Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 65366
CAUSA C10-65366 R.S.296/2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Diciembre de 2018, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jordá , para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "BORILE ANGEL RAFAEL C/ DEL REGNO JORGE EDUARDO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS ” C10-65366, habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDÁ-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDÁ , dijo:
I. Apelan la actora y la citada en garantía a fs. 491 y 490 respectivamente, la sentencia dictada a fs. 474/483; los recursos fueron concedidos a fs. 492.-
La parte actora expresa sus agravios con la presentación electrónica código de referencia 229700416014294500 y la citada en garantía con la presentación electrónica código de referencia 242200416014381755.-
Esta última fue replicada con la presentación electrónica código de referencia 234800416014450833 y la primera con la presentación código 230700416014450821.-
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar a la demanda de daños y perjuicios entablada por Angel Rafael Borile contra Jorge Eduardo del Regno. En consecuencia, resolvió: a) Condenar a esta último nombrado a abonar al actor, en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente, la suma total de pesos ciento sesenta y nueve mil trescientos veinte ($ 169.320), con más los intereses calculados según lo analizado y determinado en el punto OCTAVO de los Considerandos, b) Hacer extensiva la condena a la aseguradora citada en garantía Provincia Seguros SA dentro de los límites y con los alcances de la cobertura del seguro de conformidad con lo resuelto en el punto NOVENO de los Considerandos; c) Rechazar el pedido de pluspetición solicitado por la citada en garantía de conformidad con lo resuelto en el punto DECIMO de los Considerandos. d) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la Tasa de Justicia de conformidad con lo resuelto en el punto DECIMO PRIMERO de los Considerandos e) Imponer las costas a los demandados conforme lo resuelto en el pto. DECIMO SEGUNDO de los considerandos; f) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.-
III. La parte actora se disconforma con el decisorio en relación a los montos fijados por daño físico, moral, psíquico y gastos; también se queja de la desestimación del rubro tratamiento de rehabilitación.-
La citada en garantía, por su parte, cuestiona el acogimiento del daño y tratamiento psicológico, y eventualmente ataca su monto. Seguidamente objeta la suma establecida para resarcir el daño moral para finalmente terminar atacando los intereses cuya aplicación se dispone en el fallo.-
A los términos de cada una de las fundamentaciones recursivas cabe remitirse.-
IV. De todo comienzo, me veo precisado a señalar que -desde mi punto de vista- las expresiones de agravios sortean, en líneas generales, las exigencias del art. 260 del CPCC, por lo que he de pasar -sin mas- al análisis de las quejas traídas.-
En tal faena, iniciaré el examen de las articulaciones recursivas abordando liminarmente los cuestionamientos esgrimidos por la actora referentes a la incapacidad física.-
Recordaré al respecto que la indemnización por incapacidad sobreviniente, encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente en lo que Eduardo Zannoni conceptualiza como la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (ver su obra, El daño en la responsabilidad civil, editorial Astrea, Bs. As. 2005, pg. 168, mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).-
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física y/o psíquica y/o estética que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y reestablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros mis votos, Sala I causa 56.759, Sala II, causa 57.713, entre muchos otros).-
En autos contamos con un dictamen pericial que nos habla de una incapacidad, parcial y permanente, del 29,50%; el experto nos indica que el actor padeció trauma cervical con rectificación de lordosis compromiso discal, limitación funcional y leve compromiso del equilibrio, trauma de hombro derecho con lesión fracturaria y compromiso de partes blandas y subsiguiente limitación funcional, trauma de mano derecha a nivel del dedo meñique con posterior limitación funcional y trauma de rodilla derecha con ulterior compromiso meniscal y limitación funcional.-
Para así opinar, el perito se apoya en las constancias médicas que refiere, en estudios complementarios y en conocimientos propios de su especialidad.-
La pericia en cuestión está fundada, emana de profesional competente y no existe, en la causa, ninguna constancia (objetiva) que la contradiga, por lo que no veo mérito, razón ni fundamento para apartarme de la misma.-
Destaco, en este sentido, que el perito a fs. 265 evacuó -satisfactoriamente, a mi juicio- las explicaciones que le habían sido requeridas a fs. 230/vta.; por lo que, mas allá de las discrepancias que exterioriza la presentación de fs. 294/vta., entiendo que no corresponde apartarse del dictamen en cuestión.-
Ahora bien en las lides de su cuantificación dineraria, el valor resarcible en si mismo es precisamente la referida integridad física y/o psíquica y/o estética, genéricamente considerada. De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”. Las indemnizaciones tabuladas, son por esencia propia del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontológica inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil. Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil (arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.-
