuantía de la condena de los rubros pertinentes al valor actual a la fecha de su pronunciamiento “y una vez determinado el justiprecio actual del daño o de la prestación, al expresarlos en la condena dineraria se deberá a partir de allí ser de aplicación el mecanismo de actualización por mora pertinentes” (sic).
Pide que, de no ser posible la actualización a valores actuales por aplicación de normas análogas o instrumentos alternativos de preservación del valor del capital, se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad sobreviniente al caso del art. 7 de la Ley 23.238 a fin de posibilitar la actualización monetaria, indexación o repotenciación del crédito dinerario aplicando el índice de IPC INDEC a fin de “evita la licuación del capital adeudado y otorgo soluciones alejadas de los intereses económicos de esta parte” (sic).
Transcribe argumentos del fallo “Barrios” en apoyo a su posición. Pide, sobre el final, “se fije un mecanismo de indexación a fin de preservar el valor de la sentencia de autos o de manera subsidiaria determine una tasa de interés que sea más acorde con la situación actual y permita mantener el poder adquisitivo del monto fijado en la sentencia” (v. memorial del 12/08/2024, párrafo final).
La compañía de seguros apeló el 11 de abril de 2024 y fundó su recurso el 14 de agosto de 2024. Sus quejas son las que siguen:
i) Considera equivocado el tratamiento del rubro gastos médicos y de reparación del vehículo. Entiende que el magistrado hizo una actualización de valores pasados sin declarar inconstitucionalidades y sin que haya sido requerido en la demanda. Afirma que el juez no explica cuáles fueron los cálculos realizados para llegar a semejantes sumas que exceden la variación inflacionaria, siendo imposible controlar el resultado con afectación al derecho de defensa.
Afirma que debió aplicarse la tasa bancaria para los valores históricos y el criterio de los fallos “Vera” y “Nidera S.A.” para la deuda de valor cuantificada al valor presupuestado (utilizando una tasa pura y luego una bancaria).
ii) Critica la procedencia y cuantía del daño moral, considerando que se ha utilizado un fundamento aparente basado en el mero arbitrio judicial. Pide la reducción de la indemnización.
III. Tratamiento de los agravios.
III.1.a. El recurso del actor prospera, aunque con un alcance distinto al pretendido.
El memorial del actor exige algún esfuerzo interpretativo para comprender su alcance, puesto que de su lectura parecen desprenderse dos pretensiones de diversa naturaleza.
Por un lado, el Sr. Esmoris cuestiona la tasa de interés bancaria aplicada a los créditos de valor fijados a valores corrientes, objetando enfáticamente el uso de tasas pasivas y mencionando fallos y conclusiones de jornadas académicas que pregonan el uso de tasas activas. Pero, a renglón seguido, pide la indexación del capital de cada uno de esos créditos y reclama para ello la declaración de la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la Ley 23.928 (o sea, pide el reajuste por IPC de los parciales resarcitorios con base en una jurisprudencia que pregona el uso de tasas puras para el primer tramo de esos mismos accesorios).
Ambos reclamos, en algún punto, resultan incompatibles puesto que, al menos en una primera lectura, el accionante pide la aplicación simultánea de dos mecanismos de protección del crédito: su actualización por vía de una tasa de interés bancaria activa y el reajuste por índices del capital. Como lo dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y también lo ha replicado recientemente la Corte Federal, no pueden aplicarse tasas bancarias sobre créditos reajustados por índices o incluso sobre deudas de valor cuantificadas a valores actualizados (SCBA, in re "Vera, Juan Carlos" -C. 120.536, sentencia del 18 de abril de 2018- y "Nidera S.A." -C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018-; CSJN, Fallos: 347:1446, in re “Barrientos, Gabriela A.” del 15/10/2024). Hay allí una superposición de dos mecanismos de corrección que genera un resultado desproporcionado e irrazonable (fallos cit.).
Para desmantelar esta aparente incompatibilidad en las peticiones del actor, debo interpretar —sobre todo, a partir de lo dicho en el último párrafo del memorial— que lo que se pide es: (i) la indexación de los créditos, como agravio principal y (ii) si lo anterior no fuera receptado, y como agravio subsidiario, la utilización de una tasa de interés activa más acorde a la situación económica actual.
Evaluaré el mérito de estas peticiones en los párrafos que siguen.
III.1.b. El reclamo principal, en rigor, no constituye un verdadero agravio sino un planteo constitucional novedoso que no fue sometido a decisión del magistrado de primera instancia.
El pedido de reajuste, por este motivo, resulta inadmisible.
i. Ha dicho este Tribunal, en consonancia con una amplia jurisprudencia bonaerense, que mediante el recurso de apelación no pueden someterse a conocimiento de la Alzada defensas o cuestiones que no fueron articuladas oportunamente ante el juez o jueza de primera instancia, importando su tratamiento por parte de este Tribunal la violación de los arts. 34 inc. 4to., 163 inc. 6to., 266 y 272 del Código Procesal (Sala II, c. 165165 -"Massacesi..."- del 05/04/2018, c. 163997 -"Boca..."- del 08/03/2018, c. 165597 -"Goicochea..."- del 11/12/2018, entre muchos otros).
