Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala II · Causa 33411
*214078*
Exp: 33411
BRAVO, MARCELA A. Y OT. C/HOSPITAL MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA Y OTS. S/DAÑOS Y PERJUICIOS
Juzgado en lo Civil y Comercial N°9 Depto. Judicial Mercedes
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, doctores TOMAS MARTIN ETCHEGARAY y LUCAS RICARDO GOMEZ con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. nº 33.411 en los autos: "BRAVO, MARCELA A. Y OT. C/HOSPITAL MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA Y OTS. S/DAÑOS Y PERJUICIOS."
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones de acuerdo con los artículos 168 de la Constitución y 266 del Código Procesal.
PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada en cuanto acogió la excepción de prescripción liberatoria?
SEGUNDA: En caso negativo: ¿Corresponde admitir la demanda en relación a los excepcionantes Fisco de la Provincia de Buenos Aires y Dora Ester Alba?
TERCERA: ¿Es justa la sentencia en cuanto rechazó la demanda respecto de Alcira Beatriz Paredes?
CUARTA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Lucas Ricardo Gomez y Tomás Martín Etchegaray.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
I. La Sra. Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N°9 del Departamento Judicial Mercedes, mediante el dictado de la sentencia de fecha 23/2/2022 y su aclaratoria de fecha 3/3/2022, acogió la excepción de prescripción liberatoria opuesta por los codemandados Fisco de la Provincia de Buenos Aires y Dora Ester Alba y en consecuencia rechazó, respecto de éstos, la demanda interpuesta por Marcela Alejandra Bravo y José Eduardo Rodríguez por sus propios derechos y en representación de su hija entonces menor de edad Milagro Milena Rodríguez. Impuso las costas por su orden.
Dicha excepción también había sido opuesta por la codemandada Diana Inmaculada Tubio de quien se desistiera de la acción y el derecho a su respecto (cfr. sentencia aclaratoria de fecha 373/2022).
También rechazó la demanda, por otros fundamentos, respecto de la codemandada Alcira Beatriz Paredes. Este rechazo será objeto de tratamiento en la segunda cuestión planteada.
Las costas por el rechazo de la demanda respecto de esta accionada fueron impuestas a la parte actora.
La sentencia fue apelada por Milagro Milena Rodríguez con el patrocinio letrado del Dr. Mario Bernardo Galeazzi. Concedido el recurso y convocada a expresar agravios, así lo hizo mediante la presentación de fecha 29/11/2022, la que fuera ratificada oportunamente ese mismo día.
Conferido el traslado previsto por el art. 260 del CPCC -sin que medie contestación alguna- se llamaron autos para sentencia (resolución de fecha 29/12/2022) y practicado el pertinente sorteo quedó la presente en condiciones de ser votada.
II. Para decidir como lo hizo en relación a la excepción de prescripción, la a qua consideró aplicable al caso el art. 4037 del Código Civil que establecía un plazo de dos años para el ejercicio de la acción de responsabilidad civil extracontractual.
Ello, de conformidad con la doctrina legal elaborada en torno a tal norma, que la consideraba aplicable a los supuestos de responsabilidad civil por daños de los pacientes que recibían la atención médica en hospitales públicos, y que cita como emergente de las causas Ac. 88.940, 102.534, 100.452, 77.960 y 86.949, entre otras.
A su vez, consideró que el dies a quo del aludido plazo, como regla general, comienza a contarse desde la producción del ilícito y entre los supuestos de excepción a tal regla (manifestación posterior del daño, daños sucesivos o continuados) reviste interés para el caso en función de los términos en que quedara trabado este aspecto de la litis -véase contestación de la excepción de prescripción de fs. 195- develar si el caso resulta encuadrable en la primera de las excepciones, que sería la manifestación posterior del daño.
La respuesta que da a ello es negativa. Y para así decidir argumenta en función de los propios dichos de la parte actora, vertidos en la demanda.