En la especie también tenemos que el accionante (de sexo masculino) contaba con 32 años de edad al momento de la ocurrencia del ilícito, desempeñándose como personal policial.-
La ponderación de las antedichas circunstancias socioeconómicas con la índole de las lesiones que ha experimentado juntamente con la incidencia disvaliosa que aquellas conllevan en su derecho personalísimo a la salud me convencen que la cifra fijada en el decisorio de grado es claramente insuficiente (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil; artículos 165, 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal).-
Nótese, en tal sentido, que el perito nos habla de un monto incapacitante considerable y de concretas repercusiones físicas, con lo cual la suma de $24.000 que se ha fijado es notoriamente exigua y no encuentra ningún tipo de correlato con la magnitud de las lesiones e incapacidad, que fueran informadas por el perito en el dictamen del cual, sostuvo la sentenciante, no consideró que hubiera mérito para apartarse.-
Por tal motivo, he de propiciar su incremento a la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000).-
Siguiendo con el aspecto psíquico, tenemos que la sentencia manda a resarcir el daño psíquico y también el tratamiento en la misma esfera.-
La demandada y citada en garantía objetan la procedencia de ambas partidas, y subsidiariamente su cuantificación.-
Ahora bien, tal como lo señala el fallo apelado, aquí tenemos una pericia psicológica (fs. 228/232 y explicaciones de fs. 263) donde una profesional de la materia da cuenta, con todos los fundamentos del caso, de la existencia de un menoscabo psíquico.-
La pericia está fundada, emana de profesional competente y, mas allá de la discrepancia subjetiva entre las partes, lo cierto es que no hay ninguna prueba (objetiva) en el expediente que amerite el apartamiento del dictamen (arts. 384 y 474 del CPCC).-
Aclaro, en este sentido, que no llego a comprender las razones por las cuales la citada en garantía nos habla de la realización de una sola entrevista, contraviniendo -flagrantemente- lo que surge de las constancias del expediente (ver fs. 217 y 236).-
Por lo demás, la mera discrepancia subjetiva de las partes para con el dictamen carece de entidad como para constituirse -por sí sola- en factor determinante para que el juez lo desatienda (arts. 384 y 474 del CPCC).-
Con todo, discrepo con la postura que subyace al fallo pues -a mi juicio- no debía haberse admitido el rubro incapacidad psicológica, desde que -según dice la propia perito- " si se realiza el tratamiento indicado el pronóstico es bueno, es decir, desaparecería el trastorno psíquico detectado " (ver fs. 263).-
Queda en evidencia, entonces, la transitoriedad del menoscabo y la reversibilidad del cuadro lo que, de acuerdo con las previsiones del art. 1086 del Código Civil, ameritaba el resarcimiento de los gastos para la realización del tratamiento, mas no para indemnizar una incapacidad permanente que, a la luz de lo expuesto, no se configura (esta Sala en causa nro. 50633 RSI-76-5, entre infinidad de otras).-
Consecuentemente, habrá de revocarse el fallo en cuanto admite el rubro daño psíquico, el que habrá de desestimarse.-
Y en cuanto al monto fijado por gastos de tratamiento, teniendo en cuenta que la Sra. Juez de Grado se apoya en lo indicado por la experta (ver fs. 235vta.), no perfilándose -de ninguna manera- excesiva la suma establecida ($ 4.320) de acuerdo con el tipo y características del tratamiento a realizar, promoveré su confirmación.-
Ya he reseñado que la parte actora critica también la cuantía del monto resarcitorio en concepto de gastos médicos y de traslado.-
Este ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma expresamente alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia. Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto, por cuanto y en los términos del artículo 1068 del mentado Código, constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable, y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Como sí también que es un auténtico hecho notorio que ni las obras sociales ni los establecimientos públicos asistenciales, cubren habitualmente la totalidad de tales gastos.-
Con todo, es necesario tener presente que -en este rubro- se apunta al recupero de los montos ya abonados, con lo cual resulta determinante lo solicitado en el escrito inicial.-
Así las cosas, y desde que la suma fijada por la sentenciante equivale a la peticionada inicialmente por la parte actora (ver fs. 9), no se perfila que el decisorio cause, en el punto, agravio alguno al quejoso.-
De este modo, deberá rechazarse el recurso en este aspecto.-
Examinaré ahora el agravio, planteado por ambas apelantes, atinente al monto establecido en concepto de daño moral.
Para precisar la conceptualización de este rubro resarcitorio, como vengo sosteniendo, estimo acertado subrayar que el eje en torno al que gira esta especie de reclamo, es el criterio de la alteración o pérdida de “la armonía vital del individuo” (arg. artículos 1078 del Código Civil, su doc., mis votos, Sala I causa 57.175, Sala II, causas 57.288, 50.951, entre otros)
Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial de la víctima, a raíz del evento dañoso. Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que “...no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris, sino que se extiende a todas las posibilidades-frustradas, por lógica, a raíz de la lesión-que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida.” (Ac. 78.851, entre otros).