Si en la expresión de agravios se introduce una cuestión que no fue planteada en la instancia de origen y sobre la cual no pudo pronunciarse el magistrado, ello encuentra el obstáculo que regula el art. 272 del ordenamiento procesal, pues en el sistema de la doble instancia —informada por el principio dispositivo— no es dable introducir capítulos no propuestos a la decisión del juez de origen (fallos cit.).
La veda al tratamiento de planteos tardíos tiene directa vinculación con el debido respeto al principio de congruencia, postulado central de raigambre constitucional (Fallos: 313:915, 322:2525, 324:1234, 329:349 y 341:1091) en cuya virtud el juez debe guardar una estricta conformidad entre la decisión contenida en su sentencia y las pretensiones y defensas que formularon las partes (art. 34 y 163 del CPCCBA).
En su demanda el actor no formuló planteo alguno vinculado a la validez constitucional del nominalismo y a la veda normativa al reajuste por índice de obligaciones dinerarias. Por el contrario, destacó la gravedad de la inflación y limitó su argumentación a la utilización de la tasa de interés activa como mecanismo indirecto de protección del crédito. Es más, las alegaciones del memorial que refieren a la gravedad del fenómeno inflacionario y la inconveniencia del uso de tasas pasivas son una transcripción textual de los párrafos que se leen a fs. 25 en el apartado VII de la demanda interpuesta a finales de 2015 y con el cual justificó el uso de tasas activas para liquidar los accesorios por mora desde la fecha del hecho (titulado «VII. Intereses – Tasa activa – Subsidiariamente tasa pasiva BIP del Banco Provincia”). En otras palabras, lo que inicialmente alegó para justificar una pretensión (la elección de una tasa moratoria) lo transforma ahora en un argumento para justificar otra distinta (la indexación del capital).
Cabe recordar que la Corte Suprema, invocando la doctrina de los actos propios, ha sostenido en reiteradas oportunidades que el sometimiento voluntario a un régimen jurídico, sin expresa reserva, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional (Fallos: 149:137; 170:12; 175:262; 184:361; 202:284; 205:165; 241:162; 271:183; 279:350; 297:236, 300:147; 304:1180; 316:1802; 322:523; 325:1922, 344:1539, entre muchos otros). Ello es así «toda vez que no puede ejercerse una pretensión judicial manifiestamente contradictoria e incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz» (Fallos: 327:2905).
ii. El vínculo entre la potestad de la judicatura de declarar la invalidez constitucional de una norma y el principio de congruencia ha sido destacado en reiteradas oportunidades —muchas de ellas, recientes— por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el caso “Raco, Marco Nicolás”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reprobó la decisión de la Cámara que había declarado la inconstitucionalidad de una norma que siquiera había sido mencionada por los actores en su demanda. Se dijo allí que "el planteo de inconstitucionalidad de la norma citada no formaba parte del reclamo de los actores. De modo tal que al resolver de ese modo los jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia en un tema que no constituía un punto de controversia, lesionando la garantía de defensa en juicio” (Fallos: 344:3230, consid. 9°). Tampoco lo ha admitido bajo el ropaje del postulado del iura novit curia, dado que ello no habilita al decisor a apartarse de los términos en que fue conformada la materia debatida en los escritos postulatorios (Fallos: 306:1271) ni otorgar condenas que reflejen un resultado económico más amplio que el pedido en la demanda (Fallos: 329:5903).
En el reciente caso “Perret”, la Corte ahondó en esa tesitura al señalar que incluso el control de constitucionalidad de oficio debe ser ejercido «siempre y cuando se respete el principio de congruencia” (Fallos: 347:178). Sobre este último punto, Safi explica que el “período permisivo” del control de constitucionalidad oficioso ha sido ya abandonado por la Corte Federal, dando inicio a un criterio mucho más condicionado, marcada por una línea jurisprudencial en la que se ha enfatizado que los jueces no pueden arrogarse materias que fueron objeto de una marginación expresa por decisión de las partes ni violar el principio de congruencia, las reglas del debido proceso y el derecho de defensa (Safi, Leandro K., Límites a la declaración de inconstitucionalidad de oficio, La Ley 22/01/2018,1).
La referencia que el actor hace del reciente fallo “Barrios, Héctor” de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (C.124.096 del 17/04/2024) tampoco permite considerar admisible su planteo.
La aplicación de los criterios que emergen del fallo citado debe estar signada por la prudencia y la razonabilidad. La invocación de dicho precedente —o, para el caso, la mención de cualquier fallo de la Casación— no puede ser realizada en forma parcelada o realizando recortes argumentales selectivos que pretenden darle a la sentencia un alcance que no tiene, o forzando una interpretación que no es la que emerge de su lectura. Hay allí una estrategia argumental cuestionable, donde el litigante solo menciona los párrafos que lo favorecen a la par que omite mencionar —o considerar en su exposición— aquellos que lo perjudican.