Transcribe al efecto el segundo párrafo de fs. 8 vta: "Inmediatamente de salir del Hospital de Moreno, fui a atender a mi hija al Hospital Garraham y luego al Hospital Durand, donde se le indicaron tratamientos continuos hasta la fecha. Se realizó una Resonancia Magnética Nuclear, de cerebro..." y luego remarca que a fs. 30 último párrafo donde se refirió la administración de un anticonvulsionante corrobora "la toma de conocimiento inicial de que algo estaba mal con la salud de la niña", más allá de que el tratamiento kinesiológico se iniciara posteriormente.
Estos dichos y lo señalado a fs. 91 vta. punto 7.3 por la codemandada Tubio (quien a su vez, remite al texto de la demanda, más precisamente debiera decir a la ampliación de demanda, y allí a la primera parte del punto VIII de fs. 30 en el que los actores dijeran que “…a las pocas horas pueden comprobarse en la H.C. los daños producidos en la niña…”) le permiten concluir que los actores supieron antes del tiempo que señalan, la existencia de inconvenientes en el desarrollo de la niña que atribuyen causalmente a la mala práctica médica por la que demandan, y descarta por ello lo afirmado por el perito médico a fs. 962.
Considera, en definitiva, que las distintas manifiestaciones del daño o su agravación posterior no da inicio a un nuevo cómputo del plazo de prescripción, pues atender esta alegación resultaría violatoria de la teoría de los actos propios.
Por ello, considera que a la fecha de inicio del presente juicio y de su incidente de beneficio de litigar sin gastos (13/3/2003) había transcurrido en exceso el plazo de dos años establecido por el art. 4037 del Cód. Civil, toda vez que la prestación médica había sido brindada el 22/6/2000.
III. Como ha quedado dicho, sólo Milagro Milena Rodríguez ha apelado la resolución, por lo cual el rechazo de la demanda respecto de los coactores Marcela A. Bravo y José E. Rodríguez ha quedado firme a su respecto.
a) El primero de los aspectos a dilucidar, de acuerdo a los términos en que han sido propuestos los agravios, es la alusión al carácter contractual de la responsabilidad endilgada a los demandados, toda vez que ello incide en la extensión de los plazos de prescripción que el Código Civil establecía según la responsabilidad civil fuera de tipo contractual (art. 4023, diez años) o extracontractual (art. 4037, dos años).
El Código Civil, en lo atinente a esta cuestión, rige con todo su vigor en función de lo previsto por los art. 7 y 2537 del Cód. Civil y Comercial, toda vez que las cuestiones relativas al inicio del plazo de prescripción y a su invocación como defensa nacieron y se agotaron durante la vigencia del cuerpo derogado.
La Suprema Corte de Justicia consolidó su doctrina legal que establece que la responsabilidad de los hospitales públicos y de los médicos que allí laboran es de carácter extracontractual (Causas 72.067; 79.514; 84.389; 77.960 entre otras). Esta Sala, en anterior integración, decidió plegarse a tal doctrina acatándola por razones de economía y celeridad procesal (doc. Art. 34 inc. 5° del CPCC), y es lo que considero apropiado hacer en el presente.
Resulta claro entonces que por tal doctrina interpretativa de la ley al presente caso le es aplicable la previsión del art. 4037 del Cód. Civil, y por ende el plazo de prescripción computable es el de dos años allí establecido.
b) El segundo aspecto del agravio es el relativo al nacimiento del plazo, denotando la actora que en el caso no sería de aplicación la regla general (la prescripción comienza a correr desde la fecha en que se produce el daño, la cual coincide con la del hecho ilícito) sino la excepción a tal regla pues el daño no se manifestó inmediatamente después de haber recibido la atención médica sino posteriormente.