En síntesis lo que se trata de resarcir con este ítem, es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona, antes de la ocurrencia del accidente. Sin que existan reglas fijas para su cuantificación dineraria, aunque atendiendo esencialmente a que con su reparación debe procurarse el otorgamiento de satisfacciones sustitutivas al danmificado (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil, SCBA, Acuerdos 42.303, 51.179,78.282, entre muchos otros).
Por otra parte, cabe enfatizar, que el daño moral es un daño in re ipsa, es decir que debo juzgárselo configurado por la ocurrencia misma del hecho ilícito. Por lo que va de suyo que, si el sujeto pasivo del reclamo anhela neutralizar su resarcimiento, tiene la carga de demostrar cabalmente la existencia de una situación objetiva que lo excluya. (arg. artículo 1078 del Código Civil, su doc. y artículo 375 del Código Procesal).-
Según las pautas a las que me he referido la razonable cuantificación monetaria del rubro en examen, impone tanto la ponderación genérica del contexto vital de la víctima como las demás circunstancias del caso. No obstante lo cual su expresión dineraria no tiene porque guardar una aritmética relación con la extensión, o las particularidades, que tenga el daño físico-psíquico. Esto obedece a la evidente diferente teleología que tiene cada uno de estos rubros. (conf. doctrina sentada por la SCBA C. 55.728, esta Sala II, causa 43.263, voto del Dr. Ferrari, entre muchos precedentes análogos).
En tal sentido, y de modo específico, debo considerar las características del hecho, las lesiones que se le causaron al actor a resultas del mismo, la incapacidad que le ha quedado, como así también los tratamientos a los que hubo de someterse; todo ello conjugado con sus circunstancias personales.-
Con tales parámetros entiendo que el monto fallado por daño moral se perfila claramente insuficiente, por lo que promoveré su elevación a la suma de $100.000 (cien mil pesos).-
Se queja la actora de la desestimación del rubro gastos de rehabilitación; el mismo fue repelido por la sentenciante ante la falta de prueba de su necesidad.-
Y entiendo que el fallo es acertado en el punto porque, de las constancias de autos, no surge la necesidad de dichos tratamientos, no siendo un rubro in re ipsa, sino que requiere la condigna prueba (art. 375 del CPCC).-
La expresión de agravios, en el punto, solo trasunta la discrepancia de criterio con tal postulación; pero poco mas.-
Así entonces, y por las razones dadas, entiendo que debe confirmarse el fallo también en este aspecto.-
Me queda por abordar, finalmente, las quejas de la citada en garantía relativas a la tasa de interés que el fallo establece.-
Se hace menester precisar que la aplicación de dicha especie de tasa (la tasa pasiva digital) en modo alguno puede reputarse como un modo de actualizar el capital de condena. Ello, en tanto y en cuanto, la funcionalidad de los intereses moratorios se encuentra circunscripta a la reparación del daño que sufre el acreedor, a raíz de no contar con el dinero desde el nacimiento del crédito. Y no a enjugar la eventual pérdida de poder adquisitivo, a la que estaría expuesto el monto de la condena como consecuencia del proceso inflacionario (arg. artículos 622, 623 y concordantes del Codigo Civil; 7 y 10 de la ley 23.928, su doc.).-
A lo expuesto debo añadir que recientemente la Suprema Corte de Justicia ha dictado dos pronunciamientos-causas 120.536 y 121.536-con un criterio que podría ser considerado divergente al referenciada.-
Empero, en mi criterio, no se advierte que tal doctrina sea aplicable a la especie. Esto porque además de que el Superior bonaerense no dice, de ningún modo que abdica de su postura anterior, se trata de dos fallos aislados, que abordan cuestiones inherentes a la responsabilidad del estado (que se rige por sus propios principios y reglas).
Por lo demás la compulsa de datos oficial (Sistema JUBA), a la fecha, no informa la existencia de ningún pronunciamiento emanado del Superior provincial que permite avalar la existencia de un cambio de criterio en el tópico (conf. mi voto en la Sala II, causa 10.461, entre otros análogos).-
Considero, a la luz de lo expuesto, que deben rechazarse los agravios de la citada en garantía sobre el particular.-
V. Por las razones, tanto fácticas como jurídicas, explicitadas a lo largo del presente voto he proponer la modificación parcial del pronunciamiento de grado, en cuanto a los montos fijado en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral, los que habrán de elevarse a las sumas de $300.000 y $100.000 respectivamente, y en cuanto admite el rubro daño psíquico, el que habrá de desestimarse. Por lo demás, deberá confirmarse el fallo en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio.-
Atento el resultado propuesto para los recursos, las costas de Alzada deberán imponerse en un 30% a la actora y en un 70% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).-
Y la regulación de honorarios deberá diferirse para su oportunidad.-
Voto, en consecuencia,
PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA.-
A LA CUESTION PROPUESTA, EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero en un todo a las consideraciones que efectuara el votante precedente.-
En lo que respecta a las partidas resarcitorias, en lo tocante al fijado por incapacidad, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su pro
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