Tal es el escenario que se advierte en el caso.
La transcripción parcial que efectúa el apelante sobre algunos apartados del voto del ministro Soria omite considerar dos aspectos centrales del caso resuelto por la Casación: (i) los allí actores, Sres. Héctor Barrios y Miriam Susana Núñez, formularon expresamente un planteo de inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928 en su demanda incoada en el año 2013 y lo defendieron en todas las instancias recursivas subsiguientes; y (ii) íntimamente vinculado a lo anterior, la SCBA dictó su sentencia destacando expresamente la necesidad de que toda decisión vinculada al reajuste de créditos debe ser dirimida observando el principio de congruencia (consid. «V.17.d.» del voto del ministro Soria; sobre el tema, véase de la Sala Primera el fallo dictado en el caso "Díaz, Santiago D. c/ Purasal SRL y ot. s/ Daños y Perjuicios", causa n° 181669, sent. del 07/11/2024).
Por último, y sin perjuicio de lo dicho, destaco que el crédito sometido a debate y decisión es de naturaleza patrimonial y disponible, y no estamos frente a una controversia aprehendida por el derecho de familia ni un debate que ponga en juego intereses generales que pudieran merecer una tutela diferenciada o excepcional, o que por algún motivo se torne aplicable reglas emergentes de compromisos internacionales asumidos por nuestro país y que justificase una decisión constitucional oficiosa o motivada por una postulación notoriamente tardía.
Por lo expuesto, corresponde desestimar por inadmisible el agravio principal en el que se formula el planteo constitucional y el pedido de reajuste (arts. 34.4 y 272 del CPCCBA).
III.1.c. El agravio que versa sobre la tasa de interés bancaria es procedente.
Destaco que la queja no versa sobre la tasa pura aplicable al primer tramo de intereses sobre los créditos reconocidos en la sentencia (6% anual no capitalizable, desde la mora hasta la fecha de la cuantificación), sino que el apelante hace foco exclusivo en la tasa bancaria, por lo que debo interpretar que refiere al tramo posterior a la conversión de los rubros.
Aclarado lo anterior, memoro que la Sala que tengo el honor de integrar ha postulado un amplio abanico de razones por las cuales debe escogerse una tasa bancaria que asegure la reparación plena (o la mejor reparación posible) del daño moratorio, propósito que no se cumple satisfactoriamente de utilizar una tasa pasiva prevista para operaciones bancarias de bajo riesgo (c. 167.589, -"Melegari, Bernardo...” del 16/4/2020).
Sostuve allí, junto al Dr. Loustaunau, que «la tasa de interés moratorio judicial -aquella que regulan los arts. 622 del Código Velezano y 768.c del Código Civil y Comercial- tiene que ser entendida como una reparación del costo de sustitución del capital debido por el deudor. Es una indemnización de un daño emergente que se identifica con el valor que [debemos presumir que] pagó el actor para acceder al crédito con el propósito de reemplazar un capital que estaba destinado al consumo de bienes y servicios. De ello se sigue que la tasa que corresponde utilizar para liquidar los intereses moratorios -allí donde no hay tasa legal o pactada- es de tipo activa (la que -presumimos que- percibió el banco y que pagó el actor para procurarse el dinero que se le adeuda)».
Agregué que «no es posible indemnizar el daño moratorio si el resultado que se sigue de liquidar el capital con una cierta tasa de interés arroja un rendimiento negativo (es decir, el poder adquisitivo de la suma resultante es inferior al que tenía originalmente el capital de condena a la fecha de la mora -o, tratándose de obligaciones de valor cuantificadas por guarismos actualizados, a la fecha en que operó esa conversión-). Una tasa que genera resultados negativos no conlleva reparación alguna y, peor aún, asegura la pérdida parcial del poder adquisitivo del capital al cual accede y genera incentivos sumamente negativos en el proceso (abuso de proceso, dilación maliciosa del demandado, financiación judicial, litigiosidad, etc.).»
Luego, y «como consecuencia de lo anterior, en contextos inflacionarios como los que rodean al proceso civil bonaerense desde hace casi dos décadas, el juez debe escoger una tasa activa que asegure en el mediano y largo plazo -esto es, en los tiempos que insume normalmente un pleito- un rendimiento positivo, entendiéndose por tal a un resultado que sea superior al valor actualizado del capital de condena.» (fallo cit.).
Expliqué además que el uso de tasas activas para liquidar intereses moratorios no constituye ninguna forma de repotenciación -ni explícita ni encubierta- dado que toda tasa, pasiva o activa, internaliza algún sistema de actualización y ello es un recaudo sine qua non para que pueda funcionar como tal en economías inflacionarias. El Código Civil y Comercial, al contemplar su uso en créditos alimentarios -art. 552-, permite concluir que no es una práctica que viole los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928. Por lo demás, tampoco puede afirmarse que el acreedor recibe “un plus” indebido dado que si se admite que es más probable que el acreedor hubiera destinado el dinero que se le adeuda al consumo y no a la inversión bancaria, el mentad
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.