Tal excepción, ha sido admitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Tarnopolsky, Daniel c/Estado Nacional, JA 2000-III-680) y por la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia (véase López Herrera, Edgardo; Tratado de la prescripción liberatoria, LexisNexis, T°I p. 140, nota 70). Es ello de toda razonabilidad: una acción que no ha nacido no puede prescribir. Actio non nata non praescribitur (Ossola, Federico A.; Inicio de la prescripción extintiva, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal Culzoni, 2021-2 Prescripción extintiva, p. 121).
No obstante, como he dicho más arriba, la sentenciante de grado ha tenido especialmente en cuenta esta circunstancia (Consid. II ap. b, párrafos cuarto y siguientes) alegada en oportunidad de contestar la excepción y la desecha por cuanto sostiene que los actores “conocieron o pudieron conocer que Milagro Milena Rodríguez poseía algún problema de salud desde el primer momento y a pocas horas del parto”, valiéndose para ello de los dichos contenidos en la demanda.
Este argumento no es objeto de ataque franco y directo por parte de la apelante. Pero sí lo es por vía indirecta, a través de la apreciación de los dichos de la codemandada excepcionante Tubio (de quien se desistiría de la acción y el derecho contra ella en el transcurso del proceso) quien sostuvo de acuerdo a las transcripciones que se realizan en el escrito de expresión de agravios que no había evidencia de trastornos neurológicos al momento de su alta hospitalaria.
Por la mirada amplia que invariablemente sostengo en orden a considerar abastecido el cumplimiento de la carga de fundar los recursos mediante una crítica concreta y razonada de los errores que se le imputan al decisorio apelado, a lo que le aduno el carácter restrictivo con el que debe juzgarse si ha operado o no la prescripción y que, en caso de duda, habrá de estarse siempre por la subsistencia del derecho (Pizarro, Ramón D. y Vallespinos, Carlos G.; Tratado de Obligaciones, Rubinzal Culzoni, T°IV, p. 39) considero que esa contraposición de dichos que realiza la apelante resulta suficiente técnicamente e idónea para conmover lo decidido sobre el punto.
No obstante, resulta ocioso inquirir si esos dichos de la Dra. Tubio pueden ser opuestos a quienes fueron sus litisconsortes, aún teniendo en cuenta los efectos que produce, respecto de litisconsortes, el cumplimiento de las cargas de reconocer o negar categóricamente los hechos expuestos en la demanda (art. 354 inc. 1° CPCC) y de exponer con claridad los hechos en los que se funda la defensa (art. 354 inc. 2° CPCC) en relación a los hechos personales (Morello, Augusto M., Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Roberto; Códigos Procesales…, Platense - Abeledo Perrot, 2da. Ed. reelaborada y ampliada, T°IV B p. 505).
Resulta ocioso porque la respuesta la encuentro en el último párrafo de fs. 962: “Analizada la documentación clínica obrante en autos, no hay constancias escritas relacionada a la toma de conocimiento de la actora sobre la fecha en que habría sido informada del daño cierto que padece su hija Milagros Rodríguez.” Perito médico Dr. Miguel A. García Ramis, escrito titulado “Contesta traslado. Completa informe.”
Es decir que, a diferencia de lo sostenido por la a qua, los actores no conocieron que “conocer que Milagro Milena Rodríguez poseía algún problema de salud desde el primer momento y a pocas horas del parto”. Y como dice la sentencia ¿pudieron conocerlo? La respuesta negativa se impone, por varios motivos:
Según lo informa el perito médico, al examen clínico Milagro presenta dificultad lexical y fonoaudiológica, pobre control del tronco, trastornos motrices para la marcha, requiere supervisión y asistencia para la alimentación, higiene y vestimenta, es tímida y habla muy despacio, y su nivel de inteligencia es normal (fs. 658). A fs. 664 el perito refiere los resultados de una ecografía cerebral realizada a la semana del nacimiento con resultados dentro de límites normales, con estructuras normales; y que “no se consigna en la HC del hospital de Moreno, correspondiente a la menor Milagros patología neurológica alguna.” Esta historia clínica obra a fs. 583 y ss. Efectivamente no hay referencia a patología alguna al momento del alta.
La ignorancia del daño impide que comience el curso de la prescripción, salvo que esa falta de conocimiento se deba a una negligencia culpable (Moisset de Espanés, Luis, Prescripción, Advocatus 2006, p. 438), y esa toma de conocimiento en su caso, no es la mera noticia del daño, sino que además debe haber una referencia del origen de ese daño y que le es reprochable a otro (Santarelli, Fulvio G, Código Civil y Comercial comentado, T°XI comentario al art. 2560; cit. por Quadri, Gabriel H., Prescripción liberatoria y caducidad en el Código Civil y Comercial de la Nación, Erreius, p. 221).
Que se le reproche inacción a los padres (en definitiva, la prescripción es consecuencia de la inacción) cuando los especialistas no detectaron la patología neurológica es, cuanto menos, injusto. Sólo habrían podido conocer la patología en ese tiempo, si hubieran sido debidamente informados. Y ello no sucedió.
Propongo al Acuerdo la revocación de lo decidido respecto del acogimiento de la excepción de prescripción, rechazándola.
Los términos que contiene la demanda y de los que da cuenta la sentencia apelada permiten apartarse del principio general en materia de costas e imponerlas en el orden causado (arts. 68 y 274 CPCC)
VOTO POR LA NEGATIVA
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el señor Juez doctor Tomás Martín Etchegaray dijo: Adhiero al voto que antecede, por iguales fundamentos. Mi voto también es por la NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
Visto el resultado de la votación a la cuestión anterior corresponde analizar si la demanda debe ser admitida en relación a los excepcionantes -ahora vencidos- Fisco de la Provincia de Buenos Aires y Dora Ester Alba. También, si debe ser admitida en relación a la Dra. Alcira Beatriz Paredes, tema este último de la cuestión que sigue.
El agravio por el rechazo de la demanda está fundamentado en el valor probatorio que se le asignó a la prueba pericial médica, cuyo contenido o conclusiones no son de carácter obligatorio para el juez sino que queda sujeta al análisis de su razonabilidad; y luego en que la historia clínica que ha sido el basamento del informe pericial se encuentra adulterada.
A juicio de la señora Jueza de grado, el informe pericial satisface las reglas de la sana crítica y que si bien no es obligatorio ceñirse a sus conclusiones es aconsejable seguirla cuando no puedan oponérsele argumentos científicos legalmente bien fundados, con cita de la jurisprudencia de la Sala I de esta Cámara.
En efecto, como en la generalidad de los juicios sobre responsabilidad profesional de los profesionales de la medicina o de los entes asistenciales, la prueba pericial médica reviste capital importancia y aún cuando la misma no luzca por su elocuencia, completitud o minuciosidad, sólo cuando se encuentren razones corresponde apartarse de las conclusiones del informe pericial (art. 474 CPCC, mi voto en Expte. 33.156).
Razones que -y con esto anticipo al Acuerdo que propondré la confirmación de la sentencia en cuanto rechazó la demanda- no encuentro en el caso de autos.
El informe pericial obrante a fs. 658/666 y su documentación ilustrativa ha sido sujeto a un férreo control de bilateralidad, y lo digo no sólo desde lo instrumental o procedimental sino atendiendo expresamente a los términos del escrito “Impugna pericia médica. Solicita remoción de perito y en subsidio explicaciones” obrante a fs. 726 y siguientes. Denota el mismo un gran esfuerzo del apelante en procura de conmover las conclusiones del informe, aunque resulta innecesariamente rudo e incluso el propio perito se ha sentido agraviado personalmente de sus términos (fs. 778 últ. párrafo).
El perito respondió el pedido de aclaraciones mediante su presentación de fs. 777 y ss., ratificando con minuciosidad los términos de su informe y dando las explicaciones que le fueron requeridas, teniéndoselo presente para su oportunidad en los términos del art. 474 del CPCC (fs. 786).
Sin embargo, ello no satisfizo a la actora quien insistió con el pedido de remoción (fs. 787), desoído por la a qua en función de la facultad que otorga el art. 473 últ. párrafo del CPCC. Facultad que finalmente no utilizó.
Es reiterada y se encuentra vigente la doctrina legal elaborada desde antaño por nuestra Suprema Corte de Justicia que establece que “la culpa del médico es indispensable para lograr la condena del centro asistencial cuando la imputación de responsabilidad estuviera fundada en la actuación del profesional interviniente”. (SCBA, causas A 74.607, “Maiorano, Claudio S. y Ot. c/ H.I.E.M.I. y Ots., sent. del 21-VI-2020; C. 121.608, "M., P. A", sent. de 8-VIII-2018; C. 93.918, "G., J. C.", sent de 4-XI-2009; C. 76.152, "March Tous", sent. de 17-XII-2003; Ac. 82.488, "V., W. J.", sent. de 3-VIII-2005; C. 105.772, "Etchegaray", sent. de 9-VI-2010; C. 111.812, "Molleker de Balsamello", sent. de 27-VI-2012; entre otras).
En autos no se ha acreditado tal presupuesto fundante de la responsabilidad. Tampoco yo encuentro razones para apartarme del informe pericial, y más precisamente de sus conclusiones que, en síntesis, consisten en que la actora con una gestación a término de cuarenta semanas ingresó al hospital demandado, se la examinó y se la controló conforme a prácticas correctas y ante el signo de alarma detectado en el control correspondiente, se actuó de urgencia y en forma adecuada.
La adulteración de la historia clínica que se denuncia en la expresión de agravios no ha sido materia propuesta en la demanda. Allí sólo se menciona el faltante de la hoja del protocolo quirúrgico y de los controles prenatales, pero siguiendo la remisión que sobreéstos últimos hace el perito los encuentro en primer lugar a fs. 55, en la historia clínica que acompaña al contestar la demanda la Dra. Dora E. Alba; luego a fs. 149 (
; nuevamente a fs. 419 y otra vez a fs. 545 y ss. (historia clínica agregada por la parte actora), sin elemento alguno que me permita sospechar su adulteración o su inserción posterior.
Encuentro así que la prueba pericial médica exhibe consistencia con los antecedentes incorporados en la causa, lo que tengo en cuenta al momento de asignarle valor probatorio (art. 474 CPCC; Papillú, Juan, La valoración de la prueba en la responsabilidad civil de los médicos, Revista de responsabilidad civil y seguros 2023 -abril-, p. 222)
Veo que la frecuencia con la que se realizaron los contoles de los períodos dilatantes (a las 13, 13:30, 14:10, 14:40) están -excepto uno-
dentro del rango de la práctica habitual según lo informa el perito previa consulta con el servicio de obstetricia de la Maternidad Prof. Ramón Sardá, pero esa demora de 10 minutos entre el control de las 13:30 y el de las 14:10 no retardó el descubrimiento del sufrimiento fetal, pues éste fue constatado en el control de las 14:40.
No encontrándose acreditado el presupuesto fundante de la responsabilidad del ente asistencial demandado por la actuación de los profesionales de la salud ni la de éstos individualmente, que consiste en la relación de causalidad entre la atención médica recibida y el daño sufrido por la actora (Bueres, Alberto J., Responsabilidad civil de los médicos, 3ra. ed., p. 252) propongo confirmar la sentencia en cuanto rechazó la demanda contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y la Dra. Dora Ester Alba.
En cuanto a las costas de primera instancia por el rechazo de la demanda en relación al Fisco de la Provincia de Buenos Aires y a Dora Ester Alba se imponen en el orden causado, toda vez que de lo contrario se colocaría a la actora única apelante y vencedora en la excepción de prescripción y perdedora en la acción princip
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